DEMOCRACIA EN RIESGO

URGEN REFORMAS QUE BLINDEN EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL

Recientemente se publicó el Índice de Democracia de The Economist, que para 2021 reveló una reducción en la calidad de la democracia en todas las regiones del mundo -y peor en Latinoamérica-, principalmente a causa de la reducción de las libertades civiles provocada por los confinamientos y las restricciones a la movilidad aplicadas para atenuar los efectos de la pandemia, aunque también debido a los crecientes ataques populistas contra las instituciones democráticas. El Índice califica cinco categorías (proceso electoral, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles) de acuerdo a cuyos indicadores los países se clasifican como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

Guatemala resulta ser un “régimen híbrido”, no solo por una calificación muy baja de 4.62 puntos, que nos ubica en el puesto 99 de 165 países en el mundo y el 20 entre 24 latinoamericanos (solo delante de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití), sino que se ha venido deteriorando consistentemente desde hace 15 años. De nuestros cinco sub indicadores, el más sólido es el de Proceso Electoral, categoría que estará en un riesgo considerable en el próximo proceso electoral de 2023 si no se toman las medidas preventivas indispensables.

El Congreso tiene en sus manos reformar la Ley Electoral para evitar que el próximo proceso electoral sufra de las complicaciones que se observaron en 2019 (y de las que solo con mucha suerte salimos bien librados). La ventana de oportunidad para que esas reformas cobre vigencia se cierra con la convocatoria a elecciones. El tiempo apremia para corregir las disposiciones vigentes (muchas derivadas de las precipitadas reformas de 2016) que causan confusión o que son inaplicables y que, por ende, restan certeza al clima electoral y minan la credibilidad de nuestra democracia. Entre esos ajustes necesarios destacan la necesidad de clarificar las definiciones y regulación sustantiva, como el caso de los conceptos de campaña política anticipada, proselitismo, personas vinculadas y relacionadas y las fases del proceso electoral; así como la creación de la franja electoral y el ajuste a la regulación de la campaña en medios de comunicación.

Para preservar las fortalezas de nuestro proceso electoral, el Congreso debe apurar estas reformas e idealmente, si fuera factible, también debería considerar incluir algunas disposiciones que acerquen a los electores con sus representantes, potenciando así la representatividad incorporando, por ejemplo, el voto preferente para elección de diputados. Estas reformas urgentes minimizarían los riesgos que hoy existen de un proceso electoral deteriorado, confuso y sin credibilidad en 2023. Pero solo serían un alivio temporal. Para rescatar y blindar a largo plazo nuestra democracia, quedarían pendientes para próximos años otras reformas más profundas, como las relativas al mandato e independencia del TSE y a facilitar la participación política de más ciudadanos. Pero de esas hablaremos la próxima semana.