¿Se Cierra la Ventana?

A partir de abril del año pasado empezó a emerger toda la podredumbre de corrupción que -como un cáncer pestilente- estaba carcomiendo toda la institucionalidad del Estado con el riesgo de llevarlo al nivel de fallido. Con ello, se abrió una enorme ventana de oportunidad para reformar las instituciones públicas y sanear el aparato estatal, empezando por las finanzas públicas. Vale la pena no desperdiciarla.

Se ha cumplido un año desde que el clamor de la Plaza de la Constitución expulsó de la presidencia a Otto Pérez Molina. Pero la Plaza exigía mucho más que la salida del mandatario: sobre todas las demandas, los manifestantes pedían un combate frontal a la corrupción, el castigo de los corruptos y la depuración de un sistema que permitió la degradación de las instituciones gubernamentales hasta niveles insospechados.

Se abrió entonces una ventana de oportunidad, de esas que se llaman históricas, para emprender una reforma institucional dirigida a erradicar el cáncer de corrupción que amenazaba (y aún amenaza) con destruir la funcionalidad del Estado. Con esa esperanza se toleró al gobierno de transición de Alejandro Maldonado. Y con ese mandato se eligió a Jimmy Morales.

El tiempo ha transcurrido y, aunque ha habido avances (especialmente en materia de persecución penal contra algunos actos de corrupción y de combate a la evasión tributaria), no se percibe el mismo grado de progreso en cuanto a la calidad, focalización y efectividad del gasto público. Es más, se dice que las fuerzas oscuras que durante años han vivido de los negocios turbios con el gobierno (central y municipal) se han reagrupado y continúan operando como si nada hubiese ocurrido.

Si eso fuera cierto, la ventana histórica que se abrió el año pasado para rescatar las instituciones del Estado se estaría cerrando trágicamente. Para evitar que eso ocurra es indispensable que el gobierno y los liderazgos representativos de la sociedad se pongan de acuerdo, cuanto antes, en la necesidad de rescatar la reforma institucional y del gasto gubernamental. Ello implica, posiblemente, un diálogo nacional, profundo pero urgente, sobre una reforma fiscal integral que incluya, al menos tres, aspectos cruciales.

Primero, es necesario definir una agenda mínima de Estado (con no más de 5 o 6 prioridades) que ordene para qué fines se quiere una reforma y que permita cuantificar los recursos necesarios para ejecutarla. Segundo, una vez se determine qué se necesita para atender las necesidades priorizadas, buscar las fuentes potenciales de recursos fiscales para atenderlas, que pueden provenir tanto de un mejor manejo de los fondos actuales (del gobierno central y de las municipalidades), como de una mejor recaudación por parte de la SAT y, por qué no, de una necesaria reforma tributaria. Y, tercero, buscar que la reforma sea sostenible y preserve el equilibrio macroeconómico existente.

Un diálogo de esta naturaleza, que privilegie las acciones necesarias para mejorar estructuralmente la transparencia y calidad del gasto público, puede resultar crucial no solo para darle legitimidad a una eventual reforma fiscal (quizá el año próximo), sino también para conferirle legitimidad a la aprobación del presupuesto del Estado para 2017 que, dadas las circunstancias, difícilmente podría satisfacer por sí mismo las elevadas expectativas de la población en esta materia. Es más, si tal diálogo es exitoso, se les daría más legitimidad y sostenibilidad a las reformas que se están emprendiendo en otras áreas, como las del sector justicia (incluyendo una eventual reforma constitucional), los servicios de salud pública, y la administración tributaria.

Los liderazgos nacionales no pueden ni deben dejar pasar esta oportunidad histórica de reformar profundamente la manera en que el Estado recauda y utiliza sus escasos recursos. Para ello, conviene recordar que, como dijo el poeta Horacio hace más de dos mil años, si el vaso no está limpio, lo que en él se vierta se corromperá.