Política Fiscal Sin Disciplina

La mayoría de países latinoamericanos cuentan ya con estos marcos regulatorios; Guatemala es el único país centroamericano sin reglas fiscales explícitas.

La conducción de la macroeconomía de cualquier país depende, fundamentalmente, de dos palancas: la política fiscal y la política monetaria. Esta última, en Guatemala, está detalladamente regulada mediante las normas (constitucionales, legales y reglamentarias) que rigen las actuaciones del banco central y su Junta Monetaria, en las que se establecen sus objetivos, metas, instrumentos y parámetros de operación. En contraste, la política fiscal guatemalteca navega a la deriva. Su principal marco regulatorio, la Ley Orgánica de Presupuesto, no solo es meramente operativa (es decir, no es de naturaleza estratégica), sino que es reiteradamente irrespetada cada año durante el proceso de aprobación presupuestaria.

La no aprobación, por parte del Congreso, de un presupuesto estatal para 2020 es solo la muestra más reciente de la improvisación y falta de disciplina que prevalece en la política fiscal guatemalteca. La ausencia de reglas claras y de visión de largo plazo en lo fiscal pone en riesgo de sostenibilidad a unas finanzas públicas que quedan a merced de la discrecionalidad y caprichos de las autoridades. Esa indisciplina impide enviar señales a los mercados acerca de las preferencias, prioridades y estrategias de gobierno. Y todo ello implica una enorme falta de credibilidad en la conducción macroeconómica del país y, por ende, en un aumento en el riesgo que evalúan los mercados financieros.

Para evitar estas incertidumbres y limitar el peligro de que los gobiernos incurran en indisciplina fiscal (por razones, por ejemplo, de comprar votos en años electorales a cambio de un aumento excesivo del gasto), cada vez más países han adoptado marcos legales con reglas fiscales que han demostrado ser efectivos para contener los déficits, evitar la insostenibilidad de la deuda, refrenar la inflación y mejorar la calificación de riesgo-país. La mayoría de países latinoamericanos cuentan ya con estos marcos regulatorios; Guatemala es el único país centroamericano sin reglas fiscales explícitas.

Es fundamental que el nuevo gobierno y el Congreso entrante trabajen conjuntamente para establecer reglas que pongan límites al crecimiento del déficit y de la deuda pública (ajustadas por el ciclo económico), que restrinjan el gasto corriente y promuevan el gasto en infraestructura, y que velen porque la recaudación sea suficiente pero que no ahogue a los contribuyentes. No es necesario inventar el agua azucarada: basta con ver las leyes que sobre la materia se están aplicando exitosamente alrededor del mundo como parte de la adopción de una cultura de responsabilidad fiscal.

De lo contrario, si no se adopta un marco coherente de reglas fiscales, es muy posible que las finanzas públicas nacionales se sigan deteriorando en medio de sus rigideces estructurales (que hacen que actualmente el 85 por ciento del gasto público esté ya inflexiblemente pre-destinado para fines específicos) y de sus agujeros negros (como el gigantesco déficit del sistema de jubilaciones de los burócratas) que, de no corregirse, podrían llevarlas al colapso.