Desigualdad: Realidad y Percepción

En Guatemala se ha reducido la desigualdad del ingreso, pero debido a que han disminuido los salarios de aquellos con mayor nivel educativo

La desigualdad económica es uno de los principales sospechosos de haber detonado las violentas protestas sociales acontecidas en Chile. Ahora empiezan a publicarse diversos análisis técnicos sobre el tema, que presentan datos objetivos para toda la región –incluyendo Guatemala- y que resultan dignos de reflexión, especialmente porque no necesariamente coinciden con las percepciones de la opinión pública.

Las cifras –en contraposición a las percepciones- muestran que la desigualdad se ha reducido en Guatemala y en Latinoamérica. El indicador usual (no exento de defectos) para medir la desigualdad en los ingresos entre los habitantes de un país es el Índice de Gini: si este es igual a cero indica completa igualdad, o sea que cuanto más bajo el indicador, menos desigualdad existe. Cifras del Banco Mundial analizadas en un reciente artículo de la BBC indican que Guatemala es uno de los países de la Región que más rápidamente ha reducido la desigualdad en los últimos 30 años. En 1990 Guatemala era el país más desigual de Latinoamérica con un Gini de 59.6, que se redujo a 48.3 en 2017. Solo El Salvador y Bolivia redujeron más la desigualdad en ese periodo (el cuarto país que más redujo la desigualdad fue Chile). Y Guatemala ya no es el país más desigual de la Región; ahora la desigualdad es mayor en Brasil, Panamá y Colombia.

Las principales canales para reducir la desigualdad son las políticas de redistribución (a través de los impuestos y el gasto público) y los cambios del mercado laboral (que modifican los ingresos de los trabajadores). La mala noticia en nuestro caso (al igual que para El Salvador) es que la mayor parte de la reducción en la desigualdad se debe al mercado laboral, pues –según los expertos- ha habido una reducción en la brecha salarial entre quienes tienen más educación y los menos educados, debido a una caída en los salarios de los primeros, lo cual es una forma poco deseable de reducir la desigualdad. Otro elemento importante de la caída en la desigualdad estaría dado por las remesas familiares, que han contribuido a que los ingresos de los más pobres hayan aumentado relativamente más.

Otro análisis reciente del economista chileno Sebastián Edwards, plantea un hallazgo importante: si bien los indicadores convencionales muestran una disminución significativa de la desigualdad, la percepción entre los ciudadanos es que la desigualdad ha aumentado considerablemente. Para el caso de Guatemala esto es muy evidente: unas cifras (Banco Mundial y BID) señalan que es uno de los países donde más se ha reducido la desigualdad, pero otras (CEPAL) indican que es el país latinoamericano donde más ha aumentado la percepción ciudadana respecto de una mayor desigualdad.

Esta paradoja (que, como en el caso chileno, constituye una amenaza para la paz social) puede deberse a que la gente no logra percibir las mejoras económicas que objetivamente han habido en las últimas décadas, o a que estas han sido insuficientes para satisfacer las aspiraciones sociales. O a que la gente aspira a algo más que meros ingresos: calidad de vida, seguridad en las calles y en los barrios, acceso a servicios públicos básicos de salud y educación, y una sensación de participación justa en las decisiones sociales y en el sistema político; es decir, un Estado funcional.

Política Fiscal Sin Disciplina

La mayoría de países latinoamericanos cuentan ya con estos marcos regulatorios; Guatemala es el único país centroamericano sin reglas fiscales explícitas.

La conducción de la macroeconomía de cualquier país depende, fundamentalmente, de dos palancas: la política fiscal y la política monetaria. Esta última, en Guatemala, está detalladamente regulada mediante las normas (constitucionales, legales y reglamentarias) que rigen las actuaciones del banco central y su Junta Monetaria, en las que se establecen sus objetivos, metas, instrumentos y parámetros de operación. En contraste, la política fiscal guatemalteca navega a la deriva. Su principal marco regulatorio, la Ley Orgánica de Presupuesto, no solo es meramente operativa (es decir, no es de naturaleza estratégica), sino que es reiteradamente irrespetada cada año durante el proceso de aprobación presupuestaria.

La no aprobación, por parte del Congreso, de un presupuesto estatal para 2020 es solo la muestra más reciente de la improvisación y falta de disciplina que prevalece en la política fiscal guatemalteca. La ausencia de reglas claras y de visión de largo plazo en lo fiscal pone en riesgo de sostenibilidad a unas finanzas públicas que quedan a merced de la discrecionalidad y caprichos de las autoridades. Esa indisciplina impide enviar señales a los mercados acerca de las preferencias, prioridades y estrategias de gobierno. Y todo ello implica una enorme falta de credibilidad en la conducción macroeconómica del país y, por ende, en un aumento en el riesgo que evalúan los mercados financieros.

Para evitar estas incertidumbres y limitar el peligro de que los gobiernos incurran en indisciplina fiscal (por razones, por ejemplo, de comprar votos en años electorales a cambio de un aumento excesivo del gasto), cada vez más países han adoptado marcos legales con reglas fiscales que han demostrado ser efectivos para contener los déficits, evitar la insostenibilidad de la deuda, refrenar la inflación y mejorar la calificación de riesgo-país. La mayoría de países latinoamericanos cuentan ya con estos marcos regulatorios; Guatemala es el único país centroamericano sin reglas fiscales explícitas.

Es fundamental que el nuevo gobierno y el Congreso entrante trabajen conjuntamente para establecer reglas que pongan límites al crecimiento del déficit y de la deuda pública (ajustadas por el ciclo económico), que restrinjan el gasto corriente y promuevan el gasto en infraestructura, y que velen porque la recaudación sea suficiente pero que no ahogue a los contribuyentes. No es necesario inventar el agua azucarada: basta con ver las leyes que sobre la materia se están aplicando exitosamente alrededor del mundo como parte de la adopción de una cultura de responsabilidad fiscal.

De lo contrario, si no se adopta un marco coherente de reglas fiscales, es muy posible que las finanzas públicas nacionales se sigan deteriorando en medio de sus rigideces estructurales (que hacen que actualmente el 85 por ciento del gasto público esté ya inflexiblemente pre-destinado para fines específicos) y de sus agujeros negros (como el gigantesco déficit del sistema de jubilaciones de los burócratas) que, de no corregirse, podrían llevarlas al colapso.

El Presupuesto de Ubico

El presupuesto de 2020 implicaría un gasto de poco más de Q17 mil (de los quetzales de 1932) por habitante

Hace algunos días un amigo me hizo llegar un interesantísimo documento histórico, muy oportuno en la actual coyuntura de las finanzas públicas nacionales. Se trata del escuetísimo proyecto de presupuesto de gastos del Estado de uno de los primeros años del gobierno de Jorge Ubico. El escueto decreto gubernativo, de apenas 9 artículos, propone los principales rubros de gasto de la hacienda pública autorizados por Ubico para para el periodo anual 1931-1932, su segundo año de gobierno. Ese presupuesto anual del Estado ascendió a Q12.3 millones de quetzales (cifra que contrasta con los Q91 mil millones presupuestados para 2020).

Ahora bien, cabe recordar que los convulsos años comprendidos entre 1920 y 1931 fueron políticamente críticos para la economía nacional, enfrentada al desplome de las exportaciones, la destrucción de la base fiscal, y el agobio de su deuda pública. Se dice que cuando Ubico llegó al poder el saldo de la Tesorería era de US$27. Con tan difícil situación el país estaba desesperadamente buscando al caudillo mesiánico que resolviera la crisis: ecce Ubico. La crisis bancaria de 1931 y su manejo austero del presupuesto fueron las claves de su gestión.

El presupuesto de 1932, planteó gastar el 13.7% del gasto en educación, el 24.7% en seguridad ciudadana, el 12.7% en gasto social (clientelar) y agrícola, y un 5.9% en gastos de funcionamiento de los tres poderes del estado. En adición, se vio obligado a reservar el 27.6% para las contingencias del pago de la deuda pública. ¿Cómo se compara eso con el presupuesto planteado (no aprobado) para 2020? Aquí, el gasto en educación supera el 19% (principalmente por aumentos salariales a los maestros), un 6.7% se irá a seguridad ciudadana, un 33.7% al gasto social (clientelar), y un 6% para gastos de funcionamiento; el pago de la deuda pública (gracias al pago de la Deuda Ingresa en 1944) se ha reducido a un 16%. Los gastos de inversión de Ubico (en plena austeridad) ascendían a 11.4%, mientras que los presupuestados para 2020 son de 17.2%.

Por supuesto que hay un factor de inflación que debe tomarse en cuanta para hacer comparaciones válidas entre las cifras de 2032 y las de 2020. Aunque hubo poca inflación durante la dictadura ubiquista, a partir de los años 50 nuestro país empezó a sufrir episodios inflacionarios. Se estima que, de forma acumulada, la inflación superaría los 25,500%. Eso quiere decir que algo que costaba Q1 en 1932, hoy costaría más de Q24 miles. En otras palabras, el presupuesto de gasto del gobierno de Ubico en 1932 de Q12.3 millones podría comprar bienes y servicios por Q3,3023 millones en 2020, cifra infinitamente menor al presupuesto de Q91 mil millones se estaba recetando el actual Ejecutivo en su proyecto para le siguiente año.

Incluso si se le calcula el gasto público per-cápita, el presupuesto en 1932 implicaría un gasto de unos Q 4 (de los de 1932) por cada guatemalteco. El presupuesto de 2020 implicaría un gasto de poco más de Q17 mil (de los quetzales de 1932) por habitante. Ciertamente, Ubico fue un gobernante extremadamente austero (se dice que su exhaustiva austeridad fue uno de las razones de su colapso), pero no puede dejar de pensarse que, seguramente, existen espacios para aplicar medidas drásticas de austeridad en nuestro despilfarrador aparato estatal.

Nueva Oportunidad de Reforma Electoral

El esfuerzo de reforma debería articularse en torno a la solución de las tres debilidades estructurales de nuestro sistema.

El Tribunal Supremo Electoral –TSE-, pese a la enorme pérdida de credibilidad sufrida durante el recién concluido proceso electoral, está obligado por ley a emprender un proceso de reforma del sistema electoral y de partidos políticos y, para el efecto, ha convocado a un diálogo a la sociedad civil y los propios partidos. Debemos aspirar a que esta vez la reforma electoral no sea un esfuerzo fútil y frustrado como el de 2016. Aquella reforma fue una desordenada colección de ocurrencias, parches y cambios aislados que careció de un hilo conductor que la estructurara.

El resultado fue una ley reformada plagada de lagunas, de ambigüedades y de disposiciones arbitrarias o inaplicables sobre temas tan cruciales como en qué consiste la campaña electoral, cómo se define y limita la propaganda, cómo se efectúan y registra los aportes ciudadanos (financieros y en especie) a los partidos políticos, cómo y quién regula la inscripción de candidatos, y un largo etcétera. El accidentado proceso electoral –que solo por una gran dosis de fortuna concluyó sin mayores contratiempos- puso en evidencia la enorme debilidad funcional del TSE y la necesidad no solo de corregir las evidentes falencias de la reforma de 2016, sino de aprovechar esta nueva oportunidad para reformar integralmente el sistema. 

Para no repetir los errores del proceso anterior, el esfuerzo de reforma debería articularse en torno a la solución de las tres debilidades estructurales de nuestro sistema. La primera, su falta de legitimidad y excesivos obstáculos para participar (según diversas encuestas, el Congreso de la República y los partidos políticos son las instituciones que menos confianza generan en la población). La segunda, su falta de representatividad, con un electorado que abiertamente manifiesta no sentirse identificado con (y hasta ignorar quiénes son) sus representantes. Y la tercera, la debilidad institucional, con un TSE cada día menos supremo y con complejas responsabilidades a enfrentar con escasos recursos e inadecuados procedimientos (incluso para elegir a los magistrados).

Los méritos de cualquier propuesta de cambio a la Ley Electoral deberían evaluarse en función de cuánto contribuyan a solucionar esas tres debilidades. Esto es válido tanto para las propuestas que surjan con el fin de corregir los múltiples desatinos de la reforma de 2016, como para aquellas propuestas orientadas a reformar más integralmente el sistema electoral y de partidos políticos, incluyendo aquellas que favorezcan la participación de nuevos y diversos movimientos políticos (lo cual acrecentaría la legitimidad del sistema), que permitan elegir directamente y por nombre –no por listado- a los diputados (lo que mejoraría la representatividad) y que modernicen los procesos de elección y de gobernanza de los magistrados del TSE (lo que fortalecería la institucionalidad).

Lo ideal sería que el proceso de reformas no lo coordinara un TSE tan débil y deslegitimado como el actual pero, por mandato legal, no queda más remedio que empezar el proceso de discusión bajo su guía. Ojalá que los nuevos magistrados que han de ser electos el próximo año puedan culminar el proceso ejerciendo un liderazgo más estratégico, visionario y efectivo que evite que esta nueva oportunidad de hacer una reforma integral sea, otra vez, una oportunidad desperdiciada.

Nuestra Enfermedad Holandesa

“Enfermedad holandesa" es un término que los economistas usaronpor primera vez en1977 para describir el impacto que tuvo una bonanza de gas del Mar del Norte sobre la economía de los Países Bajos. Esta enfermedad implica que un auge de las exportaciones de productos primarios hace que aumente el valor de la moneda local(es decir, se aprecia) lo que, a su vez, hace que otras partes de la economía (el resto de las exportaciones y, de hecho, todo el aparato productivo) se vuelvan menos competitivas, lo que lleva a un déficit externo y a una dependencia aún mayor de los bienesprimarios.

Guatemala está padeciendo desde hace tiempo su particular enfermedad holandesa, aunque de una cepa distinta: nuestro principal producto de exportación-en pleno auge- no es un bien primario, sino que, desafortunadamente,son los migrantes chapines que desde los Estados Unidos envían un flujo de remesas tan grande que, por sí solo, excede el monto de todo el déficit comercial del país con el exterior.

Como toda enfermedad exótica, el remedio para la enfermedad holandesa no puede ser convencional. ¿Qué medidas han aplicado otros países infectados por este tipo de trastorno? Los casos exitosos han optado por comprar las divisas excedentes generadas por el flujo extraordinario de exportaciones, acumularlas en fondos soberanos (o fondos de estabilización), e invertir los rendimientos de dichos fondos en diversificar la producción nacional (en previsión del día fatal en que cese el flujo extraordinario de divisas).

Bien harían las autoridades económicas guatemaltecas en evaluar ese tipo de medidas para mitigar los efectos de nuestra particular enfermedad holandesa. El banco central podría, por ejemplo, establecer un tramo específico de las reservas monetarias internacionales para alimentarlo mediante la compra (utilizando una regla explícita)de las divisas  que atiborran el mercado cambiario por los flujos de dólares que (principalmente por remesas) ingresan al país; y, ese tramo de reservas debería invertirlo en valores de alto rendimiento que generen flujos al estado para convertirlos en inversiones que diversifiquen la capacidad productiva del país.

Quizá surja la duda de si tal política sería compatible con el esquema de metas de inflación que hasta ahora, y con un notable grado de éxito, ha venido aplicando el banco central para mantener la estabilidad macroeconómica. Me parece que, si el remedio contra la enfermedad holandesa se aplica de forma temporal, explícita y reglada, puede ser totalmente compatible con las metas de inflación. Y lo será más si se aplica como parte de una política macroeconómica integral que incluya una perspectiva macroprudencial, es decir, de sostenibilidad de los sistemas productivo y financiero del país. Al respecto, hay que recordar que uno de los riesgos de la pérdida de competitividad ocasionada por la enfermedad holandesa es que las empresas afectadas se vean imposibilitadas de pagar sus deudas (préstamos obtenidos), con el consiguiente deterioro de la cartera bancaria y la amenaza que ello pueda generar para la estabilidad de toda la economía. Esta debe ser, evidentemente, otra razón de peso para que se tomen medidas prudenciales, coherentes e integrales desde la Junta Monetaria.

No Hay que Espantar la Inversión

Para no espantar la inversión es necesario que el estado mantenga una serie de condiciones fundamentales que den confianza a los inversionistas.

A nivel macroeconómico, la inversión es aquella parte de la producción nacional que no es consumida ni ahorrada, por lo que se traduce en la adquisición –por parte de los particulares y del gobierno- de activos productivos, tales como maquinaria, edificios, vehículos y carreteras, que resultan esenciales para que dicha producción se sostenga y aumente en el tiempo. Cuando la inversión en un país aumenta, crece la cantidad de bienes de capital (productivos) disponible por habitante y con ello se incrementa la producción y los ingresos por persona. Fomentar la inversión debería ser, entonces, una prioridad de las políticas públicas.

Aún con mayor razón deberían los tres poderes del Estado esforzarse en atraer la inversión ahora que la incertidumbre se cierne sobre el entorno económico internacional que, ante las menores tasas de retorno, los incentivos y medidas proteccionistas aplicados por los gobiernos de algunos países industrializados, y los vaivenes de la guerra comerciales sino-estadounidense, proyecta una reducción en los flujos de inversión hacia países en desarrollo como Guatemala. De hecho, nuestro país es de los que menos inversión hace en todo el mundo, tanto por parte de los agentes económicos nacionales (empresas y gobierno, que apenas invierten menos del equivalente al 15% del PIB), como de los extranjeros (cuya inversión directa no supera el 1% del PIB).

Para no espantar la inversión es necesario que el estado mantenga una serie de condiciones fundamentales que den confianza a los inversionistas. Algunas de estas condiciones, las de carácter macroeconómico, parecen estar presentes en Guatemala: inflación bajo control, niveles relativamente bajos de pasivos en moneda extranjera, un régimen coherente de política monetaria y un déficit fiscal tolerable. Estas son condiciones que las autoridades monetarias y fiscales deben preservar. Pero hay otras condiciones, más de carácter institucional, cuya ausencia explica las razones verdaderas por las cuales nuestro país es tan poco atractivo para la inversión.

La debilidad institucional impide que exista y se respete una política pública para el tratamiento de la inversión extranjera; las escasas obras públicas que se construyen carecen de la calidad y la magnitud que el país requiere; y, el necesario marco reglamentario e institucional para regular las consultas a las comunidades indígenas brilla por su ausencia. Y en el Congreso, en vez de avanzar con la aprobación de leyes como la de estabilidad jurídica para las inversiones, la de infraestructura vial, la de insolvencias o la de arrendamiento financiero –que darían un marco de certeza económica-, tiran a la basura el primer proyecto de alianza público-privada que conoce el Pleno (en vez de corregirlo, que era lo que correspondía hacer si le habían encontrado debilidades).

Pareciera que, hoy por hoy, las prioridades en materia de apoyo a la inversión no están nada claras. Mientras tanto, los inversores no tendrán más opción que adoptar una actitud de mucha precaución y pospondrán sus decisiones hasta que exista una mayor claridad sobre las políticas respecto de la inversión que adoptará el gobierno entrante a partir de enero.

Para Acabar con las Mafias Transnacionales

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización

El crimen organizado genera millones de dólares y desestabiliza gobiernos. El tráfico de drogas y el de personas prevalecen en el Triángulo Norte de Centroamérica y preocupan al gobierno de los Estados Unidos no solo porque son perversos, sino porque fomentan otros crímenes como el financiamiento del terrorismo, la corrupción gubernamental, las extorsiones y el sicariato. ¿Cómo luchar contra estos delitos que amenazan la estabilidad regional y sus democracias?

Las políticas de prohibición absoluta (del comercio y consumo de drogas o del libre tránsito de personas) han sido la respuesta favorita de los gobiernos, pese a que han sido un fracaso. Resulta difícil entender por qué no se han buscado políticas alternativas para combatir la criminalidad organizada. Por ejemplo, la legalización –parcial- de estos mercados prohibidos para que sea el estado quien ofrezca legalmente lo que ahora solo ofrecen las redes mafiosas, de manera que los precios sean lo suficientemente bajos como para expulsar a los traficantes del mercado.

La economista Emmanuelle Aruriol (de la Universidad de Touluse), por ejemplo, propone en su premiada obra Para Terminar con las Mafias algunas soluciones novedosas: opuesta a la visión prevaleciente que hace de la prohibición la única solución para erradicar estos mercados, plantea que las políticas públicas que combinen la legalización, la represión y la educación tendrían mejores resultados -económicos o sociales- y limitarían considerablemente las actividades criminales.

Los países pequeños como Guatemala deberían unirse (entre sí y con otros países más grandes, como México) para proponer a los Estados Unidos la conveniencia común de replantear las políticas contra el crimen organizado. La prohibición del alcohol en los años treinta o la “guerra contra las drogas” de los años ochenta solo crearon una economía paralela que desvió los recursos públicos hacia le represión y los alejó de la prevención y la educación. Su fracaso debe conducir a buscar métodos antinarcóticos más efectivos, tal como ahora mismo se está haciendo con mercado de la mariguana (regulándolo para desplazar a los narcotraficantes mediante una oferta legal supervisada por el Estado).

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización de quienes solo buscan escapar de la desesperación económica. Auriol propone, por ejemplo, la venta de visas. Pero no a los más ricos (como actualmente  hace el gobierno estadounidense), sino subastándolas a las numerosas empresas que necesitan de la mano de obra de los migrantes. Esa venta de visas haría que la llegada de inmigrantes fuera más aceptable para los propios estadounidenses, porque transparentaría la contribución que aquellos hacen a la economía de su país.

Políticas como estas deberían incluirse en las discusiones regionales y bilaterales con los Estados Unidos. En el caso de las drogas, pareciera estar surgiendo un consenso respecto a la despenalización gradual. Con respecto a los migrantes, será más difícil explicar a los electores gringos y a sus  políticos –con su limitado conocimiento de la economía de la inmigración- que sus empresas los necesitan. Pero es una batalla que debe pelearse confiando en que, al final, la razón prevalecerá.