EL AGUJERO NEGRO

EL SISTEMA DE JUBILACIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ES UNA AMENAZA PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

La gestión de recursos humanos del gobierno central adolece de múltiples debilidades, empezando porque nadie sabe con exactitud el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran ni en qué entidad laboran. Una de las consecuencias más graves de la falta de control sobre la planilla de servidores públicos es el gigantesco agujero negro financiero del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, cuya quiebra de facto implica un enorme riesgo para la finanzas del Estado pues, por un lado, dicho régimen ha sido insuficiente para generar reservas (al contrario, ha generado reservas negativas que deben cubrirse con fondos del presupuesto) y, por otro, tiene un índice de dependencia menor que uno (los recursos que ingresan son menores que los recursos a ser pagados).

Por ello es un acierto que en el proyecto de Presupuesto del Estado para 2023 (actualmente bajo discusión en el Congreso) se haya explicitado un capítulo de Riesgos Fiscales que da una clara voz de alerta sobre el creciente déficit del régimen de jubilados del Estado, mismo que se agrava debido al vacío de los controles y la falta de sistemas robustos de información, lo cual permite prácticas que van en detrimento del buen manejo financiero del régimen (como el pago a jubilados aunque ya hayan fallecido o matrimonios a conveniencia para perpetuar el pago de jubilaciones). Además, se le ha venido endosando al régimen de clases pasiva la responsabilidad de absorber otros sistemas de pensiones (como el de GUATEL o el IPM).

El referido capítulo de riesgos fiscales asociados al régimen de jubilaciones del Estado advierte de otra contingencia importante, relacionada con el personal contratado en el renglón 029: algunos de estos trabajadores, no obstante que fueron contratados por concepto de prestación de servicios profesionales, han interpuesto y ganado reclamos laborales por la vía judicial que les permiten obtener prestaciones como si fueran trabajadores en relación de dependencia, pese a de que nunca aportaron al régimen. La insostenible situación financiera del régimen de clases pasivas estatales exige tener certeza del número de empleados públicos por dependencia y renglón presupuestario al que pertenecen y realizar una revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas.

Si, por una parte, resulta encomiable que en el proyecto de Presupuesto para 2023 se de la voz de alerta sobre esta situación tan peligrosa para las finanzas públicas, por la otra, resulta una injustificable contradicción que, en ese mismo proyecto de Presupuesto, se haya incluido (sin ninguna justificación ni estudio técnico de respaldo) un incremento de Q600 millones a las jubilaciones y pensiones del Estado, con lo cual no sólo no se gestiona el riesgo identificado, sino que más bien deliberadamente se perjudica la sostenibilidad fiscal del país. Lo recomendable sería que, previo a aumentar las jubilaciones, se realice un estudio actuarial de este gasto que, año con año, representa un porcentaje creciente del presupuesto y que, para más inri, es financiado con endeudamiento público.