DEGRADADOS

El desafío de recuperar la calificación de riesgo-país pasa por reformar profunda y adecuadamente las principales instituciones del Estado, empezando por el sistema político. Nos lo repiten los expertos desde el exterior. ¿Acaso es muy difícil de comprenderlo internamente?

En los últimos días Guatemala ha sufrido una merma de sus calificaciones en varios indicadores a nivel internacional. El caso más grave es la reciente reducción de la calificación de riesgo-país por parte de la firma Standard & Poor’s -S&P-, que decidió (luego de que el año pasado ya había anunciado una perspectiva negativa para nuestro riesgo soberano) bajarnos del nivel de BB a uno de BB-.

Dicha reducción puede tener un impacto negativo sobre la economía nacional pues muy probablemente se traducirá directamente en un encarecimiento del crédito externo (al gobierno, principalmente, aunque también al segmento más sofisticado del sector empresarial que se financia con recursos externos) lo cual indirectamente, redundará en una restricción de las condiciones financieras domésticas que, a su vez, afectará los niveles de producción y la generación de empleos.

Cabe indicar que este tipo de decisiones la toman las calificadoras excepcionalmente, y sólo cuando estiman que existen razones de fondo que justifican dicho cambio. Vale la pena recordar que S&P venía dándonos advertencias desde hace años respecto de las principales debilidades del país y sobre los aspectos podrían generar una reducción de la calificación. Esta vez se acabaron las advertencias y directamente decidieron que el país ya no merecía la calificación que ostentó desde 2006.

El razonamiento detrás de la rebaja parte del señalamiento de que el sistema político atrofiado y disfuncional que tenemos no permite que el país sea capaz de aprobar e implementar las reformas estructurales (institucionales y fiscales) que el país necesita y, además genera un clima de incertidumbre que ahuyenta la inversión. Esa falta de acuerdos impide que las instituciones del estado se fortalezcan y provoca que se recauden muy pocos recursos fiscales, lo que provoca que la inversión pública sea muy baja. Lo anterior tiene un importante efecto macroeconómico: el crecimiento de la producción nacional es muy lento y esto, a su vez, mantiene elevados los niveles de pobreza.

Y, precisamente, el lento crecimiento económico y los altos niveles de pobreza son los dos factores que más preocupan al S&P, pues implican un mayor riesgo de imposibilidad de pago de la deuda pública y un mayor riesgo de ingobernabilidad. Es similar al caso de una empresa que utiliza créditos para operar: cualquier empresa que no crezca lo suficiente, o que sufra de conflictos obrero-patronales, será muy riesgosa para ser sujeto de crédito.

Recobrar la calificación anterior no será fácil; conllevará esfuerzos y decisiones que, hasta ahora, no hemos sido capaces de adoptar. El informe de S&P da luces de los desafíos que enfrentamos. Primero hay que reformar el sistema político para generar gobernabilidad y viabilizar los acuerdos de reforma institucional. Segundo, esta reforma debe incluir las áreas de justica, servicio civil, infraestructura y control del gasto público que hagan funcional al Estado. Tercero, el desempeño fiscal debe mejorarse para que mejore la calidad del gasto público al tiempo que aumenta la capacidad de recaudación del gobierno. Solo si se logra todo lo anterior podrá haber más inversión, más crecimiento y más empleo, lo cual se traducirá en una reducción de la pobreza, con lo que los riesgos de impago y de gobernabilidad disminuirán.

No solo S&P sino que el resto de calificadoras, además de organismos financieros y tanques de pensamiento internacionales, así como la propia política estadounidense hacia Centroamérica, coinciden en que esas son las reformas cruciales que el país debe emprender. ¿Por qué es tan difícil que así lo vean los distintos liderazgos nacionales?