El Gasto Público y Su Eficiencia

La Ley de Compras y Contrataciones debe adecuarse para fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público

En los procesos de compras y contrataciones del Estado se han señalado, desde hace tiempo, de dos debilidades fundamentales y absolutamente indeseables: falta de transparencia y escasa eficiencia. Por un lado, la poca transparencia implica desconocimiento público de lo que se está llevando a cabo los procesos de compras de cada institución pública, lo cual no sólo impide a la ciudadanía tener certeza de que las contrataciones se hacen de manera competitiva, sino que abre puertas para actos de corrupción que ocasionan cuantiosas pérdidas al fisco.

Por su parte, la escasa eficiencia en la adquisición de bienes, servicios y obras también genera cuantiosos costos fiscales. Estudios realizados por los bancos Mundial (BIRF) e Interamericano de Desarrollo (BID) sugieren que un marco normativo moderno (centrado en la Ley de Contrataciones) permitiría alcanzar ahorros de hasta un 15% (alrededor de Q2 millardos) en el presupuesto del Estado.

Resulta, pues, evidente que la Ley de Compras y Contrataciones debe adecuarse para fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público. Ahora bien, las reformas a la ley deben realizarse con cuidado técnico y pragmatismo, ya que si bien la ley vigente tiene debilidades, la principal es que no se aplica en la práctica: menos de la cuarta parte de los concursos públicos que se registran en el portal de Guatecompras se sujetan a los procesos de licitación regulados en la Ley, pues la mayoría de casos se realizan por compras directas y por los mecanismos de excepción.

Lo que las circunstancias demandan es acelerar una serie de reformas y ajustes puntuales a la ley que vienen trabajándose desde hace años, con el involucramiento de expertos nacionales e internacionales, pero que han avanzado muy poco ante la falta de voluntad política para aprobarlas. Estas reformas puntuales se refieren, en primer lugar, al fortalecimiento de la Institucionalidad involucrada en los procesos de compras y contrataciones.

Al respecto, los puntos más importantes a tratar se refieren a la necesidad de contar con una herramienta efectiva que permita registrar los bienes y servicios que el Gobierno adquiere, a fin de estandarizar las compras y crear una base de proveedores y contratistas pre-calificados para tener un récord de las empresas proveedoras del Estado que permita establecer su idoneidad (capacidad financiera, material y técnica) y calificar permanentemente su desempeño (con vistas, incluso, a sancionar o suspender a aquellas entidades que incumplan con sus obligaciones).

La reformas deben también introducir nuevas estrategias de contratación; por ejemplo, debe considerarse establecer una diferenciación de los distintos procesos de contratación y compras del Estado, ya que estos incluyen temas de naturaleza distinta, por lo que conviene distinguir los procesos de compra de bienes, de los de contratación de servicios y de los de contratación de obra pública.

Las estrategias de contratación deben incluir compras consolidadas y contratos abiertos para productos de consumo masivo, con el propósito de reducir precios, así como las subastas en reversa, en las que proveedores con semejantes condiciones de calidad deben ofertar a la baja y se adjudica al precio más favorable.

La modernización de la normativa debería tener también algún grado de flexibilidad, como, por ejemplo, en los casos de contrataciones en estados de emergencia pública o de desastre natural que requieren de un sistema que, respetando los controles financieros, permita al Gobierno contratar los servicios y obras necesarias para responder a circunstancias excepcionales.

Todo lo anterior requiere también de un fortalecimiento de los métodos para supervisar la obra pública y su ejecución que garantice la calidad y transparencia del gasto público, lo que involucra tanto a la Contraloría de Cuentas como a las unidades de control en las entidades contratantes que deben contar con la independencia y capacidad técnica necesarias.

Aunque los desafíos técnicos y políticos para su pronta aprobación son enormes, no cabe duda de que las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones constituyen uno de los esfuerzos prioritarios que el Congreso de la República debe emprender con carácter prioritario a fin de fortalecer la institucionalidad y transparencia del Estado.