¿Es Viable un Pacto de País?

La lucha contra la impunidad sigue avanzando, y eso está muy bien. Pero si, al mismo tiempo, no hacemos reformas institucionales profunda, el esfuerzo habrá sido en vano. Se necesita urgentemente que los guatemaltecos abracemos una agenda mínima de coyuntura y que surjan los liderazgos que la impulsen

Guatemala está viviendo una compleja transición que, esperemos, nos lleve de un Estado donde imperaba la impunidad y la corrupción, a uno donde impere la ley. Pero, al mismo tiempo, la transición conlleva evidentes incertidumbres que, entre otros efectos, se manifiesta en una parálisis del gasto público y de la inversión privada. Resulta evidente la ausencia de una ruta priorizada para el país, así como el vacío de liderazgos a todo nivel. Sabemos qué queremos destruir, pero no qué queremos construir. En ese contexto, han surgido diversas mesas de diálogo entre ciudadanos notables que, desarticuladamente –hasta ahora-, buscan impulsar algún acuerdo de país.

En los últimos veinte años ha habido diversos intentos de impulsar políticas de Estado a través de procesos conducentes a un gran pacto o acuerdo nacional, con escaso grado de éxito (como los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal, la Agenda Nacional Compartida o el Plan Visión de País). El factor común de estos esfuerzos es que ninguno ha logrado manifestarse en una agenda de políticas de estado que haya sido implementada exitosamente.

Hoy sigue siendo válida la idea de convocar a un acuerdo de nación que promueva la concertación de intereses específicos. La construcción de un pacto requiere que se identifiquen con precisión tres elementos clave: una agenda de consenso, los impulsores-facilitadores del proceso, y sus ejecutores. Definir el primer elemento (la agenda) no debería ser muy complejo si se enfoca en aquellos temas en los que ya se percibe consenso entre diversas fuerzas sociales del país y en los que existen propuestas avanzadas.

Dicha agenda de coyuntura debe incluir reformas institucionales tan cruciales como la del sistema electoral, la del sector justicia, la del servicio civil y la de los sistemas de compras del gobierno y de fiscalización del gasto público. También debería incluir algunos temas básicos de la política social que focalicen las políticas públicas –y la mejora de la calidad del gasto gubernamental- en los temas de nutrición, salud, educación, e infraestructura y vivienda.

El segundo elemento del pacto nacional (los impulsores-facilitadores) resulta fundamental para estructurar e impulsar esa agenda consensuada. Lo ideal sería que las distintas mesas de diálogo que han empezado a conformarse se unan en torno a un proyecto de agenda de coyuntura como el esbozado arriba, de manera que las fuerzas impulsoras-facilitadoras pueden incluir a las iglesias, la academia, alguna especie de ciudadanos notables (con reconocimiento y legitimidad social) y, especialmente, la comunidad internacional, la cual ha estado apoyando firmemente la depuración (mediante la persecución penal) del sistema corrupto que nos agobiaba, pero que ha descuidado la necesaria reconstrucción institucional indispensable para un futuro viable como país.

El tercer elemento (los ejecutores) del pacto de país es, quizá, el más difícil de conformar: el gobierno central, los partidos políticos en el Congreso, el sector empresarial y la sociedad civil organizada deberían ser los actores centrales en este tipo de pactos. Desafortunadamente, los partidos políticos han perdido completamente su capacidad de representar al ciudadano y de liderar el debate público. Por ello, el esfuerzo de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad internacional debe redoblarse para posibilitar que el sector político recobre el rumbo y se una constructivamente al esfuerzo de lograr un pacto de nación que nos saque del atolladero. De lo contrario, la destrucción del antiguo régimen solo habrá dado lugar a un vacío de consecuencias inimaginables.