Las Lentas Contrataciones del Estado

Ante la lenta ejecución del presupuesto del Estado, están surgiendo peligrosas ocurrencias para "relajar los candados" dela ley del presupuesto, o para hacer una apresurada reforma a la ley de contrataciones. Cuidado. Lo que se necesita son reformas serias que creen instituciones fuertes y eficientes.

Las cifras disponibles indican que hay una inusual lentitud en las compras y contrataciones del estado. Aunque el resto del presupuesto gubernamental se está ejecutando a un ritmo normal a mayo de 2017, existen dos rubros que muestran niveles excepcionalmente bajos de ejecución: el de compras de bienes y servicios (que a dicho mes solo ha ejecutado un 9.5% de su presupuesto) y el de inversión física (que apenas ejecuta el 6.8% del total asignado). El Ministerio de Comunicaciones es -junto con el Ministerio de Desarrollo Social- el de más baja ejecución entre las entidades del Organismo Ejecutivo.

Esta extrema lentitud en los procesos de compras y contrataciones ha generado la hipótesis de que las reformas a la Ley de Contrataciones aprobadas en 2015 (reglamentadas en junio de 2016 y vueltas a reformar en octubre) impusieron demasiadas trabas a los procesos y son las culpables de que los siempre eficientes y bienintencionados funcionarios púbicos no puedan ejecutar el gasto presupuestado. Discrepo de tal hipótesis. Creo, por el contrario, que incluso si nunca hubiesen existido tales reformas, la lenta ejecución de las compras y contrataciones sería muy similar a la observada este año.

La razón de ello es que, como comentamos la semana anterior, el país está viviendo un periodo de transición generado por la ola de indignación ciudadana y de persecuciones penales en contra de la corrupción surgida en abril de 2015 con el caso La Línea. Antes de ello, lo que era costumbre y práctica usual (“normal”, como se dice) no necesariamente era legal, aunque muy rara vez había consecuencias. Ahora, en cambio, los funcionarios encargados de autorizar el gasto estatal actúan con extrema precaución (cuando no con temor) en cada decisión que adoptan. Y, por su lado, las autoridades fiscalizadoras (Ministerio Público y Contraloría) actúan muy quisquillosamente ante cualquier indicio de transgresión a las normas.

El resultado es una parálisis del gasto gubernamental, que hay que entender como un efecto colateral (costoso, pero inevitable) de la necesaria lucha contra la corrupción en un ambiente institucional débil. No debe caerse en la tentación de que, ante la incapacidad de las instituciones y de los funcionarios para efectuar oportuna y transparentemente las compras, se busque relajar las normas con tal de acelerar el gasto. Eso, aparentemente, es lo que pretenden algunos funcionarios y alcaldes municipales (pese a que las municipalidades son de las entidades menos transparentes del Estado) cuando solicitan al Congreso emitir nuevas reformas para “quitar candados” y facilitar la ejecución presupuestaria.

No es con este tipo de parches como se construye Estado, sino con reformas institucionales que fortalezcan los procesos de ejecución y de fiscalización del gasto público.  En tal sentido es bienvenida la discusión recién iniciada en el Congreso para diseñar una nueva Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, en dicho proceso debe tenerse muy claro que se trata de una reforma compleja, que debe emprenderse sin prisas y con criterios eminentemente técnicos basados en las mejores prácticas a nivel internacional.

Al respecto, existen organismos internacionales, como el Banco Mundial, que pueden aportar su amplia experticia para hacer un diagnóstico certero de las debilidades y falencias de nuestro sistema de contrataciones. Y otras entidades, como la OECD, la Open Contracting Partnership o la Organización Mundial de Comercio, que han emitido estándares y guías de mejores prácticas para construir sistemas de compras gubernamentales eficientes y transparentes. No hay que inventar el agua azucarada.