La SAT y Sus Dos Cabezas

El fracaso de la SAT radica, fundamentalmente, en que fue cooptada por mafias y fuerzas oscuras en contubernio con políticos corruptos. La solución del problema pasa por darle más autonomía, no por quitarle la poca que ya tiene.

Una de las principales causas del continuo deterioro de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- radica en que su estructura organizacional es disfuncional y con una autoridad bicéfala. Por un lado está el Directorio, integrado supuestamente por expertos dedicados a tiempo completo y presidido por el Ministro de Finanzas Públicas y, por el otro, el Superintendente como autoridad administrativa cuyo nombramiento y remoción está en manos del Presidente de la República.

En este arreglo el Superintendente no responde al Directorio y este, a su vez, se acomoda a una parálisis de decisiones ante el poder político de su supuesto subalterno. Casos de corrupción flagrante, como el de La Línea, evidencian lo perverso que puede resultar la coexistencia de un Directorio inoperante –y que no rinde cuentas a nadie- y un Superintendente capturado por intereses políticos o mafiosos.

Para superar este problema se han propuesto diversas soluciones. La más radical es la de suprimir la SAT y regresar al esquema de la antigua Dirección General de Rentas Internas dentro del Ministerio de Finanzas. Esta solución sería un grave retroceso pues se retornaría a una oficina opaca y centralizada para la recaudación de impuestos, con grave riesgo de ser capturada por grupos criminales, como efectivamente ocurrió en dicha Dirección en los años 70 y 80 del siglo pasado.

Una segunda solución que se escucha es la de preservar una SAT descentralizada, pero eliminando el Directorio, de manera que la cabeza única sea el Superintendente. Esta solución, en la práctica, es aún peor que la anterior pues un Superintendente (nombrado por el Presidente de la República) que no esté sujeto a la supervisión de un cuerpo colegiado, se convertiría en una figura más poderosa que el propio Ministro de Finanzas, con un desmedido poder de acceso y coerción sobre los contribuyentes. Y ese poder sería muy vulnerable a ser capturado por intereses políticos o sectoriales que pondrían en grave peligro la neutralidad técnica que deben tener las actuaciones de la SAT.

La solución más correcta es que el Directorio, como verdadera autoridad máxima, sea quien nombre al Superintendente y a los Intendentes. Así se recobraría la idea original tras la creación de la SAT como una entidad descentralizada y especializada, organizada bajo un adecuado sistema de pesos y contrapesos internos basado en las mejores prácticas de gobierno corporativo, donde el Directorio sería el responsable de la dirección estratégica y de exigirle un desempeño adecuado al Superintendente quien, a su vez, sería el responsable de la administración del día a día de la entidad. Así, el Ministro de Finanzas, como presidente del Directorio, recobraría el rol, que nunca debió perder, de dirigir de manera integral las finanzas del Estado.

Para Lograr el Desarrollo Rural

Por muchas leyes (bien o mal intencionadas) que se impulsen, si no se aplican las políticas adecuadas, jamás se logrará el desarrollo del área rural.

La pobreza en el área rural guatemalteca es lacerante y vergonzosa. Es evidente que la búsqueda del desarrollo rural debe ser una prioridad de las políticas públicas del país. Pero hace falta ser terco (o malintencionado) para no darse cuenta de que los esfuerzos para reducir la pobreza rural pasan, inevitablemente, por resolver un problema eminentemente económico: la falta de productividad.

En efecto, de todos los sectores de actividad económica, la agricultura registra el nivel más bajo de ingresos promedio de sus trabajadores, y es la actividad con mayor fuerza laboral del país, con casi el 40% de la población ocupada, pero apenas contribuye con menos del 14% de la producción nacional.

Abundantes estudios técnicos demuestran que la solución a esta situación requiere de una política agrícola que eleve sosteniblemente los ingresos (es decir, la productividad) en el campo. Dicha política debe tener, al menos, cuatro componentes esenciales para los pequeños productores: programas de riego; programas de extensionismo (asesoría y acompañamiento); fortalecimiento y coordinación de la institucionalidad estatal; y, priorización de la política de seguridad alimentaria.

La política agrícola, claro está, no debe diseñarse ni aplicarse de forma aislada, sino que debe estar concatenada con una política de desarrollo integral del país, incluyendo políticas de desarrollo urbano, pues no hay que olvidar que las ciudades han sido, a lo largo de la historia, un motor esencial del desarrollo social y económico.

Para lograr todo ello podría ser conveniente (aunque no indispensable) emitir leyes que obliguen a que se apliquen tales políticas. Pero, en todo caso, debería tratarse de leyes focalizadas y técnicamente bien estructuradas. Por desgracia, la polémica iniciativa 4084 (Ley de Desarrollo Rural Integral) no es nada ello: se trata de un manifiesto de promesas incumplibles, con evidente carga ideológica, que en nada contribuye al urgente esfuerzo de aplicar políticas de desarrollo agropecuario.

La iniciativa 4084 no solo confiere poca importancia a los cuatro elementos fundamentales de la política agrícola antes indicados, sino que los contradice y menoscaba, pues pretende inventar onerosas estructuras estatales paralelas al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, al Ministerio de Agricultura y a los propios Consejos de Desarrollo, en vez de hacer un mejor uso de los escasos recursos existentes mediante el rescate y coordinación de la institucionalidad ya existente. Así, en el torbellino de hiperactividad legislativa que ahora agobia al Congreso, el impulso de tal iniciativa parece tratarse de un distractor que solo obstaculiza y pospone las verdades soluciones que deben aplicarse para lograr el desarrollo rural.

LIMPIAR EL CONGRESO

Ya hay esfuerzos concretos por poner orden en el parlamento. Pero se están impulsando enmedio del desorden.  Para rescatar al Congreso aún queda mucho por hacer, y hay que hacerlo bien.

En los corrillos se oyen pasos de animal grande. Las constantes visitas de la CICIG solicitando información sobre acciones sospechosas, los ecos ahogados de un clamor por la depuración, y el lapidario pronunciamiento de la Conferencia Episcopal en el que señala al Congreso de ser el organismo más inmoral e ineficiente del Estado, han metido el miedo en el cuerpo a los representantes de la política tradicional.

La reacción desde el hemiciclo ha sido la de intentar lavar cara mediante el impulso de reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, acompañado de una hiperactividad legislativa en temas facilones que buscan causar impacto en la opinión pública.

Hay que reconocer que las reformas a la Ley Orgánica aprobadas la semana pasada, aunque incompletas y con algunas debilidades, representan una sustancial mejora al marco regulatorio del régimen interior del Legislativo. Aunque la prensa se ha centrado en mencionar los cambios que buscan impedir abusos en cuanto a las contrataciones de personal y al transfuguismo, hay otros logros más trascendentes de cara a rescatar al Congreso del marasmo y podredumbre de las últimas legislaturas.

De esas reformas, las más positivas tienen que ver con aspectos que mejoran el funcionamiento de los procesos parlamentarios que se habían perdido desde hace años. En ese sentido, el fortalecimiento de las comisiones de trabajo y la delimitación del proceso de interpelación son reformas muy positivas, como lo son también algunas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Pese a estos logros, las reformas se aprobaron con excesiva precipitación. Y la premura no es buena consejera. Por ello la ley quedó con algunas falencias importantes. Por ejemplo, no se terminó de aclarar el rol y los procedimientos que debe seguir el Presidente del Congreso en la contratación del personal. Y se desperdició una ocasión óptima para introducir en la ley la obligación de respetar el principio de unidad de materia. Este principio (vigente en el ordenamiento jurídico de muchos países) prohíbe que en la discusión de una ley se introduzcan normas y reformas ajenas a la materia de la que se está legislando.

La vigencia de tal principio habría impedido que se repitan bochornos legislativos como los que en el pasado permitieron que en una ley de túmulos se reformara el presupuesto del Estado, o que en una ley de apoyo a la juventud se pretenda reformar el sistema tributario, tal como ocurrió apenas el pasado jueves.

Pese a las reformas aprobadas, es evidente que la limpieza del Congreso tiene aún muchos temas pendientes por atender. De no hacerlo, los arranques de hiperactividad legislativa, con premuras y opacidad al estilo de la vieja política, pueden resultar contraproducentes para el necesario rescate del Legislativo.

De Vuelta a las Andadas: Lecciones y Desafíos

El Economista Lúgubre ha regresado. Les comparto mi primera columna en elPeriódico, donde estaré publicando los martes. Esta vez me refiero a uno de los principales desafíos para Guatemala: el de reformar el corrompido y disfuncional sistema político que nos rige.

Luego de un ajetreado y sorprendente 2015, se percibe que 2016 será auspicioso, para el país y los guatemaltecos. Para mí, comienza con el agradable compromiso, al que amablemente me ha invitado elPeriódico, de compartir semanalmente con los amables lectores mis opiniones respecto del entorno económico y social, así como del desempeño de las políticas públicas que lo afectan.

Es prudente enfrentar los desafíos del nuevo año con base en las experiencias adquiridas el año anterior. Y me parece que uno de los principales desafíos para Guatemala es el de reformar el corrompido y disfuncional sistema político que nos rige. Durante mi breve (pero profundamente interesante) incursión como candidato a elección popular en los últimos comicios pude percatarme de una serie de características del sistema políticos que bien vale la pena considerar en un proceso de reforma.

Conviene indicar que, en mi experiencia, el sistema político guatemalteco es mucho menos “malvado” de lo que normalmente se cree desde fuera del mismo. Existe mucha gente buena y genuinamente patriota en los distintos partidos políticos. Los verdaderos problemas del sistema son la extrema improvisación y los incentivos perversos que imperan en su accionar.

Los partidos, sin excepción, están pobremente organizados y carecen de cuadros técnicos, de comités especializados, de ideología, de normas internas y estrategias de mediano plazo. Todo ello en un mercado electoral donde la mayoría de votantes exige soluciones inmediatas a sus problemas personales y se satisface con promesas facilonas que, en la práctica (y a sabiendas de los políticos) son imposibles de cumplir.

Por ello, en parte, las campañas políticas en Guatemala son tan superficiales y repetitivas. A la mayoría de votantes les fascinan los mítines (que en muchos poblados hacen las veces de espectáculo público de esparcimiento que rompe el tedio cotidiano) y a la mayoría de políticos (que disfrutan de los baños de multitud), también. Poco les importa a ambos entender qué es la división de poderes, los derechos y responsabilidades ciudadanos, o el rol de los funcionarios electos. Tampoco importan los planes de gobierno o la situación del fisco. Lo que importa a los políticos en este sistema es ganar, a toda costa y ya mismo, sin darse cuenta de que en política, de cara al futuro, a veces perder puede ser una victoria y ganar, una derrota.


Este sistema perverso es el que ha producido los gobernantes mediocres (cuando no nefastos) que han sido incapaces de impulsar las políticas de largo plazo que el país requiere para salir de la pobreza y potenciar el desarrollo que propicie el bienestar integral de los guatemaltecos. De allí que la reforma política resulta ser una condición indispensable para lograr el desarrollo económico y social del país.

Para Servir

Con esta columna me despedí como columnista de Siglo.21. Agradezco a los lectores que me favorecieron con su atención durante estos ocho años

En junio de 2007, atendiendo la amable invitación de Siglo 21, empecé a escribir esta columna semanal. Hoy, con mucho sentimiento, debo despedirme de los lectores que durante ocho años me han honrado con su seguimiento. He tomado la decisión de participar como candidato a la vicepresidencia de la República en el próximo evento electoral, aceptando la invitación que me hiciera don Lizardo Sosa para ser su compañero de fórmula.

Esta decisión de incursionar en la política partidista no ha sido sencilla, pues implica renunciar a muchas cosas que componen mi vida cotidiana, tan queridas para mí como mis columnas de prensa, los fines de semana con mis hijos, mis trabajos de consultoría, o mi función de promotor de políticas públicas. Pero habiendo ponderado los riesgos y las posibilidades de emprender esta aventura, encuentro que existen varias razones de peso que me persuaden a emprenderla con ilusión.

El Estado guatemalteco está sumido en una profunda crisis que, en gran medida, es una crisis de valores. El sistema político ha naufragado en un mar de corrupción, dejando tras de sí una estela de frustración y un tufo de pesimismo en el sentir de la ciudadanía. En ese entorno es necesario que cada guatemalteco reflexione sobre el rol que le corresponde jugar para rescatar el quehacer público, orientándolo a la búsqueda del bien común.

La violencia, el hambre, la pobreza, el narcotráfico, el abuso y la corrupción son males presentes a los que nos hemos acostumbrado. La búsqueda de transformación de esas realidades es lo que está moviendo las manifestaciones espontáneas de indignación en las calles de las principales ciudades del país. Esa búsqueda es, pues, un llamado a la acción, un grito para abandonar la pasividad y la búsqueda egoísta de la comodidad personal.

Ha sido precisamente la búsqueda egoísta del bienestar material, instalado en el quehacer político, lo que ha provocado que personas sin vocación política se inserten en el servicio público, de modo que éste se ha pervertido por esa búsqueda maligna de la satisfacción de intereses particulares. Ante este panorama, no es correcto abstenerse de participar en la transformación de la política y mucho menos mantenerse pasivo.

Estoy consciente de que meterse en política –en esta política tercermundista que nos repele y agobia- entraña muchos riesgos. Pero también sé que el ser humano, el guatemalteco promedio, es un ser que aspira al bien, que busca el bien; por ello es válido volver a aspirar a los grandes ideales, como el de buscar el bien común a través del servicio público. El hombre sólo alcanza su plenitud y su libertad en la responsabilidad con el otro, en el servicio constante y sistemático hacia el otro. Si alguna ambición deben tener los políticos, esa es la de servir con celo y pasión a su sociedad. Lo mismo para los funcionarios públicos, burócratas, jueces, grupos de interés y todos los que tienen incidencia en la cosa pública. Tal es lo que diferencia a los hombres de Estado de los vividores de la política.

Y esta es otra de las razones de mi decisión: Lizardo Sosa es un hombre de Estado, a quien conozco desde hace muchos años y de quien estoy convencido que, dadas su integridad, conocimientos y capacidad, puede ser no sólo un candidato capaz de elevar el nivel de propuesta y debate en la contienda electoral, sino que también, con el favor de los electores, un excelente presidente de la República.

Participar en política es, además, un deber cristiano. El Papa Francisco ha dicho que es una obligación del cristiano involucrarse en la política, aunque sea "demasiado sucia", porque al estar en ese ámbito se puede trabajar por el bien común. Para el Papa, "el futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política (…) que es una de las formas más altas de la caridad". Los políticos pueden realizar aportaciones decisivas a la reforma del Estado si son capaces de traducir en políticas públicas la doctrina y la experiencia del cristianismo.

Quiero agradecer a Siglo 21 por haber acogido mis columnas, cada semana, durante estos ocho años. Agradezco a los lectores que me favorecieron con su atención y comentarios. Espero que cuando esta aventura que hoy emprendo llegue a su fin, podamos volver a encontrarnos en estas páginas y pueda presentarme ante ustedes con las tareas hechas.

Reforma Institucional: Jueces Indepedientes

La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla

Para que la República y su gobierno cumplan con su propósito de organizar la convivencia ciudadana y el bien común, es indispensable que las leyes se cumplan y que se ejerza efectivamente el principio de separación de poderes. Es evidente que el correcto funcionamiento del Poder Judicial es fundamental para que prevalezca el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contra pesos en el poder público. El imperio de la ley (que implica una justicia independiente) es fundamento de un sistema judicial que nos brinde seguridad, resuelva pacíficamente las disputas que surgen en la sociedad, y nos permita prosperar. La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla.

El clamor ciudadano que actualmente se expresa en contra de la corrupción y del sistema patrimonialista imperante demanda, ciertamente, una reforma del sistema judicial. Dicha reforma debe partir del principio, fundamental en una democracia, de que los jueces en lo individual, y el poder judicial en general, sean imparciales e independientes de cualquier presión externa e interna, de manera que el ciudadano común pueda tener la confianza de que sus casos serán decididos de manera justa y en apego a la ley. En el desempeño de su función, los jueces deben estar libres de cualquier influencia indebida, sin importar de dónde provenga: de presiones indebidas por el Ejecutivo o el Legislativo, por litigantes particulares, por grupos de presión y medios de comunicación, o por el interés del propio juez o de jueces de mayor jerarquía.

Es, por tanto, de vital importancia que cada juez sea capaz de decidir los casos únicamente con base en la evidencia presentada en el tribunal por las partes y de conformidad con la ley. Solamente los hechos y el derecho pertinentes deben constituir la base de los veredictos judiciales. Sólo así pueden los jueces cumplir con su responsabilidad constitucional de impartir justicia pronta, imparcial y cumplida.

El punto de inicio de cualquier reforma al sistema de justicia debe encontrarse en el principio de independencia judicial y este, a su vez, en un buen sistema de carrera de los jueces y magistrados. Para el efecto, debemos partir del artículo 209 de la Constitución, que instituye la carrera judicial y que establece que los ingresos, promociones y ascensos de dicho personal se deben hacer por medio de oposición. Es, pues, un mandato constitucional el de utilizar los concursos de oposición para todos aquellos que ingresen o pertenezcan a la carrera judicial. Esta carrera, regida por su ley específica, incluye tanto a magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de los demás tribunales colegiados), como a los jueces de instancia y de paz.

Por lo tanto, es necesario reformar las comisiones de postulación a fin de que explícitamente todos los aspirantes a una magistratura que formen parte de la carrera judicial deban haber completado satisfactoriamente el proceso de concurso por oposición que para el efecto convoque el Consejo de la Carrera Judicial. En el caso de los aspirantes que no forman parte de la carrera (que provienen de la práctica liberal de la profesión), estos deberán cumplir con la aprobación del perfil a que hace referencia la ley.

Eso sí, todos los aspirantes (sean o no parte de la carrera judicial) deben aprobar una estricta evaluación realizada por la Unidad de Capacitación Institucional; estas evaluaciones deben ser periódicas y sus resultado deben hacerse públicos. Además, el Consejo de la Carrera Judicial debe convocar a concursos por oposición no sólo para el ingreso a la carrera judicial, sino también para el proceso de elección de magistrados de magistrados a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones y a los demás tribunales colegiados.

Estas mínimas reformas son un primer paso necesario para asegurar una elevación de las calidades profesionales de jueces y magistrados, a fin de fortalecer su independencia. Sólo el buen funcionamiento de las cortes y una eficaz administración de la justicia harán posible que el Estado cumpla con su obligación de preservar la paz y asegurar los derechos de los guatemaltecos, así como la correcta fiscalización y castigo de aquellos que quebrantan la ley, tanto en el ámbito privado como en el ejercicio de la función pública.

Reforma Institucional: El Congreso de la República

Es urgente y necesario reformar diversos aspectos clave de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo

La modificación profunda de las formas y procedimientos con los que opera el Congreso de la República es parte fundamental de un esfuerzo integral de reforma política del Estado por el que la sociedad está clamando a través de diversas manifestaciones del sentir popular. Tal modificación tendría efectos positivos no sólo en la batalla que el país está empezando a pelear contra las prácticas de corrupción y de uso obscuro e ineficiente de los recursos del Estado (en las que el Congreso juega un papel relevante), sino que constituiría un aporte en el rescate de nuestra incipiente democracia.

Ello requiere de modificaciones al marco regulatorio de las funciones administrativas y sustantivas del Organismo Legislativo para establecer una normativa adecuada y funcional que permita al país alcanzar una gobernabilidad democrática en ese poder del Estado, por lo que es menester reformar en diversos aspectos la Ley Orgánica del Congreso.

Para empezar, es esencial normar la figura de la interpelación. Durante las dos últimas legislaturas, se ha hecho un uso inapropiado y hasta abusivo de herramientas parlamentarias tan valiosas como las interpelaciones y las mociones privilegiadas, entre otras. La falta de una regulación adecuada ha tenido como consecuencia la paralización de la agenda legislativa del Congreso y la obstaculización al trabajo cotidiano de los ministros y funcionarios interpelados.

Una reforma a la figura de la interpelación debe privilegiar su utilidad como mecanismo de control republicano entre poderes, pero sin que ello signifique sacrificar la obligación del Congreso de atender su agenda legislativa. Para el efecto podría aplicarse la práctica utilizada en otros países, según la cual se establece un día a la semana para las interpelaciones, en el que se asigna un espacio de tres horas con exclusividad a ese fin. Esto permite que la agenda legislativa normal continúe avanzando, sin dejar de lado la importancia del control y fiscalización de la interpelación.

También debería agilizarse el desarrollo de la propia interpelación, estableciendo que la etapa inicial (preguntas básicas y complementarias) de la interpelación pueda realizarse en sesiones con quórum reducido (25% del total de diputados), mientras que las etapas de debate, propuesta de voto de falta de confianza y su votación, se lleven a cabo con el quórum normal. Asimismo, establecer plazos claros para que el diputado interpelante comunique las preguntas básicas al Ministro de que se trate y, en caso de que no lo haga, que se entienda que el diputado renunció a la interpelación solicitada.

En adición a lo anterior, en el actuar del Congreso en los últimos años resulta evidente el claro deterioro e ineficiencia en el actuar de las Comisiones Legislativas, que deberían ser un órgano vital para el buen funcionamiento de las actividades parlamentarias no solo en materia de propuesta, análisis y dictamen de las iniciativas de ley, sino también en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento de las leyes por parte del Ejecutivo.

Debe reformarse la Ley Orgánica del Legislativo para hacer obligatorio que los diputados asistan a las sesiones de las Comisiones a las que pertenezcan, y sancionar severamente a aquél que se ausente sin justificación. Además debe fortalecerse la institucionalidad de las Comisiones, quizá aumentando el período de la presidencia de las comisiones de 1 a 2 años, u obligando a que todas las sesiones sean registradas en medios audiovisuales, así como a que los presidentes de comisión salientes entreguen a sus sucesores una memoria de labores y todos los archivos y expedientes a su cargo.

Hace falta también, para poner orden en el manejo del Congreso, mejorar el marco regulatorio de los procesos para la contratación y promoción del personal, diferenciando a los funcionarios de carrera de los asesores temporales de los congresistas, así como actualizar la regulación de faltas al orden dentro de las sesiones plenarias del Congreso.

Estos cambios legales son necesarios y urgentes. La gran duda es si la actual legislatura tendrá la capacidad y la voluntad –ausentes hasta ahora- de discutir y avanzar en este tipo de reformas. El momento político y la presión ciudadana que estamos viviendo en estos días podrían hacer, por fin, la diferencia.