¿Es Viable un Pacto de País?

La lucha contra la impunidad sigue avanzando, y eso está muy bien. Pero si, al mismo tiempo, no hacemos reformas institucionales profunda, el esfuerzo habrá sido en vano. Se necesita urgentemente que los guatemaltecos abracemos una agenda mínima de coyuntura y que surjan los liderazgos que la impulsen

Guatemala está viviendo una compleja transición que, esperemos, nos lleve de un Estado donde imperaba la impunidad y la corrupción, a uno donde impere la ley. Pero, al mismo tiempo, la transición conlleva evidentes incertidumbres que, entre otros efectos, se manifiesta en una parálisis del gasto público y de la inversión privada. Resulta evidente la ausencia de una ruta priorizada para el país, así como el vacío de liderazgos a todo nivel. Sabemos qué queremos destruir, pero no qué queremos construir. En ese contexto, han surgido diversas mesas de diálogo entre ciudadanos notables que, desarticuladamente –hasta ahora-, buscan impulsar algún acuerdo de país.

En los últimos veinte años ha habido diversos intentos de impulsar políticas de Estado a través de procesos conducentes a un gran pacto o acuerdo nacional, con escaso grado de éxito (como los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal, la Agenda Nacional Compartida o el Plan Visión de País). El factor común de estos esfuerzos es que ninguno ha logrado manifestarse en una agenda de políticas de estado que haya sido implementada exitosamente.

Hoy sigue siendo válida la idea de convocar a un acuerdo de nación que promueva la concertación de intereses específicos. La construcción de un pacto requiere que se identifiquen con precisión tres elementos clave: una agenda de consenso, los impulsores-facilitadores del proceso, y sus ejecutores. Definir el primer elemento (la agenda) no debería ser muy complejo si se enfoca en aquellos temas en los que ya se percibe consenso entre diversas fuerzas sociales del país y en los que existen propuestas avanzadas.

Dicha agenda de coyuntura debe incluir reformas institucionales tan cruciales como la del sistema electoral, la del sector justicia, la del servicio civil y la de los sistemas de compras del gobierno y de fiscalización del gasto público. También debería incluir algunos temas básicos de la política social que focalicen las políticas públicas –y la mejora de la calidad del gasto gubernamental- en los temas de nutrición, salud, educación, e infraestructura y vivienda.

El segundo elemento del pacto nacional (los impulsores-facilitadores) resulta fundamental para estructurar e impulsar esa agenda consensuada. Lo ideal sería que las distintas mesas de diálogo que han empezado a conformarse se unan en torno a un proyecto de agenda de coyuntura como el esbozado arriba, de manera que las fuerzas impulsoras-facilitadoras pueden incluir a las iglesias, la academia, alguna especie de ciudadanos notables (con reconocimiento y legitimidad social) y, especialmente, la comunidad internacional, la cual ha estado apoyando firmemente la depuración (mediante la persecución penal) del sistema corrupto que nos agobiaba, pero que ha descuidado la necesaria reconstrucción institucional indispensable para un futuro viable como país.

El tercer elemento (los ejecutores) del pacto de país es, quizá, el más difícil de conformar: el gobierno central, los partidos políticos en el Congreso, el sector empresarial y la sociedad civil organizada deberían ser los actores centrales en este tipo de pactos. Desafortunadamente, los partidos políticos han perdido completamente su capacidad de representar al ciudadano y de liderar el debate público. Por ello, el esfuerzo de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad internacional debe redoblarse para posibilitar que el sector político recobre el rumbo y se una constructivamente al esfuerzo de lograr un pacto de nación que nos saque del atolladero. De lo contrario, la destrucción del antiguo régimen solo habrá dado lugar a un vacío de consecuencias inimaginables.

Fomento al Emprendimiento

El principal apoyo que el gobierno puede darle a los emprendedores, es el de propiciar un “campo de juego” adecuado para la innovación y los negocios: certeza jurídica, infraestructura, educación y salud. Y que trate de molestar lo menos posible.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la cumbre de emprendimiento Innovate 2017, en la que tuve el honor de participar como moderador de un panel sobre “el fomento del emprendimiento en Centroamérica”. Los panelistas fueron Boris Lemus (de Guatemala), Félix Maradiaga (Nicaragua), Diana Martínez (Honduras), Sebastián Mendoza (Panamá) y Mario Valle (El Salvador), todos ellos líderes de emprendimiento y de apoyo a emprendedores en sus países.

El fomento del emprendimiento es un tema que necesariamente dirige la atención hacia el rol del Estado. Los economistas tendemos a creer que el Estado juega un papel clave en la promoción de la innovación y el emprendimiento, por medio de intervenciones directas (como la creación de fondos para financiar emprendimientos, o la introducción de deducciones o privilegios tributarios para los emprendedores), o indirectas (invirtiendo en bienes públicos como la investigación, la infraestructura o la capacitación).

La clave es reconocer hasta dónde debe intervenir el Estado y hasta dónde debe dejarse a los emprendedores privados asumir sus riesgos y organizarse para enfrentar los riesgos inherentes a la creación de nuevas empresas. Conviene reconocer que a veces los gobiernos, por muy bien intencionado que sea su apoyo hacia el emprendimiento, acaban por desperdiciar sus recursos en vanos esfuerzos por intentar que se replique un Valle del Silicón en sus países; ciertamente los emprendedores fracasan con frecuencia, pero sus inversionistas saben que deben detenerse cuando su propio dinero se agota. En contraste, los gobiernos pueden seguir tirando el dinero de los contribuyentes.

Una forma de minimizar el riesgo de que los gobiernos apliquen políticas públicas de fomento al emprendimiento que resulten, a la larga, contraproducentes, es identificar cuáles son los cuellos de botella que más afectan a los potenciales emprendedores. En el panel surgió que los principales obstáculos al emprendimiento en la región centroamericana se relacionan con la calidad de la mano de obra, la inseguridad física y jurídica, la falta de mentores que acompañen los emprendimientos, la escasez de proyectos de escala, y la falta de financiamiento.

Los panelistas concluyeron, a partir de su experiencia en sus propios países y su conocimiento de experiencias diversas en la región, que la mejor forma en que el Estado puede fomentar el emprendimiento es a través de la provisión de los servicios básicos que habilitan la innovación, la apertura y la gestión de negocios nuevos: inversión en capital humano (educación y salud), generación de infraestructura de comunicaciones, y oferta de instituciones públicas eficientes que velen por que exista certeza jurídica y seguridad ciudadana. Un Estado bien administrado es una parte vital para un sistema de innovación y emprendimiento exitoso. En ese contexto, los programas de fomento más específicos (como los fondos de financiamiento o los centros de entrenamiento para emprendedores) resultan solo complementarios y secundarios.

Aunque ahora es frecuente idealizar a los emprendedores (como si todos fuesen genios tipo Bill Gates o Mark Zuckerberg), en la práctica son atrevidos seres que arriesgan su patrimonio, su estabilidad familiar y su propia salud en la persecución de un sueño de negocios (más de la mitad de los emprendimientos no logran sobrevivir a su primer año de operaciones). No cualquiera está llamando a ser emprendedor.  Es de justicia que el Estado les brinde apoyo y respeto a estas personas que ponen sus vidas en la línea de fuego para construir, de la nada, algo útil y productivo para la sociedad.

El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

Intereses Comunes

La situación en Guatemala representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, quien plantea una agenda al respecto. Podemos –con soberbia patriótica- resistirnos a ella, o podemos –con pragmatismo visionario- aprovecharla para impulsar nuestra propia agenda de reformas y desarrollo.

Guatemala está muy cerca, a un país de por medio, de la potencia militar y económica más grande del mundo. Excepto en 1954, Guatemala nunca había estado entre las prioridades principales de la política exterior de los Estados Unidos (ni siquiera durante nuestra cruenta guerra civil). Pero ahora, con su seguridad nacional amenazada por el terrorismo internacional, el gobierno estadounidense ve en la combinación tóxica de narcotráfico, flujo masivo de migrantes menores de edad y ausencia de Estado en muchas regiones de nuestro territorio una grave amenaza que nos ubica, desde hace un par de años - junto con El Salvador y Honduras-, entre las prioridades más significativas de su agenda exterior

En ese contexto, resultan muy relevantes las prioridades que el nominado embajador estadounidense para Guatemala, Luis Arreaga, esbozó durante su audiencia ante el comité senatorial de Relaciones Exteriores de su país. La declaración del embajador, que enfatizó el hecho de que las fuertes relaciones entre nuestros países se basan en la existencia de intereses comunes, revelan con claridad la orientación de la política de la nación más poderosa del planeta respecto de Guatemala.

Ante la realidad geopolítica en la que se enmarcan esas declaraciones, los guatemaltecos tenemos dos caminos; o nos resistimos (con la excusa de defender la soberanía nacional) a tomar en cuenta seriamente las preocupaciones del gobierno estadounidense (lo cual equivaldría a  aislarnos de la comunidad internacional), o encontramos la manera de combinar los intereses comunes de ambos países para impulsar una agenda de políticas y reformas que (diseñada, con dignidad, por nosotros mismos, pero respaldada por la comunidad internacional) pueda ser viable para propiciar el desarrollo nacional.

Los tres objetivos básicos de la política estadounidense hacia Guatemala, según la declaración de Arreaga, pasan, en primer lugar, por promover la seguridad ciudadana y, complementariamente, por promover el buen gobierno (gobernanza) y la prosperidad económica en nuestro país,

Para fortalecer la seguridad nacional, la visión de Estados Unidos enfatiza el combate al narcotráfico y al crimen organizado (incluyendo las pandillas), la cooperación bilateral en inteligencia estratégica, y el control de las fronteras. Complementariamente, los estadounidenses ven el área de fortalecimiento de la gobernanza como una búsqueda  del imperio de la ley, de la transparencia y rendición de cuentas, y del combate a la corrupción.

Para Guatemala, los intereses estadounidenses en estas dos áreas son absolutamente compatibles con nuestro interés de lograr un conjunto de reformas institucionales fundamentales para que exista certeza jurídica y prevalezca el Estado de Derecho, que incluyen reformas al sistema de justicia, al sistema electoral, al  servicio civil, a las compras y contrataciones del estado, y a la Contraloría de Cuentas. Ya existen propuestas avanzadas para todas estas reformas, pero ha faltado visión y voluntad de los líderes políticos para impulsarlas.

En el área de promoción de la prosperidad, el gobierno estadounidense ve que, además de mejorar la seguridad y la gobernanza, debe promoverse la inversión, el comercio, la educación y el clima de negocios. Este enfoque coincide con el interés guatemalteco de focalizar el presupuesto del Estado hacia el gasto en infraestructura, educación, nutrición y salud, mejorando significativamente la eficacia de dicho gasto. También en esta área ha faltado la visión y voluntad políticas para impulsar las reformas necesarias. Quizá los intereses comunes con Estados Unidos puedan ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer.

La Clave Para unas Cortes Idependientes

Nuestras 3 principales cortes (CSJ, CC y TSE) no son independientes y por ello, en gran medida, no son eficientes en proveer una justicia pronta y cumplida. El paso más importante para darles independencia es sustituir el actual sistema de renovación de magistrados (donde se eligen todos al mismo tiempo, lo cual genera incentivos que contaminan y corrompen el proceso), por un sistema de elección escalonada (y de magistrado por magistrado, cada cierto tiempo) como se estila en los países civilizados.

Las tres cortes de justicia más importantes del país tienen graves dificultades para cumplir con su trabajo de impartir justicia de manera pronta y cumplida. La Corte de Constitucionalidad –CC-, ante diversos episodios de vacío político ha caído, cada vez con más frecuencia, en la tentación de emitir resoluciones que parecen exceder el marco puramente jurisdiccional, para incursionar en aspectos legislativos o ejecutivos. Por ejemplo, en su más reciente sentencia relacionada con las consultas a las comunidades indígenas, la CC trata de salir del laberinto en que la propia CC sumió al país con sus sentencias anteriores sobre este tema, y se atreve a dar lineamientos que cuasi legislan dichas consultas y conmina al Congreso para emitir una ley sobre la materia.

La Corte Suprema de Justicia –CSJ-, por su parte, muestra síntomas aún más graves: con alguno de sus miembros sujetos a enjuiciamiento y con severas dudas sobre su idoneidad, preside un sistema de justicia evidentemente ineficaz e inaccesible a la ciudadanía. Su reciente y muy polémica resolución de amparo que suspende las operaciones de la minera San Rafael, bajo pretexto de proteger a comunidades indígenas –que se dice no existen en el área afectada-, ha afectado seriamente la actividad económica y generado desempleo en el municipio afectado.

Y, finalmente, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, luego de mostrar una inusual valentía al cancelar el año pasado dos partidos políticos moribundos (el PP y el Líder), este año ha estado agonizando y dubitativo sobre la suerte de otros dos partidos, bastante más vivos (el FCN y la UNE), a quienes resolvió castigar sus infracciones con una multa que algunos expertos califican de timoratas. El resultado de todo esto es un grave deterioro de la certeza jurídica y del clima de inversión en el país.

Hay un factor común a la CC, la CSJ y al TSE que explica en gran medida su insatisfactorio desempeño: su falta de independencia. Y la principal causa de esta falta de independencia radica en la manera en que se integran y renuevan los tres plenos de magistrados. Tenemos el peor sistema posible cuando los plenos de estos altos tribunales se renuevan totalmente y a cada cierto tiempo de muy corta duración. Esto genera los incentivos más perversos para que los grupos de interés (incluyendo las mafias) centren todos sus esfuerzos en cooptar y corromper los procesos de elección de magistrados.

En los países civilizados, la renovación de los más altos tribunales se realiza escalonadamente; el periodo de duración del mandato de los magistrados es relativamente largo y cada nuevo magistrado se elige individualmente. Esto le otorga no solo estabilidad y continuidad a la gestión de dichos tribunales (lo que los hace más eficientes), sino que aísla los procesos de renovación de las cortes dificultando que estos sean contaminados y cooptados por las mafias y los grupos de interés.

Si una reforma al sector justicia es crucial y urgente en Guatemala, es aquella que asegure una efectiva independencia de jueces y magistrados lo cual implica, necesariamente, reformar la Constitución (en el caso de la CC y de la CSJ) y la Ley Electoral (en el caso del TSE) para que la elección y renovación de los plenos de magistrados se haga de manera escalonada (preferiblemente de forma individual). Solo así se podrá tener magistrados que impartan justicia con independencia absoluta respecto de los otros poderes del estado y, especialmente, respecto de los grupos de interés económico (especialmente de las mafias) o ideológico (especialmente de los partidos políticos), lo cual es crucial para generar certeza jurídica, bienestar y progreso en el país.

¿Se Cierra la Ventada de Oportunidad?

La ventana de oportunidad que se abrió en abril de 2015 para reformar las instituciones gubernamentales y construir las bases para la vigencia de un Estado de Derecho, parece estarse cerrando. Aunque no sería la primera vez que nos sucede, sí sería, de nuevo, una tragedia

En abril de 2015 se abrió una ventana de oportunidad para el futuro de Guatemala. Por primera vez en mucho tiempo el guatemalteco promedio se unió en indignación pacífica en torno a un enemigo común: la insoportable corrupción enquistada en todo el aparato estatal, a la que se identificó -certeramente- como una de las causas principales del retraso económico y social del país.

Acontecimientos como ese -que han ocurrido a través de la historia tanto de Guatemala como en la de otros países- suelen marcar la apertura de un breve periodo extraordinario en el que la sociedad (normalmente conservadora) está más proclive a apoyar cambios profundos en la forma en que opera el Estado. Y tanto en la experiencia nacional como en la de otros lares, resulta evidente que la mejor manera de aprovechar esa ventana de oportunidad es actuar con rapidez impulsando una agenda concreta de reformas en las áreas clave de funcionamiento del Estado.

Por desgracia, como ya ocurrió en otros episodios de nuestra historia (por ejemplo, el Serranazo de 1993, el retorno a la democracia de 1985, o el terremoto de 1976), pareciera que tampoco hemos aprovechado la oportunidad actual: después de la euforia ciudadana de 2015, surgieron una serie de desencuentros que han obstaculizado las reformas, ya sea porque algunos querían reformas rápidas y profundas cuando otros pretendían reformas más graduales, o porque algunos eran más pro-estado mientras que otros eran más pro-mercado. Quizá lo más grave es que nunca hubo un esfuerzo por estructurar una agenda priorizada de reformas, por lo que el resultado del fervor de la plaza fue una serie de improvisaciones y una atomización desestructurada de los escasos e incipientes liderazgos.

La ausencia de tal agenda priorizada ha provocado que los únicos resultados palpables del combate a la corrupción iniciado en 2015 sean los diversos casos de persecución penal (todavía sin concretarse en condenas) y el surgimiento de un celo inédito de algunas autoridades clave (como el Ministerio Público, la SAT y, más recientemente, la Contraloría de Cuentas) en velar por el cumplimiento de la ley. Como este celo es -tristemente- una anomalía en la forma tradicional de operar de las instituciones y de la misma sociedad, se ha producido una extrema precaución (y lentitud) en las operaciones gubernamentales y en las decisiones empresariales, lo cual ha repercutido negativamente en la actividad económica.

Ya algunas personas empiezan a asociar la deceleración de la economía con el combate a la corrupción y a afirmar que “estábamos mejor antes” porque “la economía funcionaba mejor con corrupción”. Esta errada conclusión (la gente suele asociar el costo social del cambio con las reformas mismas) ignora que el posponer las reformas es, a mediano plazo, aún más costoso en términos económicos y sociales. La culpa no es, pues, del combate a la corrupción, sino de la ausencia de una agenda priorizada y de un liderazgo que la aplique.

Una agenda de coyuntura, que disipe la incertidumbre jurídica prevaleciente y oriente las políticas públicas, debería estar clara: reformas al sistema electoral y al sistema de justicia, reformas al servicio civil y a los procesos de compras y contrataciones del gobierno, priorización presupuestaria y eficiencia de los gastos en nutrición infantil, abasto de medicamentos e infraestructura vial. Ya existen avances y propuestas concretas en torno a estos temas. El desafío es superar, por un lado, la sempiterna desconfianza que nos impide a los guatemaltecos ponernos de acuerdo sobre estos elementales temas comunes y, por el otro, la actitud de “esperar y ver” que está imperando en los distintos liderazgos nacionales.

La Regulación de las Consultas Comunitarias

La ley que se va a emitir debe ser de carácter general (flexible y no reglamentaria), apegada tanto a los lineamientos explicitados en la sentencia de la CC como, especialmente, al espíritu del Convenio 169 de la OIT 

La Corte de Constitucionalidad -CC- llevaba ya 10 años exhortando al Congreso para que emita las disposiciones legislativas necesarias para regular las consultas comunitarias, según las preceptúa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no ha sido sino hasta la resolución más reciente (relacionada con el caso de la hidroeléctrica Oxec) que la CC, finalmente, formuló unos lineamientos claros para orientar al Congreso en la emisión de tal regulación.

En dicha resolución, la CC compele al Congreso para que en el plazo de doce meses promulgue una ley de consultas comunitarias de acuerdo con el procedimiento que establece la sentencia y en observancia de lo establecido en el mencionado Convenio 169. Aunque puede ser criticada porque no se trata de una simple sentencia sino que -a riesgo de usurpar funciones legislativas- prácticamente establece normas sobre la materia, la sentencia de la CC representa una enorme oportunidad para que se elimine la incertidumbre que ha imperado durante años sobre la forma en que las comunidades indígenas deben ser consultadas respecto de proyectos (de inversión o de otro tipo) que eventualmente puedan afectarlas.

Con la ley que debe emitir el Congreso deberían eliminarse una serie de interpretaciones erróneas que han existido en torno a las consultas. Por ejemplo, deberá quedar claro que, con base en el Convenio 169, la realización de las consultas es responsabilidad del gobierno (no de los promotores del proyecto de que se trate) y deben hacerse con base en el principio de buena fe. Con la emisión de la ley también se aclarará que las comunidades deben ser consultadas sin ocultar información y sin ejercer sobre ellas ninguna coerción ni manipulación pero, al mismo tiempo, sabiendo que el proceso no implica un veto de parte de las comunidades hacia la autoridad pública que, en última instancia, deberá decidir en beneficio del bien común.

La ley debe confirmar que el espíritu del Convenio es acercar a las comunidades a la información y al diálogo transparente, mitigando las posibles afectaciones negativas; no se trata, pues, de un plebiscito ni de una votación, sino de un proceso de búsqueda de la verdad. Por ello, debe evitarse una regulación con enfoque electoral: sería una insensatez pretender legislar las consultas mediante reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuya naturaleza y propósitos son muy distintos al espíritu del Convenio 169.

Con la ley que el Congreso debe emitir también se dará un buen grado de certeza jurídica -ausente hasta hoy- para la realización de proyectos empresariales que promuevan el desarrollo, respetando a las comunidades indígenas afectadas, ya que una vez terminada la fase de consulta, el inversionista tendrá certeza de estar operando con total respaldo legal y podrá defenderse en los tribunales para resguardar sus derechos ante cualquier acción pública o privada que los amenace.

El desafío para el Congreso es grande, no solo por el plazo perentorio que le concedió la CC para emitir la ley, sino porque debe resistir la tentación de querer reglamentar un proceso de suyo complejo. La ley que se va a emitir debería ser de carácter general, apegada a los lineamientos explicitados en la sentencia de la CC y al espíritu del Convenio 169, y deberá dejar suficiente flexibilidad para reglamentar los distintos casos de consulta tomando en cuenta, por un lado, que cada proyecto tiene distinta naturaleza y características técnicas y, por otro, que cada comunidad tiene características culturales muy particulares. Aunque la CC ya dio los lineamientos, al Congreso le tocará lidiar con ciertos detalles técnicos muy delicados… y, a veces, el diablo está en los detalles.