Ojo con el Corredor Seco

Cuando en alguna región de un país de ingresos medios, como Guatemala, se produce una crisis alimentaria, la razón (paradójicamente) no es que exista escasez de alimentos en todo el país, sino que se trata de un problema focalizado de carestía y falta de ingresos (poco poder adquisitivo) en la región afectada. Quizá lo más importante a tener en cuenta es que estas crisis alimentarias deberían ser fácilmente evitables, si tan sólo existiesen los mecanismos adecuados de alerta temprana y de asistencia específica a las familias afectadas. Éstas lecciones son bastante estándar y han permitido reducir este tipo de episodios alrededor del mundo. Por ello es inadmisible, vergonzoso e intolerable que ocurran crisis como la del Corredor Seco de Guatemala en 2009. Lo peor de todo es que existe una alta probabilidad de que, debido a la irresponsabilidad e ineficiencia de las entidades gubernamentales encargadas, la tragedia se vuelva a repetir en 2010. Ojalá que no sea así.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OJO CON EL CORREDOR SECO

Los rigores climáticos, los factores económicos, la insalubridad y la disfuncionalidad institucional se están combinando, otra vez, para provocar un aumento en la cantidad de casos de desnutrición aguda en el Corredor Seco (que incluye Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Chiquimula, Santa Rosa, Zacapa y áreas vecinas). Dos reportes recientes, uno del Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para la Seguridad Alimentaria (asociado a la USAID) y otro de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (de la ONU), alertan sobre la posibilidad de un agravamiento de los problemas alimentarios que podrían afectar a más de dos millones y medio de habitantes de dicho territorio, situación que sólo contribuye a empeorar las enormes tasas de desnutrición crónica que sufre Guatemala.

El período anual de escasez de alimentos está por iniciarse. De acuerdo con los expertos, debido a que las cosechas de granos básicos registraron bajos rendimientos en 2009, las reservas domésticas de alimentos se están agotando más pronto de lo normal. A su vez, el fenómeno de El Niño podría traducirse en un inicio tardío de la temporada lluviosa y generar temperaturas extremas que agravarían la situación. Por si esto fuera poco, la temporada de alta demanda de mano de obra para cultivos de exportación termina en marzo, lo cual limita las posibilidades de generación de ingresos para la compra de alimentos en muchos hogares rurales pobres. De no tomarse acciones concretas para mejorar la disponibilidad de alimentos y de insumos agrícolas a nivel de los hogares más vulnerables, muchas familias verán cómo la amenaza de inseguridad alimentaria se convierte en una pavorosa realidad, con el consiguiente aumento de los casos de desnutrición aguda y el terrible riesgo de mortalidad infantil que tal situación acarrea.

Resulta imprescindible, entonces, fortalecer los programas institucionales enfocados al apoyo de los hogares amenazados, mediante la distribución de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, el apoyo a la producción y la atención en salud, todo lo cual implica un esfuerzo específico de coordinación de las entidades de gobierno y de la sociedad civil implicadas en el tema. Para eso, precisamente, fue que se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN- que, al igual que otras leyes de ordenamiento institucional, no parece estar siendo aplicada conforme a su espíritu original. La referida Ley deja al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como órgano rector responsable de las políticas públicas del sector. Cada uno de los integrantes del CONASAN (presidido por el Vicepresidente de la República) es responsable de impulsar al interior de sus instituciones el cumplimiento de los instrumentos y acciones de la política de seguridad alimentaria y de los planes estratégicos que permitan enfrentar situaciones de crisis como la que se avecina, pero las mismas no deben ser antojadizas ni carecer de respaldo técnico, sino que deben derivarse de una evaluación integral de los principales actores dentro del Ejecutivo, tomando en cuenta además la forma de fiscalización y de sistematización de resultados.

Las políticas del CONASAN deben mantener el orden y coordinación que se establece en la ley de la materia, por lo que cualquier otro esfuerzo paralelo que se realiza fuera de dicho esquema debería suspenderse si no toma en cuenta la información y aportes provenientes desde los sectores que conforman el SINASAN y si se hace aisladamente sin considerar prioridades. En materia de seguridad alimentaria debe apostarse por soluciones integrales y de largo plazo, lo que implica la necesidad de seguir estrictamente los procedimientos contenidos en la Ley del SINASAN, sancionar todo incumplimiento de deberes de quienes integran el CONASAN, priorizar la compra de insumos efectivos para restablecer la salud de los niños afectados por desnutrición aguda y diseñar de manera eficiente las ayudas gubernamentales sin menoscabar la institucionalidad del Estado.