Asfixiados por la Vieja Política

Lo sabemos en Guatemala, y nos lo recuerdan los analistas del exterior: el desarrollo del país requiere de reformas profundas, empezando por el sistema político. Pero el establishment de la vieja política se resiste a reconocerlo

La semana pasada la calificadora de riesgo Standard & Poor´s redujo la calificación de Guatemala y, con ello, envía directamente una advertencia a los mercados financieros internacionales sobre el deterioro en el clima de negocios del país. Las razones de tan drástica decisión radican en que la calificadora (que durante años ha alertado sobre los peligros del lento crecimiento de la economía guatemalteca) percibe que la debilidad de las instituciones estatales y el deterioro de la situación política –que deriva en la incapacidad del sistema político de lograr acuerdos para impulsar las reformas que el país necesita- se han convertido en serios obstáculos para que el aparato productivo funcione adecuadamente.

Esta rebaja de la calificación es también un severo llamado de atención a las autoridades nacionales y a los liderazgos políticos y económicos, para que abandonen las absurdas confrontaciones sobre temas menores y se concentren en impulsar las reformas sobre los temas que en verdad son importantes: el sistema de justicia, el servicio civil, las compras y contrataciones del Estado (incluyendo la infraestructura) y, principalmente, la reforma profunda del sistema político, el cual se ha convertido en un lastre para el desarrollo del país.

La reforma del sistema electoral y de partidos políticos resulta esencial no solo para darle viabilidad al funcionamiento del aparato económico, sino también para la propia sobrevivencia del sistema democrático: la falta de legitimidad de la política (y de los políticos) está ocasionando un profundo desencanto y una peligrosa indignación en la ciudadanía, que cada día se siente menos identificada con las instituciones republicanas y con la propia democracia, configurando un campo fértil para la ingobernabilidad y el caos permanente.

Pero a pesar de las señales tan claras que reclaman reformas institucionales profundas, el establishment político permanece impávido y reacio al cambio. La vieja política se resiste a escuchar el reclamo generalizado: “ustedes no me representan”. El mismo día en que se anunció la rebaja en la calificación del país, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso rechazaba incluir en la reforma electoral temas tan esenciales como el de abrir los listados electorales para poder elegir por nombre a los candidatos, o el de reducir el tamaño de los distritos electorales.

Los cambios básicos para reformar el sistema político (sobre los cuales existe ya un elevado consenso entre diversos tanques de pensamiento, organizaciones sociales, y analistas políticos) se enfocan en tres temas: (1) incrementar la representatividad y legitimidad de los electos mediante un sistema de un voto a la persona –no por listados-, y la creación de sub-distritos electoral que acerquen al votante con el candidato; (2) reducir las barreras de participación, facilitando la constitución y funcionamiento de las agrupaciones partidarias; y, (3) fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, haciendo que la elección de cada magistrado sea de forma individual y la renovación del pleno sea de forma escalonada (traslapada).

La reforma electoral (junto con las reformas a los sistemas de justicia, de servicio civil, y de contrataciones y fiscalización del gasto) tiene implicaciones que van más allá de lo meramente político. El sistema actual se ha convertido en fuente de corrupción y de incertidumbre económica, que deviene en una amenaza para las posibilidades mismas de desarrollo del país y para el bienestar de todos sus habitantes. Aún no es demasiado tarde para que la vieja política se percate de que su tiempo ya pasó y actúe en consecuencia.