Para Incentivar la Inversión

Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados niveles de pobreza. Por ende, es necesario incentivar la inversión, lo cual no se logra con medidas de maquillaje, sino concentrándonos en los temas de fondo. 

La inversión es el factor clave para aumentar la producción y el bienestar de un país. Solamente la inversión (que aumenta la disponibilidad de capital en la economía) y la innovación pueden aumentar significativamente la frontera de posibilidades producción, ya que los otros factores de la producción o son fijos y no crecen –la tierra- o sólo crecen vegetativa y lentamente –el trabajo-.

La inversión es el único componente de la demanda agregada capaz de dinamizar la producción y responder sensiblemente a estímulos de política pública; los otros componentes de dicha demanda sólo responden a factores inerciales (el caso del consumo privado) o exógenos (las exportaciones), o no pueden ser sostenibles por periodos prolongados (el gasto de gobierno).

Por desgracia, Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados indicadores de pobreza del país. La inversión en Guatemala representa solamente un 15% del valor de la producción total (medida por el PIB), cuando el promedio de dicho porcentaje en Latinoamérica es de 23% ¡y en China 50%! Además, Guatemala atrae muy poca inversión extranjera directa en comparación con nuestros vecinos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que aumenten la inversión?

Guatemala brinda algunas condiciones favorables para la inversión: la inflación es relativamente baja y estable, la deuda pública es manejable, el sistema financiero es sólido, hemos tenido varias elecciones libres y democráticas consecutivas, los recursos naturales son abundantes, y el grado de apertura al comercio exterior es grande con un déficit exterior manejable. Por lo tanto, los obstáculos que impiden que crezca la inversión deben ubicarse en otros aspectos que son claves para que cualquier inversionista decida emprender un negocio en nuestro país.

Para empezar, el tamaño del mercado guatemalteco está muy limitado (en relación al tamaño de la población) debido al elevado porcentaje de la población en situación de pobreza (más de la mitad) y al consiguiente pequeño tamaño de la clase media, lo que hace que Guatemala sea un destino de inversión menos atractivo que otros países de similar dimensión. Esto no solo es resultado de la elevada concentración del ingreso sino que, principalmente, del escaso dinamismo de la producción, lo que configura un complejo círculo vicioso: una economía poco dinámica no es atractiva para la inversión, y la poca inversión impide un mayor crecimiento de la economía.

Todo ello es el resultado de que nunca hemos efectuado las reformas estructurales que otros países lograron implementar en los últimos veinte años. Entre las consecuencias de ese fracaso destaca la pobre infraestructura física, particularmente en carreteras que acerquen y conecten los mercados: mientras que la inversión en infraestructura representa el 10% del PIB en China y el 6% en India, es menos del 1% en nuestro país.

Otro factor de igual importancia es la baja productividad del trabajo, lo que está conectado con el bajísimo nivel educativo y con las graves deficiencias nutricionales prevalecientes. Asimismo, la rigidez del mercado laboral (ni siquiera contamos con un marco regulatorio del trabajo a tiempo parcial). A esto hay que agregar el clima de violencia y criminalidad que, junto con la corrupción generalizada, ahuyentan a cualquier inversionista bienintencionado. Y, para terminar, la ineficiencia y debilidad de las instituciones públicas (incluyendo una baja recaudación tributaria) impiden que el Estado pueda cumplir con proveer la infraestructura, salud, educación, seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión privada para florecer y contribuir con el crecimiento y prosperidad del país.

Para incentivar la inversión no existen soluciones mágicas; la tarea es difícil y los esfuerzos deben centrarse en las áreas enumeradas. No hay que empezar de cero: en el Congreso de la República existen iniciativas de ley que podrían coadyuvar al avance de las reformas económicas requeridas. Por ejemplo existe una iniciativa para regular el trabajo a tiempo parcial (iniciativa 4648) y otra para dar estabilidad jurídica y tributaria a la inversión (iniciativa 3996). Por allí podríamos empezar para lograr en el corto plazo algún avance concreto.

Después de la Crisis: Visión Optimista

Nuestro país sobrevivió esta crisis mundial de mejor manera que en otras crisis del pasado, y con menos problemas que los países vecinos

La semana pasada señalamos, en tono pesimista, que la gran crisis económica mundial del quinquenio pasado fue una oportunidad perdida para Guatemala ya que, a pesar de que nuestra economía superó con escasos rasguños los embates de la crisis, fracasó en las reformas (en educación, salud, infraestructura e instituciones) que eran necesarias para sacarle provecho (en términos de productividad y bienestar) a las muy favorables condiciones financieras que prevalecieron en los mercados internacionales, así como al nuevo entorno mundial post-crisis.

No obstante ello, es menester reconocer que nuestro país sobrevivió esta crisis mundial de mejor manera que en crisis anteriores (que fueron incluso de menor escala) y con un mejor desempeño que los países vecinos: la producción se estancó, pero no cayó; las exportaciones y el crédito cayeron, pero repuntaron luego rápidamente; la inflación y el tipo de cambio se mantuvieron bajo control. Viendo con lentes de optimismo, debemos admitir que este buen desempeño se debió a que, pese a todo, contamos con un conjunto aceptablemente bueno de instituciones y políticas macroeconómicas.

Un reciente documento de trabajo preparado por el economista José de Gregorio, publicado en diciembre  pasado por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, sobre la capacidad de resistencia y adaptación de las economías latinoamericanas ante la crisis mundial, pone los focos sobre aquellos aspectos que nos permitieron defendernos exitosamente de las muy adversas condiciones económicas mundiales. Según dicho estudio, se pueden distinguir cinco factores clave.

El primero es que, cuando empezó la crisis, contábamos con buenas condiciones macroeconómicas: el déficit fiscal era bajo (menor a 2% del PIB), la deuda pública estaba bajo control, y la inflación era baja y estable; todo ello permitió enfrentar la crisis con políticas fiscales y monetarias moderadamente anticíclicas, lo cual contribuyó a aliviar los efectos de la crisis.

El segundo factor es el marco de flexibilidad del tipo de cambio; no es que el quetzal (a diferencia de otras monedas) se haya devaluado durante la crisis, sino que el simple hecho de saber que el tipo de cambio podía ajustarse eliminó la tentación de especular contra el valor de la moneda, lo cual conjuró el riesgo de movimientos cambiarios bruscos como los experimentados en crisis previas.

El tercero es que tuvimos buena suerte: antes de la crisis gozamos de buenas condiciones y precios internacionales que hicieron crecer el valor de las exportaciones; además, en el caso de Guatemala esta buena suerte se vio complementada por una base exportable cada vez más diversificada y con penetración creciente en nuevos mercados.

El cuarto factor es la solidez y buena regulación del sistema financiero: los indicadores de solvencia, utilidades y calidad de la cartera estaban en franca mejora antes de la crisis, y mejoraron aún más una vez superado el primer año del shock externo (2009), lo cual hizo posible que el sistema financiero pudiera reiniciar rápidamente (en 2010) el crecimiento del crédito al aparato productivo.

El quinto fue el elevado nivel de reservas monetarias internacionales (más de US$ 5 millardos en 2009) que se venían acumulando durante los años pre-crisis a fin de evitar una apreciación abrupta del quetzal; esos niveles de reservas ayudaron a disuadir cualquier ataque contra la moneda y a eliminar cualquier temor de impago de las deudas con el exterior, al tiempo que proporcionaron un colchón ante la amenaza de falta de financiamiento externo durante la crisis.

Puestos, pues, a ver el lado positivo de la crisis, debemos sacar la conclusión de que la prudencia en la política fiscal, aunada a la existencia de las reglas claras e institucionalizadas en las políticas monetaria y financiera, fueron elementos fundamentales en el accionar de las instituciones públicas que deberían preservarse como un valioso activo de la economía nacional.

La lección que nos deja la crisis mundial que parece estar finalizando es que, como país pequeño y abierto, debemos preservar a toda costa la disciplina macroeconómica pero, al mismo tiempo, debemos emprender cuanto antes las reformas estructurales que nos permitan, por fin, emprender una ruta sostenida de prosperidad y desarrollo integral.

Después de la Crisis: Visión Pesimista

El momento para implementar políticas de largo plazo es hoy mismo, y para ello no hay que inventar el agua azucarada

Hace cinco años el crac financiero estadounidense explotaba como recesión mundial al contagiarse a la deuda soberana de varios países europeos. Guatemala sobrevivió esta gigantesca crisis económica mundial más o menos incólume. La lectura de dicha sobrevivencia puede hacerse con lentes pesimistas, que nos ayuden a sacar lecciones de la forma en que –como tantas veces- desaprovechamos la oportunidad que nos brindó la crisis de tomar medidas de largo plazo para progresar sostenidamente. O pude hacerse con lentes optimistas, que nos permitan ver las fortalezas –muchas veces menospreciadas- que nos ayudaron a afrontar la crisis. Pongámonos hoy los pesimistas.

El desafío de enfrentar la crisis, para un país pequeño y vulnerable como Guatemala, se dibujaba en dos planos. Por un lado, el del corto plazo, se trataba de adoptar medidas paliativas para reducir los costos y la duración del inevitable ajuste económico que conllevaba el shock externo; afortunadamente no caímos en la tentación de adoptar medidas populistas o antitécnicas para enfrentar el ajuste, pues ello solamente lo habría tornado más prolongado y costoso. Por otro lado, el del largo plazo, se trataba de prepararnos para el futuro, y allí no fuimos tan afortunados: aunque no caímos en el error de aplicar políticas equivocadas para atender la coyuntura, cometimos –una vez más- el igualmente grave error de desatender las políticas de largo plazo: nos dedicamos únicamente a lo urgente mientras relegamos lo importante.

Es una tragedia que, una vez superadas las amenazas de la crisis, Guatemala no haya avanzado en los aspectos que le permitan acelerar sostenidamente su crecimiento económico y reducir la pobreza. Un estudio que por aquellos años de inicios de la crisis publicó el Banco Mundial, luego de convocar a un grupo de pensadores y hacedores de políticas públicas, identificó seis aspectos comunes a las 13 economías que desde 1950 tuvieron un crecimiento promedio de 7% anual durante 25 años o más. Es en esas seis características donde, la experiencia así lo dice, deberían enfocarse países como el nuestro durante la época de vacas flacas a fin de potenciar las posibilidades de sacarles provecho a las vacas gordas, cuando vengan.

La primera es el aprovechamiento de la economía mundial; es decir, tener un grado de apertura al mundo que permita importar tecnología e innovación y, al mismo tiempo, producir bienes y servicios que otros países requieren. La segunda es el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica para contar con un ambiente de certeza que facilite la toma de decisiones correctas y eficientes por parte de productores y consumidores. En estas dos características, por ventura, se han hecho avances de forma sostenida en Guatemala durante más de dos décadas.

La tercera característica es la presencia de altas tasas de ahorro e inversión; y, en esto, sí que estamos mal: Guatemala (aquejada de inseguridad, criminalidad, debilidad institucional, conflicto social, escasa infraestructura, desnutrición y poca calificación del capital humano) es uno de los países con más bajos niveles de ahorro e inversión en el mundo. La cuarta es permitir que el mercado sea quien asigne los recursos económicos; y, aquí, el gran riesgo es el poco compromiso que el liderazgo político y –crecientemente- la opinión pública tienen respecto de la economía de mercado.

La quinta es la presencia de gobiernos (locales y nacionales) que sean capaces, creíbles y comprometidos, lo cual pasa, evidentemente, por tener dirigentes que no practiquen ni toleren la corrupción, el nepotismo y los privilegios. Y, por último, la sexta característica para que el crecimiento económico sea sostenible es que exista paz y cohesión social, ya que la conflictividad social es el caldo donde se cultivan las políticas populistas y la debilidad institucional. Entonces, lo importante para las políticas públicas debería ser la búsqueda permanente de estas características, independientemente de las preocupaciones de corto plazo. El momento para implementar políticas de largo plazo es hoy mismo, y para ello no hay que inventar el agua azucarada: sólo acercándose a esas características podrá mejorar la productividad de Guatemala y aumentar así el ingreso per cápita y, con él, el bienestar material de los guatemaltecos.

La Magnitud del Déficit Fiscal

En las actuales circunstancias, es de crucial importancia  que el gobierno extreme las medidas para mantener la prudencia en el gasto público

 La semana pasada se aprobó una aplicación de Q1.5 millardos al techo de gastos del Presupuesto del Estado. La aprobación se logró con gran rapidez y un inusitado consenso entre las bancadas, estimuladas quizá por la presión de las marchas callejeras y bloqueos de carreteras del gremio magisterial. Tan velozmente se aprobó la ampliación presupuestaria, que no se pudo determinar con exactitud cuál será la fuente de ingresos que financiará dicho gasto, cuyo destino es pagar aumentos salariales a maestros y empleados del Ministerio de Salud Pública.

Tal vez la omisión de dicha fuente de financiamiento obedezca a que en el Congreso se espera que la SAT logrará tener éxito en mejorar la recaudación y obtener la ambiciosa meta acordada con el Ejecutivo. Pero ello no será nada fácil, pues para lograr dicha meta los ingresos tributarios deberían aumentar a una tasa extraordinariamente dinámica, lo cual es improbable debido no sólo a que la mejoras en la recaudación derivadas de la reforma tributaria de 2012 tuvieron su mayor efecto en 2013 (o sea que en el presente año no podrían volver a crecer igual), sino también a que las ineficiencias que presenta la recaudación en las aduanas son de una enorme magnitud.

En efecto, el año pasado el valor de las importaciones creció 4%, mientras que el valor de lo recaudado por IVA sobre importaciones se mantuvo estático. Más grave aún: la recaudación por concepto de aranceles (sobre importaciones) cayeron en más de 15%, reducción mayor a la que se justificaría por la reducción de derechos arancelarios derivada de la antedicha reforma tributaria de 2012.

Lo anterior implica que el aumento en el techo de gasto presupuestario recién aprobado va a implicar que el déficit fiscal aumente, lo cual es más preocupante de lo que parece a primera vista. Veamos. En el entorno de los analistas que, tanto en los organismos financieros internacionales como en las calificadoras de riesgo, existe un  consenso en cuanto a que el déficit fiscal se vuelve preocupante cuando su tamaño causa un aumento de largo plazo en el saldo de la deuda pública como proporción de la producción nacional. Esta proporción –o carga de la deuda- es una medida gruesa de la capacidad que tiene el país de pagar la deuda nacional; si esta carga sigue creciendo, en algún momento la economía no tendría suficiente PIB para pagar la deuda, lo que produciría una enorme crisis, como la que hoy aqueja a los países de la Europa Mediterránea.

Aunque en Guatemala la carga de la deuda no ha superado en años recientes el 25% del PIB, diversos estudios dan cuenta de que, para que dicho porcentaje no aumente insosteniblemente, el déficit fiscal anual debe mantenerse en niveles que no excedan del equivalente a 2% del PIB. Por ello resulta preocupante que, con la ampliación presupuestaria recientemente aprobada, sea muy probable que el déficit fiscal se eleve este año a un nivel equivalente al 2.4% del PIB, cifra que es muy peligrosa por varias razones.

La principal razón para preocuparse es que ello significa un retroceso en el proceso gradual de reducción del déficit al que el país se había comprometido tácitamente ante los mercados financieros a raíz de en 2009 y 2010 el gobierno aplicó una política fiscal moderadamente anti-cíclica (expansiva) para contrarrestar los efectos recesivos de la crisis mundial. La idea original detrás de tal política es que fuera estrictamente temporal: el déficit debía reducirse gradualmente del pico de 3.3% del PIB en 2010, a sus niveles históricamente sostenibles de menos de 2%. Eso se había venido cumpliendo (lenta pero sostenidamente) hasta reducir el déficit a 2.2% en 2013.

Si se produce el referido retroceso en el proceso de reducción del déficit, se enviaría un mensaje muy negativo a los mercados internacionales sobre la seriedad de las políticas macroeconómicas del país. De ahí la importancia de que el gobierno extreme las medidas de prudencia en el gasto público para evitar tal escenario. De lo contrario, las consecuencias negativas del aumento en el déficit fiscal pueden ir desde un incremento a corto plazo en el costo del financiamiento externo (no sólo para el gobierno, sino también para las empresas), hasta una eventual salida de capitales y una reducción en el crecimiento económico. Urge prudencia en el gasto.

Midiendo la Transformación

El BTI evalúa la manera en que los países conducen su transición hacia la democracia y la economía de mercado

La transición pacífica que un país como Guatemala debe hacer hacia la democracia y hacia una economía de mercado presenta una serie de desafíos cuyo progreso es difícil de medir objetivamente, incluso con la miríada de índices que elaboran diversas organizaciones a nivel internacional. Uno de esos índices intenta medir dicha transición: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann –BTI, por sus siglas en inglés- intenta medir el avance de los países en su objetivo dual de construir una democracia bajo el imperio de la ley y una economía de mercado socialmente sostenible.

Bertelsmann Stiftung es la mayor fundación privada de Alemania, creada en 1977 por el millonario Reinhard Mohn, dueño de la sexta editorial más grande del mundo, quien dedicó parte de su fortuna a promover la integración europea y explorar formas alternativas de orden social, político y económico en el mundo.

El BTI analiza y evalúa la manera en que los países en desarrollo y en transición (no incluye países industrializados con democracias maduras) conducen su transición social hacia la democracia y la economía de mercado. Con base en una guía codificada se les pide a expertos de cada uno de los 129 países evaluados que midan el grado en que han alcanzado un total de 17 criterios que agrupan 49 temas.

El resultado produce dos índices: el Índice de Situación y el Índice de Gestión. En el índice de 2014, recientemente publicado, Guatemala ocupó el lugar 79 (de 129) en el índice de Situación (con una calificación de 5.15 sobre 10), lo que nos ubica por debajo del promedio de los países evaluados (ver www.bti-project.org/reports/country-reports/lac/gtm/index.nc). En el segundo índice (de Gestión), que se centra en la calidad de la gobernanza, Guatemala ocupó el puesto 69 (4.84 puntos sobre 10), también por debajo del promedio que evalúa la efectividad con la que los tomadores de decisiones orienten los procesos políticos.

El Índice de Situación se subdivide, a su vez, en dos dimensiones analíticas: una evalúa el estado de la transformación política (puesto 75 con 5.20 puntos) y la otra el estado de transformación económica (puesto 77 con 5.11 puntos). En el primer caso, Guatemala obtiene calificaciones mediocres en los cinco criterios que lo integran: 1. Funcionamiento del Estado (mal desempeño en cuanto al monopolio estatal del uso de la fuerza y a la calidad de la administración pública). 2. Participación política (poca efectividad del poder gubernamental e insuficiente desarrollo de las libertades de asociación y expresión). 3. Imperio de la ley (falta de independencia del poder judicial, abusos de poder y corrupción). 4. Instituciones democráticas (debilidad y escaso apoyo de la población). Y 5. Integración política y social (el peor factor calificado, con un sistema de partidos disfuncional, desinterés ciudadano y un tejido social precario).

Por su parte, los siete criterios de transformación económica tienen calificaciones variadas. 1. Nivel de desarrollo socioeconómico (pésimos indicadores de pobreza). 2. Organización del mercado (inexistencia de un marco legal que regule la competencia, aunque buen grado de apertura exterior). 3. Estabilidad de precios (buena calificación, lo mismo que las políticas macroeconómicas). 4. Derechos de propiedad (adecuadamente regulados, pero sector informal está excluido). 5. Sistema de bienestar (faltan redes de protección social e igualdad de oportunidades). 6. Desempeño de la producción (bien calificado por la poca volatilidad del PIB). Y 7. Sostenibilidad económica (inadecuado marco regulatorio del ambiente y escasa calidad del capital humano).

Finalmente, los cinco criterios que integran el índice de Gestión –que miden factores estructurales, tradiciones sociales, conflictividad, eficiencia del Estado y credibilidad internacional- también son calificados con un punteo mediocre.

Independientemente de si se está o no de acuerdo con la metodología empleada, o con la interpretación que la propia fundación hace del índice, el BTI es un indicador que intenta ser riguroso y que se enfoca en dos temas clave (transición a la democracia y a la economía de mercado) para el desarrollo, y nos ilustra cómo desde el exterior evalúan nuestras debilidades y nuestro potencial como miembros de la comunidad internacional.

Faltan Matices

Sin una visión política balanceada nuestro sistema democrático seguirá a la deriva

A veces Guatemala da la impresión de estarse convirtiendo en un país sin matices ideológicos. Quizá a causa de la ansiedad colectiva por encontrar certezas para un entorno desordenado y un futuro sombrío, se nos pide auto-etiquetarnos con precisión: izquierdista o derechista (en lo político), pro mercado o pro estado (en lo económico), conservador o liberal (en lo social). Y dependiendo de la etiqueta, así será la forma en que seremos tratados, en que se confiará o no en nosotros, o en que seremos aceptados o rechazados.

Eso que ocurre en el ámbito intelectual, también se replica en materia de las políticas públicas. Los políticos parecen ignorar cada día más a los tecnócratas, a quienes suelen considerar ingenuos, poco prácticos y hasta molestos. Los tecnócratas, por su parte, tienden a ver a los políticos como inconsistentes, cortoplacistas, empíricos y hasta peligrosos. Los primeros olvidan que el ejercicio del poder, si no está sustentado en ideas, es pura improvisación. Y los segundos ignoran que los planes y técnicas, sin pragmatismo ni respaldo político, son sólo sueños.

Por supuesto que tener una posición ideológica no solo es conveniente, sino necesario para orientar adecuadamente el rumbo del Estado, pero el radicalismo y la polarización suelen imponer obstáculos poderosos a la buena marcha de la política y las políticas. Para encontrar el balance requerido, quienes aspiran a ser líderes nacionales deben tener convicciones ideológicas claras, basadas en ideas firmes, pero al mismo tiempo deben tener la capacidad de ser flexibles y ceder cuando al rival lo asiste la razón.

Líderes como Margaret Tatcher (por la derecha) o Felipe González (por la izquierda) transformaron sus países con base en sus convicciones e ideas claras que inspiraron confianza en el futuro y engendraron el surgimiento de un Tony Blair (por la izquierda) ni un José María Aznar (por la derecha) quienes, a su vez, fueron capaces de amoldar sus propias convicciones para reconocer las virtudes de lo andado por sus predecesores.

Ese liderazgo que combina las convicciones con el pragmatismo –dentro de una visión de Estado- es un bien escaso que nuestro país precisa con urgencia, pero que se ve impedido de surgir por una polarización ideológica que parece empeñarse en revivir la guerra civil y por un sistema político light cuyo principal objetivo es el acceso al poder para practicar el patrimonialismo.

El resultado es un vacío de ideas que se convierte en campo fértil para ofertas políticas simplonas, protestas callejeras que demandan un regreso a los “gloriosos” años setenta, y descalificaciones superficiales del rival que es percibido como enemigo. La polarización se ve alimentada por la propia naturaleza de los enfoques políticos tradicionalmente opuestos: cómo controlar el poder de los mercados versus cómo controlar el poder del estado.

Lo ideal sería que ambas tradiciones ideológicas evolucionen y se renueven aprendiendo una de otra, pero ello es casi imposible en un ambiente polarizado y en un sistema patrimonialista. Por ello es importante que en el espectro ideológico existan matices que permitan el avance de políticas y acciones de gobierno conducentes al progreso económico y social. Matices que desde la izquierda comprendan las virtudes de la destrucción creadora generada por la competencia y los mercados, y que desde la derecha acepten que el estado debe hacerse cargo de las víctimas de dicha destrucción creadora. Matices que se percaten de que el rol del estado como garante del buen funcionamiento del mercado puede ser un mal necesario que, sin embargo, debe mantenerse limitado y controlado.

Sin una visión política balanceada, nuestro sistema democrático seguirá a la deriva en las aguas del patrimonialismo. Y mientras el sistema esté a la deriva, los votantes podrán ser víctimas de la demagogia que ofrece soluciones falsas a problemas autogenerados. La única forma en que los demagogos (de izquierda y de derecha) pueden ser derrotados, es mediante la guía de líderes moderados (de izquierda y de derecha) dispuestos a aprender de sus adversarios, a negociar con ellos, a huir de la polarización –hoy tan generalizada- y, sobre todo, a brindar esperanza a sus conciudadanos sobre un futuro que puede ser moldeado en favor del interés general.

De Cara al Tercer Año

Ha concluido la primera mitad del periodo gubernamental. En materia de política económica, no es necesario recurrir a mega-soluciones ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante al país

El tercer año de cada gobierno, como el que se inicia hoy, ha sido decisivo en la era democrática para que la respectiva administración defina su legado en materia de política económica. A estas alturas de su mandato, las autoridades electas ya saben aquilatar cuáles son sus verdaderas posibilidades y fortalezas, así como las restricciones que enfrentan. Puestos a elegir las áreas en las cuales enfocar los esfuerzos en la segunda mitad de su gestión, el reto más difícil es el de abandonar la tentadora y facilona visión de corto plazo que busca obtener réditos electorales y adoptar en cambio un enfoque de Estado en función de dejar un legado perdurable a la Nación.

Una vez superado ese reto crucial, no es necesario recurrir a mega-soluciones ni a políticas súper-innovadoras para sacar adelante al país y dejar una huella trascendente. Aunque es difícil de aceptar, nada de lo que haga el gobierno hará que la economía crezca más allá de un 3.5% anual en los dos próximos años, pues esta es la lentísima velocidad a la que, en el mejor de los casos, puede aspirar a crecer nuestra economía que cada día se rezaga más respecto de otras economías similares que sí han hecho sus tareas.

Esas tareas requieren simplemente de administrar la cosa pública con perseverancia, paciencia, disciplina y enfoque en los temas fundamentales. La priorización de la acción pública en las áreas clave pasa, en primer lugar, por propiciar un ambiente adecuado para que los guatemaltecos tomen decisiones económicas razonables. Ello implica un mínimo de condiciones de seguridad, justicia y gobernabilidad.

En efecto, la criminalidad desenfrenada desincentiva las inversiones, incrementa los costos operativos de las empresas y desvía gastos de gobierno que podrían usarse para atender otras necesidades económicas y sociales. Ello demandará acciones en materia de fortalecer a la policía y a los tribunales, así como de profundizar la línea de política exterior que impulse un tratamiento alternativo para combatir el narcotráfico, primera causa del crimen organizado. La gobernabilidad también demandará esfuerzos para tener un Organismo Legislativo eficiente e independiente del Ejecutivo, como debe ser en una República.

En segundo lugar, la estabilidad macroeconómica de la que hemos gozado durante varios años no debe darse por garantizada. Hay que protegerla y fortalecerla evitando caer en déficit fiscales crecientes, impidiendo endeudamientos públicos gravosos y respetando la autonomía del banco central en materia de política monetaria.

La calidad del capital humano (la educación y la salud de la población) es un tercer aspecto que debe privilegiarse en una agenda de Estado: con resultados tan desastrosos como los que muestran las pruebas de calidad educativa publicadas recientemente por el Ministerio de Educación será imposible mejorar a largo plazo la productividad del país. De manera similar, la escasa e inadecuada infraestructura física (especialmente carreteras secundarias) es un cuarto factor que restringe las posibilidades de un crecimiento económico más sano y que, por ello, debe atenderse como prioridad.

Si el Estado no invierte más y mejor en educación, salud e infraestructura, poco se mejorará la productividad requerida para atender los muchos problemas sociales del país; y esa inversión no puede hacerse sin ingresos fiscales, por lo que una quinta área de prioridad debe ser la simplificación del sistema tributario y la ampliación de su base, en parte mediante la inclusión de la economía informal al circuito tributario.

Finalmente, es menester reducir la frustración social respecto de la calidad de los servicios públicos y las ineficiencias del Estado para lograr la paz social que se necesita para lograr un buen desempeño económico. Ello exige, urgentemente, reducir los enormes niveles de corrupción con medidas concretas y tangibles que trasciendan los discursos electorales.

Poner los pies sobre la tierra, trabajar con perseverancia y enfocarse en estas seis áreas prioritarias (seguridad y clima de negocios; estabilidad macro; capital humano; infraestructura de comunicaciones; ingresos fiscales; y, transparencia y anticorrupción) es la clave para construir una política económica coherente y perdurable que se constituya en un auténtico legado para el país.