Reforma Institucional: El Congreso de la República

Es urgente y necesario reformar diversos aspectos clave de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo

La modificación profunda de las formas y procedimientos con los que opera el Congreso de la República es parte fundamental de un esfuerzo integral de reforma política del Estado por el que la sociedad está clamando a través de diversas manifestaciones del sentir popular. Tal modificación tendría efectos positivos no sólo en la batalla que el país está empezando a pelear contra las prácticas de corrupción y de uso obscuro e ineficiente de los recursos del Estado (en las que el Congreso juega un papel relevante), sino que constituiría un aporte en el rescate de nuestra incipiente democracia.

Ello requiere de modificaciones al marco regulatorio de las funciones administrativas y sustantivas del Organismo Legislativo para establecer una normativa adecuada y funcional que permita al país alcanzar una gobernabilidad democrática en ese poder del Estado, por lo que es menester reformar en diversos aspectos la Ley Orgánica del Congreso.

Para empezar, es esencial normar la figura de la interpelación. Durante las dos últimas legislaturas, se ha hecho un uso inapropiado y hasta abusivo de herramientas parlamentarias tan valiosas como las interpelaciones y las mociones privilegiadas, entre otras. La falta de una regulación adecuada ha tenido como consecuencia la paralización de la agenda legislativa del Congreso y la obstaculización al trabajo cotidiano de los ministros y funcionarios interpelados.

Una reforma a la figura de la interpelación debe privilegiar su utilidad como mecanismo de control republicano entre poderes, pero sin que ello signifique sacrificar la obligación del Congreso de atender su agenda legislativa. Para el efecto podría aplicarse la práctica utilizada en otros países, según la cual se establece un día a la semana para las interpelaciones, en el que se asigna un espacio de tres horas con exclusividad a ese fin. Esto permite que la agenda legislativa normal continúe avanzando, sin dejar de lado la importancia del control y fiscalización de la interpelación.

También debería agilizarse el desarrollo de la propia interpelación, estableciendo que la etapa inicial (preguntas básicas y complementarias) de la interpelación pueda realizarse en sesiones con quórum reducido (25% del total de diputados), mientras que las etapas de debate, propuesta de voto de falta de confianza y su votación, se lleven a cabo con el quórum normal. Asimismo, establecer plazos claros para que el diputado interpelante comunique las preguntas básicas al Ministro de que se trate y, en caso de que no lo haga, que se entienda que el diputado renunció a la interpelación solicitada.

En adición a lo anterior, en el actuar del Congreso en los últimos años resulta evidente el claro deterioro e ineficiencia en el actuar de las Comisiones Legislativas, que deberían ser un órgano vital para el buen funcionamiento de las actividades parlamentarias no solo en materia de propuesta, análisis y dictamen de las iniciativas de ley, sino también en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento de las leyes por parte del Ejecutivo.

Debe reformarse la Ley Orgánica del Legislativo para hacer obligatorio que los diputados asistan a las sesiones de las Comisiones a las que pertenezcan, y sancionar severamente a aquél que se ausente sin justificación. Además debe fortalecerse la institucionalidad de las Comisiones, quizá aumentando el período de la presidencia de las comisiones de 1 a 2 años, u obligando a que todas las sesiones sean registradas en medios audiovisuales, así como a que los presidentes de comisión salientes entreguen a sus sucesores una memoria de labores y todos los archivos y expedientes a su cargo.

Hace falta también, para poner orden en el manejo del Congreso, mejorar el marco regulatorio de los procesos para la contratación y promoción del personal, diferenciando a los funcionarios de carrera de los asesores temporales de los congresistas, así como actualizar la regulación de faltas al orden dentro de las sesiones plenarias del Congreso.

Estos cambios legales son necesarios y urgentes. La gran duda es si la actual legislatura tendrá la capacidad y la voluntad –ausentes hasta ahora- de discutir y avanzar en este tipo de reformas. El momento político y la presión ciudadana que estamos viviendo en estos días podrían hacer, por fin, la diferencia.