Asfixiando al IGSS

Entre la PDH y la CC, sin una base técnica coherente, le asestan un terrible golpe al IVS

Producto de la insistencia (rayana en saña) del anterior Procurador de los Derechos Humanos, y a la superficialidad (cercana a ligereza) del análisis de la Corte de Constitucionalidad, la sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia –IVS- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- está ahora bajo una grave amenaza.

Una reciente sentencia de la CC (sobre recursos interpuestos de manera insistente por la PDH), dejó sin efecto varias disposiciones que el IGSS había dispuesto para preservar la sostenibilidad del IVS. En efecto, en diciembre de 2010 la Junta Directiva del IGSS había aprobado el Acuerdo 1257 que contiene, entre otras reformas, modificaciones de los parámetros del Programa IVS relativos a los requisitos para tener derecho al pensionamiento por vejez que, para los nuevos afiliados, subirían a 62 años de edad y a 240 meses de contribución.

Pero entre la PDH y la CC, sin una base técnica coherente, le asestan un terrible golpe al IVS, pues sus acciones –con una superficialidad técnica y jurídica asombrosa- dejaron sin efecto varias de las disposiciones del referido acuerdo, lo que conlleva un grave menoscabo a la autonomía del IGSS, una afectación a la sostenibilidad del IVS y una grave amenaza a esta prestación de los trabajadores afiliados.

Ello es grave porque el IVS no sólo es un pilar importante en la red de protección que ayuda a preservar la armonía social, sino que, desde el punto de vista macroeconómico, es una vertiente importante del ahorro nacional. Además, el IVS es una institución estatal, por lo que cualquier daño a su sostenibilidad financiera puede tener eventualmente repercusiones fiscales.

Valuaciones actuariales del IGSS demuestran que, para preservar el equilibrio financiero del IVS, la edad mínima de jubilación debe ser de 65 años; de lo contrario, se pierde el delicado equilibrio que debe existir entre los ingresos (aportes patronales y laborales) y las obligaciones (pensiones presentes y futuras), con lo que se pone en alto riesgo la sostenibilidad del programa. Cabe recordar que las decisiones en cuanto a edad de jubilación se toman con base en estudios actuariales y no por razones políticas o de beneficencia. Por ello la Ley Orgánica del IGSS lo faculta a modificar las condiciones de los beneficios que otorga, aclarando explícitamente que estos no constituyen “derechos adquiridos”.

La propia Organización Internacional del Trabajo –OIT- recomienda a sus miembros fijar un período de cotización de 30 años (360 contribuciones) y una edad mínima jubilación de 65 años. La resolución de la CC, contraria a estas tendencias mundiales, limita la capacidad de administración del programa IVS y, lo que es peor, precipita la llegada de su punto de equilibrio (al año 2015, según cálculos del IGSS) y el arribo de su quiebra técnica (en 2022).

Aparentemente, la PDH y la CC creen que esta debacle financiera del IVS puede solucionarse si el gobierno central se hace cargo de pagar la factura (con recursos obtenidos de los impuestos de todos los guatemaltecos –no sólo de los trabajadores afiliados-), solución que es a todas luces inviable ya que hasta ahora el Estado ha sido no sólo incapaz de pagar las cuotas que por mandato constitucional debería pagarle al IGSS, sino que ni siquiera puede mantener la sanidad de su propio programa de Clases Pasivas Civiles del Estado (que ya está en quiebra).

La solución es hacer lo que están haciendo los países civilizados alrededor del mundo. El promedio de edad de jubilación en Latinoamérica es de 63 años (en Guatemala es aún, gracias a la CC, de 60) y el promedio de años de contribución es de 24 (en Guatemala, 16). En las economías avanzadas también se está aumentando la edad de retiro: en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se han implementado tales aumentos, debido a que los pensionados viven cada vez más años.

En Guatemala la esperanza de vida al nacer también ha aumentado (54 años en 1970, 63 en 1990, y 72 en 2010, y sigue en aumento). Un jubilado promedio recibe cada vez más años de pensión. Por ello, aunque sea doloroso, es inevitable que los programas de pensión existentes deban aplicar ajustes en sus parámetros para conceder una jubilación. Ojalá que, en el futuro, la PDH y la CC actúan con más responsabilidad y visión de largo plazo.

PAX EUROPAEAE

Europa sigue siendo –pese a sus incoherencias, su antigua arrogancia y su crisis actual- un ejemplo a seguir

Europa está viviendo sus horas más bajas de los últimos 60 años. La crisis económica, en pleno apogeo, amenaza con destruir la unión monetaria, descarrilar el Euro y minar el proyecto de integración económica más exitoso de la historia. Todo ello en medio de grandes desajustes económicos, gigantescos niveles de desempleo en los países mediterráneos, crecientes protestas callejeras, tensión política, y desconfianza entre gobiernos (y entre estos y sus ciudadanos).

En este escenario intimidante, la mano amiga del comité noruego vino a dar una bocanada de oxígeno al otorgarle a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz 2012. Claramente se trata de una medida política bien calculada en apoyo al concepto mismo de la integración económica y política de los países que componen una de las regiones más prósperas del planeta. Pero ello no es nada nuevo ni, necesariamente, criticable.

En años recientes los académicos que otorgan este premio han sido criticados por favorecer a personas o entidades que “hacen el bien”, aunque no promuevan directamente el final de las guerras, como fue el caso de la Cruz Roja o de la Madre Teresa. Se les ha criticado también porque algunos premios han sido, digamos, prematuros, como los casos de Kissinger, Sadat, Aung San, Kim u Obama, que lo obtuvieron antes de lograr algo concreto. También se les ha criticado por dar el premio no al desempeño del premiado sino al símbolo que éste representaba, como a Walesa, Martin L. King o nuestra propia Rigoberta. O, de plano, por dar el premio con la intención puramente política de avergonzar a alguna dictadura, como los casos de Sakharov, Dalai Lama o Liu Xiaobo.

Quienes critican esos parámetros vivirían más tranquilos si aceptaran que, efectivamente, durante las últimas décadas el Premio Nobel de la Paz es más un símbolo, un mensaje, que una recompensa que reconozca logros específicos y concretos. Puede ser que el comité noruego del Nobel se haya equivocado algunas veces, pero hace tiempo que tomó la decisión de considerar que la lucha por la paz no se limitaba a terminar guerras, sino que incluía preservar los derechos humanos y combatir el hambre, la pobreza y el temor a vivir.

Esa visión amplia de la construcción de la paz implica que los laureados no necesariamente tienen que ser gigantes morales o seres perfectos, sino que pueden ser personas o entes que hayan contribuido a la paz mediante acciones que hagan de la vida cotidiana de las personas un asunto más digno y civilizado. Y la Unión Europea cae en esta categoría: el Premio Nobel de la Paz (claro está, no el de Economía) le fue conferido hace unos días «por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia, y los derechos humanos en Europa».

En tal sentido, el Nobel de 2012 tiene la intención de exaltar y recordar lo que la Unión Europea ha logrado en el sentido de transformar Europa de ser un continente de guerra –las Guerras Mundiales de 1914 a 1945 fueron esencialmente europeas- a ser una región de paz y de valores humanos, poniendo en evidencia, de paso, la peligrosa resurgencia en el mundo –también en Europa- de peligrosas corrientes extremistas,  nacionalistas y etnicistas.

El innegable progreso material, cultural y social alcanzado por Europa desde 1945 le debe mucho a la institucionalidad que se fue construyendo alrededor del concepto de una gradual integración económica y política, la cual desembocó en la creación de la Unión Europea. Hoy es impensable, por ejemplo, que el ejército alemán invada Bélgica o Francia. Por su parte, países como España, Portugal y Grecia –pese a su crisis económica- son sólidas democracias que, saliendo de sus respectivas dictaduras, se inspiraron en los ideales de la Europa moderna. Y los países de Europa Oriental transitan rápidamente hacia la modernidad y el estado de derecho teniendo como referente su integración al resto de Europa.

El Nobel de la Paz 2012 está bien concedido. Europa sigue siendo –pese a sus incoherencias, su antigua arrogancia y su crisis actual- un ejemplo (para nuestros países) de cómo una visión de una sociedad pacífica, próspera y civilizada puede ser hecha realidad mediante la construcción de instituciones basadas en reglas, el respecto de esas reglas por todas las partes, la perseverancia y el diálogo.

Exclusión, Diálogo y Capital Social

Sin acuerdos nacionales mínimos sobre temas fundamentales para cualquier sociedad civilizada (como, por ejemplo, los impuestos y su uso transparente y eficiente, o el sistema de partidos políticos, o la convivencia respetuosa entre diferentes etnias), es imposible el progreso del país

Los hechos acontecidos recientemente en Totonicapán son indignos de un país civilizado y nos avergüenzan ante el concierto de las naciones. Resulta inadmisiblemente simplista pensar que sólo hay una persona o un solo bando responsable de las muertes, cuando evidentemente se trata de una confluencia de factores que ponen en evidencia muchas de las fallas de nuestro débil Estado, las cuales deben llamarnos como sociedad a meditar profundamente sobre qué hacer para que una tragedia así no vuelva a repetirse.

Para empezar, podríamos partir de dos realidades que, aunque dolorosas, debemos aceptar para enfrentar el problema. Una es que existe, innegablemente, una dolorosa sensación de marginalidad y exclusión por parte de amplios sectores de la población guatemalteca. La otra es la ausencia de mecanismos de diálogo que permitan canalizar satisfactoriamente las preocupaciones de los distintos grupos sociales respecto de sus conflictos actuales y de su prosperidad futura.

En tal sentido resultó muy oportuna la reciente visita a nuestro país del doctor (en Economía) Álvaro García Hurtado, ministro chileno de Economía (1994-1998) y de Energía (1998) durante la presidencia de Eduardo Frei, y ministro secretario general de la Presidencia (2000-2002) del régimen de Ricardo Lagos. García Hurtado estuvo el Guatemala en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- 2012 para compartir su experiencia en procesos de diálogo y en la potencialidad que para esos fines puede tener el Consejo Económico y Social –CES-.

Mientras no existan mecanismos de diálogo efectivos en una sociedad, no será posible llegar a acuerdos sobre el país al que se aspira, y sin esos acuerdos nacionales no hay progreso posible. De acuerdo con las experiencias de los CES que el doctor García Hurtado ha analizado alrededor del mundo en años recientes, existen al menos tres características que las instancias de diálogo deben tener para conducir a acuerdos sostenibles que orienten el accionar de las partes en conflicto hacia resultados positivos.

En primer lugar, los mecanismos de diálogo deben incorporar a todos los actores relevantes, quienes deben actuar de buena fe, conocerse, respetarse y reconocer su mutua legitimidad como interlocutores. En segundo término, debe haber una interacción igualitaria entre los dialogantes, quienes para el efecto deben manejar un nivel similar de información y análisis. Y, por último, el proceso de diálogo debe ser transparente frente a la ciudadanía y realizarse con autonomía respecto de los factores de poder.

Lamentablemente, las condiciones imperantes en Guatemala dificultan que se configuren las tres características antes indicadas. Para empezar, la enorme debilidad institucional hace que existan muy pocas entidades que puedan considerarse verdaderamente representativas: las organizaciones sindicales, cooperativas, indígenas, estudiantiles, o de consumidores están atomizadas y débiles, sin mencionar el triste caso de los partidos políticos que deberían ser el principal vínculo entre la ciudadanía y los poderes del Estado. Esta débil institucionalidad impide que surjan mecanismos de diálogo confiables.

Lo anterior incide en que la cantidad y la calidad de la información y del análisis que deberían servir de base para cualquier diálogo sea, por lo general, muy pobre. Instancias como el CES necesitan que el Estado patrocine sus actividades (incluyendo las de investigación y análisis independiente de los problemas nacionales), pero ello demanda recursos fiscales de por sí escasos en Guatemala.

La recomendación de García Hurtado ante estos obstáculos fue contundente: los guatemaltecos deben invertir en el capital social indispensable para que se produzcan las condiciones necesarias para un diálogo efectivo. Ello implica construir confianza mutua entre los guatemaltecos, con base en normas efectivas y redes sociales, lo cual pasa por fortalecer la institucionalidad del Estado –en materia de seguridad y justicia, descentralización y sistema de partidos políticos-.

Esperemos que nuestro recién estrenado CES logre sortear estos obstáculos y sea capaz de fomentar la colaboración social entre los diferentes colectivos de la sociedad guatemalteca, para que de ello surjan oportunidades que puedan ser bien aprovechadas por la ciudadanía.

El "Sector Cultural" de la Economía

La cultura y sus actividades generan flujos económicos, rentas y empleos que pueden --y deben- ser cuantificados. Ello nos permitiría tener una conciencia más clara del gigantesco potencial de la cultura en un país como Guatemala y de la consecuente conveniencia de darle un apoyo significativamente mayor.

La economía y la cultura se interrelacionan y afectan mutuamente. La cultura es, de acuerdo con la definición de la UNESCO, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social y abarca, además de las artes y  las letras, los modos de vida, las maneras de convivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

La economía, por su parte, es la rama del conocimiento humano que estudia el fenómeno de la escasez. En la medida en que las manifestaciones culturales (especialmente las artísticas o estéticas) son bienes escasos destinados a satisfacer las necesidades del espíritu humano, dichas manifestaciones pueden y deben ser objeto de análisis económico.

Al respecto, la semana pasada tuve el privilegio de impartir una charla sobre Economía y Cultura en el seminario de formación “Las Industrias Culturales y Creativas en Guatemala: El sector de las Artes Escénicas en Medios Urbanos”, organizado por OIKÓS (Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el Desarrollo) y el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Del intercambio con los participantes resultó evidente que la cultura y la diversidad cultural son una fuente de desarrollo, no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de ampliar las opciones de oferta y elección que concede a los ciudadanos acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria.

Las manifestaciones culturales (libros, música, filmes, artesanías, artes plásticas y escénicas) utilizan recursos para su realización que son valorados y transados en el sistema económico, y generan productos que tienen un valor de uso y de cambio para los que los demandan. Estas actividades tienen una dimensión económica, pues los procesos en los que se desarrollan tienen características de producción, intercambio y consumo. De manera que una parte considerable de la cultura genera un impacto similar al de otros sectores económicos, por lo que las actividades culturales dan lugar a un sector productivo que genera riqueza: el “sector cultural” de la economía.

En la medida en que se ha hecho cada vez más evidente que la cultura y sus actividades producen flujos económicos, rentas y empleos que pueden ser cuantificados, su estudio se ha revelado en años recientes como un campo muy amplio para el desarrollo teórico y aplicado de las ciencias económicas, dando lugar a una especialización conocida como Economía de la Cultura, que es la aplicación de la Ciencia Económica a la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios culturales.

La Economía de la Cultura, que como disciplina académica se está expandiendo principalmente en los países desarrollados, ha estado incursionando en el estudio de, por lo menos, tres aspectos de la cultura. En primer lugar las artes escénicas, como cultura viva en sus diferentes manifestaciones (por ejemplo, mediante estudios sobre el impacto económico que generan los festivales culturales). En segundo lugar, las industrias culturales, como cultura reproducible (por ejemplo, el análisis de la industria editorial o la de la música). Y, en tercer término, el patrimonio histórico o cultura acumulada (por ejemplo, mediante estudios del valor del acervo cultural material o inmaterial).

El tema es de particular relevancia para un país como Guatemala donde, de acuerdo a un estudio técnico elaborado en 2007 por el economista de la cultura Ernesto Piedras, el sector cultura genera el 7.26% del PIB –el triple que en Colombia o Chile-, crece a una tasa anual de 7.3% –más dinámico que la mayoría de sectores- y da empleo al 7.14% de la PEA.

La cultura es un ámbito por excelencia de la intervención pública que requiere instrumentos que la apoyen en la formulación de políticas culturales y económicas. El desarrollo de la Economía de la Cultura, aún incipiente en Guatemala, puede contribuir a generar tales instrumentos y a crear la necesaria conciencia que debe existir en todos quienes participan en la cadena de valor del sector cultural (en las etapas de creación, producción, distribución y consumo de los bienes y servicios culturales) respecto a que la creatividad es capaz de generar actividad económica y bienestar material y espiritual.

Reflexiones Sobre la Crisis Financiera Mundial

La crisis financiera internacional recién cumplió cinco años, y se ha convertido en prueba evidente de que las crisis bancarias no son, después de todo, exclusivas de los países subdesarrollados

La crisis financiera internacional cumplió ya cinco años. Entre julio de 2007 (cuando el banco Bear Sterns cesó el pago de algunos fondos a su cargo) y septiembre de 2008 (cuando quebró el primer gran banco, Lehman Brothers) se puede fechar el inicio de la gran crisis cuyas consecuencias aún están afectando el funcionamiento de la economía mundial.

Las características y duración de la crisis de 2007-2008 puso en evidencia que uno de los mayores retos para la teoría y la política económica es el de entender y prevenir las crisis financieras. También evidenció que las economías de mercado, por muy desarrolladas que estén, son susceptibles de colapsar financieramente. Las crisis bancarias no son, después de todo, exclusivas de los países subdesarrollados

Las crisis financieras ocurren cuando el público acreedor de los bancos –es decir, los depositantes, los poseedores de certificados o bonos bancarios, u otras entidades financieras que le han dado préstamos a los bancos- “huyen” de esos activos financieros y exigen a los bancos que se los cambien por dinero en efectivo, que estos no poseen en la suficiente cuantía. Lo bueno es que tales crisis –de confianza- son sumamente esporádicas, pues deben ser “sistémicas”, es decir, extendidas a todo el sistema bancario.

Lo malo es que es la propia naturaleza de los bancos la que los hace propensos a perder la confianza del público: el “descalce” de plazos que existe entre lo que los bancos le deben al público (que suelen ser activos de corto plazo, como los depósitos monetarios) y lo que el público le debe a los bancos (que suelen ser activos de largo plazo, como los préstamos hipotecarios), los hace vulnerables a eventuales crisis de confianza. 

La gran crisis del último quinquenio confirmó varios aspectos que caracterizan estos fenómenos, pero también develó que existen muchos aspectos que deben clarificarse para comprender qué sucedió. Se confirmó que las crisis financieras ocurren en todas las economías de mercado, ricas o pobres; también se confirmó que, aunque las economías pueden experimentar largos periodos sin crisis, eventualmente serán afectadas por una.

Se confirmó que las crisis financieras son repentinas, inesperadas y siempre se originan en el descalce de plazos que caracteriza a los bancos, aunque en la reciente crisis mundial el epicentro se encontró en los nuevos tipos de deuda bancaria (los reportos y los derivativos). En todo caso, se confirmó también que las crisis están precedidas típicamente de una expansión rápida del crédito al sector privado y que, asociado a ello, suelen ocurrir cuando el ciclo económico marca su mayor apogeo, o sea, cuando las cosas marchan tan bien que las defensas están bajas. Y también se confirmó que las crisis son costosas y que la recuperación puede tomar demasiado tiempo.

Por desgracia, la reciente gran crisis financiera ha dejado muchas dudas por responder: no sabemos cómo funciona la dinámica de las crisis, ni por qué los agentes económicos pierden repentinamente la confianza en la calidad de la deuda de los bancos, ni sabemos cómo las intervenciones del gobierno afectan las expectativas de los agentes económicos. Tampoco sabemos qué políticas son más eficaces para prevenir las crisis, sin reprimir el sistema bancario, ni sabemos cuáles sistemas regulatorios han sido más exitosos para mitigar la ocurrencia de las crisis.

Mientras tales dudas se disipan, las instituciones involucradas deben tomar nota de las características típicas de las crisis financieras y estar alertas para actuar en consonancia. Para empezar, deben vigilar la evolución del crédito bancario y desalentar la existencia de “booms” de crédito que llevan consigo el germen de las crisis.

Los supervisores financieros deberán seguir de cerca las innovaciones en los servicios y productos bancarios, pero no deberían pretender ir detrás de dichas innovaciones mediante regulaciones cada vez más complejas; más bien deben simplificar las regulaciones –ir a lo esencial- para poder aplicarlas con rigor y eficacia. Los bancos son entidades especiales, necesarias para el funcionamiento de la economía de mercado, que están sujetos al sentimiento de confianza del público y que requieren de regulación, pero ésta debe ser equilibrada y permitirles operar con eficiencia.

¿Por Qué Fracasan las Naciones?

La prosperidad se genera mediante la inversión y la innovación, pero éstas sólo se producen si existen los incentivos adecuados

En la columna anterior, relativa al Movimiento por una Economía Positiva que fue lanzado en Le Havre, Francia, comenté que cualquier nuevo enfoque que busque una mayor sostenibilidad social, política y ambiental de la economía solo podrá realizarse sobre la base de instituciones viables. La ponencia en dicho foro del profesor John Tirman, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales del Massachusetts Institue of Tehchnology –MIT-, puntualizó que, para superar la pobreza, un país debe contar con instituciones robustas, funcionales e incluyentes.

La conclusión de Tirman se basa en un reciente libro sobre las causas del fracaso de los estados –Why Nations Fail-, escrito por Daron Acemoglu (de MIT) y James Robinson (de Harvard). Según estos autores, el fracaso de las naciones no radica en la escasez de capital (como los académicos sostenían en los años sesenta), ni en la aplicación de políticas económicas erróneas (como se creía en los años ochenta); tampoco se explica por la cultura, el clima, o la geografía.

Son las instituciones las que determinan el destino de las naciones. Según Acemoglu y Robinson, el éxito llega cuando las instituciones políticas y económicas son incluyentes y pluralistas, creando así incentivos para que los ciudadanos inviertan en el futuro. En contraste, las naciones fallan cuando las instituciones son "extractivas", utilizadas por el poder político para favorecer sólo una pequeña élite que saca provecho económico para sí.

Estos expertos recalcan que las instituciones políticas son tan importantes o más que las instituciones económicas; apoyan su tesis con evidencia histórica, desde el auge y caída de Venecia, pasando por la colonización de América, hasta la reciente exitosa evolución de Botswana. En todos los casos, las instituciones políticas incluyentes produjeron una amplia distribución del poder político, así como límites de dicho poder en forma de elecciones democráticas y constituciones escritas. Por su parte, las instituciones económicas exitosas abarcan los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, la facilidad de iniciar nuevas empresas, mercados competitivos y la libertad de los ciudadanos para elegir su actividad productiva.

Su argumento es que la prosperidad, en el mundo actual, descansa sobre bases políticas. Económicamente, la prosperidad se genera mediante la inversión y la innovación, pero éstas sólo se producen si existen los incentivos adecuados: los inversionistas y los innovadores deben confiar en que, si tienen éxito, no van a ser expoliados por los poderosos. Políticamente, pues, requieren de un sistema de gobierno que reúna dos condiciones: un poder político centralizado, e instituciones de poder incluyentes.

Sin un poder centralizado habrá desorden, que es anatema para la inversión. El que se necesite un Estado fuerte (no necesariamente grande) para prosperar, no es un tema controversial. Pero que se necesiten instituciones incluyentes es algo más polémico, en vista del éxito reciente de la anti-democrática China. Acemoglu y Robinson argumentan que, aunque el orden puede acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza, la ausencia de instituciones incluyentes impedirá el pleno ascenso a la prosperidad moderna. Su explicación es que dicha ausencia empodera a una pequeña élite política para centrarse en satisfacer sus propios intereses, creando "instituciones extractivas" que chocan con, y prevalecen sobre, los de las mayorías.

Los Estados extractivos están atrapados en el círculo vicioso de la cleptocracia, la supresión de la innovación tecnológica y de la libertad económica y personal, lo cual los conduce al fracaso y la pobreza. Los Estados incluyentes, en contraste, tienen pesos y contrapesos al poder, son innovadores y prosperan gracias al empuje de la competencia de intereses en el marco del estado de derecho y de los derechos de propiedad.

Para que un Estado evite ser fallido, las élites políticas deben tomar la decisión de abandonar las instituciones extractivas y ceder el poder a las instituciones incluyentes, aunque sea tan sólo por el temor de que sobrevenga la ingobernabilidad, el caos o el surgimiento de movimientos populistas radicales. Un fundamento clave de la prosperidad es la lucha política contra los privilegios y la corrupción.

¿Una Economía Positiva?

Surgieron propuestas concretas que pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía

El mes pasado tuvo lugar en Le Havre, Francia, el LH Forum donde se lanzó el Movimiento por una Economía Positiva. El evento, patrocinado por el Grupo Planet Finance –una organización internacional que promociona las microfinanzas entre los más pobres- fue inaugurado por el presidente francés, Francois Hollande, y reunió a un destacado número de académicos, empresarios, políticos, sindicalistas y activistas que compartieron su visión respecto de la manera en que la economía podría trascender su visión utilitarista y contribuir a la solución de los problemas de la sociedad.

En el Foro resultó evidente que el concepto de Economía Positiva no está aun claramente definido, pues aún es una idea en proceso de construcción, alrededor de la cual se busca que la actividad empresarial tenga un impacto positivo en la protección y valoración del capital humano y del capital ambiental de la sociedad. En una secuencia variada de expositores, fueron desfilando en Le Havre una serie de ideas de varios sabores y colores. Si bien es cierto que se repitieron, inevitablemente, los lugares comunes, discursos sentimentalistas y propuestas vagas que suelen presentarse en este tipo de eventos (“hay que cambiar el modelo centrado en el interés particular”, “un nuevo paradigma económico es necesario”, o “impulsemos una economía menos individualista y más solidaria”), también lo es que surgieron ideas y propuestas prácticas y concretas que bien pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía moderna respecto de la exclusión social y el deterioro ambiental.

Hubo una especie de consenso en torno a la importancia de las empresas como eje en torno al cual gira la economía moderna: es a través de ellas como mejor puede lograrse el impacto positivo que la actividad económica puede tener en la sociedad. Al respecto se presentaron casos inspiradores como el de la Corporación B, una iniciativa empresarial estadounidense que, basada en la convicción de que las empresas son la fuerza más poderosa para el progreso de cualquier sociedad, certifica a aquellas que sobresalen por su compromiso y resultados sociales y ambientales.

El intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes permitió vislumbrar la evolución que habrán de tener conceptos como el de la Responsabilidad Social Empresarial, o el concepto mismo de empresarialidad como una forma efectiva de solventar los problemas sociales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Se hizo claro que el estado de derecho y los marcos regulatorios son esenciales para, entre otros objetivos, potenciar los efectos económicos y sociales de las “empresas sociales” (esas organizaciones que no son ONGs pero que tampoco buscan la maximización de utilidades como su fin principal).

Entre las ideas discutidas en el Foro se recalcó el potencial de las microfinanzas para ayudar a superar la pobreza a través de la empresarialidad. Se presentaron historias inspiradoras sobre el impacto humano y positivo que pueden generar no solo las empresas sociales sino las empresas convencionales (incluyendo transnacionales como Renault, KPMG, Café Illy o GDF-Suez). Se concluyó que el llamado “comercio justo” no puede ser viable si no es a través de empresas económicamente sostenibles. Se identificó a la innovación como un factor clave para un modelo social incluyente, siempre que los innovadores se vuelvan también emprendedores. Se reflexionó sobre las dos claves del éxito empresarial –capital y conocimiento- y sobre cómo la búsqueda de utilidades, sin ser un fin en sí misma, puede apuntalar dicho éxito.

Dos lecciones centrales del Foro: primero, que si se tiene la perspectiva adecuada de largo plazo, no tiene por qué existir contradicción entre la búsqueda de utilidades y el equilibrio del capital humano y del ambiental; segunda, que la existencia de instituciones robustas, funcionales e incluyentes (como la igualdad ante la ley, el estado de derecho, la libertad de empresa y la democracia misma) es una condición necesaria para una Economía Positiva en cualquier país. La nueva Economía Positiva –si llega a materializarse- solo podrá realizarse sobre la base de instituciones viables: las empresas (el agente clave de la economía positiva) no pueden surgir ni progresar en ausencia de instituciones confiables.