Las dos cuchillas del combate a la
corrupción son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público
Para combatir eficazmente la corrupción, cortar de
tajo sus nefastas raíces y revertir la imperante cultura de nihilismo ciudadano,
es necesario contar con herramientas institucionales adecuadas. Pensando en
herramientas podemos imaginar, por ejemplo, unas tijeras: dos cuchillas que giran sobre un eje respecto al cual se sitúan los filos de corte y que hacen palanca con el mango situado en el lado opuesto. Las dos cuchillas del combate a la
corrupción son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, en
tanto que la potencia sobre el mango la debería ejercer la voluntad política de
los tres poderes del Estado.
Para que estas tijeras funcionen necesitan apoyarse en
el eje común de una tolerancia cero de la ciudadanía respecto de la corrupción.
Ello requiere de una conciencia clara respecto de cuán perniciosa es la
corrupción para el desarrollo y el bienestar de los guatemaltecos.
Existen diversos estudios que demuestran que la
corrupción es un grave obstáculo al desarrollo porque impone cargas que desincentivan
la realización de negocios lícitos y, por ende, afecta la inversión. Además, en
la medida en que la corrupción se arraiga y permanece impune, muchas personas
talentosas pueden verse incentivadas a dedicarse a buscar rentas ilícitas, por
lo que los recursos económicos del país se asignan ineficientemente y el
crecimiento económico sufre. También la eficiencia del gobierno, la recaudación
fiscal, la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos, así como
las prioridades del gasto gubernamental, se ven gravemente afectadas por la
corrupción.
La corrupción se manifiesta en múltiples actos
anómalos en la administración pública tales como el abuso de autoridad, el
enriquecimiento ilícito; la estafa; el fraude; la defraudación fiscal (incluyendo
el contrabando); o, la malversación de fondos. Todos estos pueden tener
vínculos perniciosos con el crimen organizado (incluyendo el narcotráfico). La
cuantificación de los costos de tales actos es enorme.
Un estudio de la ONG Acción Ciudadana (“Impunidad y
corrupción en el ámbito fiscal”, publicado en 2000) estimaba que Guatemala se
encontraba entonces dentro del promedio latinoamericano de corrupción, lo que
representaba un costo equivalente al 24% del Presupuesto del Estado (lo que, de
continuar igual, significaría uno Q16,000 millones para 2014). Declaraciones de
la propia vicepresidenta Roxana Baldetti, en 2012, estimaban que en 2011 las
pérdidas por corrupción fueron de Q15,000 millones. Recientemente la diputada
Nineth Montenegro estimaba que, sólo en inversión, el presupuesto del Estado
sufría una fuga de 20% en sobreprecios, mala ejecución y “comisiones” que se
pagan por la construcción de obra pública. Al respecto señaló que ese
presupuesto corruptible se debía a que la Contraloría y el Ministerio Público eran
en presupuesto y recurso humano y no tienen la capacidad de fiscalizar o
investigar este tipo de delitos que al final no tienen consecuencias para el
funcionario público o los particulares que facilitan tales actos.
Esta situación tiene repercusiones negativas en el
clima de negocios y en la generación de inversión y empleo. El Índice de
Percepción de la Corrupción que anualmente elabora Transparencia Internacional
ubicó a Guatemala en 2013 en el puesto 123 de 177 países, su peor posición desde
1998 cuando se empezó a incluir al país en la medición. Por otro lado, un informe
del gobierno de Estados Unidos sobre la
situación mundial de los derechos humanos (en 2013), señala que una de las
principales preocupaciones para el caso de Guatemala es la corrupción
generalizada institucional, en particular en los sectores policial y judicial.
Ante gigantesco reto que para nuestro país significa la corrupción,
quizá quepa ver como una gran oportunidad el hecho de que en 2014 se produce
una renovación de las máximas autoridades del Ministerio Público y de la
Contraloría: sólo en la medida en que estas instituciones se fortalezcan, se
coordinen y se enfoquen en luchar eficazmente contra la corrupción, será
posible acelerar la urgente tarea de reducir sus nefastas consecuencias sobre el
presupuesto del Estado y el desarrollo nacional. Además, la permanente vigilancia
de la opinión pública sobre tales temas será crucial para avanzar en esta lucha.
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