Una inusual alineación de astros ha permitido que en el usualmente paralizado Congreso de la República se haya producido un avance concreto con la emisión de un Dictamen Conjunto de las llamadas leyes de transparencia. Se siente una bocanada de oxígeno cuando hay
avances simultáneos en el combate a la corrupción y el fortalecimiento
institucional
La corrupción generalizada (en todos los niveles de la
sociedad) y la dramática debilidad de las instituciones del Estado (desde los
organismos Legislativo y Judicial hasta las instituciones de vigilancia y
control) son dos de los lastres más pesados que impiden el progreso de
Guatemala. Ambos problemas parecen tan irremontables que a veces nos invade un
sentimiento de frustración y angustia que nos lleva a vislumbrar un futuro
irremisiblemente fallido para el país.
Por eso se siente como una bocanada de oxígeno cuando
se producen, en una inusual confluencia de intereses, avances simultáneos en
ambas áreas (combate a la corrupción y fortalecimiento institucional) como el
que se produjo en el Congreso la semana pasada: tras un largo proceso de
discusión y análisis, con el acompañamiento de tanques de pensamiento e
instancias de la sociedad civil, tres comisiones de trabajo del Congreso de la
República –las de Legislación y Puntos Constitucionales, de Probidad, y
Extraordinaria Nacional por la Transparencia- emitieron el Dictamen Conjunto
No. 1-2013 sobre la Iniciativa de Ley No. 4461, que contiene un conjunto de
reformas legales en favor de la transparencia en el manejo de los recursos del
erario público (es decir, de los recursos provenientes de los impuestos de
todos los guatemaltecos).
Dadas las circunstancias en el Congreso
(cuasi-paralizado por una interpelación ministerial desnaturalizada) y en la
sociedad civil (cada día más polarizada), el acuerdo logrado en torno al
referido dictamen constituye un esfuerzo meritorio de negociación política, con
un importante componente técnico, que logró concitar consensos –a través de
todo el espectro ideológico- en torno al combate a la corrupción. De tal manera
que por fin, tras varios meses de espera, el Congreso de la República tiene en
sus manos la oportunidad de aprobar reformas esenciales a tres leyes orgánicas
de central importancia: la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, y la Ley Orgánica de la Superintendencia de
Administración Tributaria.
Las reformas contenidas en el referido Dictamen
Conjunto permitirán, entre otros objetivos, impedir que se incurra en la
llamada “deuda flotante” al obligar a que todo gasto cuente con el correspondiente
respaldo presupuestario; prohibir que ONGs ejecuten obras públicas; sancionar
penalmente a quienes incumplan con las normas presupuestarias; y, convertir en
normas permanentes diversas disposiciones que anteriormente debían aprobarse
anualmente con cada presupuesto (todas ellas reformas a la Ley Orgánica del
Presupuesto). También incluye reformas orientadas a modernizar el mandato de la
Contraloría General de Cuentas y explicitar su mandato de fiscalizar a todas
las entidades que manejan recursos del Estado, al tiempo que fortalece sus
capacidades técnicas y sancionatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas); así como fortalecer la autonomía y eficacia
de la Superintendencia de Administración tributaria al permitir la renovación
parcial de su Directorio y afinar los mecanismos para el establecimiento de sus
metas recaudatorias (mediante reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia
de Administración Tributaria).
Ciertamente, el contenido de este inusualmente
positivo dictamen resulta insuficiente pues, por un lado, solamente incorpora
aquellas reformas mínimas que pudieron ser consensuadas políticamente en las
tres comisiones signatarias y, por otro, aún deja pendientes otra serie de
reformas relacionadas con la transparencia (como las reformas a la Ley de
Probidad o a la Ley de Contrataciones del Estado). Sin embargo, es de justicia destacar
que las reformas contenidas dicho dictamen constituyen un esperanzador paso
adelante en la lucha contra la corrupción y en favor del uso eficiente de los
recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos.
Queda ahora en manos del Pleno del Congreso atender el clamor ciudadano
por la transparencia y convertir este Dictamen Conjunto –sin alterar el
espíritu de su contenido- en Ley de la República, lo que, de lograrse, se
traducirá en un mejor y más adecuado uso de los recursos de los guatemaltecos,
que es el complemento indispensable que aún le hace falta a la reforma
tributaria aprobada el año anterior.
