RIESGOS POLÍTICOS EN EL AÑO ELECTORAL

UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE, VOLATILIDAD Y ELECCIONES REQUIERE DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Recientemente, el Centro de Estudios Internacionales UC publicó un análisis sobre los riesgos políticos de Latinoamérica, donde se vislumbra un cuadro regional crecientemente complejo, el cual puede servir de marco para contrastar cuáles de esos riesgos aplican para el caso guatemalteco en este año electoral y representan un desafío para las instituciones estatales, las empresas y la sociedad civil. Según la encuesta utilizada para dicho análisis, estos son los diez principales riesgos políticos en Latinoamérica:

(1 ) El crimen organizado, que debilita el Estado de Derecho y genera mayor inseguridad, corrupción e impunidad, es un riesgo evidente para Guatemala, donde indicadores como la creciente tasa de homicidios o el elevado índice de percepción de corrupción lo ponen como un desafío clave en 2023. (2) El deterioro de la democracia, junto con la amenaza del populismo y del autoritarismo se manifiesta en nuestro país en una baja satisfacción ciudadana con la democracia y un índice de democracia débil (según The Economist), que se agrava con una tendencia al debilitamiento institucional que, por ejemplo, se evidencia en el inexplicable impasse para elegir magistrados de las altas cortes.

(3) La incapacidad creciente de los gobiernos de cumplir con las expectativas y demandas ciudadanas, en medio de una fragmentación política que dificulta llegar a acuerdos y de un creciente endeudamiento público, es un riesgo también latente en Guatemala, donde las encuestas revelan poca confianza en las instituciones y en las elecciones mismas. (4) El riesgo de estallidos sociales por el alto costo de la vida, el bajo crecimiento económico, y el aumento del desempleo no es tan grave en Guatemala como en el resto de la región, pero el deteriorado entorno económico internacional no permite descartarlo del todo en este año electoral.

(5) La crisis migratoria también entraña un riesgo, no solo porque nuestro país exporta miles de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos anualmente, sino porque también se ha convertido en puente para otros miles de ilegales de otras nacionalidades. (6) La inseguridad alimentaria es una vergonzosa realidad en Guatemala, cuyo riesgo de agravamiento crece ante la escasez de insumos críticos exacerbada por los efectos de la guerra en Ucrania. (7) La hiperpolarización y la propagación de noticias falsas y campañas de contaminación informativa como herramienta política es generalizada en casi todo el mundo: difícilmente el próximo proceso electoral guatemalteco podrá escapar de este riesgo.

(8) La pérdida de competitividad en el desarrollo de los recursos naturales y de las energías limpias, en comparación con otras regiones, se agrava en Latinoamérica ante los escasos incentivos para la inversión extranjera y falta de certeza jurídica. Guatemala no es ajena a esa realidad, debido a la falta de claridad en los marcos regulatorios y a la discrecionalidad de la burocracia, lo que incide en nuestro bajo nivel en el ranking de competitividad regional. (9) El riesgo de ataques cibernéticos genera vulnerabilidad de los servicios del Estado y en la infraestructura crítica y los servicios financieros, y es una amenaza creciente para nuestro. Y (10) el debilitamiento de la integración regional, que ha pasado a ocupar una baja prioridad en las agendas gubernamentales y amenaza con aumentar irrelevancia de Centroamérica a nivel global.

Todos estos riesgos son reales. No es que inevitablemente se vayan a agravar en 2023, pero sí que es necesario que los gobiernos y las empresas estén en capacidad de mapearlos y gestionarlos, a fin de que el país esté mejor preparado para enfrentar los desafíos de un entorno de incertidumbre, volatilidad y riesgo político en 2023.