Una Reforma que Debe Mejorarse

La reforma del Sistema de Justicia no solo es necesaria, sino que es, quizá, una de las reformas institucionales más importantes para que Guatemala tenga viabilidad como país. Por eso resulta decepcionante que la iniciativa de reformas constitucionales al sector justicia haya llegado al Congreso plagada de errores elementales, conceptuales y hasta de redacción. Y, para más inri, muchos de los diputados "ponentes" ni siquiera la leyeron antes de firmarla.

Sería de necios negar que el sistema de justicia en Guatemala tiene innumerables debilidades que generan graves obstáculos a la gobernabilidad, al desarrollo económico y a la paz social. Ello clama por una efectiva reforma que garantice la independencia de los jueces y una mejora de su efectividad y organización institucional. Por ello, sería de necios oponerse a una reforma constitucional que atienda este clamor.

También sería de necios no reconocer el esfuerzo que diversas entidades nacionales (como el Ministerio Público o la Procuraduría de los Derechos Humanos) e internacionales (como la CICIG), así como un amplio espectro de organizaciones ciudadanas, hicieron en meses recientes durante largas sesiones de trabajo para discutir las reformas a la Constitución en cuanto al sector justicia.

Tal esfuerzo fue muy meritorio. Sin embargo, cuando se lee el texto que se convirtió –mediante la firma de un grupo de diputados, que ojalá la hayan leído antes- en iniciativa de ley, se aprecian varios errores conceptuales y de redacción que demeritan el esfuerzo realizado durante las agotadoras mesas de diálogo de meses previos. Estos errores pueden justificarse, quizá, por la premura con que se redactó el texto final, lo cual es una lástima porque la prisa suele ser mala consejera (y más tratándose de algo tan trascendental como una reforma constitucional).

Si bien, en general, la iniciativa de reforma presenta mejoras considerables para superar muchas de las limitaciones a la garantía de independencia del Poder Judicial, también es cierto que incluye propuestas que deben ser corregidas ya que, de lo contrario, podrían impedir que se alcancen los objetivos planteados y hasta debilitar la institucionalidad del Poder Judicial. Al menos tres aspectos de la iniciativa ameritan ser corregidos.

El primero es el tema del Consejo de la Carrera Judicial. Resulta muy peligroso que se cree una entidad súper-independiente, separada de la jerarquía de la Corte Suprema, para dirigir la carrera judicial; ello equivale a crear un poder autónomo (vulnerable a ser capturado por grupos de interés) dentro del Poder Judicial. Lo planteado en la iniciativa es un absurdo organizacional que debería corregirse sin mayor dificultad, sujetando el Consejo a la autoridad de la Corte.

El segundo se refiere al mandato del Ministerio Público y la elección del Fiscal General. Por un lado, la iniciativa pretende redefinir el mandato del MP, eliminándole la actual responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y dejándolo sólo a cargo de ejercer la acción penal, lo cual iría en detrimento de una investigación criminal objetiva. Por otro lado, también se pretende que en la elección de Fiscal General participe el propio Organismo Judicial, lo cual evidentemente menoscabaría la independencia que debe tener la persecución penal respecto de quienes imparten justicia.

El tercer aspecto a corregir se refiere a la propuesta de reformar algunos principios de administración de justicia, entre los que destaca el de incluir a la oralidad como principio general del sistema, lo cual tendría un efecto sobre los procesos de todas las materias judiciales, aspecto sobre el cual ciertamente no existe consenso (la oralidad es efectiva en materia penal, pero quizá no lo sea tanto en materia civil y mucho menos en el área mercantil).

Ahora corresponde al Congreso (¡qué lástima que la sociedad civil no pudo hacerlo mejor!) corregir estos detalles –muy importantes- de la reforma, observando estrictamente la normativa constitucional del proceso, a efecto de que la misma se traduzca en el sistema de jueces probos e independientes que el país reclama para contar con una justicia pronta y cumplida.

Más Allá del Presupuesto Anual

Cada año que se discute el proyecto de presupuesto del Estado surgen una serie de debilidades y falencias que reflejan problemas estructurales de las finanzas públicas. Tales problemas no pueden, ni deben, solventarse dentro del presupuesto, sino que mediante un diálogo integral que dé como resultado un pacto nacional en materia fiscal

Ahora que la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso está analizando el proyecto de Presupuesto del Estado para 2017, se escuchan diversas opiniones respecto de los problemas que presenta el mismo. Muchos de esos problemas son de naturaleza estructural y, por desgracia, no resulta razonable pretender solucionarlos de inmediato. Por ello sería un error oponerse a la aprobación del presupuesto con la excusa de que tiene muchas debilidades (que, en efecto, las tiene y se repiten año con año), ya que la improbación del mismo, lejos de contribuir a superar tales debilidades, podría significar un serio peligro de ingobernabilidad y de opacidad en la ejecución del gasto público en 2017.

Lo que sí hay que hacer es plantearse, desde ya, qué tipo de medidas deben tomarse en los años venideros para superar los problemas presupuestarios y darle viabilidad a las finanzas públicas. Y para ello es necesario, primero, reconocer cuáles son los principales problemas a enfrentar.

Entre estos destaca la extrema rigidez del gasto que se deriva, por un lado, de las numerosas asignaciones fijas que, ya sea por mandato constitucional o por disposición de leyes ordinarias, deben destinarse a fines específicos (como los aportes a las municipalidades, al deporte, o a la universidad estatal) y, por otro, de los gastos corrientes (como los salarios de los empleados públicos, la jubilaciones de las clases pasivas, o el servicio de la deuda pública) que no es fácil reducir en el corto plazo. Estas rigideces obligan a que apenas un 17% del gasto público pueda ser presupuestado para programas clave o para inversión, pues el restante 83% ya está comprometido.

Asociado a lo anterior, otro problema es que los presupuestos le asignan una prioridad creciente a los gastos de funcionamiento, que han aumentado de 7.8% del PIB en 2008 a 9.3% en 2017, en detrimento de la inversión en infraestructura, que cada vez representa una menor proporción del total de gastos del gobierno. El asunto se complica aún más por el nivel de ingresos estructuralmente bajo y la sobre-estimación que de los mismos se hace año con año en cada presupuesto.

Otro grave problema que persiste en cada presupuesto anual es que, sin ningún recato, se indica que varios gastos recurrentes (como el pago al adulto mayor, los costos de las jubilaciones de las clases pasivas del Estado, o la asignación a la Universidad de San Carlos) se financien mediante endeudamiento público, lo cual no solo es técnicamente inconveniente –pues es financieramente insostenible cubrir gastos corrientes endeudándose-, sino que está expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Presupuesto.

Otros problemas estructurales del presupuesto incluyen la escasa transparencia en el gasto de varias entidades autónomas que, además, están fuera de los sistemas de control financiero del gobierno y desconectados de las políticas nacionales de desarrollo; o las transferencias a entidades privadas de caridad que, aunque bien intencionadas, deberían financiarse con donaciones privadas y no con fondos públicos.

Todos estos problemas no pueden solucionarse de inmediato, ni a través únicamente del decreto que autoriza el presupuesto del Estado. Las soluciones solo podrán encontrarse mediante un diálogo fiscal integral que, sobre la base de una discusión técnica, permita identificar y acordar la forma de mejorar no solo los ingresos fiscales, sino también la calidad del gasto público, establecer prioridades, eliminar rigideces y facilitar la adecuada fiscalización de los recursos del estado.

El Techo del Presupuesto del Estado

La determinación del Presupuesto del Estado es un acto político, pero también es uno técnico que debe realizarse con cuidado y atención a variables esenciales.  En ese sentido, la variable clave para determinar el techo del presupuesto debe ser el tamaño del déficit fiscal. 

En el marco de las discusiones en torno al presupuesto del Estado para 2017 se ha oído decir que el techo presupuestario es lo de menos; que lo importante es que el gasto se destine a las prioridades básicas y se realice con calidad y eficiencia. ¡Ojalá fuera tan fácil! El tamaño (techo) del presupuesto de gastos del gobierno es importante; tanto como la calidad y pertinencia del propio gasto.

El asunto es que el techo presupuestario no debe calcularse con base solamente en las necesidades y demandas existentes. Si así fuera, bastaría con hacer reuniones con todos los grupos sociales del país para tomar nota de sus peticiones e incluirlas en el presupuesto que, así, alcanzaría cifras estratosféricas. La realidad es otra: cualquier estudiante de primer año de economía sabe que las necesidades son infinitas, pero los recursos limitados. Por ello, el proceso presupuestario debe identificar un techo de gastos que sea razonable en función de los muy limitados recursos disponibles.

La variable clave para determinar el techo del presupuesto debe ser el tamaño del déficit fiscal. La decisión relevante es la de identificar hasta qué punto las finanzas públicas son capaces de tolerar un déficit fiscal que no distorsione el funcionamiento de los mercados financieros y no genere riesgos de provocar una crisis macroeconómica en el futuro. El Fondo Monetario Internacional reiteró recientemente que, dado el estructuralmente bajo nivel de ingresos fiscales, un déficit fiscal tolerable para Guatemala debería estar en alrededor del equivalente a 1.6% del PIB y, sólo en casos muy excepcionales, dicho porcentaje podría elevarse a no más del 2%.

En el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó al Congreso hace algunos días, se consignó un déficit fiscal equivalente a 2.3% del PIB, lo que implica unos Q900 millones por encima del máximo recomendado, y denota la visión optimista que prevaleció en el diseño de dicho proyecto. Porque igualmente optimista resulta la estimación de ingresos que se incluyó para 2016 y, consecuentemente, para 2017. Ello contraría el principio de conservatismo que aconseja que el presupuesto debe elaborarse bajo supuestos sobrios.

En efecto, el proyecto de presupuesto consigna un estimado de Q58 millardos de ingresos tributarios para el presente año, lo cual es claramente muy optimista y distorsiona (hacia el alza) la proyección de ingresos fiscales para 2017 que, por ello, podría estar sobre-estimada en unos Q1.9 millardos. Por ende, el techo presupuestario presentado debería reducirse en, al menos, unos Q2.8 millardos para ajustarlo a un déficit tolerable y a un nivel de ingresos realista.

Esa reducción, inevitablemente, requiere de un sacrificio en algunos rubros presupuestarios; pero es fácil identificar algunos de ellos que en el pasado reciente han demostrado ser muy opacos o extremadamente ineficientes: programas como los de transferencias condicionadas, las bolsas de alimentos y los fertilizantes; el creciente monto de salarios en una planilla de trabajadores de la cual se sospecha existen abundantes plazas fantasma; el listado geográfico de obras; el subsidio al transporte urbano; o, las transferencias a ONGs de dudoso desempeño, entre otros.

El Congreso debe aprobar el presupuesto para 2017; de no hacerlo estaría generando un escenario de opacidad del gasto y de ingobernabilidad que no le conviene a la estabilidad del país. Pero dicha aprobación debe hacerla ajustando las cifras del proyecto presentado a una realidad financiera que aconseja prudencia (además de transparencia, calidad y eficiencia) en el gasto.

¿Por Qué Guatemala Tiene Bajas Calificaciones?

Un muy reciente documento de Standard & Poor's explica claramente por qué el desempeño económico de Guatemala obtiene siempre malas calificaciones: los problemas centrales están en la debilidad de las instituciones políticas y gubernamentales, así como del capital humano. Y para solucionarlos no existen atajos ni soluciones mágicas.

En la casi totalidad de los múltiples índices que evalúan el desempeño económico y social (desde el Índice de Desarrollo Humano hasta el recientemente publicado Índice de Competitividad Global, pasando por las calificaciones de riesgo soberano), las calificaciones de Guatemala son muy bajas en relación con otros países comparables. Las razones de ello son múltiples, pero un estudio publicado hace pocos días por la calificadora Standard & Poor’s (¿Por qué tienen calificaciones bajas los países de Centroamérica?, por Joydeep Mukherji) proporciona algunas explicaciones al respecto.

Ese estudio señala que los países centroamericanos no han logrado construir economías modernas basadas en sólidos pilares políticos, sociales e institucionales debido, fundamentalmente, a problemas internos asociados a un marco institucional débil, a la corrupción generalizada, a los inadecuados servicios públicos, a la poca coordinación entre el sector público y el privado, y a la falta de proyectos de largo plazo. La falla medular está en la debilidad de las instituciones políticas y gubernamentales.

La mala calificación de los países de la Región es un reflejo, en gran medida, de “las aún débiles instituciones públicas, pesos y contrapesos no efectivos, corrupción, y servicios públicos inadecuados. La débil capacidad dentro del sector público para diseñar e implementar proyectos es un obstáculo para el crecimiento económico. Un cambio en el gobierno por lo general ha significado un cambio en los puestos clave en el servicio civil y en las compañías del sector público, lo que genera retrasos y trabajo de mala calidad”.

Para el caso particular de Guatemala, el citado estudio reconoce que existen importantes fortalezas en el campo macroeconómico, incluso con mejores indicadores que los otros países de la Región, los cuales se manifiestan en un déficit externo muy pequeño, un déficit fiscal sostenidamente bajo, una política monetaria autónoma y estable, y un nivel de deuda pública bajo y manejable.

Sin embargo, también señala una serie de aspectos negativos que determinan la baja calificación del riesgo soberano guatemalteco. Entre ellas destacan: la debilidad del sector público (con sus limitados recursos y capacidad de ejecución) que impiden la formulación de políticas de largo plazo; la ausencia de partidos políticos fuertes, con una clase política fragmentada y estructurada en torno a cacicazgos, lo que dificulta la aprobación de reformas clave que podrían acelerar el crecimiento económico; y, la insuficiente recaudación tributaria (reflejo tanto de la corrupción existente como de la perenne oposición política ante las reformas fiscales), lo cual impide aumentar el gasto público en servicios básicos o infraestructura necesarios para generar gobernabilidad y crecimiento económico.

El referido diagnóstico esboza claramente los elementos de una agenda mínima priorizada de reformas que el país demanda con urgencia: una reforma profunda del sistema de partidos políticos; el fortalecimiento institucional en áreas clave para la efectividad del gobierno (servicio civil, contraloría); una reforma fiscal integral; y la mejora sustancial en la provisión de servicios públicos básicos (salud, educación, seguridad y justicia). Esta agenda es, fundamentalmente, la misma que han sugerido una miríada de estudios de expertos e instituciones internacionales desde hace años. Pero los liderazgos nacionales insisten en evadirla con la ilusión de encontrar mágicos atajos que no requieran de tanto esfuerzo, decisión política y perseverancia.

Reforma del Sector Justicia

La reforma del sector justicia -incluyendo una reforma al marco constitucional- es una tarea delicada y riesgosa, pero no por ello debe eludirse ni posponerse

El correcto funcionamiento del Poder Judicial es fundamental para que prevalezca el Estado de Derecho y el sistema de frenos y contra pesos en el poder público, así como para que la sociedad pueda tener un mínimo de seguridad, certeza jurídica, formas de resolver pacíficamente sus disputas, y posibilidades de prosperar. Existe suficiente evidencia para afirmar que el sistema de justicia en Guatemala reclama una reforma, pues su debilidad institucional y baja eficiencia tienen consecuencias no sólo de naturaleza humana y social, sino que también imponen un serio obstáculo al desarrollo económico.

Claro que la reforma del sector justicia solamente es una pieza de una más amplia agenda de desarrollo que requiere el país y que debería incluir una profunda reforma del sistema electoral y de partidos políticos; la mejora acelerada del capital humano (educación, seguridad alimentaria y salud pública); y, la profundización del combate a la corrupción (incluyendo una reforma de la Contraloría de Cuentas). Pero, por el momento, la del sector justicia parece ser la única reforma concreta que está avanzando de manera estructurada y con suficiente músculo político (de la CICIG, del Ministerio Público y, aparentemente, de los tres poderes del Estado).

Sin embargo, hay diversas opiniones respecto de la profundidad y alcance que debe tener dicha reforma. Incluso hay quienes se atreven a afirmar (contra toda evidencia) que el sistema está funcionando bien y que no requiere reforma alguna. De manera similar, hay quienes afirman que sería suficiente con hacer reformas administrativas y de procedimientos judiciales. Estas opiniones, evidentemente, no se sostiene ante los hechos que día a día ocurren en los tribunales de justicia del país.

Donde puede existir una duda legítima es respecto de si basta con reformar leyes ordinarias, o si resulta imprescindible modificar la Constitución Política de la República. Al respecto, el reciente proceso de diálogo en torno al tema ha sido esclarecedor en cuanto a que, efectivamente, muchos temas pueden abordarse mediante reformas a leyes ordinarias (como en los casos del amparo, la carrera judicial o el pluralismo jurídico). Sin embargo –y aunque produzca cierta justificada inquietud- existen otros temas que requieren inevitablemente una reforma constitucional.

Tales temas incluyen: la forma de elección de los magistrados de las cortes Suprema y de Constitucionalidad (mediante un proceso, sin comisiones de postulación, que premie el mérito, la experiencia y las calidades profesionales); la necesaria ampliación del período de funciones de los magistrados; la renovación escalonada del pleno de magistrados; la ampliación de los grados que se incluyen en la carrera judicial (para incluir, como mínimo, a las magistraturas de la Corte de Apelaciones); y, la forma de elección y período de funciones del Jefe del Ministerio Público. Adicionalmente, y aunque no sea estrictamente necesario, sería conveniente establecer a nivel constitucional la disgregación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas dentro de la estructura orgánica del poder judicial.

Ciertamente, reformar la Constitución es algo que debe hacerse muy excepcional, cuidadosa y técnicamente. Por ello, la reforma del sector justicia que ahora está en marcha debe procurar ser focalizada, cuidadosa y quirúrgica. Pero el justificado temor y recato que debe tenerse para modificar la Constitución no debe convertirse en excusa para evadir o posponer innecesariamente esta reforma que el país pide a gritos desde hace muchos años.

Percepciones de la Economía

Los guatemaltecos están desencantados de la democracia y, en general, con política. Pero también lo están (y esta puede ser la razón de lo anterior) con la situación económica del país. Aún así, parecen estar felices con sus vidas...

Cada año la encuesta de Latinobarómetro proporciona información muy ilustrativa sobre las percepciones de los latinoamericanos respecto de la situación política y su visión sobre la democracia, pero también arroja interesantes datos sobre la forma en que los habitantes de la región perciben su situación económica y de bienestar general. Para el caso de Guatemala, la más reciente encuesta, publicada este mes, aporta sorprendentes revelaciones.

De todos los latinoamericanos, los guatemaltecos son quienes menos apoyan la democracia: solo un 31% de los encuestados dijo preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno (el promedio de América Latina fue de 54%). Guatemala es también, junto con Uruguay, la sociedad que menos credibilidad (34%) confiere a los políticos (contra un 46% para el promedio latinoamericano). En gran medida, esa insatisfacción con la democracia y el sistema político refleja una insatisfacción ciudadana respecto de su bienestar económico.

En efecto, solo un 15% de los guatemaltecos (contra un 24% de los latinoamericanos) cree que el país esté progresando y solo un 18% (20% para Latinoamérica) está satisfecho con la situación económica del país. Al igual que el resto de la región, en Guatemala se percibe que los problemas más importantes del país están asociados a la inseguridad, el desempleo, el estancamiento económico y la corrupción.

El 20% de los guatemaltecos encuestados consideran que la delincuencia es el principal problema del país, mientras que el 28% de los encuestados lo ven en el campo económico (desempleo, falta de crecimiento y pobreza). Lo más preocupante es que Guatemala es el país donde la población está más aterrada con la delincuencia: un 26% teme todos los días ser víctima de un acto delictivo (contra un 12% en la región). Ese estado de psicosis es, por supuesto, un importante obstáculo para la actividad económica.

La corrupción (otro importante lastre para la economía) también es percibida por los guatemaltecos como un problema importante; y, aunque un buen porcentaje (58%) de los encuestados confía en que la corrupción puede combatirse, un preocupante 40% estaría dispuesto a tolerarla a cambio de que el gobierno solucionara los otros problemas esenciales del país. Lo que es más grave, la elevada tolerancia a la corrupción se manifiesta también en que el guatemalteco es el latinoamericano que más justificación le ve a la evasión de impuestos.

Lo anterior no solo es compatible con la desconfianza que se tiene respecto del gobierno y el sistema político, sino también lo es con la insatisfacción que los guatemaltecos manifiestan respecto de su situación económica: el 60% de encuestados manifestó que sus ingresos no le alcanzan para vivir, porcentaje que no solamente es muy superior al de Latinoamérica en promedio (46%), sino que es el segundo más elevado de la región, solo inferior al de Venezuela.

De lo anterior podemos extraer una conclusión importante: los resultados del Latinobarómetro 2016 para Guatemala apuntan a que muchos de los puntos débiles que percibe la ciudadanía tienen qué ver con la debilidad de las instituciones estatales y con la ineficiencia (o ausencia) de los servicios gubernamentales esenciales, lo cual sugiere los temas que deberían centrar la atención de las políticas públicas prioritarias. Otro hallazgo importante: a pesar del desencanto con la política y la economía, el 70% de los guatemaltecos encuestados manifestó sentirse satisfecho con su vida. Eso se llama optimismo… o paciencia franciscana.

¿Se Cierra la Ventana?

A partir de abril del año pasado empezó a emerger toda la podredumbre de corrupción que -como un cáncer pestilente- estaba carcomiendo toda la institucionalidad del Estado con el riesgo de llevarlo al nivel de fallido. Con ello, se abrió una enorme ventana de oportunidad para reformar las instituciones públicas y sanear el aparato estatal, empezando por las finanzas públicas. Vale la pena no desperdiciarla.

Se ha cumplido un año desde que el clamor de la Plaza de la Constitución expulsó de la presidencia a Otto Pérez Molina. Pero la Plaza exigía mucho más que la salida del mandatario: sobre todas las demandas, los manifestantes pedían un combate frontal a la corrupción, el castigo de los corruptos y la depuración de un sistema que permitió la degradación de las instituciones gubernamentales hasta niveles insospechados.

Se abrió entonces una ventana de oportunidad, de esas que se llaman históricas, para emprender una reforma institucional dirigida a erradicar el cáncer de corrupción que amenazaba (y aún amenaza) con destruir la funcionalidad del Estado. Con esa esperanza se toleró al gobierno de transición de Alejandro Maldonado. Y con ese mandato se eligió a Jimmy Morales.

El tiempo ha transcurrido y, aunque ha habido avances (especialmente en materia de persecución penal contra algunos actos de corrupción y de combate a la evasión tributaria), no se percibe el mismo grado de progreso en cuanto a la calidad, focalización y efectividad del gasto público. Es más, se dice que las fuerzas oscuras que durante años han vivido de los negocios turbios con el gobierno (central y municipal) se han reagrupado y continúan operando como si nada hubiese ocurrido.

Si eso fuera cierto, la ventana histórica que se abrió el año pasado para rescatar las instituciones del Estado se estaría cerrando trágicamente. Para evitar que eso ocurra es indispensable que el gobierno y los liderazgos representativos de la sociedad se pongan de acuerdo, cuanto antes, en la necesidad de rescatar la reforma institucional y del gasto gubernamental. Ello implica, posiblemente, un diálogo nacional, profundo pero urgente, sobre una reforma fiscal integral que incluya, al menos tres, aspectos cruciales.

Primero, es necesario definir una agenda mínima de Estado (con no más de 5 o 6 prioridades) que ordene para qué fines se quiere una reforma y que permita cuantificar los recursos necesarios para ejecutarla. Segundo, una vez se determine qué se necesita para atender las necesidades priorizadas, buscar las fuentes potenciales de recursos fiscales para atenderlas, que pueden provenir tanto de un mejor manejo de los fondos actuales (del gobierno central y de las municipalidades), como de una mejor recaudación por parte de la SAT y, por qué no, de una necesaria reforma tributaria. Y, tercero, buscar que la reforma sea sostenible y preserve el equilibrio macroeconómico existente.

Un diálogo de esta naturaleza, que privilegie las acciones necesarias para mejorar estructuralmente la transparencia y calidad del gasto público, puede resultar crucial no solo para darle legitimidad a una eventual reforma fiscal (quizá el año próximo), sino también para conferirle legitimidad a la aprobación del presupuesto del Estado para 2017 que, dadas las circunstancias, difícilmente podría satisfacer por sí mismo las elevadas expectativas de la población en esta materia. Es más, si tal diálogo es exitoso, se les daría más legitimidad y sostenibilidad a las reformas que se están emprendiendo en otras áreas, como las del sector justicia (incluyendo una eventual reforma constitucional), los servicios de salud pública, y la administración tributaria.

Los liderazgos nacionales no pueden ni deben dejar pasar esta oportunidad histórica de reformar profundamente la manera en que el Estado recauda y utiliza sus escasos recursos. Para ello, conviene recordar que, como dijo el poeta Horacio hace más de dos mil años, si el vaso no está limpio, lo que en él se vierta se corromperá.