Infraestructura, Corrupción e Instituciones

Para salir del rezago de nuestro sistema de infraestructura vial hace falta cambiar completamente el modelo existente (incluyendo un severo programa contra la corrupción). Pero también hace falta un marco institucional que funcione y un capital humano que lo complemente.

La semana pasada publiqué en las redes sociales una idea que, por lo obvia, no imaginé que produjera la cantidad de réplicas que generó: “el colapso del sistema vial del país no se debe a las lluvias; se debe a la corrupción”. También pude haber escrito que el desastre de la red vial no se debe a las restricciones de la Ley de Contrataciones, sino a que el modelo mismo de construcción y gestión de las carreteras es inservible. Ambos asertos fueron reafirmados, de una u otra manera, por los expositores que participaron en el Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE-.

Habiéndose demostrado en el ENADE, con cifras contundentes presentadas por Carlos Colom, el terrible atraso de nuestra infraestructura vial, es posible derivar varias conclusiones que, además son respaldadas por diversos expertos en la materia. Entre ellas, que los temas clave para que la inversión en infraestructura sea suficiente y eficiente son, al menos, tres: primero, debe haber un marco institucional que maneje las diversas etapas de la construcción y gestión de la infraestructura; segundo, que los proyectos deben estar bien planificados y estructurados; y, tercero, que todo el proceso debe darse dentro de un estricto marco de transparencia e intolerancia a la corrupción.

Estos tres aspectos clave están ausentes del sistema de infraestructura pública en Guatemala. Se colige que, para superar el tremendo retraso de nuestro país en materia de infraestructura vial –y construir los 45 mil kilómetros de carreteras que se necesitan en los próximos veinte años-, es imprescindible sustituir el modelo imperante por un nuevo modelo que incorpore esos tres aspectos clave y logre integrar coherentemente todas las etapas del proceso (planificación, estructuración, financiamiento, contratación, construcción, supervisión, pago y sanciones).

                      

En el encuentro de empresarios se vieron interesantes coincidencias y afirmaciones por parte de los expositores. Xavier Sala-i-Martin (del Foro Económico Mundial) fue muy explícito al indicar que la etapa de planificación de las obras de infraestructura debe basarse en la utilidad y en la eficiencia de los proyectos: no hay que hacer obras para favorecer a un sector o interés específico, sino buscar beneficiar al conglomerado; no hay que construir por construir, esperando que las obras generarán por sí solas actividades económicas; y, hay que tener claro que los efectos positivos de la infraestructura no se darán si, al mismo tiempo, no existe la institucionalidad adecuada y el capital humano capaz de hacerlas productivas.

Tanto Colom, como Sala-i-Martin y Gonzalo Concke –de la OEA- enfatizaron en que el sector de construcción de infraestructura es particularmente proclive a la corrupción y que una prioridad para volverlo eficiente es la erradicación de las prácticas corruptas que han plagado su funcionamiento. El tema de infraestructura no puede, entonces, separarse del tema del combate a la corrupción, ni del tema del fortalecimiento de las instituciones, ni del tema del fortalecimiento del capital humano.

Esto nos vuelve a llevar a la necesidad de una agenda mínima de país, válida no solo para el sector de infraestructura, sino también para configurar una política de desarrollo económico, de gobernabilidad y de paz social. Los componentes de esa agenda mínima son: el combate a la corrupción (vigilancia ciudadana, fiscalización administrativa y persecución penal), la reforma institucional (sistema de partidos políticos, sistema de justicia, sistema de contrataciones, servicio civil, etcétera), y la inversión en capital humano (priorizando el gasto en salud, nutrición y educación). ¿Por qué insistimos en perdernos, habiendo tantas voces coincidiendo en lo mismo?