En Manos de la Corte

La Corte de Constitucionalidad debe impedir aquellas reformas a la Ley Electoral que sean evidentemente inconstitucionales o inconvenientes

La Corte de Constitucionalidad –CC- tiene en sus manos una brasa candente: debe pronunciarse en un plazo perentorio sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- aprobadas hace algunos días por el Congreso, ya que dicha ley tiene rango constitucional y su reforma requiere de la opinión favorable de la CC.

Este requerimiento resulta providencial como última esperanza para evitar un nefasto conjunto de reformas a la LEPP que, de entrar en vigencia, amenaza con convertir el próximo proceso electoral en un ejercicio caótico que pondrá en grave riesgo la efectividad del sufragio, la pureza del proceso electoral y la supervivencia de nuestra incipiente democracia.

En medio de este panorama amenazador, que nos incumbe y afecta a todos los guatemaltecos, resulta reconfortante que diversos grupos ciudadanos se estén pronunciando y que intenten incidir positivamente en el desenlace de este problema creado por los propios partidos políticos en el Congreso. Uno de estos grupos está conformado por jóvenes estudiantes de Derecho (Luis Arturo Palmieri, Josselyn Mariela Ruano, Stephanie Jazmín Arévalo, José Enrique Monzón, Florencio Ademir Gramajo, Mauricio Duarte, y Jorge Gabriel Jiménez) que, en su calidad de ciudadanos, han acudido ante la CC para plantear su opinión y velar porque prevalezca la certeza jurídica en este caso.

Para el efecto, han recurrido a una figura jurídica poco utilizada en Guatemala: el amicus curiae o amigo de la corte. El amicus es un recurso muy utilizado en otros países cuando una persona o un conglomerado desean colaborar –desde una perspectiva esencialmente jurídica- con la corte que ha de emitir algún fallo, proporcionándole argumentos, antecedentes y doctrina que puedan resultar útiles para sus deliberaciones y decisiones. En palabras del constitucionalista Manuel de Jesús Mejicanos el amicus curiae resulta muy útil ya que mientras mayor sea la participación de ideas en el debate constitucional, mayor será la legitimidad democrática del precedente que se establezca.

En el planteamiento que los futuros abogados hacen a la CC sobresalen varios temas que deberían ser tomados muy en cuenta por los magistrados cuando fallen sobre las reformas a la LEPP, la cuales presentan evidentes visos de inconstitucionalidad. Uno de ellos tiene que ver con que las reformas establecen, por una parte, que la publicación de cualquier encuesta electoral debe ser aprobada previamente por el Tribunal Supremo Electoral y, por otra, que ninguna encuesta o estudio de opinión podrá publicarse durante los ocho días previos a cada elección. Estas limitaciones son claramente violatorias del principio de libertad de expresión consagrado tanto en la Constitución, como en varios convenios internacionales suscritos por Guatemala.

Otra de las reformas establece un número fijo de diputados para cada distrito electoral, lo cual contraviene flagrantemente los principios de representatividad y de igualdad del voto (con base específica en un criterio poblacional) que están establecidos a nivel constitucional.

Las reformas también introducen el establecimiento de cuotas de candidatos, asignando porcentajes según género y origen étnico lo cual, por muy bien intencionado que sea, viola el derecho constitucional que tiene todo guatemalteco de optar a cargos públicos sin que para su otorgamiento deba atenderse a otro criterios que no sean los relacionados con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Finalmente, en el tema del financiamiento público a los partidos políticos (quizá la verdadera razón tras las reformas aprobadas por el Congreso), las reformas no sólo duplican el pago que el Estado debe hacer a los partidos por cada voto recibido, sino que ponen a cargo del erario público toda la propaganda electoral. Estas reformas no atienden a los criterios de razonabilidad y de concordancia con la economía nacional (ambos constitucionales), por lo que amenazan seriamente la integridad de las finanzas públicas y también deberían ser rechazadas por la CC.

Esperemos que este meritorio aporte ciudadano, por estar basado en un análisis serio y bien fundamentado, reciba la consideración que se merece en las deliberaciones de la CC, y que ésta deje sin efecto las inconstitucionales disposiciones que se pretenden introducir a la LEPP.