Cada año que se discute el proyecto de presupuesto del Estado surgen una serie de debilidades y falencias que reflejan problemas estructurales de las finanzas públicas. Tales problemas no pueden, ni deben, solventarse dentro del presupuesto, sino que mediante un diálogo integral que dé como resultado un pacto nacional en materia fiscal
Ahora que la Comisión de Finanzas Públicas del
Congreso está analizando el proyecto de Presupuesto del Estado para 2017, se
escuchan diversas opiniones respecto de los problemas que presenta el mismo.
Muchos de esos problemas son de naturaleza estructural y, por desgracia, no
resulta razonable pretender solucionarlos de inmediato. Por ello sería un error
oponerse a la aprobación del presupuesto con la excusa de que tiene muchas debilidades
(que, en efecto, las tiene y se repiten año con año), ya que la improbación del
mismo, lejos de contribuir a superar tales debilidades, podría significar un
serio peligro de ingobernabilidad y de opacidad en la ejecución del gasto
público en 2017.
Lo que sí hay que hacer es plantearse, desde ya, qué
tipo de medidas deben tomarse en los años venideros para superar los problemas
presupuestarios y darle viabilidad a las finanzas públicas. Y para ello es
necesario, primero, reconocer cuáles son los principales problemas a enfrentar.
Entre estos destaca la extrema rigidez del gasto que
se deriva, por un lado, de las numerosas asignaciones fijas que, ya sea por
mandato constitucional o por disposición de leyes ordinarias, deben destinarse
a fines específicos (como los aportes a las municipalidades, al deporte, o a la
universidad estatal) y, por otro, de los gastos corrientes (como los salarios
de los empleados públicos, la jubilaciones de las clases pasivas, o el servicio
de la deuda pública) que no es fácil reducir en el corto plazo. Estas rigideces
obligan a que apenas un 17% del gasto público pueda ser presupuestado para
programas clave o para inversión, pues el restante 83% ya está comprometido.
Asociado a lo anterior, otro problema es que los presupuestos
le asignan una prioridad creciente a los gastos de funcionamiento, que han
aumentado de 7.8% del PIB en 2008 a 9.3% en 2017, en detrimento de la inversión
en infraestructura, que cada vez representa una menor proporción del total de
gastos del gobierno. El asunto se complica aún más por el nivel de ingresos
estructuralmente bajo y la sobre-estimación que de los mismos se hace año con
año en cada presupuesto.
Otro grave problema que persiste en cada presupuesto
anual es que, sin ningún recato, se indica que varios gastos recurrentes (como
el pago al adulto mayor, los costos de las jubilaciones de las clases pasivas
del Estado, o la asignación a la Universidad de San Carlos) se financien
mediante endeudamiento público, lo cual no solo es técnicamente inconveniente
–pues es financieramente insostenible cubrir gastos corrientes endeudándose-,
sino que está expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Presupuesto.
Otros problemas estructurales del presupuesto incluyen
la escasa transparencia en el gasto de varias entidades autónomas que, además,
están fuera de los sistemas de control financiero del gobierno y desconectados
de las políticas nacionales de desarrollo; o las transferencias a entidades
privadas de caridad que, aunque bien intencionadas, deberían financiarse con
donaciones privadas y no con fondos públicos.
Todos estos problemas no pueden solucionarse de inmediato, ni a través
únicamente del decreto que autoriza el presupuesto del Estado. Las soluciones
solo podrán encontrarse mediante un diálogo fiscal integral que, sobre la base
de una discusión técnica, permita identificar y acordar la forma de mejorar no
solo los ingresos fiscales, sino también la calidad del gasto público, establecer
prioridades, eliminar rigideces y facilitar la adecuada fiscalización de los
recursos del estado.
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