Reformar la Justicia... Electoral

La independencia de los jueces es un requisito indispensable para que exista justicia. En procura de dicha independencia es crucial reformar no solo la CSJ y la CC, sino también el TSE

Toda la lógica detrás de los esfuerzos de reforma al sector justicia se centra en dos objetivos esenciales. Por un lado, lograr una efectiva independencia de los jueces y magistrados; y, por otro, modernizar la estructura institucional del sistema judicial para mejorar su eficiencia. De ahí que los componentes clave de dicha reforma sean la integración de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) y la disgregación-especialización de funciones (administrativas y jurisdiccionales) dentro de su gobernanza interna.

Ese mismo espíritu de reforma que se busca para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad debería replicarse también, con firmeza, para la tercera corte superior del país, encargada de impartir justicia electoral, el Tribunal Supremo Electoral –TSE- que, como las dos primeras, requiere urgentemente de mejoras profundas en su gobernanza, en su eficiencia y, especialmente, en su autoridad e independencia.

Idealmente, cualquier juez debe ser independiente con respecto a tres tipos de injerencia: la de políticos o funcionarios, la de otros jueces y, principalmente, la de los sujetos a quienes debe impartir justicia. Esto es tan cierto para el caso de jueces constitucionales y jueces ordinarios, como lo es para el caso de magistrados del TSE. En este caso, el tema de independencia es particularmente importante porque dos de los tipos de injerencia mencionados (la de los funcionarios o la de los sujetos a quienes se imparte justicia) provienen del mismo estamento: la clase política que, además, en el actual sistema está íntimamente involucrada en el nombramiento de los magistrados del TSE, lo cual compromete seriamente su independencia.

El sistema vigente, por medio del cual se elige, organiza y gobierna el TSE, está claramente diseñado para que la clase política interfiera y coopte dicha institución, lo cual ha implicado a lo largo de los años un gradual deterioro de su autoridad, de su calidad, de su independencia y de su eficiencia. No fue sino hasta que, a raíz de los escándalos de corrupción revelados desde abril de 2015, el TSE pareció recobrar cierta autoridad sobre los partidos políticos (aunque, lamentablemente, no siempre con base en argumentos jurídicamente bien sustentados). Sin embargo, su estructura sigue siendo vulnerable y su futuro, incierto.

Por ello es imprescindible reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- no solo en lo que atañe a las elecciones y los partidos, sino también (y fundamentalmente) en lo que corresponde a la conformación y gobernanza del TSE. Para restaurar la independencia de sus magistrados es necesario ampliar el periodo de sus funciones y hacer que la renovación del pleno sea escalonada, a fin de que ningún partido político pueda nunca nombrar a una mayoría de magistrados. Además, es imprescindible disgregar claramente las funciones administrativas de las jurisdiccionales, para que los magistrados puedan liberarse de las tareas cotidianas de gestión (agobiantes durante le época electoral) y se dediquen plenamente a sus labores jurisdiccionales (cruciales en el período electoral).

Estas reformas ineludibles a la LEPP están ahora en manos del Congreso de la República, que debe subsanar las deficiencias de la timorata reforma aprobada a las carreras hace año y medio. La gran duda es si los políticos tendrán la capacidad, la madurez y la voluntad de modificar estos temas pues, para ellos, implicaría una pérdida de poder de influencia sobre la autoridad electoral y, a fin de cuentas, requeriría que estén dispuestos a sacrificar su actual poder en aras de rescatar nuestro sistema republicano y democrático.