Dignificar el Congreso de la República

El Congreso es hoy la institución que menos confianza inspira en la ciudadanía. Urge rescatarlo, limpiarlo, prestigiarlo y dignificarlo, pero siempre dentro del orden legal, constitucional democrático en el que se basa nuestra república

El principio de separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es la columna vertebral de cualquier república democrática. Para ser efectivo, dicho principio precisa que el Legislativo cumpla a cabalidad su rol dentro de un sistema de pesos y balances que permita la limitación, el equilibrio y el control mutuo del poder parlamentario con los otros dos poderes del Estado. Para ello, es necesario que cada uno de los tres organismos goce de capacidad técnica, de autoridad política y de credibilidad. Lamentablemente, el Congreso de la República es hoy la institución que menos confianza inspira en la ciudadanía.

En la opinión pública están proliferarando términos tan peligrosos como “refundación del Estado”, “depuración violenta” y hasta “desaparición” del parlamento. Estas visiones extremas, aunque fueran bien intencionadas, no solo atentan contra la institucionalidad republicana, sino que son contrarias al espíritu ciudadano surgido en abril de 2015 que se manifestó y logró una depuración del Estado, pero respetando el marco constitucional vigente, es decir, siguiendo un rumbo ordenado de reformas graduales, la mayoría de las cuales aún están pendientes. Forzar una refundación radical del Estado mediante la desaparición de sus instituciones equivale a incendiar la casa con el pretexto de exterminar una invasión de termitas.

Lo que la delicada coyuntura política actual demanda no es la destrucción del Congreso, sino su dignificación y fortalecimiento. Una forma en que puede empezar a lograrse es mediante la identificación e impulso –con una discusión seria y su eventual aprobación- de una agenda focalizada, constructiva e ideológicamente neutra que evite la polarización y, a la vez, contribuya a la reconstrucción de las instituciones gubernamentales que la corrupción destruyó a lo largo de las últimas décadas.

Tal agenda debe incluir temas cruciales como la reforma al sector justicia (que, pese a gozar de amplios consensos respecto de su parte orgánica, avanza a paso de tortuga en el hemiciclo), la reforma al sistema electoral (que complemente la timorata reforma aprobada a finales de 2015), la reforma del servicio civil (que procure la eficiencia del aparato estatal mediante la profesionalización de los funcionarios) y otras reformas fundamentales que, como la de las instituciones a cargo de planificar, contratar y ejecutar las obras de infraestructura pública, permitan mejorar la productividad económica para generar más empleos y bienestar para la ciudadanía.

El rescate del Congreso pasa también por evitar lo que lamentablemente está ocurriendo en las últimas semanas, cuando se han propuesto leyes polémicas que más parecen buscar que la opinión pública se desvíe de los temas de reforma institucional y, a la vez, generar polarización y enfrentamiento entre distintos grupos sociales. Empujar apresuradamente leyes como la de desarrollo rural, la de la tarifa del alumbrado público y del IVA para las municipalidades, la del régimen tributario especial para los ganaderos, o la de prerrogativas para los discapacitados, parece ser más bien una estratagema para que, atrayendo temporalmente la atención y el apoyo de conglomerados muy específicos (campesinos, alcaldes, ganaderos o personas con discapacidad), se distraiga la atención ciudadana de los temas cruciales relacionados con el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional. Ojalá que en el Congreso prevalezca la cordura y una visión estratégica que abandone la agenda polarizante y adopte, cuanto antes, una agenda sensata que prestigie ese importante organismo del Estado.