Incertidumbre

Si no se aprueba el Presupuesto del Estado para 2018 se agravará la percepción de riesgo-país y habrá mayor incertidumbre en la actividad económica. Pero antes de aprobarlo, el Pleno del Congreso debe hacerle correcciones importantes que eviten el despilfarro y la opacidad. Lo malo es que casi ya no hay tiempo para hacerlo.

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado es una herramienta fundamental para guiar la gestión anual de los tres poderes del Estado y es el marco de referencia para establecer las prioridades de las políticas públicas del gobierno, así como para evaluar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos fiscales. La existencia de un presupuesto gubernamental, aprobado conforme a ley por el Congreso de la República, es fundamental no solo para dar certeza a los agentes económicos sobre el accionar gubernamental, sino para contribuir a la gobernabilidad del país.

Desafortunadamente hay un elevado riesgo de que el Congreso no logre aprobar el presupuesto para 2018. La semana anterior, la bancada oficial fracasó en su intento de conseguir los votos necesarios para tal efecto y no logró que la instancia de Jefes de Bloque acordara levantar sesión permanente que mantiene ocupado al Pleno para que entre a conocer en primera lectura el dictamen aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas. Así, los tiempos establecidos en Ley para la aprobación del presupuesto por la vía de tres lecturas están agotados; ahora solo podrá lograrse una aprobación de urgencia nacional, para lo cual se requieren 105 votos.

Si el Congreso no logra lo anterior, el Gobierno deberá trabajar el año próximo con el mismo presupuesto de 2017, lo cual producirá múltiples consecuencias negativas: se perderá certeza jurídica respecto de las actuaciones del gobierno y sus interacciones con la actividad productiva, lo cual mermará la ya desacelerada actividad económica; se generarán transferencias que inevitablemente el gobierno deberá multiplicar para hacer operativo un presupuesto diseñado para una realidad distinta a la de 2018, lo cual incrementará la opacidad y la confusión en la ejecución del gasto público; se producirá una merma adicional en la eficiencia del gasto público y en la presencia del Estado en todo el territorio nacional, lo cual incidirá en un deterioro de la gobernabilidad y afectará la calificación de riesgo del país.

Cabe indicar que el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas introdujo algunas mejoras respecto de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo: redujo en un moto importante (más de Q3.3 millardos) el excesivo techo del gasto público propuesto originalmente, a la vez que se preservaron varias normas positivas de control del gasto público, se rescataron otras normas que estuvieron vigentes en 2017 y que se habían obviado en la propuesta del Ejecutivo, y se eliminó la disposición que pretendía aprobar que el PNUD se encargara de la ejecución de la obra a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

No obstante dichas mejoras, el dictamen aún conserva varias disposiciones muy negativas que es menester corregir. Por ejemplo, todavía el déficit fiscal implícito en el presupuesto superaría el límite razonable del 2% del PIB; se mantiene la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas Públicas pueda trasladar recursos presupuestados en el grupo de gasto 0 (servicios personales) para cualquier otro grupo que éste considere conveniente; y, persisten normas que permiten que los recursos financieros provenientes de deuda pública puedan usarse para financiar gasto corriente, lo cual es una aberración económica y viola el contenido de la Ley Orgánica del Presupuesto.

El desafío ahora es que el oficialismo acepte que deben hacerse las correcciones que el presupuesto aún necesita y que, al mismo tiempo, la oposición comprenda que oponerse a aprobar el presupuesto con el único fin de perjudicar la gestión del gobierno el próximo año es una estrategia que no daña solamente el gobierno, sino que perjudica el bienestar de todos los guatemaltecos. Ojalá prevalezca la sensatez.

El INE y la Credibilidad Institucional

Las estadísticas del país presentan graves problemas de confiabilidad; pero dudo mucho que ello se deba a un complot de fuerzas oscuras. Se debe, más probablemente, a la enorme debilidad institucional del INE, que se manifiesta en su falta de autonomía administrativa y financiera

Es lamentable que el Instituto Nacional de Estadística –INE-, cuyas funciones (poco valoradas en la opinión pública) juegan un rol fundamental para guiar las interacciones económicas, políticas y sociales del país, esté sufriendo –en gran parte por su propia culpa- de una andanada de críticas que ponen en entredicho su credibilidad, que es uno de sus principales activos.

Este año el INE decidió –después de muchos años de retraso y varios intentos fallidos- actualizar el conjunto de bienes de consumo de la canasta básica de alimentos (CBA). Dicha canasta generaba polémica porque arrojaba datos atípicos en las estadísticas de organismos multilaterales y porque no consideraba encuestas más recientes para su cálculo. Desde que la CBA se fijó en 1994 los hábitos alimenticios han variado, tanto en lo que se refiere a la selección de los productos, como en su ponderación. La nueva CBA se actualizó indirectamente con ayuda de otras encuestas como la Encuesta Condiciones de Vida o la Encuesta de Empleo e Ingresos, cuando lo correcto habría sido usar una encuesta de ingresos y gastos familiares –ENIGFAM- . El resultado, muy criticado por varios expertos, es que el importe mensual de la nueva CBA es ahora de unos Q3,500, cifra menor en Q800 a la de la antigua canasta.

Un segundo flanco de críticas y dudas sobre el trabajo de INE está en el índice de precios al consumidor –IPC-, cuyo componente de alimentos muestra incrementos de precios mucho más elevados que los datos que algunos expertos han cotizado en los supermercados de la ciudad capital. Esta discrepancia ha hecho pensar a varios analistas que el cálculo del IPC es inválido e, incluso, que podría estar siendo manipulado (con inconfesados propósitos) por parte de las autoridades políticas del país, todo ello ante la impasividad del INE que no ha sido capaz de dar una explicación convincente del porqué la inflación en los supermercados de las zonas residenciales de la capital es menor que la que reporta el IPC.

Empero cuando se ve el IPC desagregado por regiones, resulta que la inflación del área metropolitana es sustancialmente más baja que la del resto del país (y en todos los casos se usa la misma metodología), lo que indicaría que no necesariamente la metodología está mal, sino que pueden existir diversas razones lógicas (costos de transporte por el desastre vial del país, o excesos de demanda por flujo de remesas familiares hacia ciertas áreas geográficas) o metodológicas (el índice tipo Laspeyres del IPC sobrevalora la inflación cuando la encuesta base no se actualiza oportunamente) que explican la elevada inflación en algunas cabeceras departamentales.

Ciertamente en ambos casos –la CBA y el IPC- existen graves problemas, pero estos no obedecen a una confabulación política, sino a la enorme debilidad institucional del INE que se manifiesta tanto en su ineptitud para explicar técnicamente los problemas que presentan las estadísticas como, principalmente, en su incapacidad para realizar encuestas básicas (como la ENIGFAM) con la frecuencia necesaria, lo cual afecta la calidad de sus datos y termina minando su credibilidad.

Para que el INE pueda rescatar su credibilidad es necesario dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como el censo de población que debe realizar el año próximo). Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a su gerente –para que responda ante su junta directiva, y no ante la presidencia de la República-, tal como lo plantea la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir y que ojalá pudiera aprobar con prontitud.

DEGRADADOS

El desafío de recuperar la calificación de riesgo-país pasa por reformar profunda y adecuadamente las principales instituciones del Estado, empezando por el sistema político. Nos lo repiten los expertos desde el exterior. ¿Acaso es muy difícil de comprenderlo internamente?

En los últimos días Guatemala ha sufrido una merma de sus calificaciones en varios indicadores a nivel internacional. El caso más grave es la reciente reducción de la calificación de riesgo-país por parte de la firma Standard & Poor’s -S&P-, que decidió (luego de que el año pasado ya había anunciado una perspectiva negativa para nuestro riesgo soberano) bajarnos del nivel de BB a uno de BB-.

Dicha reducción puede tener un impacto negativo sobre la economía nacional pues muy probablemente se traducirá directamente en un encarecimiento del crédito externo (al gobierno, principalmente, aunque también al segmento más sofisticado del sector empresarial que se financia con recursos externos) lo cual indirectamente, redundará en una restricción de las condiciones financieras domésticas que, a su vez, afectará los niveles de producción y la generación de empleos.

Cabe indicar que este tipo de decisiones la toman las calificadoras excepcionalmente, y sólo cuando estiman que existen razones de fondo que justifican dicho cambio. Vale la pena recordar que S&P venía dándonos advertencias desde hace años respecto de las principales debilidades del país y sobre los aspectos podrían generar una reducción de la calificación. Esta vez se acabaron las advertencias y directamente decidieron que el país ya no merecía la calificación que ostentó desde 2006.

El razonamiento detrás de la rebaja parte del señalamiento de que el sistema político atrofiado y disfuncional que tenemos no permite que el país sea capaz de aprobar e implementar las reformas estructurales (institucionales y fiscales) que el país necesita y, además genera un clima de incertidumbre que ahuyenta la inversión. Esa falta de acuerdos impide que las instituciones del estado se fortalezcan y provoca que se recauden muy pocos recursos fiscales, lo que provoca que la inversión pública sea muy baja. Lo anterior tiene un importante efecto macroeconómico: el crecimiento de la producción nacional es muy lento y esto, a su vez, mantiene elevados los niveles de pobreza.

Y, precisamente, el lento crecimiento económico y los altos niveles de pobreza son los dos factores que más preocupan al S&P, pues implican un mayor riesgo de imposibilidad de pago de la deuda pública y un mayor riesgo de ingobernabilidad. Es similar al caso de una empresa que utiliza créditos para operar: cualquier empresa que no crezca lo suficiente, o que sufra de conflictos obrero-patronales, será muy riesgosa para ser sujeto de crédito.

Recobrar la calificación anterior no será fácil; conllevará esfuerzos y decisiones que, hasta ahora, no hemos sido capaces de adoptar. El informe de S&P da luces de los desafíos que enfrentamos. Primero hay que reformar el sistema político para generar gobernabilidad y viabilizar los acuerdos de reforma institucional. Segundo, esta reforma debe incluir las áreas de justica, servicio civil, infraestructura y control del gasto público que hagan funcional al Estado. Tercero, el desempeño fiscal debe mejorarse para que mejore la calidad del gasto público al tiempo que aumenta la capacidad de recaudación del gobierno. Solo si se logra todo lo anterior podrá haber más inversión, más crecimiento y más empleo, lo cual se traducirá en una reducción de la pobreza, con lo que los riesgos de impago y de gobernabilidad disminuirán.

No solo S&P sino que el resto de calificadoras, además de organismos financieros y tanques de pensamiento internacionales, así como la propia política estadounidense hacia Centroamérica, coinciden en que esas son las reformas cruciales que el país debe emprender. ¿Por qué es tan difícil que así lo vean los distintos liderazgos nacionales?

¿Cuántos Empleados Públicos Hay?

¿Por qué extraña razón se incumple con un mandato legal vigente para revelar cuántos empleados públicos hay, qué plazas ocupan y cuánto devengan (incluyendo "bonos")? ¿Cómo puede la Contraloría fiscalizar el rubro de remuneraciones si no sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son los empleados públicos?

Más del 30% del total del presupuesto de gastos del Estado se destina a pagar sueldos y salarios; eso significará un monto, según el proyecto de presupuesto que actualmente se discute, de alrededor de Q25.8 millardos en 2018. Este rubro es tan importante dentro del proceso presupuestario que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 238, indica específicamente que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará “…la forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas”.

Dada su importancia, resulta injustificable el poco cuidado que se ha tenido en mantener actualizadas las regulaciones relativas al servicio civil y las clases pasivas, así como al efecto presupuestario que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo o el pago arbitrario de “bonos de riesgo” o “de productividad” que ahora proliferan desordenadamente. Lo que es más grave aún es que no se sepa con certeza el número de empleados públicos que existe en cada dependencia, ni el renglón presupuestario al que pertenecen. Ni la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-, ni el Ministerio de Finanzas Públicas saben a ciencia cierta cuántos empleados públicos hay, o bajo qué renglón se encuentran, o en qué entidad prestan sus servicios.

Para 2017 se tenía previsto el levantamiento de un “censo” de los trabajadores del sector público; a principios de año las autoridades señalaron que los ministerios de Educación y Salud serían los primeros donde se llevaría a cabo tal “censo”, el cual estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística -INE-, el RENAP y la propia ONSEC, utilizando para ello la infraestructura del INE y financiamiento de la Unión Europea. Se suponía que los resultados podrían conocerse en el segundo semestre del año. Por su parte, el MINFIN señaló que planeaba publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Sin embargo, a la fecha el “censo” no se ha realizado y solo el MINFIN ha cumplido parcialmente al publicar en su portal de internet información sobre el personal permanente del ejecutivo. Por ello es necesario recordar que en 2016 el Congreso emitió el Decreto 20-2016 (Ley para la Viabilización de la Ejecución del Presupuesto de ese año), cuyo artículo 6 establece la obligación de publicar la nómina de personal permanente de las entidades de Gobierno Central, sin más trámite y de manera inmediata, incluyendo los salarios y otras retribuciones que se paguen, y extiende dicha obligación a las entidades autónomas y descentralizadas, a las empresas públicas y a las municipalidades.

Es verdaderamente escandaloso que siendo no solo una necesidad absoluta para lograr la correcta administración de los recursos financieros del Estado sino, además, una obligación legal, aún no se haya dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Decreto 29-2016, por parte de cada entidad del sector público. Uno de los mejores legados que el actual gobierno puede dejarle al país es el de llevar a cabo ese necesario y urgente inventario de todos los empleados del Estado. Ello no solo es crucial como un primer paso para sustentar la necesaria reforma al sistema de servicio civil (que se ha convertido en un botín del corrompido sistema político), sino que arrojaría información indispensable para mejorar la calidad del gasto gubernamental y su adecuada fiscalización. Mientras no sepamos en detalle cuántos y quiénes son los empleados públicos, ningún incremento en ese rubro presupuestario tendrá justificación moral.

El Ejercicio del Poder Local

El respeto al derecho de los ciudadanos de organizarse (en consejos comunitarios), la formación de mujeres, jóvenes y líderes en las comunidades, y el fomento de alianzas de estas organizaciones con empresas y otras organizaciones no gubernamentales, puede ser una forma efectiva de rescatar al Estado y a sus instituciones de las garras corruptas de quienes lo han cooptado. Hay una luz de esperanza

Conforme el sistema político se ha ido desnaturalizando y corrompiendo con el tiempo, el poder local –a nivel municipal y de los consejos departamentales de desarrollo- en muchas áreas del país ha sido capturado por caciques y pseudo-líderes cuyo propósito es enriquecerse, ellos y sus allegados, mediante la apropiación indebida de los recursos públicos bajo su administración.

Este sistema patrimonialista perpetúa –mediante la malversación de fondos- la escasez y poca calidad de los servicios públicos, lo cual genera una ingobernabilidad que amenaza los cimientos mismos de la democracia. La captura del poder local crea  un monstruo que alimenta su insaciable apetito con los recursos del presupuesto del Estado. En 2017 las municipalidades tienen asignados recursos por casi Q6,800 millones, mientras que los consejos departamentales de desarrollo cuentan con más de Q2,1050 millones, montos que en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para 2018 se elevan, entre ambos, a más de Q10,500 millones.

Esta enorme cantidad de dinero, que representa más del 11% del presupuesto de gastos del Estado –financiado con nuestros impuestos-, se convierte en un botín que no solo se ejecuta casi siempre de manera opaca (sin que la Contraloría pueda auditarla adecuadamente) sino que, además, no está alineado a las políticas de gobierno sino a los caprichos del cacique local o del gobernador de turno (nombrado a dedo y, muchas veces, sin mérito alguno).

                                                                                                             

En medio de ese escenario deprimente surge un rayo de esperanza en muchas comunidades del país que, al amparo de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se organizan en consejos comunitarios que plantan un importante contrapeso al oscuro poder del establishment personificado por los alcaldes municipales. Uno de esos rayos brilla en la aldea La Guardianía (municipio de Masagua, Escuintla), que tuve ocasión de visitar la semana anterior, y donde el consejo comunitario de desarrollo –COCODE- está haciendo una destacada labor de formación ciudadana, obra pública y participación social.

La Guardianía tiene cerca de 2,500 habitantes distribuidos en menos de 400 viviendas ubicadas a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal y a las cuales se accede por un camino de terracería. Hasta hace tres años, como en la mayoría de aldeas del país, las autoridades del COCODE (incluyendo su presidente, o alcalde auxiliar) las nombraban inconsultamente desde la sede municipal. La última vez, sin embargo, los vecinos reclamaron los derechos que les confiere la ley y exigieron elegir ellos mismos a sus representantes (como debería ser el caso en todas las alcaldías auxiliares del país). El alcalde y los políticos locales no tuvieron más que, resignados, aceptar la decisión del pueblo.

Desde entonces la aldea ha cambiado notablemente, para bien. El COCODE ha hecho gestiones y alianzas importantes, incluyendo una con la Fundación del Azúcar –FUNDAZÚCAR-, de la que ha obtenido asesoría para la formación de mujeres, jóvenes, maestros y enfermeros que sirven a la comunidad. Lo más importante es que ha definido un excelente Plan de Desarrollo Integral Comunitario que prioriza los proyectos que los comunitarios impulsarán en la próxima década, algunos de los cuales son ya una realidad (como la calzada de acceso a la aldea y la obtención de fondos públicos para el sistema de agua potable).

Lo que se ve en comunidades como La Guardianía da esperanzas de que los guatemaltecos podemos progresar (a pesar de la debilidad de las instituciones y del sistema político) cuando a los ciudadanos se les respeta su derecho a decidir, se les da acceso al conocimiento y se les alienta a organizarse y a hacer alianzas constructivas

Asfixiados por la Vieja Política

Lo sabemos en Guatemala, y nos lo recuerdan los analistas del exterior: el desarrollo del país requiere de reformas profundas, empezando por el sistema político. Pero el establishment de la vieja política se resiste a reconocerlo

La semana pasada la calificadora de riesgo Standard & Poor´s redujo la calificación de Guatemala y, con ello, envía directamente una advertencia a los mercados financieros internacionales sobre el deterioro en el clima de negocios del país. Las razones de tan drástica decisión radican en que la calificadora (que durante años ha alertado sobre los peligros del lento crecimiento de la economía guatemalteca) percibe que la debilidad de las instituciones estatales y el deterioro de la situación política –que deriva en la incapacidad del sistema político de lograr acuerdos para impulsar las reformas que el país necesita- se han convertido en serios obstáculos para que el aparato productivo funcione adecuadamente.

Esta rebaja de la calificación es también un severo llamado de atención a las autoridades nacionales y a los liderazgos políticos y económicos, para que abandonen las absurdas confrontaciones sobre temas menores y se concentren en impulsar las reformas sobre los temas que en verdad son importantes: el sistema de justicia, el servicio civil, las compras y contrataciones del Estado (incluyendo la infraestructura) y, principalmente, la reforma profunda del sistema político, el cual se ha convertido en un lastre para el desarrollo del país.

La reforma del sistema electoral y de partidos políticos resulta esencial no solo para darle viabilidad al funcionamiento del aparato económico, sino también para la propia sobrevivencia del sistema democrático: la falta de legitimidad de la política (y de los políticos) está ocasionando un profundo desencanto y una peligrosa indignación en la ciudadanía, que cada día se siente menos identificada con las instituciones republicanas y con la propia democracia, configurando un campo fértil para la ingobernabilidad y el caos permanente.

Pero a pesar de las señales tan claras que reclaman reformas institucionales profundas, el establishment político permanece impávido y reacio al cambio. La vieja política se resiste a escuchar el reclamo generalizado: “ustedes no me representan”. El mismo día en que se anunció la rebaja en la calificación del país, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso rechazaba incluir en la reforma electoral temas tan esenciales como el de abrir los listados electorales para poder elegir por nombre a los candidatos, o el de reducir el tamaño de los distritos electorales.

Los cambios básicos para reformar el sistema político (sobre los cuales existe ya un elevado consenso entre diversos tanques de pensamiento, organizaciones sociales, y analistas políticos) se enfocan en tres temas: (1) incrementar la representatividad y legitimidad de los electos mediante un sistema de un voto a la persona –no por listados-, y la creación de sub-distritos electoral que acerquen al votante con el candidato; (2) reducir las barreras de participación, facilitando la constitución y funcionamiento de las agrupaciones partidarias; y, (3) fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, haciendo que la elección de cada magistrado sea de forma individual y la renovación del pleno sea de forma escalonada (traslapada).

La reforma electoral (junto con las reformas a los sistemas de justicia, de servicio civil, y de contrataciones y fiscalización del gasto) tiene implicaciones que van más allá de lo meramente político. El sistema actual se ha convertido en fuente de corrupción y de incertidumbre económica, que deviene en una amenaza para las posibilidades mismas de desarrollo del país y para el bienestar de todos sus habitantes. Aún no es demasiado tarde para que la vieja política se percate de que su tiempo ya pasó y actúe en consecuencia.

Infraestructura, Corrupción e Instituciones

Para salir del rezago de nuestro sistema de infraestructura vial hace falta cambiar completamente el modelo existente (incluyendo un severo programa contra la corrupción). Pero también hace falta un marco institucional que funcione y un capital humano que lo complemente.

La semana pasada publiqué en las redes sociales una idea que, por lo obvia, no imaginé que produjera la cantidad de réplicas que generó: “el colapso del sistema vial del país no se debe a las lluvias; se debe a la corrupción”. También pude haber escrito que el desastre de la red vial no se debe a las restricciones de la Ley de Contrataciones, sino a que el modelo mismo de construcción y gestión de las carreteras es inservible. Ambos asertos fueron reafirmados, de una u otra manera, por los expositores que participaron en el Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE-.

Habiéndose demostrado en el ENADE, con cifras contundentes presentadas por Carlos Colom, el terrible atraso de nuestra infraestructura vial, es posible derivar varias conclusiones que, además son respaldadas por diversos expertos en la materia. Entre ellas, que los temas clave para que la inversión en infraestructura sea suficiente y eficiente son, al menos, tres: primero, debe haber un marco institucional que maneje las diversas etapas de la construcción y gestión de la infraestructura; segundo, que los proyectos deben estar bien planificados y estructurados; y, tercero, que todo el proceso debe darse dentro de un estricto marco de transparencia e intolerancia a la corrupción.

Estos tres aspectos clave están ausentes del sistema de infraestructura pública en Guatemala. Se colige que, para superar el tremendo retraso de nuestro país en materia de infraestructura vial –y construir los 45 mil kilómetros de carreteras que se necesitan en los próximos veinte años-, es imprescindible sustituir el modelo imperante por un nuevo modelo que incorpore esos tres aspectos clave y logre integrar coherentemente todas las etapas del proceso (planificación, estructuración, financiamiento, contratación, construcción, supervisión, pago y sanciones).

                      

En el encuentro de empresarios se vieron interesantes coincidencias y afirmaciones por parte de los expositores. Xavier Sala-i-Martin (del Foro Económico Mundial) fue muy explícito al indicar que la etapa de planificación de las obras de infraestructura debe basarse en la utilidad y en la eficiencia de los proyectos: no hay que hacer obras para favorecer a un sector o interés específico, sino buscar beneficiar al conglomerado; no hay que construir por construir, esperando que las obras generarán por sí solas actividades económicas; y, hay que tener claro que los efectos positivos de la infraestructura no se darán si, al mismo tiempo, no existe la institucionalidad adecuada y el capital humano capaz de hacerlas productivas.

Tanto Colom, como Sala-i-Martin y Gonzalo Concke –de la OEA- enfatizaron en que el sector de construcción de infraestructura es particularmente proclive a la corrupción y que una prioridad para volverlo eficiente es la erradicación de las prácticas corruptas que han plagado su funcionamiento. El tema de infraestructura no puede, entonces, separarse del tema del combate a la corrupción, ni del tema del fortalecimiento de las instituciones, ni del tema del fortalecimiento del capital humano.

Esto nos vuelve a llevar a la necesidad de una agenda mínima de país, válida no solo para el sector de infraestructura, sino también para configurar una política de desarrollo económico, de gobernabilidad y de paz social. Los componentes de esa agenda mínima son: el combate a la corrupción (vigilancia ciudadana, fiscalización administrativa y persecución penal), la reforma institucional (sistema de partidos políticos, sistema de justicia, sistema de contrataciones, servicio civil, etcétera), y la inversión en capital humano (priorizando el gasto en salud, nutrición y educación). ¿Por qué insistimos en perdernos, habiendo tantas voces coincidiendo en lo mismo?