Nuestras
3 principales cortes (CSJ, CC y TSE) no son independientes y por ello, en gran
medida, no son eficientes en proveer una justicia pronta y cumplida. El paso
más importante para darles independencia es sustituir el actual sistema de
renovación de magistrados (donde se eligen todos al mismo tiempo, lo cual
genera incentivos que contaminan y corrompen el proceso), por un sistema de
elección escalonada (y de magistrado por magistrado, cada cierto tiempo) como
se estila en los países civilizados.
Las tres cortes de justicia más importantes del país
tienen graves dificultades para cumplir con su trabajo de impartir justicia de
manera pronta y cumplida. La Corte de Constitucionalidad –CC-, ante diversos
episodios de vacío político ha caído, cada vez con más frecuencia, en la
tentación de emitir resoluciones que parecen exceder el marco puramente
jurisdiccional, para incursionar en aspectos legislativos o ejecutivos. Por
ejemplo, en su más reciente sentencia relacionada con las consultas a las
comunidades indígenas, la CC trata de salir del laberinto en que la propia CC
sumió al país con sus sentencias anteriores sobre este tema, y se atreve a dar
lineamientos que cuasi legislan dichas consultas y conmina al Congreso para
emitir una ley sobre la materia.
La Corte Suprema de Justicia –CSJ-, por su parte,
muestra síntomas aún más graves: con alguno de sus miembros sujetos a
enjuiciamiento y con severas dudas sobre su idoneidad, preside un sistema de
justicia evidentemente ineficaz e inaccesible a la ciudadanía. Su reciente y
muy polémica resolución de amparo que suspende las operaciones de la minera San
Rafael, bajo pretexto de proteger a comunidades indígenas –que se dice no
existen en el área afectada-, ha afectado seriamente la actividad económica y
generado desempleo en el municipio afectado.
Y, finalmente, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-,
luego de mostrar una inusual valentía al cancelar el año pasado dos partidos
políticos moribundos (el PP y el Líder), este año ha estado agonizando y
dubitativo sobre la suerte de otros dos partidos, bastante más vivos (el FCN y
la UNE), a quienes resolvió castigar sus infracciones con una multa que algunos
expertos califican de timoratas. El resultado de todo esto es un grave
deterioro de la certeza jurídica y del clima de inversión en el país.
Hay un factor común a la CC, la CSJ y al TSE que explica
en gran medida su insatisfactorio desempeño: su falta de independencia. Y la
principal causa de esta falta de independencia radica en la manera en que se
integran y renuevan los tres plenos de magistrados. Tenemos el peor sistema
posible cuando los plenos de estos altos tribunales se renuevan totalmente y a
cada cierto tiempo de muy corta duración. Esto genera los incentivos más perversos
para que los grupos de interés (incluyendo las mafias) centren todos sus
esfuerzos en cooptar y corromper los procesos de elección de magistrados.
En los países civilizados, la renovación de los más
altos tribunales se realiza escalonadamente; el periodo de duración del mandato
de los magistrados es relativamente largo y cada nuevo magistrado se elige
individualmente. Esto le otorga no solo estabilidad y continuidad a la gestión
de dichos tribunales (lo que los hace más eficientes), sino que aísla los
procesos de renovación de las cortes dificultando que estos sean contaminados y
cooptados por las mafias y los grupos de interés.
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