Economía: Prepararse para el Chubasco

Algunos riesgos se ciernen sobre el panorama económico internacional y el panorama electoral nacional, que pueden afectar el desempeño de nuestra economía, que ya se encuentra desacelerada. Es momento de plantear una estrategia de política económica

El desempeño de la economía guatemalteca en los últimos cuarenta años ha sido mediocre si se le compara con el de otros países de similar tamaño e ingresos. Las principales causas de tal mediocridad son los bajos niveles de inversión y de productividad que se derivan de un ambiente de negocios turbio y de una institucionalidad pública débil e incapaz de proveer a la sociedad de los bienes públicos que son esenciales para que una economía sea funcional. Como resultado, el ingreso per cápita del país ha estado estancado por décadas. En adición a estos problemas estructurales, ahora resulta que la economía está más desacelerada de lo habitual. El Banco de Guatemala ha revisado a la baja su predicción de crecimiento económico para 2018.

Las causas de esta desaceleración se encuentran en los bajos niveles de confianza de los consumidores y de los inversionistas (según lo muestran diversos índices) ante la aparente ausencia de una agenda priorizada de desarrollo económico, así como la caída en la producción de ciertas actividades que solían ser las más dinámicas (como la producción minera o la generación hidroeléctrica) pero que se han visto afectadas por la falta de certeza en los casos judiciales en que se han visto envueltas. A ello se agrega la ralentización que desde 2015 afecta el gasto gubernamental y la inversión pública, así como la desaceleración que han empezado a experimentar las remesas familiares (que son el combustible que activa el consumo de los hogares, principal motor histórico de la producción nacional).

Encima de esto, se avizoran nubarrones en el horizonte económico. Las tasas de interés están subiendo en los mercados internacionales, encareciendo el crédito hacia los países en vías de desarrollo. La guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios empezará a entorpecer los flujos comerciales y, eventualmente, la producción mundial. Los precios de nuestros productos de exportación están más bajos que los de los insumos que importamos, lo que deteriora nuestros términos de intercambio y reduce nuestro poder de compra. Y, previsiblemente, las remesas familiares seguirán desacelerándose.

A todos estos elementos se agrega la previsión de un año electoral turbulento, con lo que se configura un elevado riesgo de tormentas económicas para 2019. Las señales de alertan están claras y lo que procede es tomar las medidas económicas preventivas que aminoren los riesgos. Esto implica la adopción de un plan económico con componentes de corto plazo (política fiscal y monetaria) que generen una reactivación de la demanda agregada, y con medidas de largo plazo (reformas institucionales y estructurales) que aumenten la inversión y la productividad en nuestra economía para que el crecimiento sea más sólido. Es importante que los hacedores de la política económica empiecen cuanto antes a reparar el tejado, antes de que empiecen a caer los aguaceros.

El Censo y Sus Circunstancias

Es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE

Con seis años de retraso, hoy por fin empieza el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyos resultados deben proveer información específica sobre las características de los habitantes de Guatemala (incluyendo su edad, sexo, educación, ocupación y actividad económica, así como el lugar y condiciones de su residencia). En teoría, los censos permiten trazar la progresión de un país y definir su posición respecto de otras naciones. Para los gobiernos central y municipal, la información generada debe ayudarles a tomar decisiones con respecto a la planificación, monitoreo y evaluación de sus políticas. Y para las empresas la información puede servir para fines de planificación y estrategia (desarrollar de nuevos productos o hacer proyecciones de demanda de productos y servicios).

Debería, pues, existir un consenso respecto de que el censo (y, en general, las estadísticas) aportan un insumo esencial para la toma de decisiones y el diseño de buenas políticas públicas y empresariales. Pero, por desgracia, ese consenso parece no existir. Por un lado, en el ambiente de crispación y desinformación de las redes sociales, comenzaron a aparecer “advertencias” de que no se deje entrar a nadie a las colonias pues “grupos organizados de delincuentes” se harán pasar por encuestadores para cometer fechorías. Por otro lado, algunos pensadores libertarios han anunciado que no están dispuestos a colaborar con el censo por considerarlo violatorio de la privacidad individual.

Ambas “advertencias” tiene poco fundamento: el supuesto peligro de delincuentes disfrazados de encuestadores se elimina con exigir las credenciales correspondientes a los encuestadores, y el supuesto peligro de invasión de la privacidad se elimina rehusándose a responder solamente aquellas preguntas que el encuestado libertario considere inapropiadas. Lamentablemente, este tipo de boicots nos retrata como la sociedad desconfiada y tribal en la que nos estamos convirtiendo, pero también, en parte, es culpa de la debilidad institucional del Estado en materia de generación de estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística -INE- tiene ante sí el enorme desafío de llevar a feliz término el censo en medio del generalizado escepticismo y falta de conciencia ciudadana respecto de su utilidad y de su neutralidad. La labor habría sido más fácil, sin duda, si el INE hubiese desarrollado en los últimos años un vínculo más cercano con los usuarios de las estadísticas, con organizaciones de la sociedad civil, con los agentes económicos y con la prensa, que creara una masa crítica de usuarios que confiaran en la transparencia, calidad y no-politización de las estadísticas oficiales.

Por todo ello es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE –como el que se plantea en la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir-. No se pudo para este censo; ojalá se logre para el siguiente.

Nubarrones Electorales 2019

El proceso electoral del año próximo enfrentará, además de los desafíos habituales de cualquier elección, un ambiente de incertidumbre asociado al nuevo -y confuso- marco regulatorio. Un débil TSE tiene en sus manos muchas brasas operativas y, sobre todo, el reto crucial de inspirar confianza en un electorado escéptico.

Hace cuatro años el proceso electoral se desarrolló en un clima de efervescencia social, con una plaza que exigía cambios profundos a un sistema secuestrado por la corrupción. El sistema electoral y de partidos políticos reflejaba tres debilidades fundamentales. La primera, su falta de legitimidad, según diversas encuestas que calificaban al Congreso de la República y a los partidos políticos como las instituciones que menos confianza generan en la población. La segunda, su falta de representatividad, con un electorado que abiertamente manifestaba no sentirse identificado con (y hasta ignorar quiénes son) sus representantes electos. Y la tercera, la debilidad institucional, con un Tribunal Supremo cada día menos supremo y con complejas responsabilidades a enfrentar con escasos recursos y débiles procedimientos (incluyendo la forma de elección de los magistrados).

Por desgracia, los cambios a la ley electoral aprobados en 2016 fueron un desperdicio de energía social y de esfuerzos legislativos, pues culminaron en una reforma que no solo no resuelve esos problemas sino que, en gran medida, los agrava. Por ejemplo, aumenta requisitos para formar nuevos partidos (en lugar de reducirlos); introduce una fórmula repartidora de escaños que favorece al partido, no al individuo (lo que debilita la representatividad); y, asigna escaños fijos por distrito electoral (lo que contraviene precepto constitucional de criterio poblacional).

Por otro lado, no hay claridad sobre cómo se realizará en voto en el extranjero o la misma inscripción de candidatos, que anuncia una andanada de recursos legales durante el proceso. Además, las nuevas disposiciones de control sobre el financiamiento electoral y la propaganda son ambiguas y de muy difícil aplicación. La falta de claridad a este respecto ahuyentará a los financistas sanos y, por defecto, quedará la cancha libre para los financistas “contaminados” -que no tienen controles fiscales ni contables, es decir, criminales-, máxime si el Congreso no cumple cuanto antes con modificar el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

De manera que las elecciones de 2019 se perfilan con grandes nubarrones de incertidumbre. El principal desafío de la autoridad electoral será transmitir un mensaje de confianza. Pero ello será particularmente difícil para un tribunal que ya va de salida, arrastrando el desgaste de dirigir dos elecciones consecutivas y tratando de aplicar nuevas (y muy confusas) reglas del juego. Quizá lo que más convenga sea bajar las falsas expectativas respecto a que estas elecciones traerán un cambio al sistema y concentrarnos, como sociedad, en exigir las verdaderas reformas, hasta hoy postergadas, que le den legitimidad, representatividad e institucionalidad a nuestra democracia, antes de que colapse.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.

La Economía Desacelerada

Las medidas más importantes para acelerar el crecimiento económico son de carácter estructural: reforma política del Estado, focalización del gasto público, mejora del clima de inversión. Si no aumenta la inversión (pública y, principalmente, privada), no habrá progreso posible

Desde hace tres años la economía nacional ha venido reduciendo su ritmo de crecimiento, como lo atestiguan la mayoría de indicadores. El Fondo Monetario Internacional -FMI-, en su recién publicado análisis anual sobre Guatemala, señala que el principal desafío del país es la lentitud de su crecimiento económico. Ese crecimiento no solo ha sido, por décadas, menor al de otros países de similar nivel de desarrollo, sino que se ha ralentizado en los últimos meses.

Las razones detrás de dicha desaceleración tienen que ver, según ese reporte, con un continuo debilitamiento de la confianza de los empresarios e inversionistas, un restringido gasto gubernamental, y un desplome en actividades tales como la minería o la producción hidroeléctrica (afectadas por decisiones judiciales de suspensión de actividades), todo ello en medio de un clima enrarecido por la falta de certidumbre política y jurídica.

Si bien es cierto que las remesas familiares han ayudado a sostener el consumo de los hogares (principal motor de la producción nacional), dichos ingresos también han empezado a desacelerarse. Y aunque las políticas monetaria (que ha mantenido controlada la inflación) y fiscal (que ha mantenido el déficit bajo control) han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en medio de las tensiones políticas prevalecientes, el bajo ritmo de crecimiento económico continúa siendo el obstáculo principal que impide mejorar los indicadores sociales y de gobernabilidad del país.

El FMI ha sido explícito respecto de las recomendaciones a seguir para revertir esto. Los expertos del organismo internacional indican que, en el corto plazo, las políticas de demanda agregada pueden, por dos vías, darle un empujoncito a la alicaída economía. Por un lado, un impulso fiscal a través de un mayor gasto gubernamental, que implicaría un (moderadamente) mayor déficit fiscal. Y, por otro, una política monetaria más relajada (en tanto que la inflación continúe baja), que implicaría una eventual reducción de las tasas de interés y una depreciación del tipo de cambio.

Pero las medidas más importantes para acelerar el crecimiento económico son, según los expertos, de carácter estructural. Por un lado, para aumentar la inversión pública toca mejorar la recaudación fiscal y la calidad del gasto. Y, por otro lado, para incrementar la inversión privada (la más significativa en términos cuantitativos) toca realizar los cambios institucionales (sistema político, sector justicia, servicio civil, control del gasto) indispensables para mejorar el clima de negocios, dar certeza jurídica, proveer servicios básicos (seguridad, salud, educación, carreteras) que mejoren la productividad y, crucialmente, profundizar la lucha contra la corrupción. Sin estas reformas la tasa de inversión seguirá siendo una de las más bajas del planeta, el crecimiento económico seguirá siendo mediocre, y los indicadores sociales seguirán gestando un clima de ingobernabilidad que lastrará la prosperidad del país.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

La Democracia Liberal en Peligro

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Y Guatemala no está exenta de la tentación de caer en ellas.

Las políticas nacionalistas, proteccionistas y populistas están acechando por todo el mundo, poniendo en peligro los valores y logros que la democracia liberal ha obtenido para la humanidad en el último siglo. Los ciudadanos en la mayoría de países están fatigados del desempleo y de la desigualdad que, inevitablemente, ha ocasionado la globalización y esto lo aprovechan los líderes populistas para vender al electorado sus soluciones mágicas que seducen a las masas, pero que al final del día solo resultan en mayores injusticias e insatisfacciones.

Ese tipo de gobiernos representa una amenaza para las democracias liberales tanto por sus formas, como por sus consecuencias. Sus formas incluyen la aplicación de políticas –como los aranceles- que en el corto plazo acarrean beneficios para su base electoral pero que, en el largo plazo, dañan el progreso económico. Los populistas proponen “refundar” el Estado y niegan cualquier avance logrado por sus predecesores; se creen los únicos representantes del pueblo capaces de defenderlo ante los enemigos externos o los malvados explotadores internos; recurren al lenguaje soliviantador, añoran gobernar por decreto y denigran a la prensa independiente.

Pero las consecuencias de esos gobiernos son peores aún que sus formas. Los regímenes populistas suelen ser macroeconómicamente irresponsables, despilfarradores, proclives a la corrupción y, casi siempre, terminan empeorando las condiciones de vida de la población. La historia de Latinoamérica  está repleta de ejemplos (desde Perón hasta Maduro, pasando por los Fujimori y los Kirchner) de cómo las políticas del nacionalismo proteccionista son una receta para el fracaso de los países, pese a lo cual continúan siendo atractivas –y cada vez más- para los votantes alrededor del mundo. Y Guatemala no está exenta de esa amenaza.

El desafío de contener la amenaza radica en defender los principios de la democracia liberal y progresista, al tiempo que se impulsa la indispensable –y muy descuidada- reforma de la infraestructura institucional y física necesaria para su funcionamiento. Por un lado, hay que reafirmar el compromiso con el libre comercio y con la globalización, que ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza en el mundo; sin descuidar, claro está, la atención a los segmentos de la población que temporalmente resulten perdedores en el proceso, mediante políticas de educación, empleo y subsidios directos.

Por otro lado, hay que defender los beneficios de una sociedad abierta al cambio tecnológico, a las migraciones y al progreso, en un marco de respeto a la diversidad y a los valores cosmopolitas, basado en el imperio de la ley. Esto incluye una posición definida a favor del mercado y en contra de los privilegios, lo cual requiere un balance entre mercado y Estado: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como lo explica el Premio Nobel, Jean Tirole: “el Estado y el mercado son complementarios y no excluyentes. El mercado necesita regulación y el Estado, competencia e incentivos”.

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Están más bien en la innovación, la educación, los mercados abiertos y competitivos, así como en las instituciones fuertes e independientes necesarias para regular los mercados, garantizando su eficacia y la igualdad de oportunidades. Las soluciones no son simples (como las venden los populistas) sino complejas, y así hay que explicárselas –honestamente- a los ciudadanos.