Prosperidad y Globalización

Aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades

La semana pasada, la inauguración de la suntuosa sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemana, fue objeto de agresivas manifestaciones anti-capitalistas. Una prueba más de que la globalización y el capitalismo están bajo ataque ideológico. La crisis financiera de 2008, el estancamiento de las clases medias en muchos países industrializados y las evidentes inequidades en los países pobres han sembrado dudas sobre la capacidad del sistema de crear una sociedad más funcional y justa.

Aunque esa sea la percepción generalizada, la realidad incontestable –basada en evidencia numérica- es que el capitalismo ha generado aumentos masivos en los niveles de prosperidad, especialmente en Occidente, durante los siglos XIX y XX. En décadas recientes, el sistema capitalista ha sacado rápidamente a cientos de millones de personas de la pobreza en muchos países emergentes.

La principal virtud del capitalismo no es tanto que sea el sistema más eficiente para asignar los recursos escasos (tal como los economistas lo vemos), sino que ha sido un sistema capaz de generar innovación y de producir soluciones concretas a problemas humanos (desde transporte veloz, hasta antibióticos que salvan vidas). Si se entiende por prosperidad el cúmulo de soluciones disponibles para resolver problemas humanos, entonces el capitalismo (y sus episodios recurrentes de globalización) ha hecho un gran trabajo en favor de la prosperidad. Ningún otro sistema económico ha logrado generar más soluciones a los problemas materiales de la humanidad en tan corto tiempo.

Y lo  ha logrado creando un entorno donde los incentivos generan una oferta abundante de soluciones a los problemas cotidianos, donde se seleccionan las mejores soluciones mediante la competencia y donde las mejores soluciones se multiplican a la vez que las peores soluciones se eliminan. Ese es el proceso generador de soluciones al que el gran economista Joseph Schumpeter denominó “destrucción creadora”.

Pero el mercado libre, que es el plasma en el cual flota el capitalismo, suele tener fallas; y cuando éstas surgen, el Estado (la sociedad y sus pactos) entra a regular el mercado para que funcione bien, favoreciendo a los procesos económicos que resuelven problemas. Esa intervención estatal en pro del mercado contribuye a construir confianza y cooperación (capital social) que también contribuyen a la prosperidad.

Las olas recurrentes de globalización, que profundizan y esparcen el capitalismo, han sido acusadas de muchas falencias económicas y sociales. Pero un gran número de estudios ha comprobado la influencia positiva que la globalización ha tenido sobre muchas variables clave. Varios de esos estudios, que están basados en el Índice de globalización (un indicador que mide la conectividad, integración e interdependencia global de los países en las esferas cultural, ecológica, económica, política, social y tecnológica), recopilado y procesado por el Instituto de investigación económica KOF de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, demuestran que la globalización ha incrementado el crecimiento económico, ha promovido la igualdad de género, y ha mejorado el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, dichos estudios revelan un aspecto negativo: aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades. Este resultado indeseable es contrario a lo que la teoría de la ventaja competitiva (formulada por David Ricardo, uno de los padres de la ciencia económica) habría predicho. La teoría de Ricardo sostenía que el libre comercio tendería a elevar los salarios de los trabajadores de menores ingresos (tal como ocurrió en la globalización del siglo XVIII). Pero no se replicó en la globalización actual.

Una explicación a este enigma ha sido esbozada por el premio Nobel Eric Maskin: la era de la informática ha hecho que sean las clases medias de los países pobres las que se beneficien más al igualarse, a través de la conectividad, con las clases medias de los países ricos. Los más pobres de los países pobres, en cambio, han quedado aislados y rezagados. Si esa teoría es válida, Maskin plantea un desafío esencial a quienes creemos en la globalización: ¿cómo aprovechar sus innegables beneficios sin condenar al rezago a los más pobres entre los pobres?

Rotondas Trágicas

Ni autoridades, ni conductores, parecen estar preparados  para aprovechar las ventajas que ofrecen las rotondas

La semana pasada ocurrió un terrible accidente, de unas dimensiones realmente trágicas. Ingrid Batén, una joven de 15 años recién venida a la capital desde Momostenango, murió cuando se dirigía a bordo de la palangana de un picop rumbo a su primer día de trabajo. En la rotonda del monumento a la Guerra Nacional contra los Filibusteros, donde convergen la Avenida de la Reforma y calle Mariscal Cruz, el picop fue embestido por otro vehículo, Ingrid salió despedida y murió al caer al pavimento. Sus sueños de superación se truncaron en un segundo.

Es paradójico que esto haya ocurrido una rotonda pues, en teoría, estos mecanismos de distribución vial son más seguros que otros sistemas (como los semáforos). Pero acontece que en Guatemala ni las autoridades ni los conductores parecen tener los conocimientos y actitudes necesarias para aprovechar adecuadamente las ventajas que ofrecen los redondeles.

Las rotondas (redondeles o glorietas) son mecanismos para distribuir el tránsito de vehículos en una intersección de dos o más calles, que la convierte en un círculo –en cuyo centro suele haber un monumento- donde los vehículos circulan en un solo sentido (contrario a las agujas del reloj). La glorieta debe tener dos carriles y regirse por unas sencillas reglas: el vehículo que ya está incorporados tiene derecho de vía; quien quiera incorporarse puede hacerlo en la vía externa del círculo, cediendo el paso a quien ya venga (a su izquierda) incorporado; quien circule en el carril interno puede hacerlo continuamente, pero deberá trasladarse al carril externo para cruzar hacia alguna de las calles que convergen a la rotonda.

Cuando autoridades y conductores conocen y aplican esas reglas, las glorietas tienen múltiples ventajas. Reducen la congestión de vehículos pues no exigen que se hagan paradas completas (a menos que sea necesario) o prolongadas (lo cual los hace menos contaminantes); son más baratos de operar (una vez construidos) que los semáforos; y ofrecen mayor seguridad: según el Departamento de Transporte de Estados Unidos,  al sustituir encrucijadas por rotondas se reducen los accidentes en 35%, el consiguiente número de heridos en 76% y el de fallecidos en 90%.

Por eso, y por su estética, las glorietas han proliferado desde que se construyó la primera en Letchworth, Inglaterra, en 1909. Hace 20 años habría unas 30 mil rotondas en el planeta; hoy debe haber más de 60 mil. Los franceses son particularmente aficionados a las glorietas, que se apegan a su visión estético-monumental; pero también en Estados Unidos están cobrando popularidad: en la última década se han construido más de 2 mil de ellas. En Australia hay más de 8 mil, y también abundan en Hong Kong, Israel  y Jordania.

Lo malo es que en países con menos cultura vial que aquellos (es decir, en países subdesarrollados) las rotondas pueden ocasionar más problemas que beneficios. Si los conductores y autoridades no saben –o no respetan- las reglas, las glorietas son garantía de caos, congestionamientos y accidentes. Muchas rotondas en ciudades como Nairobi, Bagdad, Guatemala o Quetzaltenango han tenido que ser descongestionadas mediante la permanente presencia de policías de tránsito.

Además de la ignorancia de las reglas, las glorietas generan problemas cuando están mal diseñadas o se ubican en intersecciones de tránsito pesado. Por ejemplo, la rotonda de Mariscal, en la zona 11 capitalina, sólo tiene un carril de ancho; o las de Cayalá, que fueron construidas sin considerar la enorme densidad del tránsito que albergarían. Al final, muchas glorietas citadinas han debido ser eliminadas (en su concepción original), como lo atestiguan muchas exrotondas a lo largo de las avenidas de las Américas y Reforma.

Pero para las rotondas sobrevivientes, bien vale la pena tratar de rescatar sus virtudes estéticas y de facilitación del tráfico. Ello requiere de voluntad y compromiso de parte de los conductores; pero también demanda esfuerzo de las autoridades municipales para construir adecuadamente las glorietas, señalizarlas y educar a los usuarios; también de las autoridades de Tránsito, para que las licencias de conducir no se otorguen corruptamente al mejor postor, sino a quien llene los requisitos indispensables. Así se evitarían tragedias como la que le costó la vida a Ingrid Batén.

Viento de Cola Desperdiciado

Las economías de Centroamérica difícilmente estarán en capacidad de aprovechar el ambiente internacional favorable

Este año el ambiente económico externo luce favorable para Centroamérica. Pese a las debilidades en Europa y a la desaceleración en China, el mayor dinamismo del empleo y del comercio en los Estados Unidos (principal destino de las exportaciones de la Región) y los bajos precios de los combustibles auguran un entorno positivo para la actividad productiva en los países centroamericanos. La gran duda es si estos sabrán aprovechar este viento de cola favorable para navegar hacia un horizonte de mayor crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes.

En efecto, el sólido desempeño de la economía gringa incidirá positivamente en los flujos de dólares de las exportaciones y de las remesas familiares hacia el Istmo. Por otra parte, los términos de intercambio tendrán  un giro favorable para nuestros países, merced a los bajos precios del petróleo y a la caída en los precios de otros bienes primarios en los mercados internacionales. Esto significa una mayor capacidad de compra para los centroamericanos, lo cual favorece sus niveles de consumo y de demanda agregada.

Por su parte, la inflación mundial está bajo control, lo cual otorga importantes grados de holgura a la política monetaria interna que puede estar en posibilidad de reducir las tasas de interés como lo hizo el Banco de Guatemala hace algunos días. Además, aún hay una abundante liquidez monetaria en el mundo que redunda en tasas de interés bajas para financiar la actividad productiva.

Sin embargo, diversas falencias podrían impedir que nuestros países saquen provecho de esos vientos favorables, empezando con que, a medida en que el dólar estadounidense se está fortaleciendo y las monedas de otros países (en Latinoamérica, Asia y Europa) se deprecian, las monedas centroamericanas se están apreciando, lo que significa una pérdida de competitividad respecto del resto del mundo. Pero eso es sólo un problema temporal.

Los problemas más graves de nuestras economías son las rigideces estructurales que se manifiestan de múltiples formas. Así lo refleja, por ejemplo, el bajo nivel del Índice de Desarrollo Humano (especialmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua) que desnuda la debilidad estructural del capital humano, lo que se convierte en un obstáculo para competir en el mundo y nos condena a apostar por líneas de producción basadas en mano de obra barata.

Asimismo, los bajísimos niveles de ahorro doméstico y, por ende, de inversión (que en El Salvador y Guatemala están por debajo de 15% del PIB, cuando en varios países de Asia supera el 30%) que le ponen un tope a nuestra capacidad de producción. Lo que es peor, el clima de negocios no ofrece un entorno atractivo para nuevas inversiones (locales o foráneas), como lo demuestran las bajas calificaciones de nuestros países en el Índice de Competitividad Global y en el Doing Business, y lo confirman nuestros pobres resultados en el Índice de Percepción de Corrupción (en los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua). A eso se agregan los problemas de violencia y criminalidad que claramente perjudican el clima de negocios (especialmente en el Triángulo Norte).

Y lo peor es que la capacidad de los estados centroamericanos para enfrentar esta problemática se ve seriamente mermada por la debilidad de las instituciones gubernamentales y su raquitismo fiscal que se refleja en un muy elevado endeudamiento (los países centroamericano, excepto Guatemala, tienen deudas públicas mayores al 40% del PIB) e incapacidad para invertir en capital físico y humano (especialmente en el caso guatemalteco).

De manera que aunque los vientos de cola de la economía internacional son favorables, las economías de Centroamérica –todas ellas gobernadas por élites políticas acomodadas a un esquema cortoplacista de búsqueda de réditos inmediatos- difícilmente estarán en capacidad de aprovecharlos para emprender las reformas estructurales necesarias para acelerar su desarrollo económico y hacerlo sostenible en el tiempo. En el próximo Seminario Centroamericano de Consultores para el Desarrollo –COPADES-, que tendrá lugar el jueves 19 de marzo en esta ciudad de Guatemala, podrán analizarse y discutirse a profundidad estos temas con un grupo de expertos provenientes de cada país de la Región venga a presentar las perspectivas de sus economías para 2015.

Sin Productividad, No Hay Prosperidad

Al gobierno gringo le preocupan tanto los niños migrantes como los carteles criminales del Triángulo Norte. Si nos quieren ayudar a combatir esos problemas, deben tener claro que cualquier “Alianza para la Prosperidad” tiene que apuntar a un aumento sensible en la productividad

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita a Guatemala para definir y priorizar la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad que su gobierno impulsa en el Triángulo Norte de Centroamérica con el fin de reducir las amenazas que para la los norteamericanos representan la pobreza, las migraciones y la criminalidad de nuestros países. Resulta evidente que la prosperidad es la vía más adecuada para combatir tales problemas, pues la mejora en el bienestar material de los centroamericanos es una condición indispensable para la viabilidad de la Región. Para lograrlo, es indispensable que los esfuerzos se centren en aumentar la productividad de nuestras economías.

En efecto, lo que ha permitido que los países desarrollados sean lo que son, es el acelerado aumento que la productividad de sus trabajadores logró en los últimos siglos. Hoy un relojero en una fábrica en Suiza produce mil veces más relojes que los que producía su ancestro hace trecientos años. Similarmente, la productividad (es decir, la cantidad de bienes producidos por cada hora de trabajo) de un operario en la industria estadounidense se ha multiplicado por siete en el último siglo, lo que significa que ese obrero pude disfrutar de siete veces más ropa, aparatos domésticos o bienes suntuarios que el típico obrero estadounidense del siglo diecinueve.

Por desgracia, y en contraste con lo anterior, el aumento de la productividad en los países del Triángulo Norte centroamericano ha crecido a ritmos muchísimo más lentos. Un estudio que el economista chileno Felipe Larraín realizó hace pocos años para Guatemala, encontró que del (ya de por sí magro) crecimiento promedio del 4% anual que registró el PIB guatemalteco entre 1950 y 2002, la productividad apenas contribuyó con un miserable 0.2% anual. Trágico.

Aunque los temas económicos de la inflación, el déficit fiscal o el tipo de cambio son importantes y reciben gran atención de las políticas económicas y de los medios de comunicación, en el largo plazo ningún otro fenómeno económico tiene más impacto sobre la prosperidad y sobre la capacidad de la sociedad para gastar en hospitales, escuelas y servicios sociales, que el crecimiento de la productividad. La experiencia de los países desarrollados demuestra que crecimientos relativamente modestos de la productividad (digamos, de un 2% anual) pueden multiplicar por más de diez –en el transcurso de un siglo- la cantidad de bienes y servicios disponibles para cada ciudadano.

Las diferencias de productividad entre los países avanzados y los del Triángulo Norte se deben, fundamentalmente, a diferencias en las capacidades de los trabajadores, por una parte, y a diferencias en el entorno económico, por la otra. Las diferencias en las capacidades tienen que ver con la educación y la salud de los ciudadanos –el “capital humano”, que le dicen-. Un trabajador alemán, generalmente mejor educado, nutrido y con acceso a servicios de salud de mucha mejor calidad en comparación con un guatemalteco, va a ser claramente más productivo que éste. Y las diferencias en el entorno también son cruciales: está demostrado que el mismo trabajador guatemalteco es mucho más productivo en California (donde se respetan los contratos, el transporte es confiable, la tecnología es accesible y los criminales son perseguidos y castigados) que en Guatemala.

De manera que cualquier Alianza para la Prosperidad debe apuntar a un aumento sensible en la productividad y, para ello, debe enfocarse en que el gasto público (complementado con el apoyo de los países cooperantes) se utilice eficientemente, por un lado, en mejorar la educación, la salud y la nutrición de los ciudadanos; y, por el otro, en mejorar el entorno económico, lo cual implica aumentar la infraestructura física y el acceso a la tecnología, así como invertir en las instituciones que propicien la seguridad ciudadana y la efectiva impartición de justicia.

Sólo aumentando la productividad pueden elevarse la prosperidad social y los niveles de vida en el largo plazo. Ningún otro factor económico contribuye más a reducir la pobreza y a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, así como a potenciar la capacidad del país para financiar la educación, la salud pública, la preservación del medio ambiente y el fomento de la cultura.

Una Oportunidad Para la Integración Económica

Una próxima unión aduanera Guatemala-Honduras imprime un tono de optimismo sobre el mar de frustraciones históricas integracionistas

Cuando en 1960 los cinco países del norte del istmo se unieron en el Mercado Común Centroamericano –MCCA-, la integración económica prometía ser el camino para la unión y el desarrollo de la región. Más de medio siglo después, esa promesa no sólo se ha incumplido, sino que cada vez luce menos creíble.

Cierto es que durante sus primeros lustros el MCCA fue muy exitoso: el comercio regional se expandió velozmente, lo mismo que las inversiones. Pero la inverosímil guerra del fútbol (Honduras-El Salvador), primero, y después las guerras civiles (en Nicaragua, El Salvador y Guatemala), detuvieron cualquier progreso, con la ayuda de la inveterada falta de interés político (especialmente en Costa Rica) respecto de la integración centroamericana.

Al finalizar los conflictos armados, el comercio intrarregional se reactivó, las exportaciones aumentaron y el crecimiento económico se estabilizó; las instituciones regionales empezaron a proliferar, lo mismo que las grandes propuestas de integración: la creación del Sistema de Integración Centroamericana –SICA- en 1991, la firma del Protocolo de Guatemala en 1993, el Plan Puebla-Panamá (impulsado por México) en 2000, en “Relanzamiento” de la integración centroamericana (en San Salvador en 2010). A pesar de estos intentos, los avances de la integración económica han sido tan abundantes como los retrocesos, y el sueño de unir a América Central parece tan distante como siempre.

Por eso reconfortan las noticias que apuntan a avances concretos y específicos en materia de integración centroamericana, aunque sean menos ambiciosos y rimbombantes que los grandes planes de décadas pasadas. El anuncio que recientemente hizo en Roma el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, en cuanto a que la unión aduanera entre Guatemala y Honduras será una realidad en diciembre de este año, introduce un tono de optimismo en el mar de frustraciones integracionistas.

Este tipo de esfuerzo, basado más en la "voluntad política" de los gobernantes que en los añejos planes y tratados de integración, busca evadir las dificultades características de las negociaciones multilaterales (que exige un acuerdo entre cinco o más partes que tienen diferentes sistemas cambiarios y disímiles niveles de desarrollo relativo), apostando por acuerdos bilaterales como un atajo hacia una integración económica más completa. Este enfoque de una integración por etapas, y a velocidades distintas según la voluntad de los países socios, parece adecuado para el caso de Honduras y Guatemala.

En conjunto, estas dos economías representan más del 45% de la producción del MCCA, así como casi el 40% del comercio intrarregional. Además, se trata de los dos países más populosos de Centroamérica, que suman más de 22 millones de habitantes (57% del total del MCCA). Las posibilidades de incrementar el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países es enorme; y podría ser un precursor para que el anunciado “Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsado por el gobierno estadounidense, pueda tener alguna repercusión económica tangible y sostenible.

Pero, como la historia lo demuestra, practicar la integración económica es mucho más difícil que hacer promesas sobre ella. El desafío que se han planteado los presidentes Pérez Molina y  Hernández implica pasar del actual estatus de comercio libre sin arancel externo común, a uno de libre circulación de bienes y personas con arancel común. Ello implica acordar políticas comunes sobre asuntos que van desde los códigos aduaneros hasta la política de competencia y los subsidios a la inversión, lo cual requerirá algo más que pura voluntad política.

Cualquier profundización de la integración económica implica una cierta pérdida de soberanía, y toma tiempo; por eso es que ha sido tan compleja en todo el mundo. Pero la fusión de Guatemala y Honduras –y, eventualmente, de El Salvador- en un solo espacio económico conjunto con libre circulación de personas, bienes y capitales (sin aduanas ni restricciones para el cruce de fronteras) generaría múltiples oportunidades de crecimiento económico (mediante mayor productividad y economías de escala, y más competencia e inversiones). El cumplimiento de la promesa está, de nuevo, en manos de los gobiernos.

El Estado: No Mínimo, sino Compacto

Ese tipo de gobierno puede lograr sus objetivos fundamentales si actúa bajo el principio de subsidiaridad

En el añejo debate respecto del tamaño que debe tener el gobierno, la discusión ideologizada tiende a presentar dos extremos: por un lado, los que plantean –á la
Reagan- que el gobierno no es la solución, sino el problema y por ello debe reducirse a su mínima expresión; por el otro, quienes confían en un Estado que no sólo regula, sino que también produce, posee y expropia, lo que demanda un gobierno todopoderoso. Quizá si se practicara con más frecuencia el difícil arte del pragmatismo político y del pensamiento objetivo, se caería en la cuenta de que lo que necesitan los habitantes de un país para prosperar y estar en posibilidades de perseguir la felicidad es un gobierno eficiente: ni enano, ni gigante, sino compacto.

Un buen gobierno debe ser, en primer término, eficiente en sus funciones originarias, relativas a proveer seguridad y justicia; pero no centrarse exclusivamente en ellas (como sí lo haría el “Estado Mínimo”). ¿En qué otras áreas debe “intervenir” el Gobierno?: en aquéllas donde se le requiera para que el mecanismo de mercado funcione adecuada, eficiente y sosteniblemente.

Recordemos que las necesidades humanas son diversas y muy numerosas, en tanto que los recursos disponibles para satisfacerlas son siempre insuficientes (escasos). Las sociedades resuelven el problema de la asignación de recursos adoptando mecanismos de coordinación, y el mercado es, precisamente, un mecanismo de coordinación para la eficiente asignación de recursos mediante la determinación de precios a través de la oferta y la demanda. Para que este mecanismo funcione, se requiere que las actividades de intercambio se realicen entre individuos que disponen libremente de la propiedad de sus bienes, y donde la competencia obliga a los participantes a emplear los factores de producción buscando la mayor eficiencia.

De lo anterior se deduce que un Estado eficiente debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice la propiedad, la libre disposición individual, y la libertad contractual y comercial. Este tipo de intervención requiere de instituciones (derechos de propiedad y cumplimiento de contratos) que fomenten el mercado basado en un orden que combine la competencia y la libre iniciativa con el progreso social.

Sin embargo, una economía de mercado no siempre, y no en todos los casos, está exenta de perturbaciones. Es inevitable que en los mercados exista información limitada y asimétrica, entre otras fallas que perjudican la sana competencia y redundan en ineficiencias y en reducción del bienestar. También se producen costos que a un tercero le ocasiona la producción e intercambio libre de dos partes en el mercado (externalidades). En estas fallas del mercado, el Estado debe intervenir para corregirlas mediante instituciones (reguladoras y estabilizadoras) que regulen el derecho de competencia, el orden monetario y financiero, el orden laboral y social, o las normas medio-ambientales.

Además, el gobierno está llamado a preservar la libertad de todos sus ciudadanos, lo cual implica la búsqueda de la paz social que se vería amenazada si la distribución del bienestar económico es percibida como desequilibrada o injusta (generando violencia individual o insurrección colectiva). Para eso están las instituciones que, como la previsión y la seguridad social, legitiman el sistema de mercado.

Ese tipo de gobierno, eficiente y compacto, puede lograr lo anterior si actúa bajo el principio de subsidiaridad, que parte de que todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, ya sea por sí solo o en su círculo privado, no forma parte de las funciones de las instituciones estatales; las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o robustecen a las de cada individuo, en su auxilio.

Este concepto de subsidiaridad resume la razón del Estado Compacto: pequeño pero fuerte. Metafóricamente, se trataría de un gobierno similar a un carro compacto pero “full equipo”: pequeño pero eficiente, seguro y confiable para conducirnos a nuestro destino sin gastos innecesarios. Eso sí, no se trata de un “pichirilo” de poco valor. El Estado Compacto, lo mismo que un eficiente automóvil compacto, no suele ser barato y hay que esforzarse (y pagar) por obtenerlo.

Para Aumentar el Bienestar

Nuestra esperanza de crecer más y reducir la pobreza radica en mejorar la productividad

El propósito de las políticas públicas, y de casi cualquier actividad gubernamental, debe ser propiciar la prosperidad y aumentar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Para lograrlo no existe una solución única o una receta mágica, sino un arsenal de acciones e instituciones que deben aplicarse de manera sistemática. Por desgracias, no es cierto aquello de que “si tan sólo tuviésemos impuestos tan bajos como en Hong Kong” o “si tan sólo nuestro nivel educativo fuera como el japonés”, “entonces saldríamos del subdesarrollo”.

La experiencia de muchos países demuestra que para aumentar el bienestar de las poblaciones es indispensable que se produzca un aumento de la productividad; es decir, logar producir más bienes y servicios (que satisfagan las múltiples necesidades humanas) con la misma cantidad de factores productivos (tierra, mano de obra y bienes de capital). La mejora en la productividad, además, afecta y se ve afectada por la mejora en la calidad de vida, la salud, y el ambiente de convivencia social, de manera que aumentar la productividad es, claramente, una condición necesaria (aunque no suficiente) para mejorar el bienestar humano.

En el caso de Guatemala lo anterior es evidente. Por ejemplo, la producción nacional (medida por el PIB) aumenta cada año básicamente porque aumenta el consumo doméstico que, a su vez, aumenta porque la población consumidora es cada año más numerosa. Por eso es que, desde hace tiempo, el PIB crece a un ritmo promedio anual de sólo 4%, insuficiente para reducir los elevados índices de pobreza del país. Para acelerar ese ritmo de crecimiento no podemos simplemente confiar (como sucede a veces) en que una súbita mejora de la economía mundial aumente la demanda externa y, con ella, nuestras exportaciones; tal cosa está fuera de nuestro control y no sería una estrategia viable de desarrollo económico.

Tampoco podemos esperar que el gobierno aumente su gasto y cree los empleos que aceleren el crecimiento de la producción nacional: nuestro Estado es demasiado pequeño e ineficiente como para esperar tal cosa. Tampoco sería aconsejable encomendarnos a que un aumento en la inversión física mejore en el corto plazo la capacidad productiva del país: requeriría tantos recursos financieros y tiempo que también sería una estrategia inviable. Nuestra esperanza de crecer más y reducir la pobreza radica en mejorar la productividad. Y, aunque no es sencillo, hay cómo lograrlo.

Existen amplias posibilidades para que las empresas aumenten su productividad en muchos sectores de actividad económica, incluyendo los que generan más empleo o bienestar. Por ejemplo, en la agricultura hay oportunidades de mecanización y de aplicar nuevas técnicas; en la industria de alimentos pueden usarse técnicas de manufactura ajustada o buscarse economías de escala; en comercio y servicios se pueden aplicar las mejores prácticas productivas utilizadas en otros países; y, en turismo pueden aprovecharse las enormes ventajas competitivas del país en materia de clima, cultura y ambiente.

Pero estas mejoras las podrán realizar las empresas sólo en la medida en que el gobierno implemente políticas que las habiliten a hacerlo. Tales políticas incluyen las de apertura al comercio y a la tecnología mundiales; de minimización de barreras regulatorias; de difusión del conocimiento; de libre competencia para una mejor asignación de los recursos; de generación de instituciones que promuevan el mercado, la innovación y la movilidad social; de creación de un clima propicio a la inversión y al intercambio; y de incentivar a los ciudadanos a ahorrar, aprender, comportarse saludablemente y educar bien a sus hijos.

Reducir la pobreza en Guatemala pasa por mejorar la productividad de la economía a fin de generar el círculo virtuoso que se ha generado en muchas economías emergentes: una mayor productividad va de la mano con un incremento del ingreso disponible, del consumo y del PIB. De manera que los esfuerzos públicos y privados de desarrollo deberían enfocarse –con perseverancia y algo de suerte- en el objetivo de aumentar la productividad como condición indispensable para utilizar con eficiencia los recursos disponibles, darle sostenibilidad a la estabilidad macroeconómica, promover la movilidad social y elevar los niveles de vida.