Urgencia, Prudencia y Esperanza

Un grupo de economistas, del cual formo parte, nos venimos reuniendo esporádicamente desde hace, al menos, unos7 años para tomar café y filosofar sobre los problemas económicos nacionales e internacionales. No es hasta ahora, cuando la gravedad de las finanzas públicas amenaza con echar por la borda los logros en materia de estabilidad conseguidos en los últimos lustros (estabilidad que, aunque por sí misma no logra mayor cosa, es un requisito indispensable para tener una economía pujante), que este grupo de economistas decidió tomar una postura pública y manifestarse: la situación demanda acciones urgentes, pero al mismo tiempo prudentes. El hecho de que un grupo tan variado de colegas, de distintas corrientes de pensamiento, se haya puesto de acuerdo para hacer un llamado conjunto a la opinión púbica en torno a la necesidad de ordenar las finanzas públicas debería ser motivo de que aún hay esperanza de rescatar nuestro sufrido país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

URGENCIA, PRUDENCIA Y ESPERANZA

Una situación fiscal frágil representa una amenaza contra la esperanza de un futuro económico mejor

Una sociedad como la guatemalteca, golpeada por la violencia, desprotegida por la precariedad de las instituciones estatales y desalentada por la opacidad de sus funcionarios, parece estar necesitada siempre de medidas urgentes para solucionar los múltiples problemas que la aquejan. Esa urgencia por encontrar soluciones no suele favorecer que se actúe con prudencia a la hora de plantear medidas de política pública sino, al contrario, propicia que se actúe precipitadamente. Las medidas estatales imprudentes, por su parte, apenas logran parchar los males del país y generan resultados insatisfactorios, creando una sensación de desesperanza a todo nivel.

Resulta, pues, excepcional y digno de encomio cuando en una situación de urgencia surgen propuestas que, fundamentadas en la prudencia, consiguen encender una luz de esperanza para resolver alguno de los agudos problemas que aquejan al país. Tal lo que ha ocurrido con la reciente iniciativa de un grupo de economistas y expertos en temas fiscales (de diversas tendencias y escuelas de pensamiento) que, preocupados por el deterioro acelerado de las finanzas públicas del país, se han manifestado públicamente a favor de un conjunto de medidas prudentes (y a la vez urgentes) para sanear las finanzas del Estado.

La propuesta de este grupo de economistas (del cual formo parte y que algunos han bautizado como “el G40”) se basa en que cualquier esperanza de mejorar el bienestar de los guatemaltecos pasa necesariamente por la existencia de un ambiente económico favorable, sustentado por unas finanzas públicas sanas que, a su vez, se hacen más sólidas en la medida en que la economía es más pujante. Una situación fiscal frágil representa, por lo tanto, una amenaza contra la esperanza de un futuro económico mejor para Guatemala.

El manifiesto del G40 hace hincapié en el sentido de urgencia que existe respecto de la situación fiscal pues, de no tomarse oportunamente ciertas decisiones, se corre el riesgo de comprometer la gobernabilidad del país y de poner en graves aprietos al proceso de transición política que debe darse en enero próximo. Pero esa urgencia no debe servir de pretexto para adoptar medidas precipitadas y antitécnicas.

Por eso el G40 decidió respaldar el rescate de las medidas de reforma fiscal que surgieron hace cuatro años del esfuerzo que lideró el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, las cuales se basaron en una serie de estudios técnicos elaborados durante largos meses por parte de expertos nacionales y extranjeros. Estas medidas, que fueron presentadas a la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz en 2008, no son necesariamente panacea ni la solución a todos los problemas fiscales del país, pero constituyen un mínimo común denominador de soluciones pragmáticas (no ideológicas) a tan complejo tema.

La gran mayoría de dichas medidas nunca fue adoptada, por lo que siguen siendo vigentes y convenientes: no hace falta (ni conviene) inventar el agua azucarada. Sin embargo, el G40 decidió profundizar, actualizar y ampliar las propuestas del Grupo Promotor que se refieren a la transparencia y calidad del gasto público. Es imprescindible que cualquier reforma para mejorar los ingresos tributarios esté acompañada de acciones concretas para mejorar la calidad del gasto y reducir la corrupción rampante.

Al respecto, vale destaca una serie de propuestas que deberían ser incluidas entre las normas que regirán el presupuesto de 2012 (las cuales deben ser aprobadas por el Congreso en noviembre del presente año) y que se orientan, entre otros fines, a evitar que la deuda pública siga contratándose para financiar gasto recurrente, a poner orden en las transferencias presupuestarias, a poner coto a la perversa práctica de comprometer gastos que no están explícitamente presupuestados (y que han originado la mal llamada “deuda flotante”), y a mejorar la auditoría social del gasto público.

Independientemente de las teorías del complot que nunca faltan en nuestra chapinísima olla de grillos, la propuesta del G40 debe tomarse como un genuino aporte en función del interés nacional, a fin de construir el consenso nacional que tanto se necesita en materia fiscal. El hecho de que la propuesta haya surgido de un grupo tan disímil de técnicos y expertos debe tomarse, por lo menos, con optimismo.