Reformar la Justicia... Electoral

La independencia de los jueces es un requisito indispensable para que exista justicia. En procura de dicha independencia es crucial reformar no solo la CSJ y la CC, sino también el TSE

Toda la lógica detrás de los esfuerzos de reforma al sector justicia se centra en dos objetivos esenciales. Por un lado, lograr una efectiva independencia de los jueces y magistrados; y, por otro, modernizar la estructura institucional del sistema judicial para mejorar su eficiencia. De ahí que los componentes clave de dicha reforma sean la integración de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) y la disgregación-especialización de funciones (administrativas y jurisdiccionales) dentro de su gobernanza interna.

Ese mismo espíritu de reforma que se busca para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad debería replicarse también, con firmeza, para la tercera corte superior del país, encargada de impartir justicia electoral, el Tribunal Supremo Electoral –TSE- que, como las dos primeras, requiere urgentemente de mejoras profundas en su gobernanza, en su eficiencia y, especialmente, en su autoridad e independencia.

Idealmente, cualquier juez debe ser independiente con respecto a tres tipos de injerencia: la de políticos o funcionarios, la de otros jueces y, principalmente, la de los sujetos a quienes debe impartir justicia. Esto es tan cierto para el caso de jueces constitucionales y jueces ordinarios, como lo es para el caso de magistrados del TSE. En este caso, el tema de independencia es particularmente importante porque dos de los tipos de injerencia mencionados (la de los funcionarios o la de los sujetos a quienes se imparte justicia) provienen del mismo estamento: la clase política que, además, en el actual sistema está íntimamente involucrada en el nombramiento de los magistrados del TSE, lo cual compromete seriamente su independencia.

El sistema vigente, por medio del cual se elige, organiza y gobierna el TSE, está claramente diseñado para que la clase política interfiera y coopte dicha institución, lo cual ha implicado a lo largo de los años un gradual deterioro de su autoridad, de su calidad, de su independencia y de su eficiencia. No fue sino hasta que, a raíz de los escándalos de corrupción revelados desde abril de 2015, el TSE pareció recobrar cierta autoridad sobre los partidos políticos (aunque, lamentablemente, no siempre con base en argumentos jurídicamente bien sustentados). Sin embargo, su estructura sigue siendo vulnerable y su futuro, incierto.

Por ello es imprescindible reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- no solo en lo que atañe a las elecciones y los partidos, sino también (y fundamentalmente) en lo que corresponde a la conformación y gobernanza del TSE. Para restaurar la independencia de sus magistrados es necesario ampliar el periodo de sus funciones y hacer que la renovación del pleno sea escalonada, a fin de que ningún partido político pueda nunca nombrar a una mayoría de magistrados. Además, es imprescindible disgregar claramente las funciones administrativas de las jurisdiccionales, para que los magistrados puedan liberarse de las tareas cotidianas de gestión (agobiantes durante le época electoral) y se dediquen plenamente a sus labores jurisdiccionales (cruciales en el período electoral).

Estas reformas ineludibles a la LEPP están ahora en manos del Congreso de la República, que debe subsanar las deficiencias de la timorata reforma aprobada a las carreras hace año y medio. La gran duda es si los políticos tendrán la capacidad, la madurez y la voluntad de modificar estos temas pues, para ellos, implicaría una pérdida de poder de influencia sobre la autoridad electoral y, a fin de cuentas, requeriría que estén dispuestos a sacrificar su actual poder en aras de rescatar nuestro sistema republicano y democrático.

No Caigamos en la Trampa

No caigamos en la trampa de ideologizar las reformas institucionales que el país necesita. El verdadero enemigo del desarrollo del país es el crimen organizado que ha corrompido nuestro sistema político y las instituciones del Estado.

Para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos es necesario que haya crecimiento económico; para que este se produzca es imprescindible que aumente la inversión y, con ella, el empleo. A su vez, la inversión requiere, como pre condición, un ambiente donde prevalezca la certeza jurídica y la estabilidad, las cuales solo pueden tener lugar si el país cuenta con instituciones fuertes y eficientes, empezando por aquellas que conforman el sector justicia.

A todo esto, vivimos en un país donde, por falta de institucionalidad, los ciudadanos no tenemos ni tan siquiera la certeza de contar oportunamente con un documento de identificación (DPI o pasaporte, ambos inmersos en una profunda crisis). Donde la propiedad inmueble está constantemente amenazada por despojos o invasiones. Donde las poderosas pandillas exterminan a los policías pobremente armados. Donde los menores bajo custodia del Estado son quemados vivos. Donde la biósfera “protegida” es incendiada por grupos mafiosos.

Todos esos elementos son síntomas de que se configura un escenario ideal para que florezca el crimen organizado, sea este el de los cárteles mexicanos del narcotráfico (que operan libremente en muchas áreas rurales del territorio nacional) o el de las maras 18 y Salvatrucha (que operan libremente en muchas áreas urbanas del país). Ese crimen organizado es, en gran medida, el que “cooptó” no solo nuestro sistema político y los organismos del Estado (incluyendo un número importante de jueces y magistrados), sino incluso gremios enteros -como el otrora prestigioso de los abogados- a fin de asegurarse la impunidad en sus operaciones ilícitas.

Así, resulta indefendible la posición de quienes sostienen que el sistema de justicia en Guatemala no necesita un cambio sustancial. El Índice de Estado de Derecho (del World Justice Project) de 2016, ubica a Guatemala en los últimos lugares del mundo (puesto 97 de 113 países calificados). En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (de Transparencia Internacional) el país ocupó el puesto 136 (de 170). Y en el último índice de Estados fallidos (de The Fund for Peace y Foreign Policy) Guatemala ocupaba el puesto 64 (de 178). Está claro: la impunidad imperante impide que exista certeza jurídica, ahuyenta la inversión y detiene el desarrollo nacional.

Es, pues, imprescindible una reforma profunda del sector justicia que garantice una efectiva independencia de jueces y magistrados y, a la vez, una estructura institucional del sistema judicial que mejore su eficiencia. Ello requiere de modificaciones a leyes ordinarias e inevitablemente, para ciertos temas puntuales, a la propia Constitución de la República. Por ello es lamentable que los impulsores de la reforma constitucional hayan actuado el año pasado tan precipitadamente, hayan incluido temas que (aunque importantes, como el de la jurisdicción indígena o el antejuicio) no se relacionaban directamente con el fortalecimiento institucional, y hayan redactado tan pobremente la propuesta que llegó al Congreso en octubre pasado que la misma ha requerido de muchas y prolijas enmiendas.

Tal impericia ha facilitado que las fuerzas oscuras (que no quieren que nada cambie para seguir medrando del ambiente de impunidad y corrupción) hayan envenenado la discusión de las reformas llevándola al campo de la lucha ideológica o, peor aún, de la étnica. No caigamos en esa trampa perversa. El verdadero enemigo del desarrollo del país es el crimen organizado que ha corrompido nuestro sistema político y las instituciones del Estado. Las reformas del sector justicia ameritan una discusión responsable, reflexiva y seria. El futuro de Guatemala está en juego.

Trabajo y Producción

Para que hayan más y mejores puestos de trabajo es necesario que haya más y mejor producción, lo cual sólo es posible mediante un incremento sostenido de la productividad. En efecto, la clave de nuestro dilema económico es la productividad.

El Día del Trabajo resulta propicio para aquilatar el aporte del trabajo a la producción pues, junto con el capital y la productividad (que es la forma en que se combinan trabajo y capital) constituyen los factores esenciales de la ecuación que define las posibilidades de producción de cualquier economía; es decir que las posibilidades de que la economía crezca -y que, así, mejoren las condiciones de vida de la población- dependen crucialmente de esos tres factores, cuyo desempeño se refuerza mutuamente.

La economía guatemalteca ha crecido en este siglo a una tasa anual promedio de 3.5%; este ritmo, aunque positivo, es mucho menor que el que han mostrado muchísimos otros países en vías de desarrollo. Casi las tres cuartas partes de ese magro crecimiento provienen del aumento (vegetativo, debido al crecimiento poblacional) del factor trabajo, mientras que menos del cinco por ciento del crecimiento se debe a la mejora en la productividad, lo cual es trágico pues, sin una mayor productividad, el crecimiento económico está condenado a continuar por debajo que el de los países que están logrando exitosamente sacar de la pobreza a sus ciudadanos.

El ya magro crecimiento de nuestra economía -debido a su baja productividad- se ve, además, amenazado por una serie de tendencias que, de confirmarse, podrían dañar nuestra capacidad productiva. Por ejemplo, el proteccionismo que parece caracterizar la visión económica de Donald Trump, que está rompiendo con décadas de apertura económica en el mundo industrializado y que para Guatemala es de particular preocupación pues más de una tercera parte de nuestras exportaciones se destina hacia los Estados Unidos.

Otra tendencia, inevitable, que va a afectar el desempeño de nuestra economía es la reducción en la tasa de crecimiento poblacional (que, según estimaciones oficiales, caería de 2% anual actualmente, a 1.6% en los próximos cinco años). Esto implica un menor crecimiento de la fuerza de trabajo, que es nuestro principal motor de crecimiento, lo que significa que, si no mejora la productividad, el crecimiento económico de Guatemala será aún más débil en los años venideros.

Para contrarrestar estas amenazas resulta indispensable que se adopte cuanto antes una serie de políticas públicas que procuren mejorar la productividad de nuestro aparato productivo y, al mismo tiempo, propicien un aumento en la oferta de empleos de buena calidad (y, por ende, de digna remuneración). Ello implica la necesidad de aumentar las destrezas laborales a través de mejoras en la educación y la capacitación laboral, así como lograr que dichas destrezas respondan a lo que demandan las empresas (que suelen quejarse de la escasez de mano de obra calificada).

También es necesario subirse a la ola de digitalización y automatización, que acelera dramáticamente la productividad, favoreciendo la investigación y el desarrollo tecnológico pero, a la vez, ayudando a los trabajadores a adquirir los conocimientos necesarios para adaptarse a esos cambios y a acceder a nuevos tipos de empleos más productivos. Y, por supuesto, también se requiere del fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos y, crucialmente, de incrementar la inversión en capital físico e infraestructura que favorezcan la productividad y la competitividad.

El desafío que enfrentamos demanda acciones no solo del gobierno, sino también de las empresas y de los individuos; sólo un liderazgo concertado, focalizado en ciertas prioridades, hará posible configurar una agenda que atienda las amenazas que enfrenta nuestra economía y lograr, mediante una mejora de la productividad, asegurar el crecimiento del país en el largo plazo.

¿Un Nuevo Consenso de Política Económica?

La Declaración de Estocolmo no llega a significar un cambio de paradigma en la manera de formular la política económica, ya que los fundamentos y leyes de la Economía siguen siendo los mismos. Sin embargo, plantea algún enfoque novedoso que puede aportar las políticas públicas contemporáneas

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI- reunió a finales del año pasado a un selecto grupo de 13 economistas del todo el mundo para que revisaran si las premisas convencionales que han regido la política económica en los últimos años continúan siendo válidas. La conclusión más importante del cónclave fue que las políticas de estabilización no son suficientes para generar un crecimiento económico incluyente (aunque tampoco han sido, per se, perjudiciales). Con esa obviedad en mente, identificaron ocho principios generales que deben guiar la política económica para el desarrollo y los publicaron bajo el nombre de Declaración de Estocolmo. Veamos.

Primero, “el crecimiento del PIB no es un fin en sí mismo”. Esto es videntemente cierto (no conozco ningún estudio serio que sostenga lo contrario). Sin embargo, la Declaración de Estocolmo reconoce que, aunque no sea un fin en sí mismo, el crecimiento económico es indispensable para proveer los recursos que requiere el bienestar humano: empleo, consumo sostenible de bienes y servicios, techo, salud, educación y seguridad.

Segundo, “la política económica debe promover el desarrollo incluyente”. Esto implica que debe velar porque ningún grupo se quede excluido de los frutos del progreso; ello implica prestar atención a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. De no hacerlo se pondría en riesgo la continuidad del crecimiento económico, pues se generarían tensiones sociales y turbulencias políticas.

Tercero, “la sostenibilidad ambiental es un requisito, no una opción”. Este principio sí es novedoso, pues exige integrar a la política económica convencional medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Cuarto, “necesidad de equilibrar el mercado, el Estado y la comunidad”. Esto implica que, siendo los mercados fundamentalmente instituciones sociales, requieren a veces de regulaciones que les permitan cumplir con su función esencial de asignar los recursos eficientemente y, aunque la Declaración no lo explicita, cae de su peso que lo anterior requiere que existan instituciones (gubernamentales y sociales) eficientes.

Quinto, “propiciar la estabilidad macroeconómica, pero con flexibilidad”. La Declaración reconoce que la estabilidad económica es indispensable para lograr el crecimiento y el bienestar pero, razonablemente, sugiere que las políticas económicas que la propicien deben tener una visión de mediano plazo y no solo perseguir metas de corto plazo. Sexto, “atender el impacto del cambio tecnológico sobre la desigualdad”. Este principio, parecido en intención al segundo principio, reconoce que es inevitable (como lo ha sido a lo largo de la historia) que el cambio tecnológico cause desempleo, aunque sea temporalmente, por lo que deben implementarse políticas que mitiguen tal efecto.

Siete, “las normas sociales, los valores y las actitudes son importantes”, lo cual parece sugerir, por ejemplo, que una sociedad tolerante a la corrupción será menos capaz de lograr el desarrollo sostenible que una sociedad con instituciones fuertes que garanticen la probidad. Y octavo, “la comunidad internacional tiene un rol importante”, especialmente en cuanto a evitar que los países recurran unilateralmente a políticas que restrinjan el comercio, las migraciones o el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En síntesis, la Declaración de Estocolmo no entraña un nuevo paradigma en materia de políticas públicas, sino que simplemente plantea ciertos principios que matizan y actualizan las bases que siempre han regido la correcta formulación de las políticas de desarrollo económico para adaptarlas al mundo contemporáneo.

Prestigiar la Política

Un sistema político funcional es necesario para que exista democracia y gobernabilidad. Sin gobernabilidad es imposible el desarrollo económico. Por ello es tan importante reformar y prestigiar el sistema político, que no es otra cosa que llenarlo de personas decentes.

Las prácticas de corrupción que se desvelaron en toda su crudeza hace dos años (y que aún carcomen inclementes las entrañas del Estado) son el efecto más visible del destrozo del sistema político guatemalteco. Los sobornos, el tráfico de influencias, las plazas fantasmas, así como los sobreprecios en las contrataciones y adquisiciones del gobierno han sido los esquemas más utilizados (tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales) para saquear el erario público con el fin de enriquecer a funcionarios y a políticos corruptos. Y todas las pistas del delito conducen a un lugar: el sistema de partidos políticos.

La numerosas investigaciones y enjuiciamientos contra dirigentes políticos que, merced a las acciones de la CICIG y el Ministerio Público, se han producido en los últimos meses, ha revelado el deterioro del sistema. De todas las profesiones que se practican en el país, la de político es una de las más desprestigiadas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué debemos hacer para cambiar la situación a fin de que la ciudadanía pueda elegir mejores representantes?

En el sistema actual los diputados se eligen en listados (nacional y departamentales) cerrados, en vez de representar distritos más pequeños y cercanos al ciudadano, lo cual no solo hace que las campañas electorales resulten caras y proclives a la corrupción, sino que impide la cercanía entre el votante y sus representantes. A la inexistente representatividad se une, por un lado, la falta de transparencia y democracia interna en los partidos y, por otro, la debilidad y politización del Tribunal Supremo Electoral –TSE-. Ello configura el actual sistema político clientelar y patrimonialista que dificulta la gobernabilidad e impide el buen desempeño de la economía nacional.

Hoy el Congreso está más fragmentado que nunca. Los partidos políticos carecen de ideología o de un programa de gobierno para ofrecer a los votantes quienes, además, en su gran mayoría ignoran quién es el diputado que los representa o por quien votaron en las pasadas elecciones. El Ejecutivo impulsa sus iniciativas de ley mediante coaliciones legislativas frágiles y efímeras. Eso permitió en el pasado (y esperemos que sólo en el pasado) la práctica de compra de votos a cambio de favores, obras o sobornos, para viabilizar proyectos del gobierno tal como, según se dice, ocurrió en el escandaloso caso Odebrecht, aún pendiente de resolver.

Hasta ahora, la necesaria depuración de este sistema, evidentemente agotado, se ha estado dando principalmente por la vía judicial, tanto en el caso de la persecución penal de políticos corruptos, como de la cancelación de partidos políticos que han violado la ley. Quienes impulsan esta vía esperan que tal terapia de choque pueda lograr quizá, y solo quizá, una mejora en la calidad de los diputados y dirigentes políticos en las próximas elecciones. Pero los tribunales no pueden hacerlo todo: son los políticos quienes deben reformarse a sí mismos y al sistema.

La timorata reforma a la Ley Electoral de finales de 2015, que se concentró en el tema del financiamiento electoral (un síntoma, no la causa, de la enfermedad) y terminó dándoles más recursos estatales a los partidos, debe ser mejorada y profundizada. La democracia interna de los partidos, el fortalecimiento de la autonomía del TSE y, sobre todo, la mejora en la representatividad de los funcionarios electos (idealmente mediante la creación de distritos electorales más pequeños) deben ser las guías de una nueva reforma que rescate, dignifique y prestigie la política.  Si no se hace, en las próximas elecciones tendremos nuevamente una oferta electoral de poca calidad y proclive a la corrupción.

Dignificar el Congreso de la República

El Congreso es hoy la institución que menos confianza inspira en la ciudadanía. Urge rescatarlo, limpiarlo, prestigiarlo y dignificarlo, pero siempre dentro del orden legal, constitucional democrático en el que se basa nuestra república

El principio de separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es la columna vertebral de cualquier república democrática. Para ser efectivo, dicho principio precisa que el Legislativo cumpla a cabalidad su rol dentro de un sistema de pesos y balances que permita la limitación, el equilibrio y el control mutuo del poder parlamentario con los otros dos poderes del Estado. Para ello, es necesario que cada uno de los tres organismos goce de capacidad técnica, de autoridad política y de credibilidad. Lamentablemente, el Congreso de la República es hoy la institución que menos confianza inspira en la ciudadanía.

En la opinión pública están proliferarando términos tan peligrosos como “refundación del Estado”, “depuración violenta” y hasta “desaparición” del parlamento. Estas visiones extremas, aunque fueran bien intencionadas, no solo atentan contra la institucionalidad republicana, sino que son contrarias al espíritu ciudadano surgido en abril de 2015 que se manifestó y logró una depuración del Estado, pero respetando el marco constitucional vigente, es decir, siguiendo un rumbo ordenado de reformas graduales, la mayoría de las cuales aún están pendientes. Forzar una refundación radical del Estado mediante la desaparición de sus instituciones equivale a incendiar la casa con el pretexto de exterminar una invasión de termitas.

Lo que la delicada coyuntura política actual demanda no es la destrucción del Congreso, sino su dignificación y fortalecimiento. Una forma en que puede empezar a lograrse es mediante la identificación e impulso –con una discusión seria y su eventual aprobación- de una agenda focalizada, constructiva e ideológicamente neutra que evite la polarización y, a la vez, contribuya a la reconstrucción de las instituciones gubernamentales que la corrupción destruyó a lo largo de las últimas décadas.

Tal agenda debe incluir temas cruciales como la reforma al sector justicia (que, pese a gozar de amplios consensos respecto de su parte orgánica, avanza a paso de tortuga en el hemiciclo), la reforma al sistema electoral (que complemente la timorata reforma aprobada a finales de 2015), la reforma del servicio civil (que procure la eficiencia del aparato estatal mediante la profesionalización de los funcionarios) y otras reformas fundamentales que, como la de las instituciones a cargo de planificar, contratar y ejecutar las obras de infraestructura pública, permitan mejorar la productividad económica para generar más empleos y bienestar para la ciudadanía.

El rescate del Congreso pasa también por evitar lo que lamentablemente está ocurriendo en las últimas semanas, cuando se han propuesto leyes polémicas que más parecen buscar que la opinión pública se desvíe de los temas de reforma institucional y, a la vez, generar polarización y enfrentamiento entre distintos grupos sociales. Empujar apresuradamente leyes como la de desarrollo rural, la de la tarifa del alumbrado público y del IVA para las municipalidades, la del régimen tributario especial para los ganaderos, o la de prerrogativas para los discapacitados, parece ser más bien una estratagema para que, atrayendo temporalmente la atención y el apoyo de conglomerados muy específicos (campesinos, alcaldes, ganaderos o personas con discapacidad), se distraiga la atención ciudadana de los temas cruciales relacionados con el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional. Ojalá que en el Congreso prevalezca la cordura y una visión estratégica que abandone la agenda polarizante y adopte, cuanto antes, una agenda sensata que prestigie ese importante organismo del Estado.

Amenazas Contra la Libertad de Expresión

No sólo los dictadores atentan contra la libertad de emisión del pensamiento. A veces, también los adalides de lo políticamente correcto, en su afán de evitar "ofensas" contra las minorías y los desprotegidos, avalan que se aplique la censura. 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Eso dice el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e implica, en la práctica, que cualquier persona es libre de externar sus opiniones sin temor a sufrir represalias o censura del gobierno, ni sanciones sociales. Nuestra Constitución, en los artículos 5 (Libertad de Acción) y 35 (Libertad de Emisión del Pensamiento) lo refrenda ampliamente.

Sin embargo, con la proliferación de medios de comunicación electrónicos (cualquiera con acceso a internet puede hoy ser un emisor masivo de opiniones) se abre un debate respecto a la forma, condiciones y límites en que debe enmarcarse el ejercicio de ese derecho. Alrededor del mundo los gobiernos autoritarios buscan cómo restringir la emisión del pensamiento de sus ciudadanos y medios. Ya sea Putin mediante la oligopolización de la televisión, Correa mediante leyes restrictivas, o Xi Jinping mediante el uso directo de la censura informática son ejemplos de esta tendencia.

Pero no solo los gobiernos atentan contra la libre expresión del pensamiento. También ciertos intelectuales progres, bienintencionados promotores de lo políticamente correcto, convencidos de que las personas tienen el derecho a no ser ofendidas, claman porque alguna autoridad (¿la Fiscalía Contra el Insulto, el Procurador del Derecho a No Ser Agraviado, o la Policía de lo Políticamente Correcto?) supervise y limite las opiniones que sean potencialmente ofensivas hacia una persona o grupo (religioso, étnico, político o de cualquier otra categoría). El peligro es que interpretar si algo es o no ofensivo resulta muy subjetivo, y conferirle dicha interpretación a una autoridad gubernamental puede resultar escabroso y arbitrario.

Es cierto que debe haber ciertos límites a la libertad de expresión como, por ejemplo, la emisión de ideas o imágenes pedófilas, o las que provoquen un linchamiento, o las que violen la privacidad de las personas, o las que generen un ataque terrorista. Pero la regla general debe ser la de una libertad amplia para que todos los ciudadanos emitan su pensamiento; y las excepciones deben ser muy pocas.

Cuando algún intelectual posmoderno propugna porque se censure y castigue una expresión ofensiva hacia una persona o minoría, lejos de ayudar a quien pretende defender, termina validando los argumentos autoritarios y antidemocráticos que buscan limitar la libertad de expresión. Es cierto que todos debemos preocuparnos por defender a las víctimas de la discriminación; y, también, que en cualquier debate las buenas maneras son preferibles a las groserías. Pero ello no justifica que debamos coartar la libertad de expresión de quien no piensa como nosotros, aunque se exprese de manera grosera, impertinente o descortés.

La libertad de expresión es uno de los derechos más fundamentales del ser humano y es crucial para que una democracia funcione: la libre expresión del pensamiento es una herramienta eficaz para castigar a los malos gobernantes. Además, desde un punto de vista económico, la libre emisión del pensamiento es esencial para lograr una buena asignación de los recursos en el mercado (el Nobel en Economía, Amartya Sen, ha resaltado el hecho de que donde ha habido libertad de expresión nunca han existido hambrunas). La mejor defensa contra los argumentos ofensivos y discriminatorios no es la censura, sino el debate de ideas, el razonamiento y, en último caso, la protesta pacífica.