Agujeros Negros

 LA CLAVE ESTÁ EN LA DEBILIDAD DE LA CONTRALORÍA Y DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS

 El presupuesto del Estado -que ha estado en el centro del descontento popular en la última semana- tiene múltiples problemas, muchos de los cuales son estructurales, es decir, no son problemas exclusivos del presupuesto para 2021, sino que vienen arrastrándose -y agravándose- año con año. Uno de los más severos es la existencia de oscuros agujeros de gasto como, por ejemplo, las transferencias a las municipalidades (que se llevarán más de Q6.8 millardos en 2021), las transferencias a los Consejos de Desarrollo (más de Q3.8 millardos), los pagos a las clases civiles del Estado (Q5.7 millardos) o la transferencia a la universidad estatal (Q2.1 millardos)

 Un primer y serio inconveniente con estos agujeros negros, que sumados absorben la quinta parte del total del presupuesto anual del Estado, es que se trata de gastos cuyo destino no está alineado con (y, a veces, hasta es contrario a) los lineamientos de desarrollo del Estado, por lo que su efectividad, en términos de aporte a los objetivos prioritarios de desarrollo del país, es muy limitada. En particular, los millonarios aportes a las municipalidades y a los Consejos de Desarrollo implican inevitablemente que recursos fiscales que debiesen orientarse a combatir a la desnutrición, fortalecer la salud pública, mejorar la educación primaria o a modernizar la infraestructura vial, se desvían a gastos superfluos, mal planificados y de bajo impacto socioeconómico.

 Un segundo y también serio inconveniente es que dichos agujeros negros suelen ejecutarse con escasa rendición de cuentas y mucho menor trasparencia que la que se observa en los gastos del gobierno central, lo que los hace más proclives a la corrupción. Es bien sabido que la ejecución de estos recursos en muchas municipalidades se presta compras y contrataciones viciadas para favorecer a empresas vinculadas con las autoridades ediles. También se sabe que las asignaciones presupuestarias para los Consejos de Desarrollo suelen negociarse mediante tráfico de influencias que involucra a gobernadores departamentales y diputados distritales interesados en participar de las compras y contrataciones que de ellas se derivan.

 Así, no es de extrañar que una de las modificaciones más grandes que la Comisión de Finanzas del Congreso realizó al proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo fue la de incrementar por varios cientos de millones la partida destinada a los Consejos Departamentales de Desarrollo, a los cuales, además, liberó de ciertos candados y controles que permitían un mínimo control de tales gastos. En alguna medida, la manera precipitada, imprudente y temeraria en que se dictaminó, discutió y aprobó el Presupuesto del Estado para 2021 la semana pasada, está asociada con la forma en que se presupuestan estos multimillonarios agujeros negros de gasto por parte de las municipalidades y Consejos de Desarrollo.

 Sería equivocado culpar de esta situación al sistema de descentralización que nos rige (que sigue siendo una buena idea, aunque con el tiempo haya sido desnaturalizado y corrompido); tampoco tienen la culpa las reglas que rigen la formulación del presupuesto (la Ley Orgánica del Presupuesto es buena, aunque se viole constantemente). Los principales culpables son otros: por un lado, un sistema de control del gasto público en el que la Contraloría de Cuentas destaca por su incompetencia y que ha permitido el continuo deterioro de la calidad y transparencia del gasto público; y, por otro -y en el centro de todos los problemas-, un sistema político autodiseñado para medrar con el erario público. En materia de combate a la corrupción la principal reforma no es la del presupuesto, sino la de los órganos de control y la del sistema de partidos políticos.