Economía y Cultura

Las personas del mundo de la cultura (los artistas, pintores, escultores, cineastas, poetas, bailarines, compositores; los genios creadores, pues) suelen ser, eso, muy cultos. Pero muchos de ellos ignoran las enormes repercusiones económicas y sociales que las expresiones culturales (entendidas como "industrias") pueden tener en términos de generación de bienestar material (y, claro está, espiritual) y de construcción de ciudadanía y paz.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

ECONOMÍA Y CULTURA

El sector cultural en Guatemala no está suficientemente concienciado de las implicaciones económicas que tiene la cultura en el mundo

A mediados de este el Centro Cultural de España fue sede de un taller sobre Economía y Cultura, enfocado a proporcionar herramientas de análisis, planificación y gestión de proyectos culturales, desde la perspectiva económica, a gestores, creadores y emprendedores interesados en encarar proyectos empresariales culturales. Al finalizar el taller –impartido por los expertos Luis Ben (español) y Julio Solórzano (guatemalteco)- se desarrolló una mesa redonda en la que tuve el gusto de intercambiar opiniones (respecto de las implicaciones económicas de la cultura) con los destacados promotores culturales Enrique Matheu y Javier Payeras.

Desde mi punto de vista como economista, la cultura no sólo tiene un enorme potencial para generar ingresos y empleos, sino también para promover la inclusión social y el desarrollo humano integral, lo que repercute a su vez en bienestar económico. Y esto lo logra la cultura al manifestarse en actividades que satisfacen necesidades humanas.

La Economía es llamada “la ciencia de la escasez”, pues se dedica esencialmente a estudiar la forma en que las necesidades humanas, que son infinitas, pueden ser satisfechas con los recursos disponibles, que son finitos. Si bien es cierto que el ser humano tiene necesidades materiales, también lo es que las tiene intelectuales y espirituales, y que estas últimas son satisfechas en buena medida mediante el arte y la cultura. Las manifestaciones culturales son bienes escasos y, por ende, tienen un valor económico.

El arte y las expresiones culturales producen placer, tanto al genio creador, al artista, como al observador, al público, quien valora el gozo que le proporcionan dichas expresiones y, por ende, está dispuesto a pagar por el privilegio de recibirlo. La expresión cultural tiene, pues, una dimensión económica medible: la producción de cualquier bien artístico es capaz de generar valor agregado y contribuir tangiblemente al Producto Interno Bruto –PIB- del país.

Alguna vez comentamos que existe un estudio del economista mexicano Ernesto Piedras, en el que estimó que las actividades culturales generadas en Guatemala contribuyen con entre el 7% y el 9% del PIB, porcentaje muy superior a los de la mayoría de países del continente. Esta contribución se refiere tanto al valor generado por las industrias culturales propiamente dichas, como por las actividades conexas. Por ejemplo, el teatro sería una industria cultural a cuyo derredor giran otras actividades complementarias que también generan valor (la confección de trajes y escenarios, el consumo de electricidad, los servicios para los espectadores, etcétera). Se colige claramente que, en Guatemala, las industrias culturales generan un enorme valor agregado; más, por ejemplo, que la actividad petrolera.

Las actividades culturales, cuyo principal insumo es la creatividad, incluyen las bellas artes (música, pintura, danza, escultura), pero también pueden englobar la gastronomía, el patrimonio cultural, las artesanías y el entretenimiento. Todas éstas actividades productivas que generan bienestar material, además del espiritual, y que pueden contribuir a la construcción de una identidad nacional y de armonía social, lo que acarrea beneficios económicos adicionales.

Lamentablemente, el sector cultural (creadores, gestores y autoridades) en Guatemala no está suficientemente concienciado de las implicaciones económicas que tiene la cultura en el mundo actual. Además de esto, la integración de la cultura a la economía nacional como un sector distintivo y de peso propio se ve obstaculizada por la falta de un enfoque y apoyo hacia la empresarialidad en el sector. Para que exista un mayor reconocimiento de la cultura como motor económico y de desarrollo es imprescindible entenderla como un sector clave que requiere de una política cultural con sentido estratégico.

A pesar de la violencia y de la precariedad económica, la actividad cultural en Guatemala ha sido, desde hace varios años, pujante y esperanzadora: por doquier se ven esfuerzos creativos e innovadores que, sin embargo, parecen estar desperdigados e infra-aprovechados desde el punto de vista económico y social. Urge una mayor conciencia sobre la estrecha, y potencialmente beneficiosa, relación entre la economía y la cultura en nuestro país.


COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mié, 07/27/2011 - 09:02 — maquito56

El Gobierno no valoriza la cultura
Lamentablemente los gobiernos siguen viendo a la cultura como un accesorio y no dimensionan la importancia que tiene en el desarrollo integral.  Quizá porque piensan que la cultura solamente son los artistas, los escritores, los cantantes y nada más.  Hay que darles a los que llegan al poder, un curso sobre la cultura, su importancia y su aporte a la economía.  Estos últimos años, la cultura solo ha servido para activismo, beneficios particulares y freno al proceso de desarrollo que se había dado en años anteriores.Por otra parte los sectores culturales siguen trabajando aisladamente, y mientras no se integren, se seguirá padeciendo esta situación de exclusion.

Urgencia, Prudencia y Esperanza

Un grupo de economistas, del cual formo parte, nos venimos reuniendo esporádicamente desde hace, al menos, unos7 años para tomar café y filosofar sobre los problemas económicos nacionales e internacionales. No es hasta ahora, cuando la gravedad de las finanzas públicas amenaza con echar por la borda los logros en materia de estabilidad conseguidos en los últimos lustros (estabilidad que, aunque por sí misma no logra mayor cosa, es un requisito indispensable para tener una economía pujante), que este grupo de economistas decidió tomar una postura pública y manifestarse: la situación demanda acciones urgentes, pero al mismo tiempo prudentes. El hecho de que un grupo tan variado de colegas, de distintas corrientes de pensamiento, se haya puesto de acuerdo para hacer un llamado conjunto a la opinión púbica en torno a la necesidad de ordenar las finanzas públicas debería ser motivo de que aún hay esperanza de rescatar nuestro sufrido país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

URGENCIA, PRUDENCIA Y ESPERANZA

Una situación fiscal frágil representa una amenaza contra la esperanza de un futuro económico mejor

Una sociedad como la guatemalteca, golpeada por la violencia, desprotegida por la precariedad de las instituciones estatales y desalentada por la opacidad de sus funcionarios, parece estar necesitada siempre de medidas urgentes para solucionar los múltiples problemas que la aquejan. Esa urgencia por encontrar soluciones no suele favorecer que se actúe con prudencia a la hora de plantear medidas de política pública sino, al contrario, propicia que se actúe precipitadamente. Las medidas estatales imprudentes, por su parte, apenas logran parchar los males del país y generan resultados insatisfactorios, creando una sensación de desesperanza a todo nivel.

Resulta, pues, excepcional y digno de encomio cuando en una situación de urgencia surgen propuestas que, fundamentadas en la prudencia, consiguen encender una luz de esperanza para resolver alguno de los agudos problemas que aquejan al país. Tal lo que ha ocurrido con la reciente iniciativa de un grupo de economistas y expertos en temas fiscales (de diversas tendencias y escuelas de pensamiento) que, preocupados por el deterioro acelerado de las finanzas públicas del país, se han manifestado públicamente a favor de un conjunto de medidas prudentes (y a la vez urgentes) para sanear las finanzas del Estado.

La propuesta de este grupo de economistas (del cual formo parte y que algunos han bautizado como “el G40”) se basa en que cualquier esperanza de mejorar el bienestar de los guatemaltecos pasa necesariamente por la existencia de un ambiente económico favorable, sustentado por unas finanzas públicas sanas que, a su vez, se hacen más sólidas en la medida en que la economía es más pujante. Una situación fiscal frágil representa, por lo tanto, una amenaza contra la esperanza de un futuro económico mejor para Guatemala.

El manifiesto del G40 hace hincapié en el sentido de urgencia que existe respecto de la situación fiscal pues, de no tomarse oportunamente ciertas decisiones, se corre el riesgo de comprometer la gobernabilidad del país y de poner en graves aprietos al proceso de transición política que debe darse en enero próximo. Pero esa urgencia no debe servir de pretexto para adoptar medidas precipitadas y antitécnicas.

Por eso el G40 decidió respaldar el rescate de las medidas de reforma fiscal que surgieron hace cuatro años del esfuerzo que lideró el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, las cuales se basaron en una serie de estudios técnicos elaborados durante largos meses por parte de expertos nacionales y extranjeros. Estas medidas, que fueron presentadas a la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz en 2008, no son necesariamente panacea ni la solución a todos los problemas fiscales del país, pero constituyen un mínimo común denominador de soluciones pragmáticas (no ideológicas) a tan complejo tema.

La gran mayoría de dichas medidas nunca fue adoptada, por lo que siguen siendo vigentes y convenientes: no hace falta (ni conviene) inventar el agua azucarada. Sin embargo, el G40 decidió profundizar, actualizar y ampliar las propuestas del Grupo Promotor que se refieren a la transparencia y calidad del gasto público. Es imprescindible que cualquier reforma para mejorar los ingresos tributarios esté acompañada de acciones concretas para mejorar la calidad del gasto y reducir la corrupción rampante.

Al respecto, vale destaca una serie de propuestas que deberían ser incluidas entre las normas que regirán el presupuesto de 2012 (las cuales deben ser aprobadas por el Congreso en noviembre del presente año) y que se orientan, entre otros fines, a evitar que la deuda pública siga contratándose para financiar gasto recurrente, a poner orden en las transferencias presupuestarias, a poner coto a la perversa práctica de comprometer gastos que no están explícitamente presupuestados (y que han originado la mal llamada “deuda flotante”), y a mejorar la auditoría social del gasto público.

Independientemente de las teorías del complot que nunca faltan en nuestra chapinísima olla de grillos, la propuesta del G40 debe tomarse como un genuino aporte en función del interés nacional, a fin de construir el consenso nacional que tanto se necesita en materia fiscal. El hecho de que la propuesta haya surgido de un grupo tan disímil de técnicos y expertos debe tomarse, por lo menos, con optimismo.

Un Consejo para la Política Fiscal

La existencia de instituciones funcionales, estables y apolíticas es clave para el buen desempeño del gobierno y para la plena existencia del Estado republicano. En el ámbito fiscal se está empezando a generalizar en el mundo la adopción de los "consejos fiscales", a efecto de vigilar, supervisar y aconsejar a las autoridades en materia de política fiscal. Es menester que en Guatemala empecemos a pensar en la conveniencia de conformar uno de estos concejos.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

UN CONSEJO PARA LA POLÍTICA FISCAL

Delegar ciertas decisiones de política fiscal a una institución técnica, independiente de los estamentos políticos

La situación actual de las finanzas públicas es precaria. O, cuando menos, muy confusa: el gobierno advierte que, de no recibir la aprobación legislativa de una serie de préstamos, podría verse en dificultades para pagar sueldos a fin de año; la oposición ve con suspicacia que, en un año electoral, el gobierno solicite que se eliminen los candados existentes que le impiden hacer transferencias y cambios al destino de los gastos; los ingresos tributarios están creciendo más de lo estimado, pero la deuda pública aumenta velozmente. Esta confusión acrecienta el riesgo de que la disciplina fiscal, que tanto ha costado preservar, se pierda repentinamente.

Ante tal riesgo (que, de producirse, tendía nefastas consecuencias para la economía nacional) empieza a cobrar relevancia el cumplimiento de ciertas reglas fiscales que se plantearon desde el Pacto Fiscal hace una década para tratar de consolidar la disciplina fiscal. Estas reglas establecen, por ejemplo, que el déficit fiscal converja hacia un nivel sostenible que, de acuerdo a algunos estudios, sería el equivalente a 2% del Producto Interno Bruto –PIB-, o que la inversión pública alcance cada año un nivel mínimo equivalente al 4% del PIB.

Este tipo de reglas, que en otros países llegan incluso a plasmarse en leyes llamadas “de responsabilidad fiscal”, pueden ser útiles para guiar la política fiscal y ponerle límites a su desempeño. Sin embargo, las mismas pueden no ser suficientes para asegurar la disciplina fiscal, tal como ocurre ahora mismo en varios países de Europa donde, a raíz de la crisis financiera, se están incumpliendo todas las reglas en materia fiscal. En el caso de Guatemala, algunos críticos de las reglas fiscales afirman que ya existen demasiadas rigideces en materia fiscal (como los porcentajes constitucionales de gasto o los candados presupuestarios), por lo que agregar estas reglas fiscales complicaría aún más la ejecución de la política fiscal.

Estas controversias sobre la disciplina fiscal tienen un paralelismo con las discusiones que hace algunos años se dieron en el campo monetario: en la esfera académica se debatió sobre la conveniencia de que la política monetaria se basara en reglas inflexibles (como, por ejemplo, tener una meta de crecimiento de la oferta de dinero o del tipo de cambio) o, por el contrario, en la discreción de las autoridades.

En la década pasada, este viejo debate se resolvió pragmáticamente mediante la evolución institucional de los bancos centrales, los cuales adoptaron ciertas normas precisas para establecer las tasas de interés de manera que se persiguiera ordenadamente un esquema de metas de inflación. Estas normas, sin embargo, se aplican con un alto grado de discrecionalidad, en el entendido de que el banco central es una entidad técnica con un alto grado de independencia del sistema político.

La misma solución podría aplicarse al tema fiscal, en el sentido de delegar ciertas decisiones de política fiscal a una institución técnica, independiente de los estamentos políticos. Es cierto que lo fiscal es mucho más “político” y relativamente menos “técnico” que lo monetario, pero el principio sigue siendo el mismo: una institución independiente, a cargo de vigilar y aconsejar en materia de política fiscal, puede ser una buena herramienta para preservar la disciplina fiscal.

Ese es el camino que han seguido recientemente varios países como Suecia (en 2007), Canadá (2008) y Gran Bretaña (2010), que han establecido su respectivo Consejo Fiscal, parecido al que ya tenían desde hace años Holanda, Dinamarca o Estados Unidos con su Oficina Congresal del Presupuesto. Este tipo de instituciones da seguimiento a la política fiscal, evalúa el cumplimiento de sus metas, analiza su sostenibilidad y da recomendaciones sobre el desempeño y las normativas fiscales. Con ello contribuyen a aumentar la transparencia fiscal (mediante sus labores de monitoreo), a mejorar la disciplina fiscal (al advertir sobre las consecuencias futuras de los déficits fiscales) y a complementar el cumplimiento de las reglas fiscales.

Es importante que en Guatemala se empiece a pensar seriamente en el establecimiento de un Consejo Fiscal, independiente de las esferas políticas, con un mandato claro de salvaguardar la sostenibilidad fiscal y con suficientes recursos técnicos a su alcance.

El Traslado del Asueto

Tanto esfuerzo que lleva aprobar una ley, para que cuando por fin la aprueban resulte que los diputados decidieron que de los 11 y medio días de asueto existentes en Guatemala, solamente uno (el mal llamado Día del Ejército) podía trasladarse a lunes o viernes cuando caiga entre semana. Para un huevo que ponés, tanta bulla que metés...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL TRASLADO DEL ASUETO

El descanso extendido puede impulsar el turismo local y promover un contacto directo con el patrimonio cultural 

Por primera vez en nuestra historia, el asueto correspondiente a la conmemoración de la Revolución del 30 de junio de 1871 se trasladó al viernes, en cumplimiento del Decreto 42-2010 que el Congreso aprobó en octubre del año pasado, lo cual generó una serie de reacciones. Se oyeron de nuevo algunas voces que opinan que en nuestro país hay muchos “feriados” y que estos deberían reducirse. Otros, en cambio, estuvieron a favor no sólo de los asuetos sino de la disposición de transportarlos al día hábil más próximo al fin de semana.

En realidad, Guatemala no tiene un excesivo número de asuetos oficiales en comparación con otros países, aunque las prácticas en este sentido varían ampliamente de un país a otro. Por ejemplo, los habitantes de Gran Bretaña gozan únicamente de 8 días de asueto oficial al año, mientras que en Japón gozan de 16; en promedio, la mayoría de países industrializados tiene 10 u 11 asuetos anuales.

Además de los asuetos, los trabajadores tienen derecho vacaciones: en Europa gozan de 25 a 30 días anuales, pero en China disfrutan solamente de 5 días, que se elevan a 10 cuando el trabajador tiene más de 10 años de laborar para el mismo empleador. La práctica (aunque no obligatoria) en los Estados Unidos es de 15 días al año.

Comparativamente no estamos mal. En Guatemala gozamos en total de once días y medio de asueto oficial cada año: el día del trabajo, el de la Revolución Liberal de 1871, el día de la Independencia, el de la Revolución de 1944, el día de los Santos, un día y medio para Navidad y otro tanto para Año Nuevo, además de los dos días y medio de la Semana Santa y, por último, el día de feria local (que para los capitalinos, por ejemplo, es el día de la Virgen de la Asunción).

Si a estos agregamos el periodo mínimo legal de vacaciones para los empleados en relación de dependencia, que  suman quince días anuales, los días de descanso pagados de un trabajador (contando los feriados oficiales) ascenderían a 26 y medio por año. Nada fuera de lo normal en comparación con otros países y muy lejos de los excesos que existieron en pleno esplendor de la antigua Roma, bajo el emperador Claudio, cuando habían 159 días de asueto oficial al año, de los cuales 93 eran para escenificar juegos y competencias. Pan y circo, que le decían.

Si bien es cierto que los asuetos entrañan costos económicos en términos de las horas de trabajo perdidas y de los negocios que se dejan de realizar, también lo es que, en realidad, ningún país se paraliza completamente durante estos descansos, que pueden también tener efectos positivos tangibles (como la actividad económica y el efecto multiplicador que generan el turismo y las compras de temporada, por ejemplo), e intangibles (como el incentivo a las expresiones culturales en los destinos turísticos o el efecto revitalizador que el descanso tiene sobre los trabajadores).

En tal sentido, y dado que los asuetos son un hecho de la vida, se justifica plenamente la disposición de “correr” dichos descansos (cuando caen a media semana) hacia el viernes a efecto de encadenar los días libres y, con ello, sacarles más provecho social: el descanso extendido puede ser un generador de turismo local y promover un contacto directo con el patrimonio cultural; puede aumentar el consumo y revitalizar a pequeños y medianos empresarios; y, puede mejorar la convivencia de las familias.

Por ello en la mayoría de países en América, ya sea mediante leyes ordinarias o reglamentos, se trasladan las festividades al lunes más próximo cuando éstas caen a media semana. Ello es, además, una práctica extendida globalmente: ante la crisis económica, incluso los países de Asia y Oriente Medio han modificado sus feriados para promover una inyección a sus economías locales.

Lo que es un desperdicio es que el referido Decreto 42-2010 excluyera diez y medio de los días de asueto existentes, dejando en la práctica al 30 de junio como el único asueto sujeto a trasladarse a viernes o lunes. Se entiende que las fiestas religiosas (como Navidad o Semana Santa) no puedan estar sujetas a la norma, pero las fechas cívicas (como el Día del Trabajo o la Revolución de Octubre) sí podían haberse sujetado al traslado. El turismo doméstico y la economía del país, agobiadas por la delincuencia y la “ley seca”, lo habrían agradecido.

Ruralidad y Bienes Públicos

Estos días ha estado circulando un artículo que salió en el blog del diario español El País, que comenta sobre la trágica situación de desnutrición y pobreza rural en Guatemala. Dicho artículo es lírica pura, al estilo de Intermón. La retórica sentimental-ideológica-y-cuasi-científica de este tipo de artículos no tendría nada de malo si no es porque, tratándose de un tema tan grave e importante, causan confusión y desvían la atención de las verdadera soluciones (que no son sencillas ni instantáneas), haciendo creer que con subsidios y leyes milagrosas se pueden resolver nuestras gravísimas debilidades estructurales. (Podrán ver que algunos ilusos lectores que se tomaron la molestia de comentar mi columna del periódico creen de buena fe en esas soluciones mágicas).

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 RURALIDAD Y BIENES PÚBLICOS

El problema fundamental del área rural en Guatemala es la escasa provisión de bienes públicos esenciales

Ocasionalmente vale la pena dar una mirada a las publicaciones del exterior en las que se menciona a Guatemala, ya que suelen aportar una visión fresca de la realidad nacional que, a veces, puede ser útil para diagnosticar mejor nuestros problemas e identificar sus posibles soluciones. Otras veces, sin embargo, algunas de estas publicaciones no logran profundizar en el análisis ni aportan elementos útiles para comprender nuestra compleja realidad.

En este último caso se enmarca el artículo titulado “Guatemala: el hambre de muchos enriquece a unos pocos”, escrito por Gonzalo Fanjul de Intermón-Oxfam de España y publicado en la versión electrónica del diario El País el 14 de junio pasado. En su artículo, Fanjul señala, atinadamente, la terrible paradoja guatemalteca: un país que dista mucho de estar entre los más pobres del mundo y con grandes potencialidades productivas pero que, al mismo tiempo, muestra unos vergonzosos indicadores de pobreza, entre los que destacan los índices de desnutrición infantil (similares a los de los países más pobres de África).

Es difícil no concordar con Fanjul en que el hecho de que cuatro de cada diez niños guatemaltecos padezca de algún grado de desnutrición es intolerable y amerita una respuesta urgente del gobierno y la ciudadanía. Menos convincentes –aunque respetables como argumentos- resultan los pareceres políticos expresados en el referido artículo: Fanjul opina que el problema central de la desnutrición radica en la excesiva concentración de la propiedad de la tierra (que califica de “feudal”), que las élites económicas han impuesto un modelo exportador latifundista, que las “grandes compañías” perjudican a los campesinos al ponerlos en desventaja mediante acuerdos comerciales como el CAFTA, etcétera.

Lo que sí resulta desconcertante del artículo son sus recomendaciones de tipo, vale decir, más técnico, bastante superficiales ellas y que desdicen mucho de la experiencia de más de 20 años que Fanjul dice tener como activista contra la pobreza. Básicamente, y sin proporcionar mayores argumentos, Fanjul propone que el Estado trate a la agricultura campesina como un “sector estratégico” (y que los recursos financieros públicos se orienten en esa vía) y que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral diseñada por el actual gobierno. Ambas propuestas tienen severas debilidades. Por una parte, el tema de declarar “sectores estratégicos” y de otorgar subsidios a los productores agrícolas es una práctica que no sólo ha mostrado ser inefectiva sino que ha contribuido al deterioro económico de varios estados europeos que los tiene al borde de una grave crisis económica. Por otra, la famosa Ley de Desarrollo Rural Integral (que muy probablemente Fanjul nunca ha leído) es un conjunto de aspiraciones y planteamientos, poco armonizados y poco realistas, que difícilmente contribuyen a resolver los verdaderos problemas que subyacen a la pobreza rural y la desnutrición crónica.

La desnutrición y el hambre son un problema que, si bien nos debe avergonzar a todos los guatemaltecos, tiene múltiples causas que pasan necesariamente por la falta de productividad sistémica y la ausencia del imperio de la ley, problemas estos que requieren más que buen corazón y soluciones mágicas para resolverse. Desde la perspectiva de las políticas públicas, el problema fundamental de la ruralidad en Guatemala es la escasa provisión de bienes públicos esenciales, que aumenten la productividad de la economía campesina y permitan sacar de la pobreza a la población, especialmente a la indígena.

La situación paradójica de la pobreza rural en Guatemala se explica, en gran medida, porque existe una enorme ausencia de bienes públicos esenciales: educación básica, salud, infraestructura física, seguridad pública y cortes de justicia confiables. Esa escasez de dichos bienes se convierte en un obstáculo fundamental para que exista un adecuado clima de negocios, para que surjan empresas campesinas, y para que se desate la inversión en el campo, todo lo cual genera desarrollo económico. Lejos de buscar soluciones mágicas o instantáneas a los apremiantes problemas que desembocan en la pobreza rural, los esfuerzos del Estado (incluyendo los fiscales) deberían centrarse en la provisión de tales bienes públicos esenciales.


COMENTARIOS DE LOS LECTORES:

Mar, 06/28/2011 - 10:15 — JoseLuisGomez

El problema agrario esta íntimamente relacionado con la propiedad y tenencia de la tierra. Por todos es conocido que el latifundio, práctima muy extendidad en Guatemala, no posibilita el desarrollo rural. La concentración de la tierra productiva excluye a la mayoría de la población y reproduce a todo nivel la pobreza y pobreza extrema. Pienso que el problema de la pobreza se convirtió en un círculo vicioso donde no existe voluntad política estatal para el combate de esta, el mismo sistema está diseñado para mantenerla y reproducirla (ejemplos del desinterés estatal: la poca inversión social en áreas rurales como la educación y la salud). Pienso que la Ley de Desarrollo Rural Integral puede convertirse en el estandarte en la lucha contra la pobreza, se tiene que empezar a trabajar con base legal para buscar la institucionalización estatal del combate a la pobreza. Esta ley puede convertirse en el primer intento real (porque existe una ley) por parte del Estado para contrarrestar las desigualdades sociales. Enmiendas y correcciones siempre serán necesarias, pero resalto que se debe de empezar por algo y esta ley me parece una buena plataforma para que el Estado recupere el compromiso perdido.

Mar, 06/28/2011 - 13:41 — josemigarcia

Pueblos nativos del suelo mío, fueron saqueados y sometidos. Por la siniestra garra de la madre oligarquía, que orgullosa festeja habernos despojado de lo que era nuestro, dejando al indígena y al campesino, sin lugar donde sembrar, sin lugar donde trabajar, obligando a nuestra gente a vivir en miseria, arrinconándolos a la pobreza y a sobre vivir con lo muy poco que les queda.

Mar, 06/28/2011 - 16:33 — Jim Gómez

Los que más exigen son los que menos dan, pedimos que todo se haga de forma clara y con desarrollo humano, pero esto no es posible, porque los empresarios son los que menos tributan a la nación, pagando unos sueldos miserables, de esta forma es como se enriquecen, explotando y marginando, y aun reniegan de hacer una reforma fiscal, donde ellos le devuelvan al país, lo que se les ha exonerado de impuestos.

Mar, 06/28/2011 - 17:59 — Johana Luna

Durante mucho tiempo el pueblo estuvo olvidado, y esto era lo que reclamaban los empresarios, que
cuando habría inversión social, que Guatemala es el paraíso de la ONG, y cuando este gobierno inicio con la tan esperada inversión social, los empresarios y partidos de derecha se opusieron, criticando el actuar del gobierno ante la inversión que se estaba haciendo, aun ahora se sigue con la crítica, y no es un critica que ayude a mejorar los errores que esta inversión tiene, al contrario, solo son para desprestigiarlos y no en apoyo. ¿Al empresariado y gente de derecha, le dolerá que fuera este gobierno el que realizo esto, y no uno de derecha como ellos hubieran esperado?

Mar, 06/28/2011 - 18:29 — Pedro Castillo

La pobreza es tan generalizada en Guatemala, la razón es una, la desigualdad que hay en el país, y muchas de las causas son provenientes del sangriento conflicto armado interno, este fue el caballo de Troya para robar y saquear las tierras de campesinos e indígenas entregando estas tierras a la oligarquía del país, Otto Pérez fue uno de los responsables de hacer esto, por tal razón no habla en su discurso nada sobre el combate a la pobreza, pues sabe que él es uno de los generadores de la misma.

Mar, 06/28/2011 - 18:38 — Daniel Gutierrez

en el ambito internacional reconocen que los oligarcas de este país son una grandicima plasta, lo que pasa es que ese tipo de noticias no llegan aquí. Le pregunto al gran defensor de la oligarquía como se le puede dar estructura fisica a alguien si no hay tierras, como se le puede dar educación básica a alguien si los oligarcas no pagan impuestos. Solo un insensato de su calaña se pone a defender a la
podrida oligarquía.

Mar, 06/28/2011 - 19:15 — Nelson Navas

No hay feudalismo aquí ni latifundismo, pero el sector cafetalero y azucarero pagan entre 15 y 20 quetzales diarios por el trabajo a los jornaleros. Usted mejor que yo sabrá a cuanto se cotiza el quintal
de café en el exterior. Que tipo de redistribución estan generando ellos? De donde obtuvieron las grandes extensiones de tierra para sus fincas?? Despojando a los campesinos de sus tierras, poniendo
gobiernos monigotes como el que quisieran tener con Otto Pérez. En el pasado los militares expropiaban de las tierras y luego aparecian con nombres de oligarcas. Para mi es muy acertado el comentario fundamentalmente en lo referido al tema agrario.

Mar, 06/28/2011 - 20:05 — Monica Medina

Que fuerte me saliste chato. Fujul tal vez no haya leido la ley de desarrollo rural, dudo mucho porque para que la mencione debera estar empapado de ella no es un irresponsable que solo escribe porque tiene espacio (no se pregunte si lo quise decir por usted, afirmo que si fue por y para usted) usted debería leer un poco más sobre la verdadera situación de Guatemala, porque usted parece que vive en la luna, nos tenemos que avergonzar del hambre pero dios me guarde si digo quienes son los causantes de ella, es mas facil echarle la culpa a las instituciones del Estado.

El Principal Obstáculo

De los múltiples obstáculos a la productividad, al crecimiento económico y a la mejora del nivel de vida de los guatemaltecos, es la educación de baja calidad el principal de ellos. Superar este obstáculo requiere un esfuerzo que va más allá de aumentar la inversión y el gasto público. Se trata más bien (según la excelente conferencia de Xavier Sala-i-Martín en las Jornadas Económicas del BANGUAT) de un esfuerzo de innovación.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 EL PRINCIPAL OBSTÁCULO

Un capital humano con una base educativa tan débil impide al país tener mejores tasas de crecimiento y competitividad 

La pobreza es, con sus terribles consecuencias en términos de dolor y desesperanza, la característica que mejor resume todas las debilidades y limitaciones del Estado guatemalteco. Desde el punto de vista económico, a pesar de las bienintencionadas críticas de quienes creen en soluciones mágicas, la única receta efectiva para reducir la pobreza en cualquier país consiste en aumentar la velocidad y la calidad del crecimiento de la producción de bienes y servicios, lo cual pasa, necesariamente, por mejora sustancialmente la productividad (es decir, lograr producir más con menos).

Sus bajos niveles de productividad –salvo contadas excepciones en áreas muy específicas- le generan a Guatemala graves dificultades para competir en la economía global. El conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad del país constituyen su grado de competitividad: según el índice que calcula el Foro Económico Mundial, Guatemala tiene una calificación de competitividad bastante baja (4.04 puntos de 10 posibles) y se compara mal con otros países (ocupa el puesto 79 de 120 calificados).

Uno de los artífices de este índice, el economista catalán Xavier Sala-i-Martín, de la universidad de Columbia, disertó sobre este tema en el marco del XX ciclo de Jornadas Económicas auspiciado por el Banco de Guatemala, donde identificó los principales cuellos de botella que impiden una mayor competitividad del país. Entre estos mencionó la ineficiencia burocrática, la débil infraestructura, la elevada corrupción y el clima de inseguridad y violencia. Pero enfatizó en que el principal obstáculo a la productividad es la baja calidad de la educación básica.

Un capital humano con una base educativa tan débil impide que el país tenga mejores tasas de crecimiento y competitividad. Resulta, pues, esencial mejorar la calidad de la educación básica que proporcione a las personas los conocimientos y habilidades para mejorar su productividad, acceder a buenos empleos, aumentar sus ingresos y reducir la desigualdad. Lo anterior implica políticas educativas que garanticen la asistencia de los niños a la escuela, reduzcan la repetición y permitan a más jóvenes acceder a la educación básica. También implica mejorar el nivel de los maestros, cuyas calificaciones son las más bajas de Centroamérica: mientras que en Costa Rica y El Salvador el 90% de los maestros de primaria tienen una licenciatura universitaria, al igual que el 66% de los panameños o el 22% de los nicaragüenses, en Guatemala este porcentaje es de menos del 10%.

Si bien políticas convencionales como las indicadas deben implementarse y mantenerse en el tiempo (y no cambiarlas con cada gobierno, como sucedió con el PRONADE), existe un aspecto que podría ser quizá más importante, según Sala-i-Martín. La educación del siglo XXI no puede ni debe seguirse basando en la absorción pasiva de conocimientos por parte de los alumnos sino, al contrario, debe basarse menos en que el estudiante reciba conceptos y más en que éste genere ideas. El mundo está cambiando rápidamente: en términos de tecnología informática los niños son hoy día más sabios y diestros que sus padres o maestros. En consecuencia, el sistema educativo debería también adaptarse a estos cambios.

Según Sala-i-Martín, la adaptación del sistema educativo pasa por repensar las herramientas educativas que deben estar disponibles para los maestros y los alumnos, los temas que realmente sea relevante enseñar, el fomento del pensamiento crítico, el énfasis sobre la creatividad, la capacidad de resolver problemas de la vida real y de aprender de los errores, así como de la enseñanza de la humildad necesaria para pedir ayuda, de la iniciativa requerida para ser emprendedores y de la voluntad para liderar esfuerzos.

Lo anterior demanda un esfuerzo de largo plazo y bien financiado que, en primera instancia, incluya una ampliación de la capacitación técnico-vocacional enfocada a jóvenes y una mejora sustancial de la educación en ciencias y tecnología. Pero, sobre todo, requiere un cambio de mentalidad en los funcionarios de gobierno y en los propios padres de familia. De lo contrario, difícilmente se alcanzarán los niveles de capital humano que nuestro país necesita para generar innovación y mejorar los estándares de vida de la población.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 06/21/2011 - 14:45 — Ranma Saotome

Muchos columnistas se han dedicado ya a escribir que la educación es la clave para poder salir de
la pobreza, para poder alcanzar el desarrollo que hasta ahora no podemos alcanzar porque la elite de este país no quiere que tengamos acceso a la educación, les conviene que permanezcamos ignorantes para poder dominarnos más fácilmente. Es obligación de todo gobierno dar educación gratuita y laica para todos los habitantes de este país, debería crearse una política en la cual se vigile que
esto se cumpla.

Mar, 06/21/2011 - 17:01 — Ceci Rosales

Creo que el tema principal aquí es la educación, la educación es la base de una sociedad, la palanca para el desarrollo en un país. La educación es también un derecho de toda persona (más aún en niños y jóvenes) y es también una obligación del Estado proporcionar la educación en forma gratuita (como lo logró el gobierno actual). Sólo con educación una persona puede optar a un trabajo digno y de esta manera la hacer crecer la productividad del país.

Mar, 06/21/2011 - 17:17 — Rolando Calderón

A propósito de tiempos de campaña electoral, hay un tema que casi no he escuchado en los discursos de los candidatos políticos sobre todo los presidenciables. Este es un tema principal en nuestro país, dado el alto grado de analfabetismo; y los problemas que este acarrea.  Por ejemplo en Partido Patriota  debería preocuparse más por la educación que por su mano dura, ya que la educación es la solución a tanta violencia

Mar, 06/21/2011 - 17:34 — Johana Luna

Lo que necesitamos realmente es una buena educación, no solo que esta se dé gratuita, sino que esta sea de calidad, este gobierno abrió las puertas para que la gratuidad se diera, pero necesitamos educación de calidad, para que nuestros niños lleguen a ser el verdadero progreso y futuro
de nuestro país, necesitamos en verdad y de urgencia educación laica, científica y gratuita para todos.

Mar, 06/21/2011 - 17:34 — Guillermo Morán

Para obtener todos los elementos que el señor autor de esta opinión arriba describe, lo principal es contar con los recursos, de otra manera no podrá ser. Para obtener esos recursos apoyo la idea de una Reforma Fiscal. Esta idea es una lucha que por años de años se ha tenido, pero siempre como en el poder están las personas que representan los intereses de los empresarios esta reforma no se ha hecho realidad. Sin embargo esta es la solución a muchos males

Mar, 06/21/2011 - 18:25 — JoseLuisGomez

Como sociedad tenemos que apostarle a la educación integral de todos los habitantes (sin distinción de sexo, etnia o clase social), esto como una necesidad para el desarrollo mismo de nuestro país. No debiesen de existir excusas como la falta de presupuesto o la indisposición de maestros. Este debiese ser tema prioritario en los discursos de los candidatos, pero la mayoría de estos no tienen este tema como prioridad. Esto habla de la poca visión a largo plazo que tienen y el desinteres en la educación del pueblo guatemalteco.

Mar, 06/21/2011 - 18:48 — Daniel Gutierrez

En la realidad se entiende que una educación debil en el país tenga niveles bajos de competitividad y crecimiento. Pero creo que en la práctica para muchos esa debilidad educativa es una oferta para
poder explotar al recurso humano, sin condiciones dignas de trabajo.

Mar, 06/21/2011 - 19:12 — josemigarcia

Todos los postulados a la presidencia, han centrado su discurso en cosas que son secundarias, estos deberían de estar brindando mayor atención al tema de la educación, estos deberían de decir como afrontaran el problema de la educación, si garantizaran que siga siendo gratuita, o que, porque creo que es fundamental el hablar sobre educación, pero no solo hablar si no cumplir con lo expuesto.

Mar, 06/21/2011 - 19:25 — Monica Medina

Yo no creo que sea el gobierno quien tenga que cambiar de mentalidad. A quienes hay que cambiarles la mentalidad es a la oligarquía, hay que cambiar el sistema excluyente, solo a través de polìticas que
beneficien a la mayoria se puede saltar ese obstaculo, lo demás es                                                                                                    abrir un hoyo para tapar otro.

Mar, 06/21/2011 - 21:35 — Jim Gómez

El verdadero problema que afronta el país en cuanto a todos los problemas, es la falta de recursos, hacen falta los fondos para poder cumplir con lo que se requiere en cuanto a la educación, es por esa razón que no se ha podido elevar la educación, no se puede invertir en dar una educación de calidad cuando no hay fondos para capacitar a los maestros y que estos puedan dar una educación de calidad.

Mar, 06/21/2011 - 22:41 — Monika Montufar

El principal obstaculo es con la mayor indiferencia en que se ha manejado un tema tan fundamental para el desarrollo de nuestro pais, hacen falta politicas de desarrollo para una mejor educación integral que es la base del crecimiento y solo se lograra con trabajo constante y dar apoyo a todas esas areas vulnerables ante esta gran decadencia.El principal obstaculo es con la mayor indiferencia en que se ha manejado un tema tan fundamental para el desarrollo de nuestro pais, hacen falta politicas de desarrollo para una mejor educación integral que es la base del crecimiento y solo se lograra con trabajo constante y dar apoyo a todas esas areas vulnerables ante esta gran decadencia.

Mar, 06/21/2011 - 22:47 — Pedro Castillo

Realmente lo que necesitamos, en este momento es tener una reforma fiscal, pero no que la proponga el patriota porque estos lo que harán es que si la aprueban, ira dirigida a que los empresarios sigan sin
pagar impuesto y que los que no tenemos paguemos aún más por lo poco que tenemos, asi volverán a beneficiar a estos ladrones de cuello blanco, y dejando de nuevo al país por debajo de la pobreza, si hay que pedir una reforma fiscal esta debe ser integral, para los que tienen más den más para el desarrollo de este país.

SINASAN: Un Sistema Desnutrido

La ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional --SINASAN- es, en términos generales, una buena pieza de legislación. Sin embargo, como en tantas otras circunstancias de la vida nacional, la ley se incumple flagrantemente. Lo que es peor, los funcionarios que incumplen con sus obligaciones legales no sufren ninguna sanción. Los paganos de esta irresponsabilidad son los miles de niños que padecen desnutrición crónica y que irremisiblemente serán adultos con pocas habilidades físicas e intelectuales y estarán, por ello, condenados a una vida de pobreza.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 SINASAN: UN SISTEMA DESNUTRIDO

El marco legal vigente continúa siendo adecuado, pero cada actor debe cumplir con su mandato

Han transcurrido ya cinco años desde que se emitió la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, cuyo texto legal ha sido bien calificado por diversos expertos internacionales. Sin embargo, durante ese período no han dejado de producirse episodios de crisis alimentaria en el país que evidencian fallas en las instituciones a cargo del Sistema.

No existe evidencia de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN-, órgano rector de las políticas públicas del sector, haya cumplido con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Alimentaria –SESAN- ha fallado en su rol protagónico de coordinar al SINASAN, lo que implica armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al tema. Vale recordar que la coordinación técnica debe estar a cargo de la SESAN y no de CONRED o SEGEPLAN como ha ocurrido en ocasiones.

Las debilidades institucionales se manifiestan en ineficiencia y desarticulación. A mayo de 2011 la SESAN había ejecutado menos del 10% de su presupuesto. La anterior titular se la SESAN renunció al puesto en medio de desencuentros con el Vicepresidente de la República, quien coordina el CONASAN. Se han creado entes ajenos a los prescritos por la ley que han asumido responsabilidades que no les competen en materia nutricional: el Consejo de Cohesión Social y los programas dirigidos por éste han desplazado de su rol a la SESAN y persiguen una estrategia de reducción de pobreza desconectada de la Política y Plan de Seguridad Alimentaria vigentes. Cabe mencionar que el Consejo de Cohesión Social fue creado por un Acuerdo Gubernativo, por lo que la Ley del SINASAN es superior en jerarquía normativa, además de tratarse de una ley especial rectora de la materia, por lo que las acciones de otras instituciones podrían carecer de respaldo legal.

Si bien es cierto que en materia de consulta y participación social la Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- es de los órganos que mejor y más eficientemente  funcionan dentro del SINASAN, las opiniones y sugerencias que ésta Instancia ha efectuado al Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria no han sido tomadas en cuenta por la SESAN ni por el CONASAN, quizá porque el Gobierno ha preferido poner más atención a una entidad paralela que él mismo creó, la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la cual no está contemplada en la Ley del SINASAN.

Otro fenómeno que denota debilidad institucional es la recurrente declaratoria de Estados de Calamidad para enfrentar las crisis nutricionales, pese a que no es ésta la vía idónea: el marco legal del SINASAN contempla los mecanismos para disponer de recursos materiales ante crisis alimentarias, pues el CONASAN (previa aprobación del Congreso) tiene la potestad de generar planes y requerir recursos específicos para atender problemas alimentarios concretos con celeridad.

El problema alimentario de Guatemala en el presente año está ligado a que el precio de los alimentos es superior a la capacidad de compra de las familias en las áreas afectadas, por lo que se vislumbra un repunte en los casos de desnutrición aguda. Pero las soluciones deben ir más allá del manejo apagafuegos: deben prevenirse las crisis y avanzar hacia la erradicación de la desnutrición crónica. Esto solo puede lograrse mediante el cumplimiento de la ley por parte del CONASAN y de cada uno de los miembros que lo integran. El marco legal vigente continúa siendo adecuado para enfrentar la problemática, pero es menester que cada actor cumpla con su mandato y cuente con los recursos necesarios de forma priorizada, lo cual demanda el estricto cumplimiento de la ley, el rechazo toda acción fuera del marco de la misma y la deducción de responsabilidades a los funcionarios que no apeguen su actuación a ella. La desnutrición existente es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, por lo que resulta trágico que, aún contando con un adecuado marco legal y con políticas públicas específicas, estos instrumentos no se apliquen efectivamente.