Acerca de la Política Macroeconómica

Guatemala no cuenta con una política económica integral. Antes de afirmar que la política macroeconómica "está agotada", habría que evaluar si en realidad tan siquiera se han intentado aplicar las medidas convencionales en este campo.

En las últimas semanas se han publicado opiniones respecto de las políticas macroeconómicas en el país y alguna de ellas ha llegado incluso a afirmar que dicha política “se agotó”. En gran medida esas opiniones parecen centrarse en la política monetaria o en la política cambiaria, pasando por alto el resto de componentes de la política macroeconómica –que es mucho más amplia-, con lo que parecen confundir el todo con las partes.

La política macroeconómica es un conjunto de reglas y regulaciones del gobierno para controlar, influir o estimular los indicadores económicos agregados, entre los que se incluyen la tasa de crecimiento de la producción, el ingreso nacional, la oferta de dinero, la inflación, la tasa de empleo, la tasa de interés, el tipo de cambio y muchos otros. Es, pues, un conjunto de políticas (como la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, la política de manejo de la deuda, la política industrial, y las políticas regulatorias e institucionales) que persiguen objetivos macro.

En Guatemala, la política monetaria, cambiaria y crediticia parece ser la que más atención atrae (quizá porque es la única que tiene una gobernanza específica, una ley orgánica, y una política explícita que se hace pública y a la cual se le da seguimiento sistemático) y, desde hace varios años, está centrada en propiciar las condiciones de estabilidad que más favorezcan el buen desempeños de la economía nacional y, como se indicó, es solamente una parte de la política macroeconómica. Sobre ella espero ampliar en una próxima entrega.

El resto de políticas macro, lejos de constituir un esquema agotado, son herramientas que el Estado de Guatemala no ha sabido, querido o podido utilizar y que, en la práctica, casi nunca se han aplicado. Esto incluye la política fiscal que, en teoría, debería consistir en el manejo de los gastos y de los ingresos del gobierno para propiciar el crecimiento sostenible de la economía. En realidad, nuestra política fiscal ha estado operando en “modo sobrevivencia” desde hace muchos años.

Lejos de utilizar el presupuesto como una herramienta para favorecer el crecimiento económico (lo que podría hacerse priorizando los gastos en educación, salud, seguridad e infraestructura), la política fiscal guatemalteca de los últimos quince años se ha dedicado a desperdiciar recursos en programas clientelares e ineficientes (bolsas de alimentos, transferencias de dinero arbitrariamente otorgadas, subsidios obscuros al transporte, repartición de fertilizantes, aportes sin propósito para las municipalidades o el deporte, y un largo etcétera). La política fiscal no está agotada, está desnaturalizada.

Tampoco han avanzado en los últimos años las políticas que –como una política comercial de integración centroamericana o una política de promoción de la competencia- podrían contribuir a mejorar la eficiencia de la economía y, con ello, la productividad nacional. Y, por si lo anterior fuera poco, se han producido terribles retrocesos en el funcionamiento de las instituciones que son fundamentales para el buen desempeño de los mercados y de la productividad, tal como las encargadas de administrar la justicia, de solucionar conflictos, de regular los mercados, o de garantizar los derechos de propiedad.

De manera que no es que la política macroeconómica esté agotada, sino que no ha existido o, al menos, no se ha estructurado para fortalecer el capital humano (salud y educación), brindar seguridad jurídica, propiciar la inversión, generar infraestructura ni mejorar la productividad sistémica. Esta ausencia de política macroeconómica incide en que nuestra economía no crezca y la pobreza no se reduzca.

¿Hay Acceso a los Servicios Financieros?

Para mejorar el acceso de la población a los servicios del sistema financiero (aumentar la profundización financiera) es necesario aplicar reformas legales e institucionales, tales como el fortalecimiento del Registro de Garantías Mobiliarias, una ley que regule las quiebras e insolvencias, y un marco regulatorio que incentive la operación de los burós de crédito y el acceso a la información que estos proveen¿

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la conferencia Centroamérica al Día (de COPADES) que tuvo lugar la semana pasada, fue que Guatemala es el país de la Región con el menor grado de penetración financiera, cuando esta se mide como el porcentaje que el crédito bancario representa respecto de la producción: el 37% en nuestro país es menor que el 42% en Nicaragua y el 44% en El Salvador, y contrasta aún más con el 58% de Costa Rica, el 60% de Honduras y, por supuesto, el 90% de Panamá.

El tema es importante porque hay una relación entre el grado de profundización financiera de un país y sus niveles de bienestar y progreso material. Así lo demuestran estudios como el del Boston Consulting Group que ha encontrado una estrecha correlación entre su indicador de inclusión financiera (el porcentaje de individuos mayores de 15 años que poseen una cuenta bancaria) y su indicador de desarrollo económico sostenible para un amplio número de países. También existe evidencia empírica de que una mayor profundización financiera contribuye a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

La profundización financiera es multidimensional y, para el caso de Guatemala, no todas son malas noticias. Nuestro país es uno de los que ofrece mayor acceso físico a la infraestructura financiera. Según estudios del Fondo Monetario Internacional, el número de agencias bancarias ha crecido de 18.8 por cada cien mil habitantes en 2004, a 37 en 2014 (el promedio de Latinoamérica ese año fue de 24); además, el número de cajeros automáticos en Guatemala (si bien concentrados en las áreas urbanas del país) fue de 36 por cada cien mil habitantes, superior a los 25 cajeros en promedio latinoamericano, también en 2014.

Lo que hace falta es que ese acceso físico con el que hoy contamos se traduzca en un mayor uso efectivo de los servicios financieros por parte de la población de todos los niveles de ingreso: solo el 60% de las pequeñas y medianas empresas del país maneja cuentas bancarias (el promedio en Latinoamérica es de 92%). Si bien el relativo rezago de la penetración financiera en el país refleja una serie de factores estructurales (bajo nivel de ingreso per cápita, falta de educación financiera, prevalencia del sector informal y débil estado de derecho), mucho puede hacerse desde el gobierno para promover el acceso a los servicios financieros mediante el desarrollo de un marco legal, regulatorio e institucional apropiado y de un ambiente donde la información financiera fluya efectivamente.

Ya se ha avanzado, desde el ámbito regulatorio, en el diseño de una estrategia nacional para la inclusión financiera, la regulación de las microfinanzas y la emisión de normas para las transacciones con dinero móvil, pero aún resta mucho por avanzar en el campo legislativo e institucional. Es importante, por ejemplo, un marco legal (es decir, las leyes y su correcta aplicación) que proteja los derechos de propiedad y los derechos de los acreedores (sin lo cual se desincentiva el crédito y se alienta a los deudores a no pagar).

Otra reforma pendiente es la que fortalezca el (hasta ahora ineficiente) registro de garantías mobiliarias, ya que estas (que incluyen maquinaria y equipo) pueden hacer más accesible el crédito a las pequeñas empresas. También hace falta una ley de insolvencias que permita la salida ordenada del mercado y otorgue oportunidades de recuperación a las empresas en quiebra y a sus acreedores. Finalmente, un ambiente que propicie el flujo de información del mercado crediticio (especialmente mediante al funcionamiento de burós de crédito) resulta fundamental para propiciar una mayor inclusión financiera en el país.

¿Es Viable un Pacto de País?

La lucha contra la impunidad sigue avanzando, y eso está muy bien. Pero si, al mismo tiempo, no hacemos reformas institucionales profunda, el esfuerzo habrá sido en vano. Se necesita urgentemente que los guatemaltecos abracemos una agenda mínima de coyuntura y que surjan los liderazgos que la impulsen

Guatemala está viviendo una compleja transición que, esperemos, nos lleve de un Estado donde imperaba la impunidad y la corrupción, a uno donde impere la ley. Pero, al mismo tiempo, la transición conlleva evidentes incertidumbres que, entre otros efectos, se manifiesta en una parálisis del gasto público y de la inversión privada. Resulta evidente la ausencia de una ruta priorizada para el país, así como el vacío de liderazgos a todo nivel. Sabemos qué queremos destruir, pero no qué queremos construir. En ese contexto, han surgido diversas mesas de diálogo entre ciudadanos notables que, desarticuladamente –hasta ahora-, buscan impulsar algún acuerdo de país.

En los últimos veinte años ha habido diversos intentos de impulsar políticas de Estado a través de procesos conducentes a un gran pacto o acuerdo nacional, con escaso grado de éxito (como los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal, la Agenda Nacional Compartida o el Plan Visión de País). El factor común de estos esfuerzos es que ninguno ha logrado manifestarse en una agenda de políticas de estado que haya sido implementada exitosamente.

Hoy sigue siendo válida la idea de convocar a un acuerdo de nación que promueva la concertación de intereses específicos. La construcción de un pacto requiere que se identifiquen con precisión tres elementos clave: una agenda de consenso, los impulsores-facilitadores del proceso, y sus ejecutores. Definir el primer elemento (la agenda) no debería ser muy complejo si se enfoca en aquellos temas en los que ya se percibe consenso entre diversas fuerzas sociales del país y en los que existen propuestas avanzadas.

Dicha agenda de coyuntura debe incluir reformas institucionales tan cruciales como la del sistema electoral, la del sector justicia, la del servicio civil y la de los sistemas de compras del gobierno y de fiscalización del gasto público. También debería incluir algunos temas básicos de la política social que focalicen las políticas públicas –y la mejora de la calidad del gasto gubernamental- en los temas de nutrición, salud, educación, e infraestructura y vivienda.

El segundo elemento del pacto nacional (los impulsores-facilitadores) resulta fundamental para estructurar e impulsar esa agenda consensuada. Lo ideal sería que las distintas mesas de diálogo que han empezado a conformarse se unan en torno a un proyecto de agenda de coyuntura como el esbozado arriba, de manera que las fuerzas impulsoras-facilitadoras pueden incluir a las iglesias, la academia, alguna especie de ciudadanos notables (con reconocimiento y legitimidad social) y, especialmente, la comunidad internacional, la cual ha estado apoyando firmemente la depuración (mediante la persecución penal) del sistema corrupto que nos agobiaba, pero que ha descuidado la necesaria reconstrucción institucional indispensable para un futuro viable como país.

El tercer elemento (los ejecutores) del pacto de país es, quizá, el más difícil de conformar: el gobierno central, los partidos políticos en el Congreso, el sector empresarial y la sociedad civil organizada deberían ser los actores centrales en este tipo de pactos. Desafortunadamente, los partidos políticos han perdido completamente su capacidad de representar al ciudadano y de liderar el debate público. Por ello, el esfuerzo de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad internacional debe redoblarse para posibilitar que el sector político recobre el rumbo y se una constructivamente al esfuerzo de lograr un pacto de nación que nos saque del atolladero. De lo contrario, la destrucción del antiguo régimen solo habrá dado lugar a un vacío de consecuencias inimaginables.

Fomento al Emprendimiento

El principal apoyo que el gobierno puede darle a los emprendedores, es el de propiciar un “campo de juego” adecuado para la innovación y los negocios: certeza jurídica, infraestructura, educación y salud. Y que trate de molestar lo menos posible.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la cumbre de emprendimiento Innovate 2017, en la que tuve el honor de participar como moderador de un panel sobre “el fomento del emprendimiento en Centroamérica”. Los panelistas fueron Boris Lemus (de Guatemala), Félix Maradiaga (Nicaragua), Diana Martínez (Honduras), Sebastián Mendoza (Panamá) y Mario Valle (El Salvador), todos ellos líderes de emprendimiento y de apoyo a emprendedores en sus países.

El fomento del emprendimiento es un tema que necesariamente dirige la atención hacia el rol del Estado. Los economistas tendemos a creer que el Estado juega un papel clave en la promoción de la innovación y el emprendimiento, por medio de intervenciones directas (como la creación de fondos para financiar emprendimientos, o la introducción de deducciones o privilegios tributarios para los emprendedores), o indirectas (invirtiendo en bienes públicos como la investigación, la infraestructura o la capacitación).

La clave es reconocer hasta dónde debe intervenir el Estado y hasta dónde debe dejarse a los emprendedores privados asumir sus riesgos y organizarse para enfrentar los riesgos inherentes a la creación de nuevas empresas. Conviene reconocer que a veces los gobiernos, por muy bien intencionado que sea su apoyo hacia el emprendimiento, acaban por desperdiciar sus recursos en vanos esfuerzos por intentar que se replique un Valle del Silicón en sus países; ciertamente los emprendedores fracasan con frecuencia, pero sus inversionistas saben que deben detenerse cuando su propio dinero se agota. En contraste, los gobiernos pueden seguir tirando el dinero de los contribuyentes.

Una forma de minimizar el riesgo de que los gobiernos apliquen políticas públicas de fomento al emprendimiento que resulten, a la larga, contraproducentes, es identificar cuáles son los cuellos de botella que más afectan a los potenciales emprendedores. En el panel surgió que los principales obstáculos al emprendimiento en la región centroamericana se relacionan con la calidad de la mano de obra, la inseguridad física y jurídica, la falta de mentores que acompañen los emprendimientos, la escasez de proyectos de escala, y la falta de financiamiento.

Los panelistas concluyeron, a partir de su experiencia en sus propios países y su conocimiento de experiencias diversas en la región, que la mejor forma en que el Estado puede fomentar el emprendimiento es a través de la provisión de los servicios básicos que habilitan la innovación, la apertura y la gestión de negocios nuevos: inversión en capital humano (educación y salud), generación de infraestructura de comunicaciones, y oferta de instituciones públicas eficientes que velen por que exista certeza jurídica y seguridad ciudadana. Un Estado bien administrado es una parte vital para un sistema de innovación y emprendimiento exitoso. En ese contexto, los programas de fomento más específicos (como los fondos de financiamiento o los centros de entrenamiento para emprendedores) resultan solo complementarios y secundarios.

Aunque ahora es frecuente idealizar a los emprendedores (como si todos fuesen genios tipo Bill Gates o Mark Zuckerberg), en la práctica son atrevidos seres que arriesgan su patrimonio, su estabilidad familiar y su propia salud en la persecución de un sueño de negocios (más de la mitad de los emprendimientos no logran sobrevivir a su primer año de operaciones). No cualquiera está llamando a ser emprendedor.  Es de justicia que el Estado les brinde apoyo y respeto a estas personas que ponen sus vidas en la línea de fuego para construir, de la nada, algo útil y productivo para la sociedad.

El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

Intereses Comunes

La situación en Guatemala representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, quien plantea una agenda al respecto. Podemos –con soberbia patriótica- resistirnos a ella, o podemos –con pragmatismo visionario- aprovecharla para impulsar nuestra propia agenda de reformas y desarrollo.

Guatemala está muy cerca, a un país de por medio, de la potencia militar y económica más grande del mundo. Excepto en 1954, Guatemala nunca había estado entre las prioridades principales de la política exterior de los Estados Unidos (ni siquiera durante nuestra cruenta guerra civil). Pero ahora, con su seguridad nacional amenazada por el terrorismo internacional, el gobierno estadounidense ve en la combinación tóxica de narcotráfico, flujo masivo de migrantes menores de edad y ausencia de Estado en muchas regiones de nuestro territorio una grave amenaza que nos ubica, desde hace un par de años - junto con El Salvador y Honduras-, entre las prioridades más significativas de su agenda exterior

En ese contexto, resultan muy relevantes las prioridades que el nominado embajador estadounidense para Guatemala, Luis Arreaga, esbozó durante su audiencia ante el comité senatorial de Relaciones Exteriores de su país. La declaración del embajador, que enfatizó el hecho de que las fuertes relaciones entre nuestros países se basan en la existencia de intereses comunes, revelan con claridad la orientación de la política de la nación más poderosa del planeta respecto de Guatemala.

Ante la realidad geopolítica en la que se enmarcan esas declaraciones, los guatemaltecos tenemos dos caminos; o nos resistimos (con la excusa de defender la soberanía nacional) a tomar en cuenta seriamente las preocupaciones del gobierno estadounidense (lo cual equivaldría a  aislarnos de la comunidad internacional), o encontramos la manera de combinar los intereses comunes de ambos países para impulsar una agenda de políticas y reformas que (diseñada, con dignidad, por nosotros mismos, pero respaldada por la comunidad internacional) pueda ser viable para propiciar el desarrollo nacional.

Los tres objetivos básicos de la política estadounidense hacia Guatemala, según la declaración de Arreaga, pasan, en primer lugar, por promover la seguridad ciudadana y, complementariamente, por promover el buen gobierno (gobernanza) y la prosperidad económica en nuestro país,

Para fortalecer la seguridad nacional, la visión de Estados Unidos enfatiza el combate al narcotráfico y al crimen organizado (incluyendo las pandillas), la cooperación bilateral en inteligencia estratégica, y el control de las fronteras. Complementariamente, los estadounidenses ven el área de fortalecimiento de la gobernanza como una búsqueda  del imperio de la ley, de la transparencia y rendición de cuentas, y del combate a la corrupción.

Para Guatemala, los intereses estadounidenses en estas dos áreas son absolutamente compatibles con nuestro interés de lograr un conjunto de reformas institucionales fundamentales para que exista certeza jurídica y prevalezca el Estado de Derecho, que incluyen reformas al sistema de justicia, al sistema electoral, al  servicio civil, a las compras y contrataciones del estado, y a la Contraloría de Cuentas. Ya existen propuestas avanzadas para todas estas reformas, pero ha faltado visión y voluntad de los líderes políticos para impulsarlas.

En el área de promoción de la prosperidad, el gobierno estadounidense ve que, además de mejorar la seguridad y la gobernanza, debe promoverse la inversión, el comercio, la educación y el clima de negocios. Este enfoque coincide con el interés guatemalteco de focalizar el presupuesto del Estado hacia el gasto en infraestructura, educación, nutrición y salud, mejorando significativamente la eficacia de dicho gasto. También en esta área ha faltado la visión y voluntad políticas para impulsar las reformas necesarias. Quizá los intereses comunes con Estados Unidos puedan ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer.

La Clave Para unas Cortes Idependientes

Nuestras 3 principales cortes (CSJ, CC y TSE) no son independientes y por ello, en gran medida, no son eficientes en proveer una justicia pronta y cumplida. El paso más importante para darles independencia es sustituir el actual sistema de renovación de magistrados (donde se eligen todos al mismo tiempo, lo cual genera incentivos que contaminan y corrompen el proceso), por un sistema de elección escalonada (y de magistrado por magistrado, cada cierto tiempo) como se estila en los países civilizados.

Las tres cortes de justicia más importantes del país tienen graves dificultades para cumplir con su trabajo de impartir justicia de manera pronta y cumplida. La Corte de Constitucionalidad –CC-, ante diversos episodios de vacío político ha caído, cada vez con más frecuencia, en la tentación de emitir resoluciones que parecen exceder el marco puramente jurisdiccional, para incursionar en aspectos legislativos o ejecutivos. Por ejemplo, en su más reciente sentencia relacionada con las consultas a las comunidades indígenas, la CC trata de salir del laberinto en que la propia CC sumió al país con sus sentencias anteriores sobre este tema, y se atreve a dar lineamientos que cuasi legislan dichas consultas y conmina al Congreso para emitir una ley sobre la materia.

La Corte Suprema de Justicia –CSJ-, por su parte, muestra síntomas aún más graves: con alguno de sus miembros sujetos a enjuiciamiento y con severas dudas sobre su idoneidad, preside un sistema de justicia evidentemente ineficaz e inaccesible a la ciudadanía. Su reciente y muy polémica resolución de amparo que suspende las operaciones de la minera San Rafael, bajo pretexto de proteger a comunidades indígenas –que se dice no existen en el área afectada-, ha afectado seriamente la actividad económica y generado desempleo en el municipio afectado.

Y, finalmente, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, luego de mostrar una inusual valentía al cancelar el año pasado dos partidos políticos moribundos (el PP y el Líder), este año ha estado agonizando y dubitativo sobre la suerte de otros dos partidos, bastante más vivos (el FCN y la UNE), a quienes resolvió castigar sus infracciones con una multa que algunos expertos califican de timoratas. El resultado de todo esto es un grave deterioro de la certeza jurídica y del clima de inversión en el país.

Hay un factor común a la CC, la CSJ y al TSE que explica en gran medida su insatisfactorio desempeño: su falta de independencia. Y la principal causa de esta falta de independencia radica en la manera en que se integran y renuevan los tres plenos de magistrados. Tenemos el peor sistema posible cuando los plenos de estos altos tribunales se renuevan totalmente y a cada cierto tiempo de muy corta duración. Esto genera los incentivos más perversos para que los grupos de interés (incluyendo las mafias) centren todos sus esfuerzos en cooptar y corromper los procesos de elección de magistrados.

En los países civilizados, la renovación de los más altos tribunales se realiza escalonadamente; el periodo de duración del mandato de los magistrados es relativamente largo y cada nuevo magistrado se elige individualmente. Esto le otorga no solo estabilidad y continuidad a la gestión de dichos tribunales (lo que los hace más eficientes), sino que aísla los procesos de renovación de las cortes dificultando que estos sean contaminados y cooptados por las mafias y los grupos de interés.

Si una reforma al sector justicia es crucial y urgente en Guatemala, es aquella que asegure una efectiva independencia de jueces y magistrados lo cual implica, necesariamente, reformar la Constitución (en el caso de la CC y de la CSJ) y la Ley Electoral (en el caso del TSE) para que la elección y renovación de los plenos de magistrados se haga de manera escalonada (preferiblemente de forma individual). Solo así se podrá tener magistrados que impartan justicia con independencia absoluta respecto de los otros poderes del estado y, especialmente, respecto de los grupos de interés económico (especialmente de las mafias) o ideológico (especialmente de los partidos políticos), lo cual es crucial para generar certeza jurídica, bienestar y progreso en el país.