La Devaluación que No Llega

Sabemos dos cosas. La primera es que el quetzal se va a depreciar (devaluar) en algún momento, porque el país tiene un déficit externo estructural y porque las tasas de interés en el exterior van a aumentar La segunda es que ese momento no va a ocurrir en el corto plazo.

Las fluctuaciones del tipo de cambio (quetzales por dólar) suelen ser un tema favorito de las secciones económicas en la noticias y son siempre un tema de discusión, y hasta de polémica, en función de los intereses de los distintos grupos (importadores, exportadores, consumidores, tecnócratas o políticos) involucrados.

Recientemente se levantó la idea de que el gobierno debería propiciar una depreciación de la moneda como una manera fomentar la actividad exportadora, largamente afectada por la caída de los precios en los mercados internacionales. Después de todo, países como México, Perú o Colombia, con sistemas cambiarios similares al nuestro, han registrado en meses recientes depreciaciones fuertes y aceleradas en sus monedas.

Pero resulta que los factores que han generado esas depreciaciones no están ni cerca de ocurrir en Guatemala. No hay que olvidar que el tipo de cambio es simplemente el precio de una moneda con relación a otra y, como cualquier precio, está determinado por la oferta y la demanda: a mayor abundancia de dólares, menor será el precio (tipo de cambio) de la moneda nacional, y viceversa. Mientras que en los países mencionados ha habido una escasez de dólares en los últimos años, en nuestro país ha habido una gran abundancia.

Tal abundancia de dólares en Guatemala se da por diversos factores. Si bien el precio medio de las exportaciones tuvo una caída, el de las importaciones se ha reducido aún más, lo cual provocó en que la balanza comercial del país se redujera el año pasado en más de US$500 millones, lo que implica una menor demanda de divisas para pagar al exterior. A esto se suma un extraordinario flujo de remesas familiares que en 2015 superó los US$6 mil millones. Además continuaron ingresando al país capitales financieros en forma de préstamos (al gobierno y al sector privado) y de inversión directa.

Esa plétora de divisas provocó que el Banco de Guatemala, para evitar una apreciación desordenada del quetzal, comprara a los bancos más de US$375 millones el año anterior, incrementando así sus Reservas Monetarias Internacionales hasta alcanzar casi US$8 millardos, cantidad que hace que los agentes económicos sientan que una devaluación es poco probable en el corto plazo y actúen en consecuencia.

Ciertamente la depreciación del quetzal va a ocurrir en algún momento, cuando los precios internacionales se estabilicen y vuelvan a provocar un incremento en el déficit comercial del país, y cuando el previsible incremento en las tasas de interés externas provoquen que los capitales financieros dejen de acudir hacia el país. Pero eso no va a ocurrir pronto, pues los factores de abundancia de dólares van a persistir este año. De momento, quienes anhelan una depreciación del quetzal deberán armarse de paciencia.

Centroamérica: Desencanto con la Política

Los centroamericanos están desencantados de la política, y se manifiestan muy pesimistas respecto del rumbo y el futuro de nuestros países.  Los líderes sociales tienen ante sí un desafío enorme.

Los países del Istmo son diversos y, a la vez, similares. Todos con importantes diferencias en su desempeño económico y social, pero también con una historia común y una evolución que se refleja en el similar sentir de sus ciudadanos. Así lo muestran diversas encuestas de opinión pública (como las que periódicamente realiza la compañía CID-Gallup en los seis países de la Región), que arrojan resultados ilustrativos del estado de ánimo y de las perspectivas de los centroamericanos respecto de sus gobiernos y del rumbo de sus países.

En Panamá –con todo y su buen desempeño económico en los últimos años- la ciudadanía expresa malestar por la corrupción gubernamental (caso Martinelli), el desempleo, el alto costo de la vida y (sorprendentemente) la inseguridad.  En Costa Rica la encuesta revela preocupaciones ciudadanas centradas en el desempleo, el mal gobierno, la deficiente infraestructura y la creciente inseguridad.

En Guatemala las preocupaciones se centraron sobre el desempleo, la delincuencia, el costo de vida y, crecientemente, la enorme corrupción (caso Pérez-Baldetti). En El Salvador, de manera similar, la encuesta identifica a la violencia, el desempleo y el alto costo de la vida como sus problemas centrales. En Honduras fueron la violencia, el costo de vida y la corrupción los problemas más sentidos; mientras que en Nicaragua lo fueron el desempleo, el tráfico de drogas y el alto costo de la vida (Nicaragua fue el único país donde la corrupción no fue identificada como un problema del país).

Pero lo que más llama la atención es que, sin excepción, todos los países de la Región mostraron a una ciudadanía explícitamente desencantada de la política, hastiada de la ineficiencia gubernamental, y extremadamente pesimista respecto del rumbo que llevan nuestros países. Resulta evidente que los sistemas y el liderazgo político en Centroamérica le han fallado a la población.

La solución pasa por reformar profundamente los sistemas políticos y por fortalecer las instituciones que procuran el imperio de la ley. Los ejemplos están ya a la vista: el Ministerio Público en Guatemala, la Sala Constitucional en El Salvador, o las cortes de justicia en Panamá. Quizá un enfoque regional, que incluyera una estrecha colaboración en materia de diagnósticos y procedimientos, así como un permanente intercambio de experiencias y de información entre estas entidades podría darles un empuje adicional en sus esfuerzos por construir unas repúblicas funcionales.

Pero para que tal esfuerzo dé resultados, es esencial que los líderes de cada país dejen de ahogarse en el pequeño vaso de agua de sus problemas y levanten la mirada a la Región, agobiada por una colección de problemas comunes cuyas soluciones, con un poco de imaginación y voluntad, pueden ser también comunes.

Ley Electoral: Reforma Superficial

Las reformas a la Ley Electoral que se están discutiendo en el Congreso no tocan el fondo del corrompido y disfuncional sistema de partidos políticos que tiene secuestrada a nuestra endeble democracia. Su aprobación solo va a ser un placebo para las demandas de cambio que exige la ciudadanía.

Uno de los principales obstáculos al desarrollo del país es el sistema político, centro generador de corrupción, de mal gobierno y de ineficiencia institucional. De ahí el clamor ciudadano y la coincidencia de las élites en cuanto a la necesidad y urgencia de reformar profundamente dicho sistema, pese a la natural resistencia de los partidos y de las autoridades políticas y electorales.

No se trata de hacer cambios sólo porque sí, o solo para complacer a las multitudes. Se trata de hacer cambios serios, integrales y profundos al sistema electoral y de partidos políticos. En ese sentido, las reformas de la iniciativa 4974 que el Congreso acordó apresuradamente a finales del año pasado (y sobre las que la Corte de Constitucionalidad recién emitió opinión) resultan ser una gran decepción por superficiales, parciales y artesanales.

Vele reconocer que dichas reformas son resultado de una serie de esfuerzos del liderazgo político y de instancias de la sociedad civil por encontrar soluciones viables a los problemas estructurales del sistema. Pero esos esfuerzos se dieron antes de los eventos desencadenados en abril de 2015 y no toman en cuenta las lecciones aprendidas de la dinámica social y del proceso electoral que se derivaron de tales eventos y que claman por otro tipo de reformas, más atrevidas, profundas e integrales.

Si bien las actuales reformas incluyen innovaciones interesantes (como la obligatoriedad de revisar el marco legal después de cada proceso electoral, o la de convertir en vinculante el voto nulo mayoritario), también incluyen crasos errores. Por ejemplo, al fijar el número máximo total de diputados (eso está bien) se incluye la aberración de dejar fijo el número de diputados por distrito electoral, como si la demografía no fuese cambiante, contraviniendo flagrantemente el principio constitucional de representatividad en relación a la cantidad de habitantes por distrito. Otro ejemplo: cargar un costo oneroso al fisco para financiar –sin topes razonables - la propaganda electoral de los partidos políticos.

Pero lo peor es lo que no se incluyó en las reformas: el real fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (en su gobernanza y en su calidad de tribunal supremo), la democratización de los partidos políticos (ni siquiera se discutió la posibilidad –inadmisible para los partidos con dueño- del voto secreto en las asambleas partidarias), o la representatividad del elector (mediante, por ejemplo, listados semi-abiertos para elegir directamente a su diputado).

Sin estas reformas profundas, el sistema político seguirá siendo el principal obstáculo al desarrollo del país, y las reformas que actualmente se discuten en el Congreso no serán más que un parche superficial y una oportunidad perdida; una bocanada de oxígeno para la vieja política. 

La SAT y Sus Dos Cabezas

El fracaso de la SAT radica, fundamentalmente, en que fue cooptada por mafias y fuerzas oscuras en contubernio con políticos corruptos. La solución del problema pasa por darle más autonomía, no por quitarle la poca que ya tiene.

Una de las principales causas del continuo deterioro de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- radica en que su estructura organizacional es disfuncional y con una autoridad bicéfala. Por un lado está el Directorio, integrado supuestamente por expertos dedicados a tiempo completo y presidido por el Ministro de Finanzas Públicas y, por el otro, el Superintendente como autoridad administrativa cuyo nombramiento y remoción está en manos del Presidente de la República.

En este arreglo el Superintendente no responde al Directorio y este, a su vez, se acomoda a una parálisis de decisiones ante el poder político de su supuesto subalterno. Casos de corrupción flagrante, como el de La Línea, evidencian lo perverso que puede resultar la coexistencia de un Directorio inoperante –y que no rinde cuentas a nadie- y un Superintendente capturado por intereses políticos o mafiosos.

Para superar este problema se han propuesto diversas soluciones. La más radical es la de suprimir la SAT y regresar al esquema de la antigua Dirección General de Rentas Internas dentro del Ministerio de Finanzas. Esta solución sería un grave retroceso pues se retornaría a una oficina opaca y centralizada para la recaudación de impuestos, con grave riesgo de ser capturada por grupos criminales, como efectivamente ocurrió en dicha Dirección en los años 70 y 80 del siglo pasado.

Una segunda solución que se escucha es la de preservar una SAT descentralizada, pero eliminando el Directorio, de manera que la cabeza única sea el Superintendente. Esta solución, en la práctica, es aún peor que la anterior pues un Superintendente (nombrado por el Presidente de la República) que no esté sujeto a la supervisión de un cuerpo colegiado, se convertiría en una figura más poderosa que el propio Ministro de Finanzas, con un desmedido poder de acceso y coerción sobre los contribuyentes. Y ese poder sería muy vulnerable a ser capturado por intereses políticos o sectoriales que pondrían en grave peligro la neutralidad técnica que deben tener las actuaciones de la SAT.

La solución más correcta es que el Directorio, como verdadera autoridad máxima, sea quien nombre al Superintendente y a los Intendentes. Así se recobraría la idea original tras la creación de la SAT como una entidad descentralizada y especializada, organizada bajo un adecuado sistema de pesos y contrapesos internos basado en las mejores prácticas de gobierno corporativo, donde el Directorio sería el responsable de la dirección estratégica y de exigirle un desempeño adecuado al Superintendente quien, a su vez, sería el responsable de la administración del día a día de la entidad. Así, el Ministro de Finanzas, como presidente del Directorio, recobraría el rol, que nunca debió perder, de dirigir de manera integral las finanzas del Estado.

Para Lograr el Desarrollo Rural

Por muchas leyes (bien o mal intencionadas) que se impulsen, si no se aplican las políticas adecuadas, jamás se logrará el desarrollo del área rural.

La pobreza en el área rural guatemalteca es lacerante y vergonzosa. Es evidente que la búsqueda del desarrollo rural debe ser una prioridad de las políticas públicas del país. Pero hace falta ser terco (o malintencionado) para no darse cuenta de que los esfuerzos para reducir la pobreza rural pasan, inevitablemente, por resolver un problema eminentemente económico: la falta de productividad.

En efecto, de todos los sectores de actividad económica, la agricultura registra el nivel más bajo de ingresos promedio de sus trabajadores, y es la actividad con mayor fuerza laboral del país, con casi el 40% de la población ocupada, pero apenas contribuye con menos del 14% de la producción nacional.

Abundantes estudios técnicos demuestran que la solución a esta situación requiere de una política agrícola que eleve sosteniblemente los ingresos (es decir, la productividad) en el campo. Dicha política debe tener, al menos, cuatro componentes esenciales para los pequeños productores: programas de riego; programas de extensionismo (asesoría y acompañamiento); fortalecimiento y coordinación de la institucionalidad estatal; y, priorización de la política de seguridad alimentaria.

La política agrícola, claro está, no debe diseñarse ni aplicarse de forma aislada, sino que debe estar concatenada con una política de desarrollo integral del país, incluyendo políticas de desarrollo urbano, pues no hay que olvidar que las ciudades han sido, a lo largo de la historia, un motor esencial del desarrollo social y económico.

Para lograr todo ello podría ser conveniente (aunque no indispensable) emitir leyes que obliguen a que se apliquen tales políticas. Pero, en todo caso, debería tratarse de leyes focalizadas y técnicamente bien estructuradas. Por desgracia, la polémica iniciativa 4084 (Ley de Desarrollo Rural Integral) no es nada ello: se trata de un manifiesto de promesas incumplibles, con evidente carga ideológica, que en nada contribuye al urgente esfuerzo de aplicar políticas de desarrollo agropecuario.

La iniciativa 4084 no solo confiere poca importancia a los cuatro elementos fundamentales de la política agrícola antes indicados, sino que los contradice y menoscaba, pues pretende inventar onerosas estructuras estatales paralelas al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, al Ministerio de Agricultura y a los propios Consejos de Desarrollo, en vez de hacer un mejor uso de los escasos recursos existentes mediante el rescate y coordinación de la institucionalidad ya existente. Así, en el torbellino de hiperactividad legislativa que ahora agobia al Congreso, el impulso de tal iniciativa parece tratarse de un distractor que solo obstaculiza y pospone las verdades soluciones que deben aplicarse para lograr el desarrollo rural.

LIMPIAR EL CONGRESO

Ya hay esfuerzos concretos por poner orden en el parlamento. Pero se están impulsando enmedio del desorden.  Para rescatar al Congreso aún queda mucho por hacer, y hay que hacerlo bien.

En los corrillos se oyen pasos de animal grande. Las constantes visitas de la CICIG solicitando información sobre acciones sospechosas, los ecos ahogados de un clamor por la depuración, y el lapidario pronunciamiento de la Conferencia Episcopal en el que señala al Congreso de ser el organismo más inmoral e ineficiente del Estado, han metido el miedo en el cuerpo a los representantes de la política tradicional.

La reacción desde el hemiciclo ha sido la de intentar lavar cara mediante el impulso de reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, acompañado de una hiperactividad legislativa en temas facilones que buscan causar impacto en la opinión pública.

Hay que reconocer que las reformas a la Ley Orgánica aprobadas la semana pasada, aunque incompletas y con algunas debilidades, representan una sustancial mejora al marco regulatorio del régimen interior del Legislativo. Aunque la prensa se ha centrado en mencionar los cambios que buscan impedir abusos en cuanto a las contrataciones de personal y al transfuguismo, hay otros logros más trascendentes de cara a rescatar al Congreso del marasmo y podredumbre de las últimas legislaturas.

De esas reformas, las más positivas tienen que ver con aspectos que mejoran el funcionamiento de los procesos parlamentarios que se habían perdido desde hace años. En ese sentido, el fortalecimiento de las comisiones de trabajo y la delimitación del proceso de interpelación son reformas muy positivas, como lo son también algunas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Pese a estos logros, las reformas se aprobaron con excesiva precipitación. Y la premura no es buena consejera. Por ello la ley quedó con algunas falencias importantes. Por ejemplo, no se terminó de aclarar el rol y los procedimientos que debe seguir el Presidente del Congreso en la contratación del personal. Y se desperdició una ocasión óptima para introducir en la ley la obligación de respetar el principio de unidad de materia. Este principio (vigente en el ordenamiento jurídico de muchos países) prohíbe que en la discusión de una ley se introduzcan normas y reformas ajenas a la materia de la que se está legislando.

La vigencia de tal principio habría impedido que se repitan bochornos legislativos como los que en el pasado permitieron que en una ley de túmulos se reformara el presupuesto del Estado, o que en una ley de apoyo a la juventud se pretenda reformar el sistema tributario, tal como ocurrió apenas el pasado jueves.

Pese a las reformas aprobadas, es evidente que la limpieza del Congreso tiene aún muchos temas pendientes por atender. De no hacerlo, los arranques de hiperactividad legislativa, con premuras y opacidad al estilo de la vieja política, pueden resultar contraproducentes para el necesario rescate del Legislativo.

De Vuelta a las Andadas: Lecciones y Desafíos

El Economista Lúgubre ha regresado. Les comparto mi primera columna en elPeriódico, donde estaré publicando los martes. Esta vez me refiero a uno de los principales desafíos para Guatemala: el de reformar el corrompido y disfuncional sistema político que nos rige.

Luego de un ajetreado y sorprendente 2015, se percibe que 2016 será auspicioso, para el país y los guatemaltecos. Para mí, comienza con el agradable compromiso, al que amablemente me ha invitado elPeriódico, de compartir semanalmente con los amables lectores mis opiniones respecto del entorno económico y social, así como del desempeño de las políticas públicas que lo afectan.

Es prudente enfrentar los desafíos del nuevo año con base en las experiencias adquiridas el año anterior. Y me parece que uno de los principales desafíos para Guatemala es el de reformar el corrompido y disfuncional sistema político que nos rige. Durante mi breve (pero profundamente interesante) incursión como candidato a elección popular en los últimos comicios pude percatarme de una serie de características del sistema políticos que bien vale la pena considerar en un proceso de reforma.

Conviene indicar que, en mi experiencia, el sistema político guatemalteco es mucho menos “malvado” de lo que normalmente se cree desde fuera del mismo. Existe mucha gente buena y genuinamente patriota en los distintos partidos políticos. Los verdaderos problemas del sistema son la extrema improvisación y los incentivos perversos que imperan en su accionar.

Los partidos, sin excepción, están pobremente organizados y carecen de cuadros técnicos, de comités especializados, de ideología, de normas internas y estrategias de mediano plazo. Todo ello en un mercado electoral donde la mayoría de votantes exige soluciones inmediatas a sus problemas personales y se satisface con promesas facilonas que, en la práctica (y a sabiendas de los políticos) son imposibles de cumplir.

Por ello, en parte, las campañas políticas en Guatemala son tan superficiales y repetitivas. A la mayoría de votantes les fascinan los mítines (que en muchos poblados hacen las veces de espectáculo público de esparcimiento que rompe el tedio cotidiano) y a la mayoría de políticos (que disfrutan de los baños de multitud), también. Poco les importa a ambos entender qué es la división de poderes, los derechos y responsabilidades ciudadanos, o el rol de los funcionarios electos. Tampoco importan los planes de gobierno o la situación del fisco. Lo que importa a los políticos en este sistema es ganar, a toda costa y ya mismo, sin darse cuenta de que en política, de cara al futuro, a veces perder puede ser una victoria y ganar, una derrota.


Este sistema perverso es el que ha producido los gobernantes mediocres (cuando no nefastos) que han sido incapaces de impulsar las políticas de largo plazo que el país requiere para salir de la pobreza y potenciar el desarrollo que propicie el bienestar integral de los guatemaltecos. De allí que la reforma política resulta ser una condición indispensable para lograr el desarrollo económico y social del país.