Urge racionalizar los gastos de
funcionamiento y mejorar en la calidad del gasto en los Cocodes y
municipalidades
El proceso de análisis, discusión del presupuesto de ingreso
y gastos del Estado para 2014 está en sus etapas finales en el Congreso, pero
el desafío más grande que plantea su eventual aprobación radica en que los
presupuestos que se preparan de forma anual no encaran el inminente riego de
insostenibilidad fiscal que se avizora en el mediano plazo por una serie de
debilidades que se repite año con año.
El primer problema recurrente es la sobre-estimación
de los ingresos tributarios, tendencia que se exacerba aún más en el proyecto
de presupuesto 2014. Dada la tendencia histórica de los ingresos fiscales, y
que el proyecto de presupuesto supone –como siempre- mejoras administrativas
que casi nunca rinden ningún resultado, es posible que los ingresos tributarios
para 2014 estén sobre-estimados en más de Q1,000 millones. Esto significa que,
si se ejecutara el presupuesto de egresos, el déficit fiscal se elevaría al
equivalente del 2.6 % del PIB, cifra muy superior a la de 2% que expertos
nacionales y extranjeros consideran sostenible..
Otro problema recurrente de los presupuestos es que
cada año aumentan aceleradamente los gastos de funcionamiento (especialmente en
el rubro de salarios), al tiempo que se estancan los gastos en inversión (lo
que implica menos infraestructura en comunicaciones, salud y educación).
Una tercera tendencia perversa de los presupuestos está
relacionada con que, estructuralmente, el presupuesto tiene un alto grado de
rigidez debido a que gran cantidad de ingresos tienen pre-definido un destino
de gasto. Para 2014 el 88% de los ingresos corrientes ya está pre-comprometido:
salarios (27%), servicio de la deuda pública (16%), aportes a municipalidades
por IVA-PAZ (15%), aportes institucionales por mandato constitucional (9%), otros
aportes a instituciones pública (9%), pagos a los jubilados del Estado (6%), gastos
derivados de impuestos específicos (3%), y otros ingresos específicos (3%).
Esto implica que, del total del presupuesto, el gobierno sólo dispone de un 12%
para gastar en políticas públicas específicas.
Todo lo anterior (ingresos insuficientes, excesivo
gasto de funcionamiento y extrema rigidez en el gasto) ha llevado a que los
gobiernos recurran crecientemente al endeudamiento público, lo cual puede llegar
a ser insostenible en el mediano plazo, especialmente si tomamos en cuenta que,
eventualmente, las bajas tasas de interés empezarán a subir en los mercados
internacionales, lo que encarecerá y dificultará la capacidad de endeudamiento
del gobierno. Por ello resulta impostergable que se empiecen a adoptar medidas
que reviertan esta amenaza.
Lo que los encargados de diseñar, aprobar y ejecutar
el presupuesto deben emprender desde ya es un esfuerzo que, gradualmente
reduzca (como proporción del gasto total) los gastos de funcionamiento
(incluyendo salarios) y, simultáneamente, mejore de manera radical la forma (hasta
ahora obscura e ineficiente) en que se realizan los gastos de las
municipalidades y de los consejos de desarrollo –COCODES-, que representan el
15% del presupuesto).
El gasto descentralizado (COCODES y Municipalidades)
debe ser un complemento del gasto centralizado (Organismo Ejecutivo) para
alcanzar los objetivos de las políticas públicas del Estado y minimizar los
efectos que la necesaria reducción del gasto de funcionamiento supone. El
objetivo debe ser reducir el gasto corriente, al tiempo que se incrementa el
ingreso corriente del Estado y se disminuye el saldo de la deuda pública.
Para empezar, es necesario que el presupuesto 2014 no
solo busque contener el déficit por debajo del equivalente al 2% del PIB, sino
también que se rija por normas que permitan fiscalizar el 100% de los fondos
públicos; transparentar el gasto de los los COCODES y municipalidades; y,
establecer sanciones severas para el funcionario que incurra en deuda flotante,
lo cual requiere mejoras a las normas presupuestarias que integran el presupuesto
2014.
Finalmente, es importante indicar que si bien el proyecto de presupuesto
2014 debe sufrir algunos ajustes cuantitativos y cualitativos, en su
composición global debe ser aprobado, pues resultaría inconveniente y peligroso
(en términos de certeza jurídica, de transparencia y de gobernabilidad) que
continuara vigente para el próximo año el presupuesto de 2013.
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