El Gasto Público y Su Eficiencia

La Ley de Compras y Contrataciones debe adecuarse para fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público

En los procesos de compras y contrataciones del Estado se han señalado, desde hace tiempo, de dos debilidades fundamentales y absolutamente indeseables: falta de transparencia y escasa eficiencia. Por un lado, la poca transparencia implica desconocimiento público de lo que se está llevando a cabo los procesos de compras de cada institución pública, lo cual no sólo impide a la ciudadanía tener certeza de que las contrataciones se hacen de manera competitiva, sino que abre puertas para actos de corrupción que ocasionan cuantiosas pérdidas al fisco.

Por su parte, la escasa eficiencia en la adquisición de bienes, servicios y obras también genera cuantiosos costos fiscales. Estudios realizados por los bancos Mundial (BIRF) e Interamericano de Desarrollo (BID) sugieren que un marco normativo moderno (centrado en la Ley de Contrataciones) permitiría alcanzar ahorros de hasta un 15% (alrededor de Q2 millardos) en el presupuesto del Estado.

Resulta, pues, evidente que la Ley de Compras y Contrataciones debe adecuarse para fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público. Ahora bien, las reformas a la ley deben realizarse con cuidado técnico y pragmatismo, ya que si bien la ley vigente tiene debilidades, la principal es que no se aplica en la práctica: menos de la cuarta parte de los concursos públicos que se registran en el portal de Guatecompras se sujetan a los procesos de licitación regulados en la Ley, pues la mayoría de casos se realizan por compras directas y por los mecanismos de excepción.

Lo que las circunstancias demandan es acelerar una serie de reformas y ajustes puntuales a la ley que vienen trabajándose desde hace años, con el involucramiento de expertos nacionales e internacionales, pero que han avanzado muy poco ante la falta de voluntad política para aprobarlas. Estas reformas puntuales se refieren, en primer lugar, al fortalecimiento de la Institucionalidad involucrada en los procesos de compras y contrataciones.

Al respecto, los puntos más importantes a tratar se refieren a la necesidad de contar con una herramienta efectiva que permita registrar los bienes y servicios que el Gobierno adquiere, a fin de estandarizar las compras y crear una base de proveedores y contratistas pre-calificados para tener un récord de las empresas proveedoras del Estado que permita establecer su idoneidad (capacidad financiera, material y técnica) y calificar permanentemente su desempeño (con vistas, incluso, a sancionar o suspender a aquellas entidades que incumplan con sus obligaciones).

La reformas deben también introducir nuevas estrategias de contratación; por ejemplo, debe considerarse establecer una diferenciación de los distintos procesos de contratación y compras del Estado, ya que estos incluyen temas de naturaleza distinta, por lo que conviene distinguir los procesos de compra de bienes, de los de contratación de servicios y de los de contratación de obra pública.

Las estrategias de contratación deben incluir compras consolidadas y contratos abiertos para productos de consumo masivo, con el propósito de reducir precios, así como las subastas en reversa, en las que proveedores con semejantes condiciones de calidad deben ofertar a la baja y se adjudica al precio más favorable.

La modernización de la normativa debería tener también algún grado de flexibilidad, como, por ejemplo, en los casos de contrataciones en estados de emergencia pública o de desastre natural que requieren de un sistema que, respetando los controles financieros, permita al Gobierno contratar los servicios y obras necesarias para responder a circunstancias excepcionales.

Todo lo anterior requiere también de un fortalecimiento de los métodos para supervisar la obra pública y su ejecución que garantice la calidad y transparencia del gasto público, lo que involucra tanto a la Contraloría de Cuentas como a las unidades de control en las entidades contratantes que deben contar con la independencia y capacidad técnica necesarias.

Aunque los desafíos técnicos y políticos para su pronta aprobación son enormes, no cabe duda de que las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones constituyen uno de los esfuerzos prioritarios que el Congreso de la República debe emprender con carácter prioritario a fin de fortalecer la institucionalidad y transparencia del Estado.

A Reponerse del Golpe

Debemos tomar nota de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala

No sorprendió, pero dolió. La calificación de riesgo-país que otorga a Guatemala la agencia Fitch Ratings fue degradada de BB+ a BB, lo cual envía un mensaje negativo a los mercados sobre  las contingencias a considerar por parte de cualquier inversionista. Lo anterior podría acarrear consecuencias sobre el costo deuda pública (bonos), los flujos de inversión hacia el país, el costo del crédito (por ejemplo, para vivienda), la viabilidad de las iniciativas de participación público-privadas, la reputación e imagen internacional del país y, por ende, sobre el desempeño económico futuro.

Cuando por primera vez calificó al país, Fitch le asignó en julio de 2006 la nota de BB+ (apenas un escalón por debajo del “grado de inversión” que anhelan los países en vías de desarrollo), y lo sostuvo allí en los siguientes siete años, incluso en medio del fragor de la crisis internacional de 2008-2010, por lo que esta degradación es la primera que sufre el país por parte de esa agencia.

Si bien la nueva calificación nos aleja otro escalón del grado de inversión, y es una escala menor que la que aún nos asigna otra de las tres calificadoras (Moody’s) y que la obtenida por países vecinos como Costa Rica, cabe indicar que aún es igual a la que nos ha mantenido la otra calificadora (Standard & Poor’s) y un escalón superior a la que ostentan países como El Salvador.

Pero de lo que debemos tomar nota es de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala, en seguimiento de lo que ya había advertido el año pasado en su anterior ejercicio de evaluación del país, cuando redujo la perspectiva del país de “estable “ a “negativa”. El razonamiento expresado por Fitch respecto de su decisión señala dos debilidades clave: por un lado, el país ha sido incapaz de mejorar sustancialmente sus perspectivas de crecimiento económico y, por el otro, no ha podido ampliar su base de ingresos tributarios ni mejorar su flexibilidad fiscal. Estos dos aspectos han erosionado en los últimos años la posición relativa de Guatemala en la categoría de países con calificación BB.

La calificación, según Fitch, también se ve afectada por una débil gobernabilidad y por los bajos indicadores de desarrollo humano, así como por la fragmentación del sistema político y una legislatura dividida y lenta que ha frenado la agenda de políticas y de reformas.

Afortunadamente, la situación del país aún conserva importantes aspectos positivos que Fitch no duda en reconocer y sobre los cuales –para reponerse del duro golpe de la degradación- debemos trabajar en fortalecerlos y construir sobre ellos. En particular, el hecho de que Guatemala aún mantenga (pese a la reducción) una calificación relativamente aceptable –mejor que las de El Salvador u Honduras- se debe a la tradición (de un cuarto de siglo) de mantener déficit fiscales relativamente moderados y una notable estabilidad macroeconómica y financiera. La base de estas fortalezas yace en las políticas fiscal y monetaria que tanto el Ministerio de Finanzas como el Banco de Guatemala, respectivamente, han impulsado responsablemente desde hace dos décadas.

De cara al futuro, el primer paso es consolidar esas fortalezas y transmitir un mensaje de confianza a la comunidad financiera sobre la estabilidad y viabilidad económica del país. En ese sentido resulta atinada la decisión presidencial de confirmar a Dorval Carías como sucesor de María Castro en la cartera de Finanzas Públicas, pues se trata de un tecnócrata de carrera consciente de la crucial importancia de conservar la disciplina fiscal.

Pero el principal reto es el de impulsar, sobre la base de la referida estabilidad macroeconómica, las políticas coherentes que mejoren la eficacia del Estado y favorezcan el crecimiento económico sostenible. Esas políticas no son otras que las de aumentar la inversión en capital humano (salud y educación) y en capital físico, fundamentado en un gobierno subsidiario y compacto: pequeño pero fuerte y eficiente.

Este es el desafío nacional más trascendente: que todos los liderazgos involucrados (en los estamentos económicos, políticos y sociales) sean capaces de hacer las concesiones que cualquier diálogo civilizado demanda, a fin de arribar a los consensos que se requieren parar impulsar consistentemente tales políticas.

Probidad e Impuestos: el Círculo Vicioso

La forma más viable y eficaz de romper con ese círculo vicioso es mediante el combate a la corrupción

Las calificadores de riesgo internacionales centran sus preocupaciones sobre Guatemala en dos temas interrelacionados: el poco dinamismo en el crecimiento económico y el estructuralmente bajo nivel de recaudación tributaria. Ambos factores contribuyen crucialmente a incrementar los riesgos que desde el exterior se perciben respecto de que el país no pueda eventualmente honrar sus obligaciones financieras.

El argumento de las calificadoras es que el lento ritmo de crecimiento de la economía nacional impide reducir significativamente los niveles de pobreza existentes, lo cual no sólo implica que se produzcan tensiones sociales que amenazan la gobernabilidad, sino que también significa que el potencial de consumo de la clase media no se aprovecha cabalmente. A su vez, la escasez de recursos tributarios entraña dos amenazas: por un lado limita la capacidad del gobierno para invertir en el capital físico (infraestructura) y humano (salud y educación) requerido para acelerar el crecimiento económico; y, por el otro, restringe la capacidad del Estado de repagar sus deudas. Por lo tanto, las agencias calificadoras parecen implicar que un elemento clave para mejorar la nota de riesgo-país de Guatemala es el aumento en la cantidad y calidad de los recursos que el gobierno destina a la inversión física y social.

Hace unos días compartí esta visión con los empresarios que conforman el Grupo Económico de Análisis que mensualmente reciben el reporte de Consultores para el Desarrollo –COPADES-; uno de los participantes señaló con mucho tino que dicha interpretación evidenciaba un círculo vicioso, pues la incapacidad del Estado de recaudar impuestos está asociada con la baja moral tributaria de los contribuyentes y ésta, a su vez, está influida por la percepción generalizada de poca transparencia, probidad y eficacia en el uso de los recursos. De manera que mientras no se perciba una mejora sustancial en la transparencia y calidad del gasto, será muy difícil mejorar la recaudación.

De ahí resulta evidente que la forma más viable y eficaz de romper con ese círculo vicioso es mediante el impulso a la transparencia y el combate a la corrupción. Un reciente estudio del Center for Strategic and Internacional Studies –CSIS- sobre los costos de la corrupción en el mundo equipara dichos costos con una carga impositiva para las empresas, de manera que una reducción en la corrupción disminuye los costos de producción y libera recursos que pueden ser utilizados en inversiones constructivas. La reducción de la corrupción, además, atrae inversiones extranjeras y aumenta el apoyo electoral a los funcionarios que buscan hacer cambios constructivos pero políticamente difíciles.

Aunque la mayoría de encuestas sobre corrupción se basa en percepciones, existen diversas estimaciones para cuantificar su impacto en la sociedad y los negocios: en promedio en el mundo, la corrupción eleva en 10% el costo de hacer negocios y en 25% el costo de los contratos gubernamentales. El Reporte Kroll Anti-Soborno de 2013 reportó que el 43% de las empresas encuestadas a nivel mundial sufrió un aumento de costos por corrupción. Sesenta y siete de las 144 economías encuestadas por el Foro Económico Mundial el año pasado identificaron la corrupción como uno de los tres principales desafíos para hacer negocios en su país. El CSIS estima que el costo de la corrupción en los países en desarrollo alcanzó los US$515 mil millones en 2012.

El combate a la corrupción debería, pues, ser una prioridad en la agenda de políticas públicas, tanto para los estamentos políticos como para las organizaciones empresariales y de la sociedad civil, así como para la comunidad internacional involucrada en la cooperación para el desarrollo. Según el documento del CSIS, la falta de avances en la agenda anti-corrupción reduce los flujos de inversión extranjera y de financiamiento para el desarrollo, disminuye las posibilidades de éxito de las reformas institucionales en los países en desarrollo, y ralentiza los esfuerzos para reducir la pobreza. Ojalá que en Guatemala la agenda anti-corrupción se constituya en la plataforma de un esfuerzo nacional que logre concitar voluntades desde la derecha hasta la izquierda en el espectro político y desde las ONGs hasta el empresariado organizado en el ámbito social.

Conviene Tomar Nota

Debemos prepararnos para las opiniones que las calificadoras de riesgo-país estarán emitiendo en los próximos meses

Existen numerosas formas de calificar el desempeño de una economía, incluyendo numerosos índices y rankings de competitividad, de desarrollo humano, de integridad pública, de libertad económica, etcétera. Pero de todas esas calificaciones, la más significativa y  utilizada es la de riesgo-país (riesgo soberano), que es una opinión sobre el riesgo crediticio (de no-pago) de la deuda pública, basada en una evaluación cuantitativa y cualitativa del país que emite títulos de deuda en los mercados internacionales, y evalúa su capacidad  e  intención de honrar sus obligaciones, así como su capacidad para afrontar eventuales problemas o cambios en el entorno.

Guatemala es parte del privilegiado grupo de países que goza de acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que las implicaciones de esta calificación, que es realizada por las principales compañías dedicadas a ello a nivel internacional (Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch Ratings) son de singular importancia para sus flujos de financiamiento, no sólo para el sector público sino también para el sector privado, ya que tal calificación es determinante para las decisiones de inversión y de financiamiento que se toman respecto de Guatemala en los mercados nacionales y extranjeros.

Fitch Ratings califica a Guatemala con un BB+, que reconoce positivamente el historial de estabilidad macroeconómica, así como la buena reputación en el pago de sus deudas y sus bajos indicadores de deuda pública; sin embargo, Fitch advierte que dicha calificación seguirá ubicándose en “grado de no inversión” por la limitada capacidad de Guatemala para enfrentar sus debilidades estructurales, asociada a una base impositiva estrecha y un marco presupuestario muy rígido, que no contribuyen a revertir los bajos indicadores de desarrollo humano, de gobernabilidad y de clima de negocios en el país, lo cual incide en las bajas tasas de ahorro e inversión.

En un entorno mundial frágil, Fitch decidió en su última calificación a Guatemala (en julio de 2013) reducir la perspectiva de “estable” (que el país había ostentado desde 2008) a “negativa”, lo cual implica que existen posibilidades de que en su siguiente revisión–prevista para el próximo mes de julio, luego de la reciente visita de sus analistas al país- pueda verse perjudicada si, a juicio de los calificadores, no se han revertido los aspectos negativos indicados.

Similar nivel de calificación le otorga a Guatemala la calificadora Moody’s, que también en julio de 2013 otorgó calificación de “Ba1”, que se ha mantenido con perspectiva “estable” desde junio de 2010, cuando la elevó del anterior nivel de Ba2 (“estable). Moody’s también ve como fortalezas del país la gestión fiscal y monetaria prudente, así como los niveles relativamente manejables de endeudamiento público y de déficit balanza de pagos.

Pero Moody’s advierte sobre los factores negativos que impiden que el país acceda al anhelado “grado de inversión”: el crecimiento económico es muy modesto en comparación con otros países con calificaciones similares; el nivel de ingresos tributarios es muy bajo; el marco institucional y el Estado de Derecho son débiles y ello redunda en poca eficacia gubernamental y en un ambiente de precaria gobernabilidad.

Por su parte, Standard & Poors  --que suele ser algo más severa con Guatemala- califica al país como “BB” (con perspectiva “estable”), calificación  que mejoró de perspectiva en septiembre de 2012 (antes tenía perspectiva “negativa”). Esta calificadora considera positivamente el estable desempeño externo, fiscal y monetario, así como el mantenimiento durante varios años de la orientación general de la política macroeconómica. Pero insiste en los factores de riesgo: las débiles instituciones públicas y su entorno político polarizado; las tasas de crecimiento económico muy bajas para abordar las fuertes necesidades sociales y de seguridad; la limitada flexibilidad fiscal; y, los problemas de seguridad pública relacionados con el narcotráfico que desafía a la débil fuerza policial y al sistema judicial.

Conviene tomar nota de lo que estos reportes de calificación de riesgo-país señalan, pues nos permiten reconocer nuestra realidad y, a partir de allí, identificar los enormes retos que como país debemos enfrentar con urgencia, coherencia y constancia.

Pobreza y Crecimiento Económico

La clave para reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida (materiales, claro está) radica en la productividad

La pobreza es un fenómeno que se aprecia a simple vista: no hay lugar a equívocos cuando vemos a una persona o a una familia que carece de recursos o habilidades suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Lo difícil es definirla y cuantificarla porque, a fin de cuentas, la pobreza es en gran medida algo relativo: se es más o menos pobre en relación con otros o con algún parámetro.

No es lo mismo ser un pobre en Suecia que serlo en Mozambique. Y es posible que alguien que hoy es inequívocamente pobre, tenga condiciones de vida (acceso al conocimiento, a otras culturas, a alimento y vestido de calidad, a servicios médicos y expectativa de vida) mucho mejores que las de alguien que hace doscientos años pertenecía la clase media.

En los Estados Unidos, cualquiera con ingresos menores a US$30 diarios es catalogado como pobre, pues cualquier ingreso inferior a ese monto se considera inadecuado para  cubrir sus necesidades fundamentales. Otros países desarrollados establecen sus parámetros de pobreza en términos relativos: un incremento en el ingreso de los más ricos deriva en mayor pobreza si el ingreso de los demás permanece inalterable.

En Guatemala, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística, se considera pobre a toda persona que, aunque alcance a cubrir el costo mínimo de alimentos, no cubre el costo adicional para otros bienes básicos, lo que implica que su consumo anual no supera los Q9031. Una medida más estándar a nivel mundial indica que es pobre aquél cuyo consumo es menor a US$1.25 diarios (esta cifra refleja el promedio de líneas de pobreza de los 15 países más pobres del mundo).

Con base en este último parámetro, las estadísticas revelan que el porcentaje de pobreza en el mundo (la cantidad de personas bajo la línea de pobreza como proporción del total de la población) se ha reducido a la mitad: de 43% en 1990 bajó a 21% en 2010.

¿Por qué se redujo tanto la tasa de pobreza en el mundo? La respuesta –aunque pueda molestar a los escépticos de los conceptos económicos y del mercado- es que es reducción es primordialmente resultado del crecimiento económico acelerado que en el pasado cuarto de siglo han exhibido algunas de las mayores economías en vías de desarrollo. Entre 1981 y 2001, China sacó a 680 millones de personas de la pobreza a fuerza de crecimiento económico. Desde 2000, otras economías en desarrollo que aceleraron sus tasas de crecimiento lograron sacar de la pobreza a otros 280 millones.

Por desgracia, no todos los países subdesarrollados han tenido ese grado de éxito (en Guatemala, decepcionantemente, el porcentaje se redujo sólo de 62% en 1989 a 54% en 2011). Y la forma en que se distribuye el crecimiento también importa: en un país con grandes desigualdades en el nivel de ingresos, cada punto porcentual de aumento del PIB será menos efectivo que en un país con mayor igualdad.

En todo caso, la clave para reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida (materiales, claro está) radica en la productividad. En el largo plazo los habitantes de un país sólo pueden hacerse de un flujo creciente de bienes y servicios mediante el aumento de lo que cada trabajador puede producir (es decir, su productividad).

Dado que cada quetzal de producción genera un quetzal de ingresos, cuando en la economía aumenta el producto per cápita (productividad), se produce un aumento equivalente en el ingreso per cápita. En la medida en que la desigualdad no se profundice, el aumento en la productividad redundará en una mejora en los niveles de vida y en el bienestar (material) de la población, así como en la paz social y, consecuentemente, en el clima de negocios.

La experiencia de los países que han reducido rápidamente la pobreza demuestra que el crecimiento económico es una condición indispensable para lograrlo, y que el aumento en la productividad es el factor clave de tal esfuerzo. También demuestra que para que aumente la productividad se requiere tanto de mejoras en la educación y la salud de los habitantes, como de un aumento simultáneo en el capital físico (infraestructura y comunicaciones) e institucional requerido para producir con eficiencia. Todo ello sin descuidar los aspectos de equidad necesarios para darle viabilidad política y apoyo social a las políticas de crecimiento pro mercado.

La Economía No Es Como Solía Ser

Los estudiantes de Economía escogen esta disciplina porque aspiran a solucionar problemas de la vida real. ¿Es eso lo que se enseña actualmente en la academia?

Hace algunos días se difundió con rapidez una Iniciativa Internacional de Estudiantes por el Pluralismo en la Economía, suscrita por 65 grupos de estudiantes universitarios de 30 países, que expresaban mediante una carta abierta su desencanto con la forma en que se enseña la ciencia económica. Ese desencanto se suma a los de muchas personas del mundo de los negocios y de las finanzas que no se explican la incapacidad de los economistas de advertir sobre la crisis mundial de hace un quinquenio.

Algunas quejas de los estudiantes tienen que ver con sus sospechas de que el material de enseñanza refleja únicamente el pensamiento occidental. Lo anterior está relacionado con otras críticas mucho más radicales que cuestionan ya no sólo los enfoques tradicionales de enseñanza, sino que también (y especialmente) el sistema capitalista en el que se sustenta la mayor parte de la ciencia económica. Así, afuera de la profesión abundan los ataques contra –por ejemplo- los conceptos de cómo funcionan el mercado y los precios, o contra el valor informativo y práctico de las cuentas macroeconómicas (como el PIB).

Muchas de estas críticas y ataques están desenfocados porque caen fuera del ámbito de competencia de la ciencia económica. Por ello, lo primero que convendría aclarar es la naturaleza científica de la Economía. La definición estándar que se enseña desde hace mucho tiempo indica que es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios que, siendo escasos, tienen usos alternativos.

Claro está que no se trata de una ciencia “dura” (como podría serlo, por ejemplo, la Física). Una ciencia es una disciplina de pensamiento que hace hincapié en proponer hipótesis básicas y luego realiza experimentos controlados para comprobar la validez de las hipótesis. Los economistas no pueden hacer experimentos controlados en el laboratorio, sino que usan evidencia histórica y estadística para simular tales experimentos. La Economía es una ciencia en algunos aspectos y no en otros; pero lo mismo puede decirse de casi cualquier otra ciencia.

Si bien se trata de una disciplina relativamente joven que aún está en proceso de consolidar sus leyes e identificar las relaciones que la definen, a lo largo de su existencia ha generado un acervo de conocimiento (la oferta y la demanda, el análisis marginal, la importancia de la productividad, la ventaja comparativa, los rendimientos decrecientes, etcétera) alrededor del cual existe un aceptable nivel de consenso, que ha sido (y aún es) de utilidad para entender el comportamiento en sociedad y la manera en que éste puede ser utilizado para el bien común.

Ciertamente la disciplina de la Economía tiene muchas falencias, como el exagerado uso de los modelos matemáticos, o la propensión a la contaminación ideológica, o el privilegio excesivo que la academia (especialmente la dominante anglosajona) otorga a la investigación (cuantitativa) sobre la docencia, o el hecho de que en dicha investigación se ignora flagrantemente el análisis económico aplicado a los países con mayores niveles de pobreza.

El enfoque y la enseñanza de la Economía deben evolucionar con las circunstancias. Los estudiantes de Economía de hoy (y los que alguna vez lo fuimos) escogen esta disciplina porque tienen la expectativa de comprender, y quizá de solucionar, problemas económicos de la vida real: la pobreza, la inequidad, las crisis financieras, o la inflación. Es natural que se frustren cuando el pensum los obliga a memorizar modelos basados en el comportamiento de un agente económico que en teoría toma decisiones racionales. Lo importante es que la Economía no se empeñe en enseñar paradigmas metodológicos, sino en descubrir cómo las leyes esenciales y las relaciones básicas de la vida económica pueden usarse pragmáticamente para atender problemas del mundo real.

Todo el mundo, y especialmente los países pobres, se beneficiarían si hubiese más economistas tratando de descifrar los desafíos de la escasez. Con más y mejor investigación técnica, pragmática en vez de ideológica, sería más fácil diseñar políticas públicas basadas en evidencia objetiva –y no en los caprichos de los políticos-. La ciencia económica debe estar, pues, más dispuesta a abrirse al pragmatismo y a aventurarse fuera de sus torres de marfil.

Tijeras Contra la Corrupción

Las dos cuchillas del combate a la corrupción son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público

Para combatir eficazmente la corrupción, cortar de tajo sus nefastas raíces y revertir la imperante cultura de nihilismo ciudadano, es necesario contar con herramientas institucionales adecuadas. Pensando en herramientas podemos imaginar, por ejemplo, unas tijeras: dos cuchillas que giran sobre un eje respecto al cual se sitúan los filos de corte y que hacen palanca con el mango situado en el lado opuesto. Las dos cuchillas del combate a la corrupción son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, en tanto que la potencia sobre el mango la debería ejercer la voluntad política de los tres poderes del Estado.

Para que estas tijeras funcionen necesitan apoyarse en el eje común de una tolerancia cero de la ciudadanía respecto de la corrupción. Ello requiere de una conciencia clara respecto de cuán perniciosa es la corrupción para el desarrollo y el bienestar de los guatemaltecos.

Existen diversos estudios que demuestran que la corrupción es un grave obstáculo al desarrollo porque impone cargas que desincentivan la realización de negocios lícitos y, por ende, afecta la inversión. Además, en la medida en que la corrupción se arraiga y permanece impune, muchas personas talentosas pueden verse incentivadas a dedicarse a buscar rentas ilícitas, por lo que los recursos económicos del país se asignan ineficientemente y el crecimiento económico sufre. También la eficiencia del gobierno, la recaudación fiscal, la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos, así como las prioridades del gasto gubernamental, se ven gravemente afectadas por la corrupción.

La corrupción se manifiesta en múltiples actos anómalos en la administración pública tales como el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito; la estafa; el fraude; la defraudación fiscal (incluyendo el contrabando); o, la malversación de fondos. Todos estos pueden tener vínculos perniciosos con el crimen organizado (incluyendo el narcotráfico). La cuantificación de los costos de tales actos es enorme.

Un estudio de la ONG Acción Ciudadana (“Impunidad y corrupción en el ámbito fiscal”, publicado en 2000) estimaba que Guatemala se encontraba entonces dentro del promedio latinoamericano de corrupción, lo que representaba un costo equivalente al 24% del Presupuesto del Estado (lo que, de continuar igual, significaría uno Q16,000 millones para 2014). Declaraciones de la propia vicepresidenta Roxana Baldetti, en 2012, estimaban que en 2011 las pérdidas por corrupción fueron de Q15,000 millones. Recientemente la diputada Nineth Montenegro estimaba que, sólo en inversión, el presupuesto del Estado sufría una fuga de 20% en sobreprecios, mala ejecución y “comisiones” que se pagan por la construcción de obra pública. Al respecto señaló que ese presupuesto corruptible se debía a que la Contraloría y el Ministerio Público eran en presupuesto y recurso humano y no tienen la capacidad de fiscalizar o investigar este tipo de delitos que al final no tienen consecuencias para el funcionario público o los particulares que facilitan tales actos.

Esta situación tiene repercusiones negativas en el clima de negocios y en la generación de inversión y empleo. El Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente elabora Transparencia Internacional ubicó a Guatemala en 2013 en el puesto 123 de 177 países, su peor posición desde 1998 cuando se empezó a incluir al país en la medición. Por otro lado, un informe del gobierno de  Estados Unidos sobre la situación mundial de los derechos humanos (en 2013), señala que una de las principales preocupaciones para el caso de Guatemala es la corrupción generalizada institucional, en particular en los sectores policial y judicial.

Ante gigantesco reto que para nuestro país significa la corrupción, quizá quepa ver como una gran oportunidad el hecho de que en 2014 se produce una renovación de las máximas autoridades del Ministerio Público y de la Contraloría: sólo en la medida en que estas instituciones se fortalezcan, se coordinen y se enfoquen en luchar eficazmente contra la corrupción, será posible acelerar la urgente tarea de reducir sus nefastas consecuencias sobre el presupuesto del Estado y el desarrollo nacional. Además, la permanente vigilancia de la opinión pública sobre tales temas será crucial para avanzar en esta lucha.