El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

Intereses Comunes

La situación en Guatemala representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, quien plantea una agenda al respecto. Podemos –con soberbia patriótica- resistirnos a ella, o podemos –con pragmatismo visionario- aprovecharla para impulsar nuestra propia agenda de reformas y desarrollo.

Guatemala está muy cerca, a un país de por medio, de la potencia militar y económica más grande del mundo. Excepto en 1954, Guatemala nunca había estado entre las prioridades principales de la política exterior de los Estados Unidos (ni siquiera durante nuestra cruenta guerra civil). Pero ahora, con su seguridad nacional amenazada por el terrorismo internacional, el gobierno estadounidense ve en la combinación tóxica de narcotráfico, flujo masivo de migrantes menores de edad y ausencia de Estado en muchas regiones de nuestro territorio una grave amenaza que nos ubica, desde hace un par de años - junto con El Salvador y Honduras-, entre las prioridades más significativas de su agenda exterior

En ese contexto, resultan muy relevantes las prioridades que el nominado embajador estadounidense para Guatemala, Luis Arreaga, esbozó durante su audiencia ante el comité senatorial de Relaciones Exteriores de su país. La declaración del embajador, que enfatizó el hecho de que las fuertes relaciones entre nuestros países se basan en la existencia de intereses comunes, revelan con claridad la orientación de la política de la nación más poderosa del planeta respecto de Guatemala.

Ante la realidad geopolítica en la que se enmarcan esas declaraciones, los guatemaltecos tenemos dos caminos; o nos resistimos (con la excusa de defender la soberanía nacional) a tomar en cuenta seriamente las preocupaciones del gobierno estadounidense (lo cual equivaldría a  aislarnos de la comunidad internacional), o encontramos la manera de combinar los intereses comunes de ambos países para impulsar una agenda de políticas y reformas que (diseñada, con dignidad, por nosotros mismos, pero respaldada por la comunidad internacional) pueda ser viable para propiciar el desarrollo nacional.

Los tres objetivos básicos de la política estadounidense hacia Guatemala, según la declaración de Arreaga, pasan, en primer lugar, por promover la seguridad ciudadana y, complementariamente, por promover el buen gobierno (gobernanza) y la prosperidad económica en nuestro país,

Para fortalecer la seguridad nacional, la visión de Estados Unidos enfatiza el combate al narcotráfico y al crimen organizado (incluyendo las pandillas), la cooperación bilateral en inteligencia estratégica, y el control de las fronteras. Complementariamente, los estadounidenses ven el área de fortalecimiento de la gobernanza como una búsqueda  del imperio de la ley, de la transparencia y rendición de cuentas, y del combate a la corrupción.

Para Guatemala, los intereses estadounidenses en estas dos áreas son absolutamente compatibles con nuestro interés de lograr un conjunto de reformas institucionales fundamentales para que exista certeza jurídica y prevalezca el Estado de Derecho, que incluyen reformas al sistema de justicia, al sistema electoral, al  servicio civil, a las compras y contrataciones del estado, y a la Contraloría de Cuentas. Ya existen propuestas avanzadas para todas estas reformas, pero ha faltado visión y voluntad de los líderes políticos para impulsarlas.

En el área de promoción de la prosperidad, el gobierno estadounidense ve que, además de mejorar la seguridad y la gobernanza, debe promoverse la inversión, el comercio, la educación y el clima de negocios. Este enfoque coincide con el interés guatemalteco de focalizar el presupuesto del Estado hacia el gasto en infraestructura, educación, nutrición y salud, mejorando significativamente la eficacia de dicho gasto. También en esta área ha faltado la visión y voluntad políticas para impulsar las reformas necesarias. Quizá los intereses comunes con Estados Unidos puedan ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer.

La Clave Para unas Cortes Idependientes

Nuestras 3 principales cortes (CSJ, CC y TSE) no son independientes y por ello, en gran medida, no son eficientes en proveer una justicia pronta y cumplida. El paso más importante para darles independencia es sustituir el actual sistema de renovación de magistrados (donde se eligen todos al mismo tiempo, lo cual genera incentivos que contaminan y corrompen el proceso), por un sistema de elección escalonada (y de magistrado por magistrado, cada cierto tiempo) como se estila en los países civilizados.

Las tres cortes de justicia más importantes del país tienen graves dificultades para cumplir con su trabajo de impartir justicia de manera pronta y cumplida. La Corte de Constitucionalidad –CC-, ante diversos episodios de vacío político ha caído, cada vez con más frecuencia, en la tentación de emitir resoluciones que parecen exceder el marco puramente jurisdiccional, para incursionar en aspectos legislativos o ejecutivos. Por ejemplo, en su más reciente sentencia relacionada con las consultas a las comunidades indígenas, la CC trata de salir del laberinto en que la propia CC sumió al país con sus sentencias anteriores sobre este tema, y se atreve a dar lineamientos que cuasi legislan dichas consultas y conmina al Congreso para emitir una ley sobre la materia.

La Corte Suprema de Justicia –CSJ-, por su parte, muestra síntomas aún más graves: con alguno de sus miembros sujetos a enjuiciamiento y con severas dudas sobre su idoneidad, preside un sistema de justicia evidentemente ineficaz e inaccesible a la ciudadanía. Su reciente y muy polémica resolución de amparo que suspende las operaciones de la minera San Rafael, bajo pretexto de proteger a comunidades indígenas –que se dice no existen en el área afectada-, ha afectado seriamente la actividad económica y generado desempleo en el municipio afectado.

Y, finalmente, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, luego de mostrar una inusual valentía al cancelar el año pasado dos partidos políticos moribundos (el PP y el Líder), este año ha estado agonizando y dubitativo sobre la suerte de otros dos partidos, bastante más vivos (el FCN y la UNE), a quienes resolvió castigar sus infracciones con una multa que algunos expertos califican de timoratas. El resultado de todo esto es un grave deterioro de la certeza jurídica y del clima de inversión en el país.

Hay un factor común a la CC, la CSJ y al TSE que explica en gran medida su insatisfactorio desempeño: su falta de independencia. Y la principal causa de esta falta de independencia radica en la manera en que se integran y renuevan los tres plenos de magistrados. Tenemos el peor sistema posible cuando los plenos de estos altos tribunales se renuevan totalmente y a cada cierto tiempo de muy corta duración. Esto genera los incentivos más perversos para que los grupos de interés (incluyendo las mafias) centren todos sus esfuerzos en cooptar y corromper los procesos de elección de magistrados.

En los países civilizados, la renovación de los más altos tribunales se realiza escalonadamente; el periodo de duración del mandato de los magistrados es relativamente largo y cada nuevo magistrado se elige individualmente. Esto le otorga no solo estabilidad y continuidad a la gestión de dichos tribunales (lo que los hace más eficientes), sino que aísla los procesos de renovación de las cortes dificultando que estos sean contaminados y cooptados por las mafias y los grupos de interés.

Si una reforma al sector justicia es crucial y urgente en Guatemala, es aquella que asegure una efectiva independencia de jueces y magistrados lo cual implica, necesariamente, reformar la Constitución (en el caso de la CC y de la CSJ) y la Ley Electoral (en el caso del TSE) para que la elección y renovación de los plenos de magistrados se haga de manera escalonada (preferiblemente de forma individual). Solo así se podrá tener magistrados que impartan justicia con independencia absoluta respecto de los otros poderes del estado y, especialmente, respecto de los grupos de interés económico (especialmente de las mafias) o ideológico (especialmente de los partidos políticos), lo cual es crucial para generar certeza jurídica, bienestar y progreso en el país.

¿Se Cierra la Ventada de Oportunidad?

La ventana de oportunidad que se abrió en abril de 2015 para reformar las instituciones gubernamentales y construir las bases para la vigencia de un Estado de Derecho, parece estarse cerrando. Aunque no sería la primera vez que nos sucede, sí sería, de nuevo, una tragedia

En abril de 2015 se abrió una ventana de oportunidad para el futuro de Guatemala. Por primera vez en mucho tiempo el guatemalteco promedio se unió en indignación pacífica en torno a un enemigo común: la insoportable corrupción enquistada en todo el aparato estatal, a la que se identificó -certeramente- como una de las causas principales del retraso económico y social del país.

Acontecimientos como ese -que han ocurrido a través de la historia tanto de Guatemala como en la de otros países- suelen marcar la apertura de un breve periodo extraordinario en el que la sociedad (normalmente conservadora) está más proclive a apoyar cambios profundos en la forma en que opera el Estado. Y tanto en la experiencia nacional como en la de otros lares, resulta evidente que la mejor manera de aprovechar esa ventana de oportunidad es actuar con rapidez impulsando una agenda concreta de reformas en las áreas clave de funcionamiento del Estado.

Por desgracia, como ya ocurrió en otros episodios de nuestra historia (por ejemplo, el Serranazo de 1993, el retorno a la democracia de 1985, o el terremoto de 1976), pareciera que tampoco hemos aprovechado la oportunidad actual: después de la euforia ciudadana de 2015, surgieron una serie de desencuentros que han obstaculizado las reformas, ya sea porque algunos querían reformas rápidas y profundas cuando otros pretendían reformas más graduales, o porque algunos eran más pro-estado mientras que otros eran más pro-mercado. Quizá lo más grave es que nunca hubo un esfuerzo por estructurar una agenda priorizada de reformas, por lo que el resultado del fervor de la plaza fue una serie de improvisaciones y una atomización desestructurada de los escasos e incipientes liderazgos.

La ausencia de tal agenda priorizada ha provocado que los únicos resultados palpables del combate a la corrupción iniciado en 2015 sean los diversos casos de persecución penal (todavía sin concretarse en condenas) y el surgimiento de un celo inédito de algunas autoridades clave (como el Ministerio Público, la SAT y, más recientemente, la Contraloría de Cuentas) en velar por el cumplimiento de la ley. Como este celo es -tristemente- una anomalía en la forma tradicional de operar de las instituciones y de la misma sociedad, se ha producido una extrema precaución (y lentitud) en las operaciones gubernamentales y en las decisiones empresariales, lo cual ha repercutido negativamente en la actividad económica.

Ya algunas personas empiezan a asociar la deceleración de la economía con el combate a la corrupción y a afirmar que “estábamos mejor antes” porque “la economía funcionaba mejor con corrupción”. Esta errada conclusión (la gente suele asociar el costo social del cambio con las reformas mismas) ignora que el posponer las reformas es, a mediano plazo, aún más costoso en términos económicos y sociales. La culpa no es, pues, del combate a la corrupción, sino de la ausencia de una agenda priorizada y de un liderazgo que la aplique.

Una agenda de coyuntura, que disipe la incertidumbre jurídica prevaleciente y oriente las políticas públicas, debería estar clara: reformas al sistema electoral y al sistema de justicia, reformas al servicio civil y a los procesos de compras y contrataciones del gobierno, priorización presupuestaria y eficiencia de los gastos en nutrición infantil, abasto de medicamentos e infraestructura vial. Ya existen avances y propuestas concretas en torno a estos temas. El desafío es superar, por un lado, la sempiterna desconfianza que nos impide a los guatemaltecos ponernos de acuerdo sobre estos elementales temas comunes y, por el otro, la actitud de “esperar y ver” que está imperando en los distintos liderazgos nacionales.

La Regulación de las Consultas Comunitarias

La ley que se va a emitir debe ser de carácter general (flexible y no reglamentaria), apegada tanto a los lineamientos explicitados en la sentencia de la CC como, especialmente, al espíritu del Convenio 169 de la OIT 

La Corte de Constitucionalidad -CC- llevaba ya 10 años exhortando al Congreso para que emita las disposiciones legislativas necesarias para regular las consultas comunitarias, según las preceptúa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no ha sido sino hasta la resolución más reciente (relacionada con el caso de la hidroeléctrica Oxec) que la CC, finalmente, formuló unos lineamientos claros para orientar al Congreso en la emisión de tal regulación.

En dicha resolución, la CC compele al Congreso para que en el plazo de doce meses promulgue una ley de consultas comunitarias de acuerdo con el procedimiento que establece la sentencia y en observancia de lo establecido en el mencionado Convenio 169. Aunque puede ser criticada porque no se trata de una simple sentencia sino que -a riesgo de usurpar funciones legislativas- prácticamente establece normas sobre la materia, la sentencia de la CC representa una enorme oportunidad para que se elimine la incertidumbre que ha imperado durante años sobre la forma en que las comunidades indígenas deben ser consultadas respecto de proyectos (de inversión o de otro tipo) que eventualmente puedan afectarlas.

Con la ley que debe emitir el Congreso deberían eliminarse una serie de interpretaciones erróneas que han existido en torno a las consultas. Por ejemplo, deberá quedar claro que, con base en el Convenio 169, la realización de las consultas es responsabilidad del gobierno (no de los promotores del proyecto de que se trate) y deben hacerse con base en el principio de buena fe. Con la emisión de la ley también se aclarará que las comunidades deben ser consultadas sin ocultar información y sin ejercer sobre ellas ninguna coerción ni manipulación pero, al mismo tiempo, sabiendo que el proceso no implica un veto de parte de las comunidades hacia la autoridad pública que, en última instancia, deberá decidir en beneficio del bien común.

La ley debe confirmar que el espíritu del Convenio es acercar a las comunidades a la información y al diálogo transparente, mitigando las posibles afectaciones negativas; no se trata, pues, de un plebiscito ni de una votación, sino de un proceso de búsqueda de la verdad. Por ello, debe evitarse una regulación con enfoque electoral: sería una insensatez pretender legislar las consultas mediante reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuya naturaleza y propósitos son muy distintos al espíritu del Convenio 169.

Con la ley que el Congreso debe emitir también se dará un buen grado de certeza jurídica -ausente hasta hoy- para la realización de proyectos empresariales que promuevan el desarrollo, respetando a las comunidades indígenas afectadas, ya que una vez terminada la fase de consulta, el inversionista tendrá certeza de estar operando con total respaldo legal y podrá defenderse en los tribunales para resguardar sus derechos ante cualquier acción pública o privada que los amenace.

El desafío para el Congreso es grande, no solo por el plazo perentorio que le concedió la CC para emitir la ley, sino porque debe resistir la tentación de querer reglamentar un proceso de suyo complejo. La ley que se va a emitir debería ser de carácter general, apegada a los lineamientos explicitados en la sentencia de la CC y al espíritu del Convenio 169, y deberá dejar suficiente flexibilidad para reglamentar los distintos casos de consulta tomando en cuenta, por un lado, que cada proyecto tiene distinta naturaleza y características técnicas y, por otro, que cada comunidad tiene características culturales muy particulares. Aunque la CC ya dio los lineamientos, al Congreso le tocará lidiar con ciertos detalles técnicos muy delicados… y, a veces, el diablo está en los detalles.

Las Lentas Contrataciones del Estado

Ante la lenta ejecución del presupuesto del Estado, están surgiendo peligrosas ocurrencias para "relajar los candados" dela ley del presupuesto, o para hacer una apresurada reforma a la ley de contrataciones. Cuidado. Lo que se necesita son reformas serias que creen instituciones fuertes y eficientes.

Las cifras disponibles indican que hay una inusual lentitud en las compras y contrataciones del estado. Aunque el resto del presupuesto gubernamental se está ejecutando a un ritmo normal a mayo de 2017, existen dos rubros que muestran niveles excepcionalmente bajos de ejecución: el de compras de bienes y servicios (que a dicho mes solo ha ejecutado un 9.5% de su presupuesto) y el de inversión física (que apenas ejecuta el 6.8% del total asignado). El Ministerio de Comunicaciones es -junto con el Ministerio de Desarrollo Social- el de más baja ejecución entre las entidades del Organismo Ejecutivo.

Esta extrema lentitud en los procesos de compras y contrataciones ha generado la hipótesis de que las reformas a la Ley de Contrataciones aprobadas en 2015 (reglamentadas en junio de 2016 y vueltas a reformar en octubre) impusieron demasiadas trabas a los procesos y son las culpables de que los siempre eficientes y bienintencionados funcionarios púbicos no puedan ejecutar el gasto presupuestado. Discrepo de tal hipótesis. Creo, por el contrario, que incluso si nunca hubiesen existido tales reformas, la lenta ejecución de las compras y contrataciones sería muy similar a la observada este año.

La razón de ello es que, como comentamos la semana anterior, el país está viviendo un periodo de transición generado por la ola de indignación ciudadana y de persecuciones penales en contra de la corrupción surgida en abril de 2015 con el caso La Línea. Antes de ello, lo que era costumbre y práctica usual (“normal”, como se dice) no necesariamente era legal, aunque muy rara vez había consecuencias. Ahora, en cambio, los funcionarios encargados de autorizar el gasto estatal actúan con extrema precaución (cuando no con temor) en cada decisión que adoptan. Y, por su lado, las autoridades fiscalizadoras (Ministerio Público y Contraloría) actúan muy quisquillosamente ante cualquier indicio de transgresión a las normas.

El resultado es una parálisis del gasto gubernamental, que hay que entender como un efecto colateral (costoso, pero inevitable) de la necesaria lucha contra la corrupción en un ambiente institucional débil. No debe caerse en la tentación de que, ante la incapacidad de las instituciones y de los funcionarios para efectuar oportuna y transparentemente las compras, se busque relajar las normas con tal de acelerar el gasto. Eso, aparentemente, es lo que pretenden algunos funcionarios y alcaldes municipales (pese a que las municipalidades son de las entidades menos transparentes del Estado) cuando solicitan al Congreso emitir nuevas reformas para “quitar candados” y facilitar la ejecución presupuestaria.

No es con este tipo de parches como se construye Estado, sino con reformas institucionales que fortalezcan los procesos de ejecución y de fiscalización del gasto público.  En tal sentido es bienvenida la discusión recién iniciada en el Congreso para diseñar una nueva Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, en dicho proceso debe tenerse muy claro que se trata de una reforma compleja, que debe emprenderse sin prisas y con criterios eminentemente técnicos basados en las mejores prácticas a nivel internacional.

Al respecto, existen organismos internacionales, como el Banco Mundial, que pueden aportar su amplia experticia para hacer un diagnóstico certero de las debilidades y falencias de nuestro sistema de contrataciones. Y otras entidades, como la OECD, la Open Contracting Partnership o la Organización Mundial de Comercio, que han emitido estándares y guías de mejores prácticas para construir sistemas de compras gubernamentales eficientes y transparentes. No hay que inventar el agua azucarada.

La Difícil Transición

La transición de un sistema caracterizado por la corrupción y la impunidad, hacia un sistema donde impere la ley y el Estado de Derecho, es un proceso que, como toda metamorfosis, implica cambios dolorosos que, si no se hacen llevaderos, podrían resultar insoportables

Guatemala está viviendo una compleja transición que, ojalá, nos conduzca hacia un Estado de Derecho. La transición está siendo difícil, entre otras razones, porque la gradual distrofia de las relaciones sociales y la extrema debilidad de las instituciones habían creado un abismo inmenso entre las costumbres y las leyes. En los sistemas jurídicos funcionales, los usos y costumbres de la sociedad complementan y refuerzan a las leyes como fuentes legítimas del derecho; en nuestro país, en cambio, la forma de operar de los ciudadanos de cara el gobierno (es decir, sus usos y costumbres) se fueron desfigurando al punto de contravenir las leyes.

La débil institucionalidad y la ausencia del Estado en muchas áreas del quehacer público y del territorio nacional provocaron muchas costumbres se ejercieran fuera de la ley, generando prácticas propicias a la corrupción y a la evasión de las responsabilidades ciudadanas (incluyendo las tributarias). Así lo ilustran, por ejemplo, los procesos de compras y contrataciones del estado (en los que el tráfico de influencias o la coima descarada se volvieron parte de los requisitos de participación), o las fórmulas de declaración de ingresos y el registro del valor de las propiedades (en las que contribuyentes y autoridades consentimos vivir en una cómoda ficción).

La lucha contra la corrupción que comenzó en 2015 se enfrenta ahora a la terrible realidad de que el problema no era solamente de unos cuantos altos funcionarios involucrados en hechos delictivos. El problema (el de corrupción y, además, el problema de la ineficiencia del Estado) es mucho más grave y complejo puesto que su naturaleza es sistémica. Ahora que la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, el Ministerio Público y (¡por fin!) la Contraloría General de Cuentas están empezando a aplicar estrictamente las leyes, se encuentran con que muchas prácticas y costumbres infringen el marco legal.

Así, llegamos a una situación paradójica en la que el súbito celo de las autoridades por hacer cumplir la ley (y la tendencia a llevar los procesos al ámbito penal) está planteando una enorme presión sobre un gran número de ciudadanos, sobre las propias autoridades fiscalizadoras y sobre el (aún muy débil e ineficiente) sistema de justicia que se ve desbordado por una avalancha de casos que, si no son resueltos pronta y cumplidamente, debilitarán aún más la credibilidad del sistema y sus autoridades.

Es en ese contexto donde deben entenderse algunas medidas diseñadas para suavizar o hacer más gobernable este período de transición, tal el caso de la exoneración de multas e intereses acordada recientemente por la SAT para facilitar la regularización del pago de impuestos atrasados. Ahora resulta necesario aplicar medidas similares en otros ámbitos como, por ejemplo, normas que permitan descongestionar el sistema judicial (como podrían ser la ley de aceptación de cargos o la puesta en práctica del uso de brazaletes electrónicos para los sujetos de procesos penales) o normas que permitan evacuar los hallazgos de cuentas en el sector público según su impacto sobre el erario (pues actualmente la Contraloría parece conferir la misma jerarquía a las faltas graves que a las pequeñas).

Pero más importante aún es que, simultáneamente a estas medidas y como complemento a la necesaria lucha contra la corrupción, se profundice cuanto antes el fortalecimiento institucional del Estado. Si no se construyen instituciones fuertes y efectivas, todo el esfuerzo del combate a la corrupción y de la depuración judicial del sistema político será insostenible y efímero.