Exhortación Contra el Egoísmo

Aunque una parte (pequeña, por cierto) de la exhortación Evangelii Gaudium ha causado polémica pues incurre en generalizaciones sobre el mercado que en principio son incorrectas, el mensaje que por medio de ella nos intenta transmitir el Papa Francisco debemos acogerlo con espíritu humilde y mente abierta. Esta es una buena época para reflexionar al respecto. ¡Feliz Navidad!

Juan Pablo II –el Papa polaco-  convencía con su carisma, su ángel, su apabullante “no sé qué” que derribaba murallas. Benedicto XVI –tan alemán él- lo hacía mediante el intelecto, la contundencia lógica y una sabiduría que parecía ancestral. Y Francisco ha iniciado su andadura papal acudiendo al sentimiento, a la ternura y, un poco, a los golpes de efecto –claro, es argentino-.  Cada uno, haciendo uso de los carismas que Dios les dio, ha apelado al corazón y al intelecto de las personas (feligreses o no) para fortalecer a la Iglesia y construir un mundo mejor.

El más reciente intento en ese sentido es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que, como su nombre lo indica, es un llamado a todos los fieles y pastores a anteponer y anunciar la alegría del evangelio, por encima de la tristeza individualista que brota de un corazón avaro, de una búsqueda de placeres superficiales y de una conciencia aislada, pues cuando la vida interior se centra únicamente en los intereses egoístas, no existe espacio para los demás ni, por ende, para Dios y la alegría de su amor que nos incita a hacer el bien.

Y en ese afán de predicar contra el egoísmo que mata el alma, el Papa abordó el tema de la injusticia social de una manera que causó cierta dosis de escándalo entre aquellos católicos que, aunque aborrezcamos la inequidad y la exclusión social, estamos convencidos de las bondades (no sólo económicas sino, incluso, morales) del libre mercado. El Papa pareció estar convencido (y querer convencernos) de que los culpables de la pobreza y de la desigualdad que dañan a la sociedad de hoy son el capitalismo “salvaje” y el “excesivo” libre mercado, llegando a afirmar que “esa economía mata”.

Quizá esa pequeña parte de la exhortación apostólica no fue redactada de la manera más adecuada. O quizás sí… sólo Dios lo sabe. Lo cierto es que pocos días después de publicada, para alivio de los economistas de mercado católicos, Francisco expresó una contundente aclaración: en una entrevista al diario La Stampa, el Papa respondió a quienes lo tildaron de marxista, a raíz de lo que escribió en la Evangelii Gaudium, diciendo que él siempre ha creído que esa ideología está equivocada y explicó que en el texto le la exhortación apostólica no habló como técnico sino según la Doctrina Social de la Iglesia.

Pero lo importante no es si una parte de dicho texto nos causa inconformidad o si las posteriores aclaraciones papales nos reconfortan. Lo importante es que, con humildad, tratemos de escuchar sinceramente, sin prejuicios, lo que se nos quiere decir con esas reflexiones, aunque ideológicamente nos choquen. La fe debe ejercerse por libre elección y no debe temer sumergirse en el libre mercado de las ideas. Ello exige buscar la verdad de la manera más apropiada y respetuosa de la dignidad humana, lo cual entraña la necesidad de investigar científicamente, de educar (incluso a nuestros pastores espirituales), de aprender (incluso de nuestros rivales ideológicos) y de comunicarnos exponiendo francamente la verdad que creemos haber encontrado, a fin de ayudarnos mutuamente en esa búsqueda.

Y para ello, nada mejor que seguir las enseñanzas de quien vino al mundo a hacer el bien, a hacer que los ciegos (que no ven el sufrimiento de su vecino enfermo) vean, que los cojos (que no se mueven a auxiliar a una víctima) caminen, los leprosos (impuros por la corrupción) queden limpios y que los sordos (que no oyen a sus hijos pedirles tiempo) escuchen.

La iglesia no tiene por qué dar recetas de política pública, pero –debemos comprenderlo así- tiene la obligación de dar mensajes que abarquen todo el orden moral –incluyendo la justicia- que debe regular las relaciones humanas. De manera que la exhortación papal contra el egoísmo hay que acogerla con espíritu humilde y mente abierta; con la razón puesta en el libre mercado (el peor sistema económico que existe, excepto por todos los demás que se conocen), pero con el corazón puesto en la caridad. A fin de cuentas, para toda persona de bien, creyente o no, economista o presbítero, político o ciudadano raso, lo más importante en materia de políticas públicas debiese ser cómo mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, pero hacerlo de forma sostenible y justa. Que la Navidad nos reconforte y sirva para meditar al respecto.

Rompecabezas Latinoamericano

En este continente de contrastes, aún quedan países con indicadores vergonzosos

En las últimas semanas se han publicado una serie de indicadores que, como piezas de un rompecabezas, revelan poco a poco el retrato de una Latinoamérica que lucha –con escasos resultados- por acercarse a los niveles de vida y bienestar de las naciones desarrolladas.

Uno de los indicadores que más revuelo e incomodidad ocasiona es el Índice de Percepción de la Corrupción que desde 1995 calcula y publica periódicamente la ONG Transparencia Internacional. Este índice se construye con 13 fuentes de datos, entre encuestas y evaluaciones, en cada uno de los 176 países evaluados. La mayoría de países latinoamericanos continuaron mostrando signos de corrupción rampante, pues casi toda la región figura entre los dos tercios de las naciones con un índice de transparencia inferior a 50, en una escala donde 100 representa el nivel más alto de limpieza.

Uruguay fue el país latinoamericano mejor calificado con un punteo de 73 (aún lejos de los líderes Dinamarca y Nueva Zelanda que alcanzaron 91 puntos). Le siguió Chile con 71, un peldaño menos que el año pasado. Costa Rica cayó un punto a 53. Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, se mantuvo en un índice de corrupción de 42, al mismo nivel que Bosnia, Serbia y Sudáfrica. México y Argentina tuvieron un índice de limpieza de 34, igual que Gabón. Guatemala, por su parte, apenas obtuvo 33 puntos (empatando en la posición 133 de 176 con países como Níger y Etiopía) Fue una de las peores calificaciones en América Latina, superada sólo por Venezuela con 20, el peor de la región comparable con la situación de Camboya o Eritrea.

Otro indicador publicado recientemente tiene que ver con la calidad de la nutrición en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la FAO, que indica que, aunque la región redujo el porcentaje de personas con hambre de 14.7% a 7.9% en los últimos 20 años, simultáneamente han empeorado los niveles de obesidad: un 23% de los latinoamericanos adultos y un 7% de los niños en edad preescolar son obesos. Los países que presentan mayor proporción de adultos obesos son Venezuela, con un 31%, Argentina y Chile, con 29%. En Guatemala el 21% de los adultos son obesos y otro 39% tienen sobrepeso.

Pero en este continente de contrastes, y pese a la mejora regional en el combate a la desnutrición, aún quedan países con indicadores vergonzosos: los países con mayores índices de hambre en su población son Haití (49.8%), Guatemala (30.5%), Paraguay (22.3%), Nicaragua (21.7%) y Bolivia (21.3%).

Otro revelador indicador de la realidad latinoamericana de hoy lo da el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de más de medio millón de alumnos de secundaria en 64 países (Guatemala no está incluida). El informe revela que los países de la región han experimentado un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años.

Los índices revelan que la educación en América Latina está por debajo del estándar promedio de la OCDE de 494 puntos. El mejor calificado de los países latinoamericanos es Chile (51º, con 423 puntos), seguido de México (53º, 413), Uruguay (54º, 409), Costa Rica (55º, 407), Brasil (56º, 391), Argentina (57º, 388 puntos), Colombia (58º, 376) y Perú (59º, 368).

De nuevo, paradójicamente, el mismo informe revela que los estudiantes latinoamericanos muestran un alto grado de felicidad con su escuela, y que esa felicidad parece ser inversamente proporcional a su desempeño académico. Perú aparece en tercer lugar en esa estadística, seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13), Chile (25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE.

Estas piezas de información configuran el retrato –parcial, claro está- de una Latinoamérica llena de paradojas y contrastes, donde la corrupción parece haberse enraizado en lo más profundo de la sociedad; donde la población está mal alimentada, pues conviven multitudes de obesos con masas de desnutridos; donde los estudiantes son más ignorantes (y, por ende, menos productivos) que sus pares en el mundo desarrollados, pero que –latinoamericanos al fin- son más felices a pesar (¿o será a causa?) de su ignorancia.

Incertidumbre Presupuestaria

¿Qué entes deberán sacrificar su presupuesto para que el gobierno pueda cumplir los compromisos adquiridos para 2014?

La falta de aprobación Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2014 pone en liza una serie de decisiones trascendentales que definirán la viabilidad financiera de las políticas y actuaciones del gobierno durante el próximo año. Tal decisión (pues no parece haber sido un accidente) plantea una serie de desafíos para el Estado y sus instituciones.

Un primer desafío tiene que ver con las múltiples transferencias presupuestarias que deberán realizarse. El proyecto de presupuesto que no se aprobó contemplaba aumentos importantes en el Ministerio de Educación para cubrir el ajuste salarial comprometido en un pacto colectivo. ¿Es inevitable que ocurran manifestaciones de descontento del gremio magisterial si no se apresuran las transferencias correspondientes? El proyecto improbado también contemplaba aumentos para las municipalidades, consejos de desarrollo y los jubilados; ¿qué pasará si se atrasan las transferencias hacia estos rubros? ¿Quiénes serán los entes que verán reducidos sus recursos para llenar tales agujeros?

En cuanto a políticas de gobierno, la no aprobación del presupuesto implica que varios ministerios se quedan sin partidas para iniciar nuevos programas en 2014: por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social debe asumir las funciones del desaparecido FONAPAZ, mientras que el de Economía pretendía ejecutar un programa de apoyo a la competitividad y coordinar (en el INE) el censo nacional de población. Asimismo, el servicio de la deuda –que incluía el reconocimiento del costo de la política monetaria- requiere de más de Q1.7 millardos adicionales a los de 2013 que, al no haberse aprobado el presupuesto 2014, quedan sin fondos presupuestados.

La incertidumbre resultante plantea otro desafío: la credibilidad del país ante los mercados y organismos financieros internacionales se ve afectada. El mensaje de falta de certeza que envía un país incapaz de acordar políticamente su estrategia financiera anual se traduce en dudas e inquietud por parte de las entidades calificadoras de riesgo y de las instituciones de crédito, lo cual eventualmente puede afectar el costo de los recursos financieros que el país requiere.

Por otra parte, también la transparencia en la ejecución del gasto público se verá comprometida. Las innumerables transferencias que deberán efectuarse implican necesariamente cierta opacidad que se exacerba ante la falta de claridad respecto de qué normas presupuestarias son las aplicables: el Congreso aprobó recientemente un conjunto de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que mejoran sustancialmente las normas presupuestarias más laxas que rigieron en 2013. ¿Cuáles se aplicarán en 2014? La lógica y la prudencia indicarían que deben aplicarse las normas más estrictas (de la Ley Orgánica), pero ya se rumora que existe interés en interpretar que las normas a aplicar son las del presupuesto de 2013, que son más laxas.

Otra interpretación jurídica compleja se refiere al financiamiento del déficit: la disposición constitucional de renovar la vigencia del presupuesto del año anterior –cuyo espíritu es el de evitar un cierre del gobierno cuando no se aprueba el presupuesto en la fecha límite- implicaría que automáticamente queda aprobado el endeudamiento correspondiente. Sin embargo, existen interpretaciones que, con base en otro artículo constitucional, indican que el financiamiento debe someterse de nueva cuenta al proceso de opinión técnica y aprobación legislativa correspondiente, lo cual obligaría a una nueva ronda de cabildeos y negociaciones en el Congreso.

Finalmente, el desafío más grande, desde el punto de vista macroeconómico, es el de mantener el déficit fiscal bajo control. Luego de que en la crisis en 2010-2011 el déficit se elevó por encima del equivalente al 3% del PIB, se había iniciado a partir de 2012 un proceso de corrección del mismo para llevarlo a un nivel (que diversos expertos consideran sostenible) menor al 2% del PIB. La credibilidad de la política económica y la calificación del riesgo-país podrían verse perjudicadas si dicho proceso de consolidación fiscal se interrumpe en 2014, no sólo porque el déficit sería igual de elevado que el de 2013, sino por la posibilidad de que a lo largo del año se tramiten nuevas ampliaciones presupuestarias que podrían ampliar dicho déficit.

En Manos de la Corte

La Corte de Constitucionalidad debe impedir aquellas reformas a la Ley Electoral que sean evidentemente inconstitucionales o inconvenientes

La Corte de Constitucionalidad –CC- tiene en sus manos una brasa candente: debe pronunciarse en un plazo perentorio sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- aprobadas hace algunos días por el Congreso, ya que dicha ley tiene rango constitucional y su reforma requiere de la opinión favorable de la CC.

Este requerimiento resulta providencial como última esperanza para evitar un nefasto conjunto de reformas a la LEPP que, de entrar en vigencia, amenaza con convertir el próximo proceso electoral en un ejercicio caótico que pondrá en grave riesgo la efectividad del sufragio, la pureza del proceso electoral y la supervivencia de nuestra incipiente democracia.

En medio de este panorama amenazador, que nos incumbe y afecta a todos los guatemaltecos, resulta reconfortante que diversos grupos ciudadanos se estén pronunciando y que intenten incidir positivamente en el desenlace de este problema creado por los propios partidos políticos en el Congreso. Uno de estos grupos está conformado por jóvenes estudiantes de Derecho (Luis Arturo Palmieri, Josselyn Mariela Ruano, Stephanie Jazmín Arévalo, José Enrique Monzón, Florencio Ademir Gramajo, Mauricio Duarte, y Jorge Gabriel Jiménez) que, en su calidad de ciudadanos, han acudido ante la CC para plantear su opinión y velar porque prevalezca la certeza jurídica en este caso.

Para el efecto, han recurrido a una figura jurídica poco utilizada en Guatemala: el amicus curiae o amigo de la corte. El amicus es un recurso muy utilizado en otros países cuando una persona o un conglomerado desean colaborar –desde una perspectiva esencialmente jurídica- con la corte que ha de emitir algún fallo, proporcionándole argumentos, antecedentes y doctrina que puedan resultar útiles para sus deliberaciones y decisiones. En palabras del constitucionalista Manuel de Jesús Mejicanos el amicus curiae resulta muy útil ya que mientras mayor sea la participación de ideas en el debate constitucional, mayor será la legitimidad democrática del precedente que se establezca.

En el planteamiento que los futuros abogados hacen a la CC sobresalen varios temas que deberían ser tomados muy en cuenta por los magistrados cuando fallen sobre las reformas a la LEPP, la cuales presentan evidentes visos de inconstitucionalidad. Uno de ellos tiene que ver con que las reformas establecen, por una parte, que la publicación de cualquier encuesta electoral debe ser aprobada previamente por el Tribunal Supremo Electoral y, por otra, que ninguna encuesta o estudio de opinión podrá publicarse durante los ocho días previos a cada elección. Estas limitaciones son claramente violatorias del principio de libertad de expresión consagrado tanto en la Constitución, como en varios convenios internacionales suscritos por Guatemala.

Otra de las reformas establece un número fijo de diputados para cada distrito electoral, lo cual contraviene flagrantemente los principios de representatividad y de igualdad del voto (con base específica en un criterio poblacional) que están establecidos a nivel constitucional.

Las reformas también introducen el establecimiento de cuotas de candidatos, asignando porcentajes según género y origen étnico lo cual, por muy bien intencionado que sea, viola el derecho constitucional que tiene todo guatemalteco de optar a cargos públicos sin que para su otorgamiento deba atenderse a otro criterios que no sean los relacionados con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Finalmente, en el tema del financiamiento público a los partidos políticos (quizá la verdadera razón tras las reformas aprobadas por el Congreso), las reformas no sólo duplican el pago que el Estado debe hacer a los partidos por cada voto recibido, sino que ponen a cargo del erario público toda la propaganda electoral. Estas reformas no atienden a los criterios de razonabilidad y de concordancia con la economía nacional (ambos constitucionales), por lo que amenazan seriamente la integridad de las finanzas públicas y también deberían ser rechazadas por la CC.

Esperemos que este meritorio aporte ciudadano, por estar basado en un análisis serio y bien fundamentado, reciba la consideración que se merece en las deliberaciones de la CC, y que ésta deje sin efecto las inconstitucionales disposiciones que se pretenden introducir a la LEPP.

La Destrucción de un País

El caso de Venezuela nos advierte los riesgos de no proteger la integridad física y la libertad individual de los ciudadanos. Un análisis desde el punto de vista institucional nos permite aquilatar la gravedad de los actos de desgobierno de Maduro.

Las más recientes decisiones adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se dirigen, con paso seguro, hacia la completa destrucción de la economía y de la democracia de esa alguna vez prometedora nación. Aunque es aún poco probable que en Guatemala arribemos a semejantes niveles de degradación, no está demás advertir los riesgos que conlleva recorrer caminos políticos como el venezolano.

La “guerra económica” anunciada por Maduro para reducir la inflación de más del 50% anual (una de las más elevadas del mundo), se basa en dos acciones extremas. Por un lado, se prohíbe por decreto que suban los precios y, por otro, se mete a la cárcel a decenas de dueños de tiendas que, en respuesta a la escalada de costos, osaron elevar sus precios de venta e incurrieron en el delito de “usura”. Mientras tanto, la escasez de bienes básicos como la leche, arroz, aceite de cocina y papel higiénico se acentúa, la inflación no cede y las empresas dejan de invertir y generar empleos.

Más allá de las graves consecuencias económicas de tales medidas, vale la pena destacar sus efectos devastadores para la democracia y el desarrollo a largo plazo del país. En efecto, las acciones de Maduro tienen un impacto fatal sobre las instituciones constitucionales y democráticas que están diseñadas para reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones de gobierno, por lo que su consecuencia inevitable será el debilitamiento, la desestabilización y la deslegitimación del funcionamiento de los mercados y de la vida social.

Existe un consenso amplio entre economistas en cuanto a la importancia de las instituciones para el desarrollo económico y social, aunque con opiniones distintas respecto de la importancia de las diferentes instituciones; en todo caso, la protección de los derechos de propiedad siempre aparece como una institución fundamental. Diversos estudios demuestran que el crecimiento económico sostenible florece en aquellos países donde existen instituciones que protegen el derecho a la vida, a la libertad individual y a la propiedad.

Es decir, en aquellos lugares donde se respetan las reglas del juego y donde el poder del gobierno está bien acotado, donde se fomenta la competencia y se combaten las prácticas monopólicas, es donde los agentes económicos se dedican a actividades productivas y a invertir, lo cual consecuentemente genera un crecimiento económico estable y sostenido. Esos lugares suelen ser también democracias consolidadas. El profesor Douglas North (premio Nobel) sostiene que la democracia y el desarrollo económico se refuerzan mutuamente a través de un entramado institucional en el que destaca, como factor catalizador, la existencia de salvaguardias contra la desaparición física, y contra la privación de la libertad y de la propiedad individuales.

Las acciones adoptadas por Maduro atacan directa y mortalmente esas salvaguardias. Por un lado, la desaparición física y el encarcelamiento de opositores al gobierno hacen que, aunque un país tenga elecciones periódicas y multipartidarias, en la práctica no exista democracia. En ese caso las elecciones son sólo una farsa que sirve a los gobernantes para identificar el grado de lealtad (o deslealtad) de los distintos grupos de población y distritos electorales.

Por otro lado, cuando los propietarios de empresas (pequeñas, medianas o grandes) pueden ser sumariamente desaparecidos o encarcelados, entonces la institución de la propiedad privada desaparece para todo propósito práctico; y eso significa que cualquier esperanza de crecimiento económico estable de largo plazo también desaparece.

La máxima degradación de cualquier gobierno ocurre cuando éste no sólo ya no garantiza la libertad y la inviolabilidad de la persona como ciudadano y como propietario, sino que es el propio gobierno quien viola esos principios. Con ello devasta la democracia y arruina las posibilidades de desarrollo económico y social. Venezuela nos presenta un ejemplo de cómo destruir un país. Ojalá los guatemaltecos tengamos la prudencia de no caer en los mismos errores, exigiendo a los líderes de todos los sectores del país, especialmente a los líderes políticos, su compromiso irrestricto con la protección a la integridad física y a la libertad (de locomoción, de expresión y de emprendimiento) de los guatemaltecos.

Inseguridad y Subdesarrollo

El PNUD es muy contundente en afirmar que las políticas de "mano dura" no han funcionado

Hace algunos días vio la luz el Informe Regional de Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina”, preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. En esta ocasión el Informe se enfoca en los efectos negativos de la inseguridad ciudadana sobre el desarrollo económico y social.

El PNUD recalca que, aunque en el presente siglo ha habido crecimiento económico en Latinoamérica, éste no se ha traducido en desarrollo humano ni en seguridad ciudadana, debido a que el crecimiento ha sido de baja calidad: por un lado, el motor de la actividad económica ha sido el consumo (que en Guatemala representa el 85% del PIB) y, por otro, no ha habido suficiente movilidad social. Ello crea incentivos para lo que el PNUD llama “delito aspiracional”, que se traduce en una epidemia de robos de celulares, laptops y tenis de marca como la que agobia a los capitalinos guatemaltecos.

Pero el Informe también asocia la inseguridad ciudadana con el caótico y veloz crecimiento urbano que, acompañado de transformaciones en la estructura familiar (como las generadas por los migrantes hacia el Norte) y de fallas en el sistema educativo estatal, han minado el tejido social. A ello se agrega la proliferación de armas de fuego y el tráfico de drogas como factores que impulsan la criminalidad. Por último, y no menos importante, la inseguridad ciudadana se multiplica debido a la debilidad institucional (en la provisión de seguridad y en la impartición de justicia) que caracteriza a Estados como el nuestro.

Evidentemente, la inseguridad ciudadana afecta el desempeño económico: según el Informe, si la tasa de homicidios se redujera al promedio mundial, el PIB de Latinoamérica sería mayor en un 0.5% (equivalente a más de US$24 milllardos). Para casos específicos, el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- estiman que a Honduras la delincuencia le representó en 2010 un costo del 10.5% de su PIB, y a Paraguay un 8.7%. Es razonable suponer que Guatemala estaría en niveles sólo ligeramente inferiores a esos dos casos.

Aunque el Informe no da recetas para combatir la inseguridad, es muy contundente en afirmar que las políticas de "mano dura" no han funcionado, ya que la represión policial desmedida a menudo ha coincidido con una elevación en los índices de criminalidad. Lo que sí aconseja el PNUD es no politizar el tema de la inseguridad y que cada país llegue a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, como política de Estado, que incluya una estrategia integral de seguridad ciudadana basada en la actuación policial mediante un trabajo por cuadrantes y cercano con las comunidades; la adopción de nuevas tecnologías enfocadas en la prevención en las áreas de riesgo; la atención estatal a los grupos más vulnerables de la población (jóvenes y mujeres); el fortalecimiento de la justicia para hacerla accesible y eficaz; y, una mejora en la educación para infundir valores de tolerancia y respeto al estado de derecho.

Los hallazgos y recomendaciones del Informe son, claro está, muy relevantes para Guatemala y coinciden en gran medida con otros estudios para distintas regiones del planeta que enfatizan la importancia de las instituciones y de la democracia para construir un estado de derecho conducente al desarrollo económico y social. En situaciones tan deterioradas y precarias como la nuestra, el desafío fundamental es el de priorizar y dar seguimiento a las medidas pertinentes en materia de seguridad ciudadana.

Para ello hay que partir de que una condición necesaria para el desarrollo económico es que se reduzca sostenida y progresivamente el nivel de amenazas a la vida y a la libertad (de locomoción, de expresión y de emprendimiento) de los guatemaltecos. Cualquier persona que se sienta paralizada contra su voluntad o amenazada en su integridad –ya sea por mareros extorsionistas, narcotraficantes, ladrones de celulares, o policías corruptos- se encuentra no sólo con que su calidad de vida cae drásticamente, sino también con que no puede tomar decisiones económicas básicas que son esenciales para el progreso de la sociedad. Puestos a priorizar, es a esa protección fundamental de la inmunidad personal hacia donde deben dirigirse los esfuerzos del Estado en materia de seguridad.

El Desafío del Presupuesto

Urge racionalizar los gastos de funcionamiento y mejorar en la calidad del gasto en los Cocodes y municipalidades

El proceso de análisis, discusión del presupuesto de ingreso y gastos del Estado para 2014 está en sus etapas finales en el Congreso, pero el desafío más grande que plantea su eventual aprobación radica en que los presupuestos que se preparan de forma anual no encaran el inminente riego de insostenibilidad fiscal que se avizora en el mediano plazo por una serie de debilidades que se repite año con año.

El primer problema recurrente es la sobre-estimación de los ingresos tributarios, tendencia que se exacerba aún más en el proyecto de presupuesto 2014. Dada la tendencia histórica de los ingresos fiscales, y que el proyecto de presupuesto supone –como siempre- mejoras administrativas que casi nunca rinden ningún resultado, es posible que los ingresos tributarios para 2014 estén sobre-estimados en más de Q1,000 millones. Esto significa que, si se ejecutara el presupuesto de egresos, el déficit fiscal se elevaría al equivalente del 2.6 % del PIB, cifra muy superior a la de 2% que expertos nacionales y extranjeros consideran sostenible..

Otro problema recurrente de los presupuestos es que cada año aumentan aceleradamente los gastos de funcionamiento (especialmente en el rubro de salarios), al tiempo que se estancan los gastos en inversión (lo que implica menos infraestructura en comunicaciones, salud y educación).

Una tercera tendencia perversa de los presupuestos está relacionada con que, estructuralmente, el presupuesto tiene un alto grado de rigidez debido a que gran cantidad de ingresos tienen pre-definido un destino de gasto. Para 2014 el 88% de los ingresos corrientes ya está pre-comprometido: salarios (27%), servicio de la deuda pública (16%), aportes a municipalidades por IVA-PAZ (15%), aportes institucionales por mandato constitucional (9%), otros aportes a instituciones pública (9%), pagos a los jubilados del Estado (6%), gastos derivados de impuestos específicos (3%), y otros ingresos específicos (3%). Esto implica que, del total del presupuesto, el gobierno sólo dispone de un 12% para gastar en políticas públicas específicas.

Todo lo anterior (ingresos insuficientes, excesivo gasto de funcionamiento y extrema rigidez en el gasto) ha llevado a que los gobiernos recurran crecientemente al endeudamiento público, lo cual puede llegar a ser insostenible en el mediano plazo, especialmente si tomamos en cuenta que, eventualmente, las bajas tasas de interés empezarán a subir en los mercados internacionales, lo que encarecerá y dificultará la capacidad de endeudamiento del gobierno. Por ello resulta impostergable que se empiecen a adoptar medidas que reviertan esta amenaza.

Lo que los encargados de diseñar, aprobar y ejecutar el presupuesto deben emprender desde ya es un esfuerzo que, gradualmente reduzca (como proporción del gasto total) los gastos de funcionamiento (incluyendo salarios) y, simultáneamente, mejore de manera radical la forma (hasta ahora obscura e ineficiente) en que se realizan los gastos de las municipalidades y de los consejos de desarrollo –COCODES-, que representan el 15% del presupuesto).

El gasto descentralizado (COCODES y Municipalidades) debe ser un complemento del gasto centralizado (Organismo Ejecutivo) para alcanzar los objetivos de las políticas públicas del Estado y minimizar los efectos que la necesaria reducción del gasto de funcionamiento supone. El objetivo debe ser reducir el gasto corriente, al tiempo que se incrementa el ingreso corriente del Estado y se disminuye el saldo de la deuda pública.

Para empezar, es necesario que el presupuesto 2014 no solo busque contener el déficit por debajo del equivalente al 2% del PIB, sino también que se rija por normas que permitan fiscalizar el 100% de los fondos públicos; transparentar el gasto de los los COCODES y municipalidades; y, establecer sanciones severas para el funcionario que incurra en deuda flotante, lo cual requiere mejoras a las normas presupuestarias que integran el presupuesto 2014.

Finalmente, es importante indicar que si bien el proyecto de presupuesto 2014 debe sufrir algunos ajustes cuantitativos y cualitativos, en su composición global debe ser aprobado, pues resultaría inconveniente y peligroso (en términos de certeza jurídica, de transparencia y de gobernabilidad) que continuara vigente para el próximo año el presupuesto de 2013.

¿Cuál Reforma Electoral?

Los partidos políticos han preferido plantear una reforma que parece incluir sólo cambios cosméticos. En vez de esa confusa propuesta, una reforma mínima (dentro de un proceso gradual) resulta ser la ruta más recomendable y pragmática

Con la tentadora oferta de erradicar el financiamiento oscuro a los partidos políticos y de asegurar a las mujeres y a los indígenas cuotas proporcionales en puestos de elección, los taimados políticos de siempre encandilaron a algunos grupos de la sociedad civil para que apoyaran su propuesta de reformas a le ley electoral y de partidos políticos. Uno de estos conglomerados de ONGs hasta publicó un campo pagado apoyando una reforma cuyo contenido desconocían. Tarde se percataron del gato encerrado en lo que pretenden aprobar los partidos en el Congreso.

La intrincada, confusa y desmesurada propuesta de reformas acordada por la mayoría de bancadas pretende reunir en un mismo cuerpo legal las múltiples propuestas que se han hecho en los últimos años, pero sin cohesionarlas ni hacerlas coherentes. En dos platos, lo que en realidad buscan los impulsores de la reforma es, por un lado, lavar cara vendiéndole al electorado su supuesto compromiso de reformar el sistema y, por otro (y más importante para ellos) aumentar la cantidad de financiamiento que recibirían proveniente del erario público (sin sacrificar ni un ápice lo que reciben de financiamiento privado).

En efecto, la reforma que ya conoció el Pleno del Congreso en primera lectura contiene disposiciones que, por dos vías diferentes, multiplicarán exageradamente los recursos que, de los impuestos de los guatemaltecos, se destinarán a financiar a los partidos políticos. Por una parte, se duplicará el monto de la “deuda electoral” al subir a cuatro dólares lo que el Estado le dará a cada partido político por voto válido recibido en las elecciones. Por otra parte, la reforma pretende que el TSE se haga cargo (con recursos del erario público) de pagar la propaganda electoral de todos y cada uno de los partidos políticos, por partes iguales, en prensa escrita (media página por cada partido, cada día de la campaña), en radio y en televisión. Esto se traducirá en un elevado costo fiscal, dado que no se reduce el tiempo de la campaña, ni se excluye ningún partido ni ningún medio de comunicación.

Ello implicará no sólo un esfuerzo administrativo gigantesco para el TSE, sino que también un esfuerzo fiscal descomunal que desviará hacia los partidos políticos un considerable monto de recursos que, de otra manera, podría destinarse a educación, salud o infraestructura. Puede ser que tal sacrificio valga la pena con tal de preservar el sistema democrático, pero ello sería válido sólo si de tal forma se evitara el ingreso al sistema político de dineros provenientes del narcotráfico o de financistas que después se las cobren apropiándose de recursos del erario público. Pero la propuesta de reformas solamente aumenta el financiamiento público, sin que a cambio se modifique el tratamiento del financiamiento privado.

Este tema es, por cierto, demasiado complejo como para querer solucionarlo con recetas simplistas. Diversas autoridades en la materia han advertido que, en la práctica, los dineros privados siempre se filtrarán en el sistema de partidos políticos, y que las únicas soluciones viables para controlarlo radica en dos áreas: una, limitar drásticamente la duración del período de campaña electoral; y, dos, obligar a la publicidad detallada de las fuentes de financiamiento privado. Ambas áreas requieren, por supuesto, de la existencia de un TSE capaz de hacer cumplir esas normas y sancionar severamente a quienes las incumplan.

Lamentablemente, lejos de centrarse en este tipo de reformas (puntuales y efectivas) que vayan moldeando gradualmente nuestro sistema electoral hacia modelos más avanzados, los partidos políticos han preferido plantear una reforma que parece incluir sólo cambios cosméticos para que, a fin de cuentas, nada cambie en el fondo. Con las reformas que conoció el Pleno en primera lectura no se fortalece la autoridad del TSE, no se reduce el período de la campaña electoral, no se fortalecen las sanciones a los infractores, no se limita el financiamiento privado, ni se transparenta el origen de dichos fondos. A cambio de que nada cambie, los partidos se recetan un descomunal aumento del financiamiento público. El resultado será que el sistema electoral seguirá en ruta directa a su descomposición, al tiempo que más recursos fiscales se desviarán hacia los partidos políticos.

Es importante hacer hincapié en que la reforma de cualquier sistema electoral conlleva una complejidad  técnica muy alta, y a ello se debe que, pese a existir múltiples propuestas e incluso haberse emitido en el Congreso varios dictámenes favorables en años previos, nunca ha habido un consenso político y social en cuanto al contenido de varios aspectos de dicha reforma, aunque sí hay importantes coincidencias dentro de las distintas propuestas, así como un cierto sentido de urgencia de realizar reformas para el buen desarrollo del próximo evento electoral.

La reforma electoral que el país necesita con apremio no es “la madre de todas las reformas” (que quizá por ingenuidad o quizá para que jamás se apruebe nada) pretenden impulsar algunos grupos de la sociedad civil, sino una reforma mínima que asegure el correcto desarrollo de las próximas elecciones, ya que es necesario evitar que se repitan y multipliquen los problemas ocurridos en recientes procesos electorales (como la judicialización de los temas, retrasos administrativos por parte del TSE, continuas violaciones a la normativa electoral por parte de los partidos, o los crecientes conflictos a nivel local) pues, de lo contrario, estos problemas podrían acrecentarse, con consecuencias graves para el sistema democrático.

Dada esta urgencia, una reforma mínima (dentro de un proceso gradual) resulta ser la ruta más recomendable y pragmática, ya que la construcción de consensos es un camino complejo que necesariamente implica gradualidad. En efecto, cabe resaltar que, por un lado, ya existen temas con grandes avances en términos de acuerdos avanzados, como por ejemplo lo relativo a delimitar mejor los plazos del proceso electoral, dar mayor certeza en cuanto al número de diputados, aclarar concepto de proselitismo, fortalecer recursos del TSE y  mejorar la aplicación de la justicia electoral.

Pero, por otro lado, existen temas mucho más complejos en los que los acuerdos son más difíciles de lograr, tal como el tema de la participación y representación ciudadana (¿es mejor solución los listados uninominales o las cuotas? ¿es viable el voto secreto en las asambleas partidarias?), el del financiamiento (¿debe ser 100% público?¿debe regularse sólo el financiamiento de la campaña o también el del funcionamiento habitual de los partidos?¿debe quedar a discreción del TSE?), o el de la reelección (¿nunca debe permitirse, siempre debe hacerse, o sólo en algunos casos?).

Lo anterior implica que, tal como ha sido la experiencia en otros países, la adecuación del marco legal del sistema electoral debe ser un proceso continuo de adaptación, que comience por una etapa en que se aprueben aquellas reformas más pertinentes y necesarias que gocen de un nivel adecuado de acuerdos políticos y apoyo social, mientras se sigue avanzando en los temas que requieren de mayor esfuerzo de negociación.

En tal sentido, lejos de pretender aprobar el enmarañado e improvisado conjunto de reformas que el Congreso ya conoció en tercera lectura, lo que debería impulsarse es una primera etapa de reformas focalizadas en dos temas. En primer lugar, en darle viabilidad del proceso electoral, lo cual pasa por adecuar los tiempos para organizar eficientemente el evento electoral, a fin de mejorar la certeza y gobernabilidad del proceso otorgándole más tiempo al TSE desde la convocatoria hasta la elección, de manera que se pueda realizar una mejor revisión de candidaturas, acortar el tiempo de campaña (lo que implica menos necesidad de financiamiento),  y resolver en tiempo los procesos de justicia electoral; también pasa por dar mayor certeza respecto del finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas, aclarar el concepto de propaganda electoral, fortalecer las sanciones a los partidos transgresores, y mejorar la eficiencia en la aplicación de la Justicia Electoral.

En segundo lugar, fortalecer la autoridad del TSE, definiendo con certeza el tiempo para realizar proselitismo, separar claramente este concepto del de propaganda (lo cual contribuiría a racionalizar los gastos y el financiamiento) y mejorar el presupuesto del TSE. Es decir, un conjunto acotado y efectivo de reformas que eviten el colapso del sistema en las próximas elecciones. Lo demás, habrá que resolverlo con prudencia y buen juicio técnico en una segunda fase de reformas.

Tirando la Toalla

Recurrir a la intervención de la SAT es una medida desesperada: suena a claudicar en la construcción de la institucionalidad pública.

 No existe una forma única para organizar y administrar las instituciones del Estado, pero una fórmula que probado ser eficaz alrededor del mundo es la de contar con entes especializados, relativamente independientes de la administración centralizada, como el modelo anglosajón de la Agencia Ejecutiva. En Guatemala, existen varias de estas agencias, algunas elevadas a nivel constitucional (como el IGSS, la CDAG, el Banco de Guatemala o la USAC) y otras mediante leyes ordinarias (como el INDE, la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-).

El concepto de Agencia Ejecutiva tiene toda una lógica que respalda su existencia: se trata de crear órganos independientes de la administración central a fin de conseguir una gestión mucho más eficaz y eficiente, con base en un mandato especializado y mayor flexibilidad en sus actuaciones a todo nivel –contractual, de gestión-, de tal manera que estas Agencias, sin dejar de ser claramente públicas, puedan estar relativamente aisladas de motivaciones político-partidistas y puedan funcionar con parámetros de eficacia administrativa y visión de largo plazo.

La clave para que una Agencia Ejecutiva tenga éxito está en la relación que debe existir entre el “agente” y el “principal”, la cual suele fallar en países como Guatemala, tal como lo ilustra el caso de la SAT, donde no se han tenido claros los dos roles. En este caso, el Ministro de Finanzas es quien debe asumir el rol de principal y, mediante la presidencia del Directorio de la SAT, debe definir la política, los objetivos y los resultados que quiere logre la Agencia (es decir, la SAT). Esto por medio del contrato de gestión que está delineado en la ley orgánica de la SAT, quien debe ejecutarlo de la forma que juzgue más conveniente, en ejercicio de su autonomía de ejecución. El modelo de Agencia Ejecutiva es, pues, mucho más profesional y técnico que político.

Por desgracia, lo acontecido en la SAT revela que, por un lado, el principal (el Ministerio de Finanzas) no supo ejercer su rol de guía (encargado de definir objetivos) y de control (encargado de revisar parámetros de ejecución) y, por otro, el agente (la SAT, encabezada por el Superintendente como autoridad ejecutiva) acabó llenando este vacío asumiendo simultáneamente el rol estratégico (que no le corresponde) y el ejecutivo (que sí le toca), todo ello con un cuerpo de Directores que parece no rendirle cuentas a nadie pero que tampoco parece tener claro cuáles son sus atribuciones y mandato.

Por desgracia, la innegable disfuncionalidad de la SAT en los últimos tiempos (que se traduce en una dolorosa ineficiencia en la recaudación tributaria, particularmente en las aduanas) ha llevado al Organismo Ejecutivo a contemplar la figura jurídica de la intervención como una medida desesperada. Antes de caer en tal extremo, convendría atender lo que la propia Corte de Constitucionalidad ya expresó en un caso similar (en 2010, por el RENAP): la decisión de intervenir debe tomarse luego de evaluar la pertinencia, la conveniencia y la absoluta necesidad de asumir tal medida.

Dado que los problemas que enfrenta la SAT tienen que ver, por una parte, con una confusión de roles entre el principal (el Ministro de Finanzas) y el agente (el Superintendente) que puede corregirse con simples decisiones políticas y administrativas y, por otra parte, con una rigidez en la composición del Directorio que puede corregirse con la reforma a la Ley Orgánica de la SAT (que ya fue consensuada recientemente en el Dictamen Conjunto a la iniciativa de ley 4461), resulta claro que la intervención de la SAT no es pertinente, ni conveniente, ni absolutamente necesaria.

El modelo institucional de la SAT es, en esencia, adecuado y debe ser rescatado y fortalecido; primero, porque una agencia especializada puede focalizar sus esfuerzos en su único mandato; segundo, porque una institución autónoma puede manejar sus asuntos ordinarios sin contaminarse de motivaciones políticas; y, tercero, porque con un sistema de recursos humanos independiente puede reclutar, retener y motivar a sus empleados hacia niveles superiores de desempeño. Al país le urge contar con instituciones públicas fuertes y eficientes. Una intervención impertinente, inconveniente e innecesaria, debilita dicho esfuerzo.

Una Luz de Esperanza

Una inusual alineación de astros ha permitido que en el usualmente paralizado Congreso de la República se haya producido un avance concreto con la emisión de un Dictamen Conjunto de las llamadas leyes de transparencia. Se siente una bocanada de oxígeno cuando hay avances simultáneos en el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional

La corrupción generalizada (en todos los niveles de la sociedad) y la dramática debilidad de las instituciones del Estado (desde los organismos Legislativo y Judicial hasta las instituciones de vigilancia y control) son dos de los lastres más pesados que impiden el progreso de Guatemala. Ambos problemas parecen tan irremontables que a veces nos invade un sentimiento de frustración y angustia que nos lleva a vislumbrar un futuro irremisiblemente fallido para el país.

Por eso se siente como una bocanada de oxígeno cuando se producen, en una inusual confluencia de intereses, avances simultáneos en ambas áreas (combate a la corrupción y fortalecimiento institucional) como el que se produjo en el Congreso la semana pasada: tras un largo proceso de discusión y análisis, con el acompañamiento de tanques de pensamiento e instancias de la sociedad civil, tres comisiones de trabajo del Congreso de la República –las de Legislación y Puntos Constitucionales, de Probidad, y Extraordinaria Nacional por la Transparencia- emitieron el Dictamen Conjunto No. 1-2013 sobre la Iniciativa de Ley No. 4461, que contiene un conjunto de reformas legales en favor de la transparencia en el manejo de los recursos del erario público (es decir, de los recursos provenientes de los impuestos de todos los guatemaltecos).

Dadas las circunstancias en el Congreso (cuasi-paralizado por una interpelación ministerial desnaturalizada) y en la sociedad civil (cada día más polarizada), el acuerdo logrado en torno al referido dictamen constituye un esfuerzo meritorio de negociación política, con un importante componente técnico, que logró concitar consensos –a través de todo el espectro ideológico- en torno al combate a la corrupción. De tal manera que por fin, tras varios meses de espera, el Congreso de la República tiene en sus manos la oportunidad de aprobar reformas esenciales a tres leyes orgánicas de central importancia: la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Las reformas contenidas en el referido Dictamen Conjunto permitirán, entre otros objetivos, impedir que se incurra en la llamada “deuda flotante” al obligar a que todo gasto cuente con el correspondiente respaldo presupuestario; prohibir que ONGs ejecuten obras públicas; sancionar penalmente a quienes incumplan con las normas presupuestarias; y, convertir en normas permanentes diversas disposiciones que anteriormente debían aprobarse anualmente con cada presupuesto (todas ellas reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto). También incluye reformas orientadas a modernizar el mandato de la Contraloría General de Cuentas y explicitar su mandato de fiscalizar a todas las entidades que manejan recursos del Estado, al tiempo que fortalece sus capacidades técnicas y sancionatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas); así como fortalecer la autonomía y eficacia de la Superintendencia de Administración tributaria al permitir la renovación parcial de su Directorio y afinar los mecanismos para el establecimiento de sus metas recaudatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria).

Ciertamente, el contenido de este inusualmente positivo dictamen resulta insuficiente pues, por un lado, solamente incorpora aquellas reformas mínimas que pudieron ser consensuadas políticamente en las tres comisiones signatarias y, por otro, aún deja pendientes otra serie de reformas relacionadas con la transparencia (como las reformas a la Ley de Probidad o a la Ley de Contrataciones del Estado). Sin embargo, es de justicia destacar que las reformas contenidas dicho dictamen constituyen un esperanzador paso adelante en la lucha contra la corrupción y en favor del uso eficiente de los recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos.

Queda ahora en manos del Pleno del Congreso atender el clamor ciudadano por la transparencia y convertir este Dictamen Conjunto –sin alterar el espíritu de su contenido- en Ley de la República, lo que, de lograrse, se traducirá en un mejor y más adecuado uso de los recursos de los guatemaltecos, que es el complemento indispensable que aún le hace falta a la reforma tributaria aprobada el año anterior.

Informalidad y Subempleo

El gran problema estructural del mercado laboral guatemalteco está en el elevado subempleo

 La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI-, publicada la semana anterior por el Instituto Nacional de Estadística –INE-,  y que se levantó entre abril y mayo de 2013, es la única información oficial que existe respecto del empleo a nivel nacional, por lo que su elaboración y uso debería ser una prioridad para el gobierno, y sus resultados deberían convertirse en un referente para analistas y estudiosos.

Desafortunadamente la ENEI no ha alcanzado esa prioridad ni es esa referencia pues el INE, a lo largo de muchos años, no ha logrado sistematizarla ni posicionarla adecuadamente. Entre otras razones porque el INE no calcula ni publica la ENEI de manera periódica: en los últimos diez años sólo se ha efectuado la encuesta en seis de ellos; la ENEI 2012 se hizo en julio, mientras que la del presente año, en abril, lo cual impide que los resultados puedan compararse de un periodo a otro. Por si esto fuera poco, dese la ENEI 2012 se introdujo varios cambios metodológicos, como el de incrementar (de 10 a 17 años) la edad de las personas aptas para trabajar, lo que, si bien significó adoptar el estándar internacional, implicó que las cifras no sean comparables respecto de las de encuestas previas.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que la ENEI 2013 (con todo y que el INE, inexplicablemente, no ha facilitado su acceso al gran público en su sitio web) proporciona datos e información valiosa respecto de la situación del empleo y de la evolución de los ingresos de los trabajadores, que vale la pena analizar y aprovechar para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Según el informe del INE la población económicamente activa –PEA- se situó en 5.9 millones, que representan el 60.7% de los individuos en edad de trabajar. La agricultura sigue generando la mayor parte del empleo (30.4%), seguida por el comercio (29.6%) y por la industria manufacturera (13.2%).

Los datos muestran que la tasa de desempleo abierto representaba sólo el 3.5% de la PEA en 2010, subió a 4.2% en 2011, se redujo significativamente a 2.9% en 2012, y se volvió a elevar a 3.2% en 2013, el dato más reciente. Si bien es cierto que esta tasa de desempleo resulta baja si se le compara con tasas regionales y mundiales (por ejemplo, la tasa equivalente en Estados Unidos es de 7.3% y en España de ¡26.2%!), su nivel esconde un grave problema del subempleo: en Guatemala el subempleo hace las funciones de lo que en los países desarrollados sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal.

En efecto, el gran problema estructural del mercado laboral guatemalteco está en el subempleo, cuyo índice (que contabiliza a los trabajadores que perciben ingresos inferiores al nivel normal y que laboran menos del horario completo) refleja un elevado grado de informalidad económica. La tasa de desempleo visible reportada por el INE para 2013  se situó en 16.9% de la PEA. El número de personas con un empleo informal aumentó a un muy elevado 69.2%; esta categoría incluye personas que, aunque perciban los ingresos promedio, no tienen acceso a prestaciones de seguridad social (56.3% de la PEA). La informalidad es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas (78% frente a 44%) y afecta a los pueblos indígenas (86.2%) mucho más que a los no indígenas (58.9%).

Las asimetrías también son evidentes en los datos de ingresos. El ingreso promedio por trabajador es de sólo Q1,917 al mes (inferior, incluso, al salario mínimo); la cifra se eleva a Q2,841 mensuales en el área urbana, muy superior a los Q1,499 que registra el área rural. Los trabajadores agrícolas perciben los ingresos más bajos (Q1,101 mensuales en promedio), mientras que los mejor remunerados están en los sectores financiero (Q3,439) y de información y comunicaciones (Q3,869). La ENEI también muestra que sólo el 17.7% de los ocupados terminó la escuela primaria, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.

Los bajos niveles de ingresos y de formalidad son un reflejo de la poca productividad del aparato económico nacional y de la enorme debilidad de nuestras instituciones económicas. Por ello, el capital humano, la infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones siguen siendo las grandes materias pendientes del Estado guatemalteco.

Cuando Pase la Crisis

Esta columna la escribí hace cinco años, cuando se desató la crisis económica mundial. Por desgracia, transcurrido ese tiempo, poco hemos hecho en Guatemala en preparación para el nuevo escenario que se avecina. El rezago permanente parece ser nuestro seguro destino.

La inflación elevada y la reducción en el crecimiento de la producción son los dos problemas económicos de la coyuntura actual; su ocurrencia simultánea se debe esencialmente a un shock de oferta generado por los continuos y rápidos aumentos en los precios internacionales de gran cantidad de productos primarios como el petróleo y los granos básicos. Puesto que, a lo largo de la historia, estas situaciones de desequilibrio generan una serie de ajustes de mercado que conducen a un nuevo equilibrio, sabemos que, eventualmente, los precios internacionales se estabilizarán, independientemente de las medidas de política económica que se adopten internamente para paliar la crisis. Si tales medidas son las apropiadas, coadyuvarán a reducir los costos y la duración del inevitable ajuste económico que conlleva el shock externo; si, por el contrario, se adoptan medidas populistas o antitécnicas para enfrentar el ajuste, éste puede tornarse más prolongado y costoso. Pero más grave que aplicar políticas equivocadas para atender la coyuntura sería desatender las políticas de largo plazo, cometiendo de nuevo el error de dedicarse únicamente a lo urgente mientras se relega lo importante.

Sería una tragedia que, una vez superados los desequilibrios actuales, Guatemala no haya avanzado en los aspectos que le permitan acelerar sostenidamente su crecimiento económico y reducir la pobreza. Un estudio reciente de un grupo de pensadores y hacedores de políticas públicas (convocados por el Banco Mundial) identificó cinco aspectos comunes que han caracterizado a las 13 economías que desde 1950 han tenido un crecimiento promedio de 7% anual durante períodos de 25 años o más: el aprovechamiento de la economía mundial (importando tecnología e innovación; produciendo productos que otros países requieren); el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica; la presencia de altas tasas de ahorro e inversión; el permitir que el mercado sea quien asigne los recursos económicos; y, la presencia de gobiernos capaces, creíbles y comprometidos. Además, según otros estudios, para que el crecimiento económico sea sostenible es necesario que exista paz y cohesión social, quizá porque la conflictividad social es el caldo donde se cultivan las políticas populistas  y la debilidad institucional. Entonces, lo importante para las políticas públicas debe ser la búsqueda permanente de estas características, independientemente de las preocupaciones de corto plazo.

El momento para implementar políticas de largo plazo es hoy mismo, y no hay que inventar el agua azucarada: sólo la mejora de la productividad permitirá que Guatemala aumente sosteniblemente el ingreso per capita y ello requiere impulsar una agenda de competitividad que ya está diseñada e incluye temas como la inversión en infraestructura (Alianzas Público-privadas), la inversión en sectores clave (como el de energía) y la facilitación de trámites para las empresas. También existen acuerdos políticos de largo alcance contenidos en el Plan Visión de País que podrían configurar incluso una agenda nacional de gobernabilidad en los temas esenciales de salud, educación, desarrollo rural y seguridad. Como dicen los sabios chinos, hay que hacer de la crisis una oportunidad.

Cuotas Electorales

La igualdad de oportunidades, no los privilegios forzados, debe ser el norte para revertir las injusticias y discriminaciones

{Aunque el tema de las cuotas electorales puede considerarse entre los más importantes para solucionar la disfuncionalidad de nuestro sistema político, preocupa mucho que los avezados políticos han insistido durante los últimos días en levantarle el perfil al tema, sabedores (como buenos conocedores de la idiosincrasia chapina) que generarían con él una gran polémica y, con ello, lograrían (como lo están logrando) que nadie ponga atención en el resto de reformas que están impulsando en la ley electoral (como el aumento casi ad-infinitum del financiamiento con recursos fiscales a los partidos políticos) y que tampoco se ponga atención a los temas que están omitiendo incluir en la reforma (como el devolverle la autoridad al TSE o el obligar a los partidos a ser más democráticos en su gobierno interno: no dicen nada respecto a la necesidad de que el voto en las asambleas partidarias sea secreto). Así, mientras los conglomerados de mujeres celebran prematuramente la inclusión de cuotas (sin haber reflexionado sobre la forma en que está redactada la propuesta que, no por accidente, va a hacer que la norma sea engorrosamente inaplicable en la práctica), y mientras los columnistas intercambiamos opiniones, el sistema político continúa corrompiéndose y corrompiendo a la sociedad para que al final cada grupo (mayas, ladinos, garífunas, xincas, criollos, descendientes de alemanes, mujeres, hombres, homosexuales, bisexuales, transgéneros, minusválidos, ciegos, sordomudos, médicos, abogados, empresarios, sindicalistas, maestros y sexoservidoras) tengamos nuestra respectiva cuota de nada.}

Ahora que la actividad en el Congreso de la República empieza a desentramparse, ha cobrado fuerza la idea de retomar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Resulta curioso que, tratándose de una reforma tan importante, mucha de la discusión se esté centrando en el tema (complejo, sí, pero francamente secundario) de las cuotas por género para los puestos de elección popular.

Es muy posible que el querer obligar a que la mitad de todos los candidatos a elección popular sean mujeres tenga la mejor de las intenciones: es innegable que históricamente Guatemala ha vivido una situación de injusticia y discriminación hacia las mujeres (y hacia otros conglomerados sociales), por lo que la introducción de medidas que favorezcan a este grupo parece ser una forma rápida y efectiva de construir una sociedad más justa.

Sin embargo, este tipo de medidas ya ha sido aplicado en otros lares sin que sus supuestos resultados positivos superen a los negativos. Las cuotas violan el principio elemental de que las decisiones de política pública deben ser ciegas ante la raza, sexo o religión de los ciudadanos implicados. Su aplicación implica que el propio estado estaría discriminando a miembros de un conglomerado al otorgarles un tratamiento preferencial. Cuando las plazas de trabajo (incluyendo los puestos de elección popular) son repartidas con base en criterios distintos a la capacidad y el mérito, las instituciones (y el Estado) se vuelven más incompetentes.

Aunque la política de cuotas empiece con la intención de favorecer a un colectivo específico, inevitablemente tiende a expandirse a una gran diversidad de conglomerados que empiezan a clamar por un trato similar. Pronto estarán otros “colectivos” que agrupan a personas con diferente orientación sexual o identidad de género pidiendo sus respectivas cuotas electorales, como también lo harán los grupos étnicos, los gremios, las personas con capacidades diferentes, y un largo etcétera.

Además, una vez puestas en práctica, las políticas de cuotas son muy difíciles de desmantelar y pueden resultar contrarias a sus objetivos iniciales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se adopta la cuota propuesta por nuestros políticos (50% de los candidatos deben ser hombres) y un partido político feminista quisiera postular solo mujeres?

Aunque cualquier Congreso se beneficia de la diversidad de ideas y opiniones, no es correcto utilizar el género como un parámetro de la diversidad. Cualquiera que piense que por el hecho de ser mujer se va a pensar distinto que los hombres en materia de corrupción, educación o economía, es porque tiene una chata visión de las capacidades intelectuales del ser humano. Las cuotas remplazan las injusticias viejas por nuevas; tienden a dividir a la sociedad en vez de unirla; contravienen la meritocracia; y, minan  gravemente el principio de la igualdad de oportunidades.

Es cierto que el machismo (y el racismo) son lastres pesados que impiden el progreso de nuestra sociedad. Pero la búsqueda de la igualdad de oportunidades debe ser el norte para revertir las injusticias y discriminaciones actuales. Para desgracia de quienes siempre buscan atajos y soluciones mágicas, ello implica políticas de largo plazo y un arduo trabajo que, para empezar, debe enfocarse en la educación de niños y niñas para erradicar el machismo. Debe orientarse también a medidas de apoyo a las mujeres jóvenes de familiar pobres y marginadas. Y debe incluir acciones de las instituciones políticas (incluyendo los partidos) para atraer a sus filas a los mejores talentos ofreciéndoles los incentivos adecuados y, en el caso de personas de escasos recursos económicos, brindándoles ayuda financiara. Si se ha de otorgar preferencias, que sea con base en el nivel de ingresos, y no con base al género, raza o religión de las personas.

Hay otras muchas reformas más importantes y urgentes qué hacer en el sistema electoral, empezando por devolverle la autoridad al alicaído Tribunal Supremo Electoral. El tema de las cuotas más parece un conveniente distractor que busca desviar la atención de los temas de fondo (como el combate a la corrupción en los partidos políticos) o, al menos, un atajo cómodo para aliviar el sentimiento de culpa de políticos machistas que buscan congraciarse con los “colectivos” de mujeres.

Reforma Tributaria ¿Desperdiciada?

La insuficiencia de ingresos de la que se queja el gobierno, no se debe a que haya fracasado la reforma tributaria

Desde muy temprano en su gestión, en marzo del año pasado, el gobierno logró una muy expedita aprobación por parte del Congreso de un paquete de reformas tributarias. Dichas reformas se centraban en aumentar la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta –ISR-, particularmente en cuanto al ISR de las empresas, para lo cual que incluyó medidas de aumento gradual del porcentaje sobre la renta bruta (de 5% a 7%), una reducción gradual en la tasa sobre el ingreso neto (de 31% a 25%), y algunas medidas de control sobre sus distintas fuentes de ingreso. La reforma tributaria también incluyó cambios al ISR de las personas (incluyendo la reducción del monto del IVA acreditable al ISR), la introducción de un impuesto de 5% sobre dividendos y  alzas importantes al impuesto sobre la circulación de vehículos.

Pese al éxito político que significó la pronta aprobación de estas reformas, las prisas excesivas del proceso se tradujeron en una serie de complicaciones y confusiones operativas que dificultaron su puesta en práctica. Por ejemplo, el reglamento de aduanas sorprendió desprevenida a la mismísima SAT y, al día de hoy, la ley aduanera sigue pendiente de ser actualizada. También generó confusión la precipitada entrada en vigencia de los cambios de procedimiento en la recaudación del IVA para las pequeñas empresas. A la luz de las críticas y dificultades de interpretación de las reformas, el gobierno tuvo que decretar una amnistía y dar marcha atrás en algunas medidas (como el impuesto de circulación de vehículos), lo cual representó un retroceso en las aspiraciones recaudatorias del gobierno.

Evidentemente, la estrategia de enviar “en paquete” un conjunto de leyes puede tener sus méritos políticos de corto plazo, pero es técnicamente anómala y sus resultados son, a fin de cuentas, contraproducentes. Prueba de ello son las leyes relacionadas con mejorar la transparencia en el gasto público que han estado estancadas en el Congreso desde hace más de un año y que son, como veremos a continuación, el complemento indispensable para que cualquier reforma tributaria tenga alguna posibilidad de éxito.

Pero, a pesar de las dificultades auto-infligidas, la reforma tributaria no puede ser catalogada como un fracaso. Al contrario, pese a lo que algunos críticos e incluso el propio gobierno (agobiado porque los ingresos tributarios no fluyen como lo esperaba) sostienen, las cifras puras y duras demuestran que las reformas al ISR aprobadas en 2012 han sido exitosas. En efecto, hasta el mes de julio del presente año, la recaudación de ISR había crecido a un ritmo sobresaliente de 24% por encima de lo recaudado a la misma fecha del año anterior. De esta cifra, digamos que un 8% se explica por el crecimiento nominal de la economía, por lo que el resto (16%) es atribuible al efecto derivado de la reforma tributaria del año pasado y que tuvo su pleno impacto en el presente año.

Gran parte de ese éxito refleja la mayor cantidad de impuestos pagados por las empresas. El sector empresarial debería tener con ello un argumento irrefutable para afirmar que ha cumplido con su parte de la reforma tributaria pero que, según lo indican el resto de cifras fiscales, el gobierno está muy lejos de cumplir con la suya: a pesar del aumento en la recaudación de ISR, el resto de impuestos se ha comportado desastrosamente. ¿Por qué?

Por las aduanas. La insuficiencia de ingresos tributarios de la que se queja el gobierno no se debe a que haya fracasado la reforma tributaria, sino al enorme agujero que se vislumbra en la recaudación de impuestos asociados a las importaciones: lo recaudado al mes de julio por concepto de IVA sobre importaciones no ha crecido nada en comparación al año anterior, pese a que las importaciones están creciendo a un ritmo de 4% anual. Peor aún, la recaudación por aranceles se ha caído en un escandaloso 25% en lo que va del año.  

Algo muy malo debe estar pasando en las aduanas para que se haya producido tal desastre recaudatorio. Y por eso urgen acciones fuertes en contra de la evasión y el contrabando, dentro de un esfuerzo más amplio de combate a la corrupción y a la ineficiencia del gasto público. Si no se producen avances concretos en materia de transparencia, cualquier reforma tributaria terminará siendo un lamentable desperdicio.

La Incapacidad de Dialogar

Pareciera que en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta

Hace algunos días un amigo y mentor me envío una columna de Arturo Pérez-Reverte que me pareció sencillamente fascinante. Aunque dirigida por el escritor y periodista español al público ibérico, la columna (titulada Conmigo o Contra Mi) que critica el triste estado del sistema político y –especialmente- el alto grado de responsabilidad que los propios ciudadanos tienen en el deterioro de dicho sistema, es absolutamente aplicable y relevante al caso de Guatemala.

El escepticismo sobre el futuro del sistema político y el desencanto con la “casta parásita que nos gobierna” es atribuible, según al autor, a la ignorancia y abulia política de los propios gobernados, que los convierte en ovejitas indefensas en manos de los viejos lobos políticos. Sin una participación activa ni decisiones educadas por parte de los ciudadanos, no habrá democracia plena aunque haya elecciones periódicas. Además, el sistema actual no soluciona los asuntos de estado mediante el diálogo y el debate de argumentos serios, sino que –casi por instinto- recurre a la descalificación, al enfrentamiento visceral, a la polémica teatral. Y así, no hay manera de que las decisiones políticas se basen en el sentido común ni que procuren el bien común.

La incapacidad de debatir es igual de grande que la tendencia a encasillar ideológicamente al oponente. Pérez-Reverte da ejemplos concretos de esta tendencia en España, pero igualmente se pueden encontrar para Guatemala. Si alguien opina que Árbenz perdió el control de la Revolución del 44 al confiar ciegamente en los comunistas, no encontrará argumentos respecto a si confió o no confió en ello, sino furibundas críticas que, aderezadas con el infaltable ataque contra la oligarquía criolla, tildarán de fascista y genocida a quien así osó opinar. O si opina que la Revolución de 1871 cometió enormes abusos contra los indígenas y contra la Iglesia Católica, el opinante será acusado de rechazar al glorioso ejército nacional o de ser un cachureco irredento.

Pareciera además que, al igual que Pérez-Reverte lo percibe para España, en Guatemala todos estamos bajo sospecha de tener una agenda oculta, de militar en algún bando ideológico o en un grupo de interés. Y desde el “juicio por genocidio” se ha acentuado esta inclinación en encasillar en el bando enemigo a quien sea discrepe: sos rojo o sos crema. Qué importa si sos probo, detestás la corrupción y está dispuesto a combatirla; y qué importa si creés que la impunidad se combate con el imperio de la ley, aplicado por parejo a todos; y qué importa si creés que la desnutrición crónica infantil es la peor vergüenza que podamos sentir los guatemaltecos, y actuás en consecuencia. Me vale. Si sos del bando contrario, sos mi enemigo y cuanto digás carece de validez.

Con esas actitudes resulta fácil entender la Guerra Civil. La de España, según Pérez-Reverte; pero quizá también la guatemalteca. Según el escritor, los abusos y crímenes que ambos bandos cometieron en el conflicto de 1936-39 ya no son repetibles, pero la pulsión vil de destruir sin misericordia al adversario permanece en el inconsciente colectivo español. En el caso de Guatemala uno podría ser, incluso, menos optimista: los abusos y crímenes extremos son aquí algo real y presente. Un nuevo conflicto interno violento es algo más que un riesgo.

Ojalá que este autodestructivo clima de desconfianza pueda cambiar. Quizá, como Pérez-Reverte lo diagnostica para su país, la solución pase por reconocer una historia conflictiva y enseñarla correctamente a las nuevas generaciones para que –a diferencia nuestra- la asuman, desde las guerras intestinas antes de la Conquista, hasta el abuso y la explotación de después, pasando por revoluciones y contrarrevoluciones excluyentes, dirigidas por grupos de interés y líderes de poca calidad moral. Y pasa también, como en España, por tener dirigentes políticos lúcidos, probos y dispuestos a decir la verdad sobre el país que hemos construido.

En ausencia de líderes internos que llamen a la conciliación, conviene escuchar el reciente llamado a la paz, a la tolerancia y al diálogo del Papa Francisco (http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013). O reflexionar, a la luz de la situación guatemalteca, el artículo de Pérez-Reverte (http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso).

Tipo de Cambio y Nerviosismo

Pese al nerviosismo (injustificado) que ocasionó la semana pasada, el reciente aumento del tipo de cambio es simplemente normal y su magnitud, relativamente pequeña

En el último par de semanas abundaron las noticias que reportaban un alza en el tipo de cambio y las reacciones de inquietud por parte de algunos empresarios y políticos al respecto. El alza en el precio del dólar (que subió en agosto de Q7.84 a Q7.97), la primera que se produce en forma sensible en lo que va del año, aunque no fue realmente de una magnitud significativa, sí generó noticias y nerviosismo.

Sin embargo, tanto las noticias como el nerviosismo resultan francamente exagerados a la luz de las circunstancias que rodean el comportamiento cambiario reciente. Por un lado, a lo largo de los primeros siete meses del año el tipo de cambio ha permanecido extremadamente estable (excepto por una levísima apreciación ocurrida en las primeras semanas del año), por lo que es simplemente normal que –por fin- tenga algún movimiento; además, el tipo de cambio en Guatemala tiene una cierta estacionalidad que hacía prever, de cualquier modo, que habría algún alza en el valor de dólar a partir de agosto.

Por otro lado, los movimientos de capitales alrededor del mundo están mostrando una tendencia generalizada (aunque aún no se sabe si permanente) de un regreso de los capitales desde las economías emergentes hacia los Estados Unidos. El anuncio del banco central de ese país (la Reserva Federal) de un posible cese –en un futuro sin precisar- de su política monetaria expansiva ocasionó alzas en las tasas de interés estadounidense y una consiguiente llegada de capitales proveniente del resto del mundo, incluyendo posiblemente desde Guatemala, lo cual en algo habrá contribuido al reciente movimiento del tipo de cambio quetzal-dólar.

Los dos factores comentados explican que el reciente aumento del tipo de cambio es simplemente normal, pero también hay que indicar que la magnitud de aumento ha sido muy pequeña. De hecho, hace un año, el tipo de cambio era de Q7.96 por dólar, es decir que en un año la depreciación es de apenas un centavo o 0.1%. En contraste, y a manera de comparación con otros países con regímenes cambiarios similares al guatemalteco, la depreciación de sus respectivas monedas en el mismo periodo de tiempo ha sido de 5% en Colombia, 6% en Chile, 7% en Perú y 12% en Brasil.

En estos países, como en todos aquellos que manejan tipos de cambio flexibles, las fluctuaciones cambiarias no sólo son mucho más frecuentes sino que mucho más pronunciadas que las que vemos en Guatemala, por lo que los agentes económicos están habituados a este tipo de variaciones y han aprendido a diversificar las monedas en sus operaciones financieras y a realizar las coberturas cambiarias que les permitan minimizar los riesgos de pérdidas por las fluctuaciones cambiarias.

En Guatemala, en cambio, los agentes económicos se han malacostumbrado a un tipo de cambio muy estático por muchos años y, equivocadamente, creen que una moneda fuerte es el reflejo de una economía sana.  Como sociedad, deberíamos entender que, si tenemos un régimen de tipo de cambio flexible, es para que éste fluctúe (para arriba y para abajo) y los empresarios deberían hacer uso de los instrumentos que el mercado de futuros les ofrezca para protegerse de dichas fluctuaciones.

Para que el tipo de cambio sea en verdad flexible es necesario, por un lado, que el Banco de Guatemala relaje la regla de participación que actualmente aplica para comprar y vender divisas, pues la misma ha creado un ambiente de poca tolerancia ante la normal volatilidad del tipo de cambio y ha impedido que se desarrolle un mercado cambiario más profundo, líquido y activo. La segunda es que dicho mercado incluya un componente de productos derivados y a futuro para que los participantes se protejan ante los riesgos de fluctuaciones cambiarias.

Las autoridades y el público deberían perderle el temor a la flexibilidad del tipo de cambio, pues la misma ha mostrado su utilidad en otros países que, como el nuestro, privilegian la estabilidad de precios internos. Eso sí, para que el sistema de tipo de cambio flexible funcione, para que se aprovechen sus virtudes y se minimicen sus riesgos, la política económica en general, y el área fiscal en particular, deben evitar excesos (como por ejemplo, elevados déficits fiscales o niveles insostenibles de deuda pública) que amenacen la estabilidad de la moneda.