El PNUD es muy contundente en afirmar que
las políticas de "mano dura" no han funcionado
Hace algunos días vio la luz el Informe Regional de
Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y
Propuestas para América Latina”, preparado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD-. En esta ocasión el Informe se enfoca en los efectos
negativos de la inseguridad ciudadana sobre el desarrollo económico y social.
El PNUD recalca que, aunque en el presente siglo ha
habido crecimiento económico en Latinoamérica, éste no se ha traducido en desarrollo
humano ni en seguridad ciudadana, debido a que el crecimiento ha sido de baja
calidad: por un lado, el motor de la actividad económica ha sido el consumo (que
en Guatemala representa el 85% del PIB) y, por otro, no ha habido suficiente
movilidad social. Ello crea incentivos para lo que el PNUD llama “delito
aspiracional”, que se traduce en una epidemia de robos de celulares, laptops y tenis
de marca como la que agobia a los capitalinos guatemaltecos.
Pero el Informe también asocia la inseguridad
ciudadana con el caótico y veloz crecimiento urbano que, acompañado de
transformaciones en la estructura familiar (como las generadas por los
migrantes hacia el Norte) y de fallas en el sistema educativo estatal, han
minado el tejido social. A ello se agrega la proliferación de armas de fuego y el
tráfico de drogas como factores que impulsan la criminalidad. Por último, y no
menos importante, la inseguridad ciudadana se multiplica debido a la debilidad
institucional (en la provisión de seguridad y en la impartición de justicia)
que caracteriza a Estados como el nuestro.
Evidentemente, la inseguridad ciudadana afecta el desempeño
económico: según el Informe, si la tasa de homicidios se redujera al promedio
mundial, el PIB de Latinoamérica sería mayor en un 0.5% (equivalente a más de
US$24 milllardos). Para casos específicos, el PNUD y el Banco Interamericano de
Desarrollo –BID- estiman que a Honduras la delincuencia le representó en 2010
un costo del 10.5% de su PIB, y a Paraguay un 8.7%. Es razonable suponer que
Guatemala estaría en niveles sólo ligeramente inferiores a esos dos casos.
Aunque el Informe no da recetas para combatir la
inseguridad, es muy contundente en afirmar que las políticas de "mano
dura" no han funcionado, ya que la represión policial desmedida a menudo
ha coincidido con una elevación en los índices de criminalidad. Lo que sí
aconseja el PNUD es no politizar el tema de la inseguridad y que cada país llegue
a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, como política de Estado, que
incluya una estrategia integral de seguridad ciudadana basada en la actuación
policial mediante un trabajo por cuadrantes y cercano con las comunidades; la adopción
de nuevas tecnologías enfocadas en la prevención en las áreas de riesgo; la atención
estatal a los grupos más vulnerables de la población (jóvenes y mujeres); el
fortalecimiento de la justicia para hacerla accesible y eficaz; y, una mejora
en la educación para infundir valores de tolerancia y respeto al estado de
derecho.
Los hallazgos y recomendaciones del Informe son, claro
está, muy relevantes para Guatemala y coinciden en gran medida con otros
estudios para distintas regiones del planeta que enfatizan la importancia de
las instituciones y de la democracia para construir un estado de derecho
conducente al desarrollo económico y social. En situaciones tan deterioradas y
precarias como la nuestra, el desafío fundamental es el de priorizar y dar
seguimiento a las medidas pertinentes en materia de seguridad ciudadana.
Para ello hay que partir de que una condición necesaria para el
desarrollo económico es que se reduzca sostenida y progresivamente el nivel de
amenazas a la vida y a la libertad (de locomoción, de expresión y de
emprendimiento) de los guatemaltecos. Cualquier persona que se sienta
paralizada contra su voluntad o amenazada en su integridad –ya sea por mareros extorsionistas,
narcotraficantes, ladrones de celulares, o policías corruptos- se encuentra no
sólo con que su calidad de vida cae drásticamente, sino también con que no
puede tomar decisiones económicas básicas que son esenciales para el progreso de
la sociedad. Puestos a priorizar, es a esa protección fundamental de la
inmunidad personal hacia donde deben dirigirse los esfuerzos del Estado en
materia de seguridad.
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