La determinación del Presupuesto del Estado es un acto político, pero también es uno técnico que debe realizarse con cuidado y atención a variables esenciales. En ese sentido, la variable clave para determinar el techo del presupuesto debe ser el tamaño del déficit fiscal.
En el marco de las discusiones en torno al presupuesto
del Estado para 2017 se ha oído decir que el techo presupuestario es lo de
menos; que lo importante es que el gasto se destine a las prioridades básicas y
se realice con calidad y eficiencia. ¡Ojalá fuera tan fácil! El tamaño (techo)
del presupuesto de gastos del gobierno es importante; tanto como la calidad y
pertinencia del propio gasto.
El asunto es que el techo presupuestario no debe calcularse
con base solamente en las necesidades y demandas existentes. Si así fuera,
bastaría con hacer reuniones con todos los grupos sociales del país para tomar
nota de sus peticiones e incluirlas en el presupuesto que, así, alcanzaría
cifras estratosféricas. La realidad es otra: cualquier estudiante de primer año
de economía sabe que las necesidades son infinitas, pero los recursos
limitados. Por ello, el proceso presupuestario debe identificar un techo de
gastos que sea razonable en función de los muy limitados recursos disponibles.
La variable clave para determinar el techo del
presupuesto debe ser el tamaño del déficit fiscal. La decisión relevante es la
de identificar hasta qué punto las finanzas públicas son capaces de tolerar un
déficit fiscal que no distorsione el funcionamiento de los mercados financieros
y no genere riesgos de provocar una crisis macroeconómica en el futuro. El
Fondo Monetario Internacional reiteró recientemente que, dado el
estructuralmente bajo nivel de ingresos fiscales, un déficit fiscal tolerable
para Guatemala debería estar en alrededor del equivalente a 1.6% del PIB y,
sólo en casos muy excepcionales, dicho porcentaje podría elevarse a no más del
2%.
En el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo
presentó al Congreso hace algunos días, se consignó un déficit fiscal
equivalente a 2.3% del PIB, lo que implica unos Q900 millones por encima del
máximo recomendado, y denota la visión optimista que prevaleció en el diseño de
dicho proyecto. Porque igualmente optimista resulta la estimación de ingresos que
se incluyó para 2016 y, consecuentemente, para 2017. Ello contraría el
principio de conservatismo que aconseja que el presupuesto debe elaborarse bajo
supuestos sobrios.
En efecto, el proyecto de presupuesto consigna un
estimado de Q58 millardos de ingresos tributarios para el presente año, lo cual
es claramente muy optimista y distorsiona (hacia el alza) la proyección de
ingresos fiscales para 2017 que, por ello, podría estar sobre-estimada en unos
Q1.9 millardos. Por ende, el techo presupuestario presentado debería reducirse
en, al menos, unos Q2.8 millardos para ajustarlo a un déficit tolerable y a un
nivel de ingresos realista.
Esa reducción, inevitablemente, requiere de un
sacrificio en algunos rubros presupuestarios; pero es fácil identificar algunos
de ellos que en el pasado reciente han demostrado ser muy opacos o
extremadamente ineficientes: programas como los de transferencias
condicionadas, las bolsas de alimentos y los fertilizantes; el creciente monto
de salarios en una planilla de trabajadores de la cual se sospecha existen
abundantes plazas fantasma; el listado geográfico de obras; el subsidio al
transporte urbano; o, las transferencias a ONGs de dudoso desempeño, entre
otros.
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