La insuficiencia de ingresos de la que se
queja el gobierno, no se debe a que haya fracasado la reforma tributaria
Desde muy temprano en su gestión, en marzo del año
pasado, el gobierno logró una muy expedita aprobación por parte del Congreso de
un paquete de reformas tributarias. Dichas reformas se centraban en aumentar la
recaudación por concepto de impuesto sobre la renta –ISR-, particularmente en
cuanto al ISR de las empresas, para lo cual que incluyó medidas de aumento
gradual del porcentaje sobre la renta bruta (de 5% a 7%), una reducción gradual
en la tasa sobre el ingreso neto (de 31% a 25%), y algunas medidas de control sobre
sus distintas fuentes de ingreso. La reforma tributaria también incluyó cambios
al ISR de las personas (incluyendo la reducción del monto del IVA acreditable al
ISR), la introducción de un impuesto de 5% sobre dividendos y alzas importantes al impuesto sobre la
circulación de vehículos.
Pese al éxito político que significó la pronta
aprobación de estas reformas, las prisas excesivas del proceso se tradujeron en
una serie de complicaciones y confusiones operativas que dificultaron su puesta
en práctica. Por ejemplo, el reglamento de aduanas sorprendió desprevenida a la
mismísima SAT y, al día de hoy, la ley aduanera sigue pendiente de ser
actualizada. También generó confusión la precipitada entrada en vigencia de los
cambios de procedimiento en la recaudación del IVA para las pequeñas empresas.
A la luz de las críticas y dificultades de interpretación de las reformas, el
gobierno tuvo que decretar una amnistía y dar marcha atrás en algunas medidas
(como el impuesto de circulación de vehículos), lo cual representó un retroceso
en las aspiraciones recaudatorias del gobierno.
Evidentemente, la estrategia de enviar “en paquete” un
conjunto de leyes puede tener sus méritos políticos de corto plazo, pero es
técnicamente anómala y sus resultados son, a fin de cuentas, contraproducentes.
Prueba de ello son las leyes relacionadas con mejorar la transparencia en el
gasto público que han estado estancadas en el Congreso desde hace más de un año
y que son, como veremos a continuación, el complemento indispensable para que
cualquier reforma tributaria tenga alguna posibilidad de éxito.
Pero, a pesar de las dificultades auto-infligidas, la
reforma tributaria no puede ser catalogada como un fracaso. Al contrario, pese
a lo que algunos críticos e incluso el propio gobierno (agobiado porque los
ingresos tributarios no fluyen como lo esperaba) sostienen, las cifras puras y
duras demuestran que las reformas al ISR aprobadas en 2012 han sido exitosas.
En efecto, hasta el mes de julio del presente año, la recaudación de ISR había
crecido a un ritmo sobresaliente de 24% por encima de lo recaudado a la misma
fecha del año anterior. De esta cifra, digamos que un 8% se explica por el
crecimiento nominal de la economía, por lo que el resto (16%) es atribuible al
efecto derivado de la reforma tributaria del año pasado y que tuvo su pleno
impacto en el presente año.
Gran parte de ese éxito refleja la mayor cantidad de
impuestos pagados por las empresas. El sector empresarial debería tener con
ello un argumento irrefutable para afirmar que ha cumplido con su parte de la
reforma tributaria pero que, según lo indican el resto de cifras fiscales, el
gobierno está muy lejos de cumplir con la suya: a pesar del aumento en la
recaudación de ISR, el resto de impuestos se ha comportado desastrosamente.
¿Por qué?
Por las aduanas. La insuficiencia de ingresos
tributarios de la que se queja el gobierno no se debe a que haya fracasado la
reforma tributaria, sino al enorme agujero que se vislumbra en la recaudación
de impuestos asociados a las importaciones: lo recaudado al mes de julio por
concepto de IVA sobre importaciones no ha crecido nada en comparación al año
anterior, pese a que las importaciones están creciendo a un ritmo de 4% anual.
Peor aún, la recaudación por aranceles se ha caído en un escandaloso 25% en lo
que va del año.
Algo muy malo debe estar pasando en las aduanas para que se haya
producido tal desastre recaudatorio. Y por eso urgen acciones fuertes en contra
de la evasión y el contrabando, dentro de un esfuerzo más amplio de combate a
la corrupción y a la ineficiencia del gasto público. Si no se producen avances concretos
en materia de transparencia, cualquier reforma tributaria terminará siendo un
lamentable desperdicio.
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