Oportunidades y Amenazas para la Economía

LA INOPERANCIA DEL SISTEMA POLÍTICO IMPIDE QUE SE AVANCE EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS

Hace pocos días, la calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó la calificación (BB-) de Guatemala. Esa calificación, que es la mejor de cualquier país de Centroamérica -salvo Panamá-, está respaldada por el historial de estabilidad macroeconómica, el relativamente bajo nivel de deuda pública y la abundancia de reservas monetaria internacionales. Del lado negativo, Fitch señala como debilidades de nuestro país la muy baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad estatal, lo pobres indicadores de desarrollo humano, cuya solución se ve obstaculizada por la inoperancia del sistema político para abordar tales problemas.

Del reporte de Fitch se puede extraer una visión de las amenazas que se ciernen sobre nuestra economía y que podrían perjudicar en el futuro nuestra calificación de riesgo-país. Entre esas amenazas destacan tres. En primer lugar, la debilidad estructural de las finanzas públicas, afectadas no solo por una carga tributaria estructuralmente débil, sino también por el aumento que registra el déficit fiscal desde el año pasado. En segundo lugar, la disfuncionalidad del sistema político y parlamentario que limita la flexibilidad del financiamiento del gobierno y la formulación de políticas básicas (como no aprobar el presupuesto anual). Y, tercero, la probabilidad de que la incipiente recuperación económica se descarrile ante eventos políticos externos (que afecten, por ejemplo, el flujo de remesas familiares que hoy sustentan la demanda agregada de nuestra economía) o internos (que amenacen la gobernabilidad y la paz social).

De manera similar puede extraerse un diagnóstico de las oportunidades que, de aprovecharse, podrían fortalecer el desempeño económico y mejorar la calificación del país. Destacan tres oportunidades: primero, en el ámbito de las finanzas públicas, las reformas institucionales y legales que permitan una mejora gradual y sostenida en la recaudación de impuestos y una mejora en la sostenibilidad de la deuda pública. En segundo lugar, el amplio campo que existe para avanzar para generar más inversiones que aceleren el crecimiento a mediano plazo, donde destaca la necesidad de llenar la enorme brecha de infraestructura física que limita la productividad del país. Y, tercero, la posibilidad de elevar los indicadores de gobernanza y de desarrollo humano, lo que implica reformas profundas a las instituciones del Estado que corrijan, por ejemplo, la elevada percepción de corrupción y la falta de certeza jurídica.

Las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, Standard & Poor’s o Moody’s, no son infalibles, claro está. Pero sus reportes sintetizan con claridad la visión que del país se tiene en los mercados financieros internacionales y las posibles rutas para salir del mediocre desempeño económico de los últimos lustros. No hay que echarlos en saco roto.