Incertidumbre Presupuestaria

¿Qué entes deberán sacrificar su presupuesto para que el gobierno pueda cumplir los compromisos adquiridos para 2014?

La falta de aprobación Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2014 pone en liza una serie de decisiones trascendentales que definirán la viabilidad financiera de las políticas y actuaciones del gobierno durante el próximo año. Tal decisión (pues no parece haber sido un accidente) plantea una serie de desafíos para el Estado y sus instituciones.

Un primer desafío tiene que ver con las múltiples transferencias presupuestarias que deberán realizarse. El proyecto de presupuesto que no se aprobó contemplaba aumentos importantes en el Ministerio de Educación para cubrir el ajuste salarial comprometido en un pacto colectivo. ¿Es inevitable que ocurran manifestaciones de descontento del gremio magisterial si no se apresuran las transferencias correspondientes? El proyecto improbado también contemplaba aumentos para las municipalidades, consejos de desarrollo y los jubilados; ¿qué pasará si se atrasan las transferencias hacia estos rubros? ¿Quiénes serán los entes que verán reducidos sus recursos para llenar tales agujeros?

En cuanto a políticas de gobierno, la no aprobación del presupuesto implica que varios ministerios se quedan sin partidas para iniciar nuevos programas en 2014: por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social debe asumir las funciones del desaparecido FONAPAZ, mientras que el de Economía pretendía ejecutar un programa de apoyo a la competitividad y coordinar (en el INE) el censo nacional de población. Asimismo, el servicio de la deuda –que incluía el reconocimiento del costo de la política monetaria- requiere de más de Q1.7 millardos adicionales a los de 2013 que, al no haberse aprobado el presupuesto 2014, quedan sin fondos presupuestados.

La incertidumbre resultante plantea otro desafío: la credibilidad del país ante los mercados y organismos financieros internacionales se ve afectada. El mensaje de falta de certeza que envía un país incapaz de acordar políticamente su estrategia financiera anual se traduce en dudas e inquietud por parte de las entidades calificadoras de riesgo y de las instituciones de crédito, lo cual eventualmente puede afectar el costo de los recursos financieros que el país requiere.

Por otra parte, también la transparencia en la ejecución del gasto público se verá comprometida. Las innumerables transferencias que deberán efectuarse implican necesariamente cierta opacidad que se exacerba ante la falta de claridad respecto de qué normas presupuestarias son las aplicables: el Congreso aprobó recientemente un conjunto de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que mejoran sustancialmente las normas presupuestarias más laxas que rigieron en 2013. ¿Cuáles se aplicarán en 2014? La lógica y la prudencia indicarían que deben aplicarse las normas más estrictas (de la Ley Orgánica), pero ya se rumora que existe interés en interpretar que las normas a aplicar son las del presupuesto de 2013, que son más laxas.

Otra interpretación jurídica compleja se refiere al financiamiento del déficit: la disposición constitucional de renovar la vigencia del presupuesto del año anterior –cuyo espíritu es el de evitar un cierre del gobierno cuando no se aprueba el presupuesto en la fecha límite- implicaría que automáticamente queda aprobado el endeudamiento correspondiente. Sin embargo, existen interpretaciones que, con base en otro artículo constitucional, indican que el financiamiento debe someterse de nueva cuenta al proceso de opinión técnica y aprobación legislativa correspondiente, lo cual obligaría a una nueva ronda de cabildeos y negociaciones en el Congreso.

Finalmente, el desafío más grande, desde el punto de vista macroeconómico, es el de mantener el déficit fiscal bajo control. Luego de que en la crisis en 2010-2011 el déficit se elevó por encima del equivalente al 3% del PIB, se había iniciado a partir de 2012 un proceso de corrección del mismo para llevarlo a un nivel (que diversos expertos consideran sostenible) menor al 2% del PIB. La credibilidad de la política económica y la calificación del riesgo-país podrían verse perjudicadas si dicho proceso de consolidación fiscal se interrumpe en 2014, no sólo porque el déficit sería igual de elevado que el de 2013, sino por la posibilidad de que a lo largo del año se tramiten nuevas ampliaciones presupuestarias que podrían ampliar dicho déficit.