Exclusión, Diálogo y Capital Social

Sin acuerdos nacionales mínimos sobre temas fundamentales para cualquier sociedad civilizada (como, por ejemplo, los impuestos y su uso transparente y eficiente, o el sistema de partidos políticos, o la convivencia respetuosa entre diferentes etnias), es imposible el progreso del país

Los hechos acontecidos recientemente en Totonicapán son indignos de un país civilizado y nos avergüenzan ante el concierto de las naciones. Resulta inadmisiblemente simplista pensar que sólo hay una persona o un solo bando responsable de las muertes, cuando evidentemente se trata de una confluencia de factores que ponen en evidencia muchas de las fallas de nuestro débil Estado, las cuales deben llamarnos como sociedad a meditar profundamente sobre qué hacer para que una tragedia así no vuelva a repetirse.

Para empezar, podríamos partir de dos realidades que, aunque dolorosas, debemos aceptar para enfrentar el problema. Una es que existe, innegablemente, una dolorosa sensación de marginalidad y exclusión por parte de amplios sectores de la población guatemalteca. La otra es la ausencia de mecanismos de diálogo que permitan canalizar satisfactoriamente las preocupaciones de los distintos grupos sociales respecto de sus conflictos actuales y de su prosperidad futura.

En tal sentido resultó muy oportuna la reciente visita a nuestro país del doctor (en Economía) Álvaro García Hurtado, ministro chileno de Economía (1994-1998) y de Energía (1998) durante la presidencia de Eduardo Frei, y ministro secretario general de la Presidencia (2000-2002) del régimen de Ricardo Lagos. García Hurtado estuvo el Guatemala en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- 2012 para compartir su experiencia en procesos de diálogo y en la potencialidad que para esos fines puede tener el Consejo Económico y Social –CES-.

Mientras no existan mecanismos de diálogo efectivos en una sociedad, no será posible llegar a acuerdos sobre el país al que se aspira, y sin esos acuerdos nacionales no hay progreso posible. De acuerdo con las experiencias de los CES que el doctor García Hurtado ha analizado alrededor del mundo en años recientes, existen al menos tres características que las instancias de diálogo deben tener para conducir a acuerdos sostenibles que orienten el accionar de las partes en conflicto hacia resultados positivos.

En primer lugar, los mecanismos de diálogo deben incorporar a todos los actores relevantes, quienes deben actuar de buena fe, conocerse, respetarse y reconocer su mutua legitimidad como interlocutores. En segundo término, debe haber una interacción igualitaria entre los dialogantes, quienes para el efecto deben manejar un nivel similar de información y análisis. Y, por último, el proceso de diálogo debe ser transparente frente a la ciudadanía y realizarse con autonomía respecto de los factores de poder.

Lamentablemente, las condiciones imperantes en Guatemala dificultan que se configuren las tres características antes indicadas. Para empezar, la enorme debilidad institucional hace que existan muy pocas entidades que puedan considerarse verdaderamente representativas: las organizaciones sindicales, cooperativas, indígenas, estudiantiles, o de consumidores están atomizadas y débiles, sin mencionar el triste caso de los partidos políticos que deberían ser el principal vínculo entre la ciudadanía y los poderes del Estado. Esta débil institucionalidad impide que surjan mecanismos de diálogo confiables.

Lo anterior incide en que la cantidad y la calidad de la información y del análisis que deberían servir de base para cualquier diálogo sea, por lo general, muy pobre. Instancias como el CES necesitan que el Estado patrocine sus actividades (incluyendo las de investigación y análisis independiente de los problemas nacionales), pero ello demanda recursos fiscales de por sí escasos en Guatemala.

La recomendación de García Hurtado ante estos obstáculos fue contundente: los guatemaltecos deben invertir en el capital social indispensable para que se produzcan las condiciones necesarias para un diálogo efectivo. Ello implica construir confianza mutua entre los guatemaltecos, con base en normas efectivas y redes sociales, lo cual pasa por fortalecer la institucionalidad del Estado –en materia de seguridad y justicia, descentralización y sistema de partidos políticos-.

Esperemos que nuestro recién estrenado CES logre sortear estos obstáculos y sea capaz de fomentar la colaboración social entre los diferentes colectivos de la sociedad guatemalteca, para que de ello surjan oportunidades que puedan ser bien aprovechadas por la ciudadanía.