Ese tipo de gobierno puede lograr sus
objetivos fundamentales si actúa bajo el principio de subsidiaridad
En el añejo debate respecto del tamaño que debe tener
el gobierno, la discusión ideologizada tiende a presentar dos extremos: por un
lado, los que plantean –á la
Reagan- que el gobierno no es la solución, sino el problema y por ello debe reducirse a su mínima expresión; por el otro, quienes confían en un Estado que no sólo regula, sino que también produce, posee y expropia, lo que demanda un gobierno todopoderoso. Quizá si se practicara con más frecuencia el difícil arte del pragmatismo político y del pensamiento objetivo, se caería en la cuenta de que lo que necesitan los habitantes de un país para prosperar y estar en posibilidades de perseguir la felicidad es un gobierno eficiente: ni enano, ni gigante, sino compacto.
Reagan- que el gobierno no es la solución, sino el problema y por ello debe reducirse a su mínima expresión; por el otro, quienes confían en un Estado que no sólo regula, sino que también produce, posee y expropia, lo que demanda un gobierno todopoderoso. Quizá si se practicara con más frecuencia el difícil arte del pragmatismo político y del pensamiento objetivo, se caería en la cuenta de que lo que necesitan los habitantes de un país para prosperar y estar en posibilidades de perseguir la felicidad es un gobierno eficiente: ni enano, ni gigante, sino compacto.
Un buen gobierno debe ser, en primer término,
eficiente en sus funciones originarias, relativas a proveer seguridad y justicia;
pero no centrarse exclusivamente en ellas (como sí lo haría el “Estado
Mínimo”). ¿En qué otras áreas debe “intervenir” el Gobierno?: en aquéllas donde
se le requiera para que el mecanismo de mercado funcione adecuada, eficiente y
sosteniblemente.
Recordemos que las necesidades humanas son diversas y muy
numerosas, en tanto que los recursos disponibles para satisfacerlas son siempre
insuficientes (escasos). Las sociedades resuelven el problema de la asignación
de recursos adoptando mecanismos de coordinación, y el mercado es,
precisamente, un mecanismo de coordinación para la eficiente asignación de
recursos mediante la determinación de precios a través de la oferta y la
demanda. Para que este mecanismo funcione, se requiere que las actividades de
intercambio se realicen entre individuos que disponen libremente de la
propiedad de sus bienes, y donde la competencia obliga a los participantes a
emplear los factores de producción buscando la mayor eficiencia.
De lo anterior se deduce que un Estado eficiente debe
intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia,
para establecer el marco institucional que garantice la propiedad, la libre
disposición individual, y la libertad contractual y comercial. Este tipo de
intervención requiere de instituciones (derechos de propiedad y cumplimiento de
contratos) que fomenten el mercado basado en un orden que combine la
competencia y la libre iniciativa con el progreso social.
Sin embargo, una economía de mercado no siempre, y no
en todos los casos, está exenta de perturbaciones. Es inevitable que en los
mercados exista información limitada y asimétrica, entre otras fallas que perjudican
la sana competencia y redundan en ineficiencias y en reducción del bienestar.
También se producen costos que a un tercero le ocasiona la producción e
intercambio libre de dos partes en el mercado (externalidades). En estas fallas
del mercado, el Estado debe intervenir para corregirlas mediante instituciones
(reguladoras y estabilizadoras) que regulen el derecho de competencia, el orden
monetario y financiero, el orden laboral y social, o las normas medio-ambientales.
Además, el gobierno está llamado a preservar la libertad
de todos sus ciudadanos, lo cual implica la búsqueda de la paz social que se
vería amenazada si la distribución del bienestar económico es percibida como
desequilibrada o injusta (generando violencia individual o insurrección colectiva).
Para eso están las instituciones que, como la previsión y la seguridad social,
legitiman el sistema de mercado.
Ese tipo de gobierno, eficiente y compacto, puede
lograr lo anterior si actúa bajo el principio de subsidiaridad, que parte de
que todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, ya
sea por sí solo o en su círculo privado, no forma parte de las funciones de las
instituciones estatales; las intervenciones del Estado sólo se justifican
cuando suplen o robustecen a las de cada individuo, en su auxilio.
Este concepto de subsidiaridad resume la razón del Estado Compacto:
pequeño pero fuerte. Metafóricamente, se trataría de un gobierno similar a un
carro compacto pero “full equipo”: pequeño pero eficiente, seguro y confiable
para conducirnos a nuestro destino sin gastos innecesarios. Eso sí, no se trata
de un “pichirilo” de poco valor. El Estado Compacto, lo mismo que un eficiente
automóvil compacto, no suele ser barato y hay que esforzarse (y pagar) por
obtenerlo.
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