La forma más viable y eficaz de romper con
ese círculo vicioso es mediante el combate a la corrupción
Las calificadores de riesgo internacionales centran sus
preocupaciones sobre Guatemala en dos temas interrelacionados: el poco
dinamismo en el crecimiento económico y el estructuralmente bajo nivel de
recaudación tributaria. Ambos factores contribuyen crucialmente a incrementar
los riesgos que desde el exterior se perciben respecto de que el país no pueda
eventualmente honrar sus obligaciones financieras.
El argumento de las calificadoras es que el lento ritmo
de crecimiento de la economía nacional impide reducir significativamente los
niveles de pobreza existentes, lo cual no sólo implica que se produzcan
tensiones sociales que amenazan la gobernabilidad, sino que también significa
que el potencial de consumo de la clase media no se aprovecha cabalmente. A su
vez, la escasez de recursos tributarios entraña dos amenazas: por un lado limita
la capacidad del gobierno para invertir en el capital físico (infraestructura)
y humano (salud y educación) requerido para acelerar el crecimiento económico;
y, por el otro, restringe la capacidad del Estado de repagar sus deudas. Por lo
tanto, las agencias calificadoras parecen implicar que un elemento clave para
mejorar la nota de riesgo-país de Guatemala es el aumento en la cantidad y
calidad de los recursos que el gobierno destina a la inversión física y social.
Hace unos días compartí esta visión con los
empresarios que conforman el Grupo Económico de Análisis que mensualmente
reciben el reporte de Consultores para el Desarrollo –COPADES-; uno de los
participantes señaló con mucho tino que dicha interpretación evidenciaba un
círculo vicioso, pues la incapacidad del Estado de recaudar impuestos está
asociada con la baja moral tributaria de los contribuyentes y ésta, a su vez,
está influida por la percepción generalizada de poca transparencia, probidad y
eficacia en el uso de los recursos. De manera que mientras no se perciba una
mejora sustancial en la transparencia y calidad del gasto, será muy difícil
mejorar la recaudación.
De ahí resulta evidente que la forma más viable y
eficaz de romper con ese círculo vicioso es mediante el impulso a la
transparencia y el combate a la corrupción. Un reciente estudio del Center for
Strategic and Internacional Studies –CSIS- sobre los costos de la corrupción en
el mundo equipara dichos costos con una carga impositiva para las empresas, de
manera que una reducción en la corrupción disminuye los costos de producción y
libera recursos que pueden ser utilizados en inversiones constructivas. La
reducción de la corrupción, además, atrae inversiones extranjeras y aumenta el
apoyo electoral a los funcionarios que buscan hacer cambios constructivos pero
políticamente difíciles.
Aunque la mayoría de encuestas sobre corrupción se
basa en percepciones, existen diversas estimaciones para cuantificar su impacto
en la sociedad y los negocios: en promedio en el mundo, la corrupción eleva en
10% el costo de hacer negocios y en 25% el costo de los contratos gubernamentales.
El Reporte Kroll Anti-Soborno de 2013 reportó que el 43% de las empresas
encuestadas a nivel mundial sufrió un aumento de costos por corrupción. Sesenta
y siete de las 144 economías encuestadas por el Foro Económico Mundial el año
pasado identificaron la corrupción como uno de los tres principales desafíos
para hacer negocios en su país. El CSIS estima que el costo de la corrupción en
los países en desarrollo alcanzó los US$515 mil millones en 2012.
El combate a la corrupción debería, pues, ser una prioridad en la agenda
de políticas públicas, tanto para los estamentos políticos como para las
organizaciones empresariales y de la sociedad civil, así como para la comunidad
internacional involucrada en la cooperación para el desarrollo. Según el
documento del CSIS, la falta de avances en la agenda anti-corrupción reduce los
flujos de inversión extranjera y de financiamiento para el desarrollo,
disminuye las posibilidades de éxito de las reformas institucionales en los
países en desarrollo, y ralentiza los esfuerzos para reducir la pobreza. Ojalá que
en Guatemala la agenda anti-corrupción se constituya en la plataforma de un
esfuerzo nacional que logre concitar voluntades desde la derecha hasta la
izquierda en el espectro político y desde las ONGs hasta el empresariado
organizado en el ámbito social.
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