Ganar Tiempo ¿Para Qué?

Los modelos epidemiológicos –aunque imperfectos– son herramientas que permiten vislumbrar un horizonte temporal para la reapertura de la actividad económica

Al covid-19 solo se le podrá vencer cuando un importante porcentaje de la población (se calcula que un 60%) haya adquirido inmunidad, la cual solo se logra de dos formas. Una, mediante el contagio natural (lo que, por desgracia, puede implicar un gran número de decesos). Dos, mediante un contagio inducido, ya sea aplicando una bien diseñada estrategia de inmunidad de grupo, o aplicando masivamente la aún inexistente vacuna. Mientras no haya una vacuna ni una estrategia de inmunidad de grupo (que requiere un sistema de salud muy robusto), solo queda aplicar políticas (más o menos estrictas) de distanciamiento social que permitan ganarle tiempo a la pandemia.

Pero este “ganar tiempo” debe tener un propósito claro, pues las políticas de distanciamiento social (especialmente las de confinamiento de la población) tienen un costo económico brutal. Hay que ganar tiempo para que el sistema hospitalario no se vea desbordado: actualmente el número de camas hospitalarias disponibles en el país ronda las 8,500 (de las cuales más del 70 por ciento ya estaban ocupadas antes de la pandemia); los modelos epidemiológicos predicen la necesidad de ese número de camas solo para atender a los enfermos de covid-19. Por ende, el gobierno hace bien en aprovechar este periodo de confinamiento para aumentar el número de camas en los hospitales. Asimismo, hay que ganar tiempo para equipar el sistema de salud (con médicos, equipo y medicamentos), a fin de que la tasa de mortalidad de la pandemia no llegue a niveles social y políticamente intolerables.

También hay que ganar tiempo para planificar la estrategia de reapertura económica (incluyendo la realización de tests aleatorios para monitorear los potenciales focos de contagio). Hay que ganar tiempo para preparar las políticas de reactivación económica (incluyendo reformas institucionales) que deben impulsarle al terminar la crisis. En función de lo anterior, hay que ganar tiempo (y el gobierno de Guatemala ya lo ha hecho) para acopiar los recursos financieros que se necesitan, por un lado, para proveer la ayuda sanitaria y humanitaria a los grupos más vulnerables y la asistencia financiera a las empresas que lo requieran durante la emergencia; y, por otro lado, para echar a andar la reactivación económica.

Los modelos epidemiológicos –aunque imperfectos - son herramientas que permiten vislumbrar un horizonte temporal para la reapertura de la actividad económica. Esos modelos indican que las medidas de distanciamiento social pueden empezar a relajarse gradualmente al alcanzar el pico de contagios (lo que en Guatemala ocurriría alrededor de la tercera semana de mayo). Y la “nueva normalidad” podría ocurrir al acercarse a cero el número de nuevos casos (lo que en Guatemala podría ocurrir alrededor de la cuarta semana de agosto). Así, hay que ganar tiempo para diseñar un plan de desescalada gradual del confinamiento, con fases y fechas. Cada fase debe indicar qué ramas de actividad pueden irse reactivando y bajo qué protocolos sanitarios. Un plan claro, aunque sea por fases y sujeto a la evolución de los contagios, es muy importante para dar certeza económica a las decisiones y planes de las empresas. Afortunadamente hay varios ejemplos de países que ya lo están haciendo, y es de esperar que, con base en esa experiencia, el equipo de gobierno también lo esté diseñando. Lo urgente es que dicho plan sea anunciado cuanto antes.

Sin Confianza No Se Avanza

La confianza de la ciudadanía en sus gobernantes (en su conocimiento, liderazgo y capacidad) puede ser el factor clave que permita salir con buen pie de esta crisis

Hace algunos días el diario digital El Confidencial publicó una columna de opinión de Ignacio Varela, escrita en el contexto español pero con reflexiones muy pertinentes para la realidad guatemalteca. Planteaba el columnista que la pandemia de covid-19 ha visto cómo países vecinos, con geografía, clima y sistemas socioeconómicos semejantes, mostraban diferencias abismales en el impacto destructivo del coronavirus -tanto en la salud pública como en la economía-. La razón principal es, muy posiblemente, la política: la eficiencia de los gobiernos, la calidad de la vida política y la relación de la sociedad con el Estado son factores cruciales para manejar una crisis como la actual.

El politólogo Francis Fukuyama identifica la confianza de los ciudadanos en su gobierno como el factor clave, ya que ante una crisis grave e inesperada deben hacer una enorme delegación de autoridad en el poder ejecutivo y, para que tal delegación sea efectiva, es imprescindible que la sociedad confíe en la capacidad de sus gobernantes para gestionar la crisis. Varela sostiene que la confianza social en los gobiernos descansa sobre tres pilares. Uno, la experiencia, conocimientos técnicos e imparcialidad de los gobernantes para tomar decisiones para el interés común. Dos, el liderazgo de la máxima autoridad ejecutiva. Y tres, la capacidad para crear consensos amplios, superar fronteras ideológicas o territoriales, y concitar voluntades para la ejecución de las medidas que deban adoptarse.

Si uno de estos tres pilares falla, la crisis se complica… y si fallan dos o tres, se vuelve un desastre, tal como parece haber sido el caso en la España de Sánchez, el Brasil de Bolsonaro, o la Turquía de Erdogan. En Guatemala, hasta ahora, nos ha ido bastante bien, especialmente en cuanto a los dos primeros pilares sobre los que se basa la confianza ciudadana en tiempos de crisis: por un lado, el presidente Giammattei es no solo un político experimentado en la función pública, sino que además tiene un grado académico en medicina; y, por otro lado, ha estado ejerciendo su liderazgo con diligencia y aplomo. Ello le ha ganado la confianza de grandes sectores de la población, incluso de quienes no votaron por él.

La clave para superar la crisis está, sin embargo, en el tercer pilar de la confianza ciudadana. El gobierno ha logrado los consensos mínimos que necesitaba para lograr las ampliaciones presupuestarias (por más de Q20 millardos) que necesita para afrontar la crisis generada por la pandemia; en adición a ese monto, la semana pasada el gobierno logró colocar exitosamente bonos en los mercados internacionales por US$1.2 millardos más.

El desafío es doble. Por el lado del Ejecutivo, la imperiosa necesidad de una ejecución eficaz, pronta y transparente de los recursos, tanto para brindar auxilio humanitario a los sectores sociales más afectados por la crisis, como para oxigenar el aparato productivo con los créditos y alivios para las empresas y los empleos en riesgo. Por el lado del Legislativo, la exigencia de lograr acuerdos políticos para aprobar las leyes y disposiciones que se requerirán no solo durante la etapa de emergencia, sino también para preparar el entorno institucional y regulatorio de la recuperación económica. Superar este desafío, con un sistema político tan fragmentado como el actual, requerirá de una madurez y una visión pocas veces vistas en nuestra historia.

Apretar y Relajar, en Ese Orden

Existen dos estrategias de distanciamiento social: confinamiento estricto y distanciamiento relajado. Por ahora, prevalece el primero

Alrededor del mundo los gobiernos están tratando de vislumbrar la mejor manera de “aplanar la curva” de contagios de covid-19 y, una vez logrado este objetivo, aplicar una estrategia de salida gradual del distanciamiento social al que han sometido a sus ciudadanos. En ausencia de una vacuna, la política de salud pública más efectiva para reducir la tasa de contagios es el confinamiento, que acarrea efectos económicos devastadores.

Existen dos estrategias de distanciamiento social. Una es la de contención, que busca la inmunización gradual de grupo e implica aislar solamente a los segmentos de población vulnerables (ancianos y enfermos crónicos) y dejar que el resto de la población se contagie gradualmente; al principio de la pandemia varios países (como Brasil, Reino Unido, México, Singapur y Suecia) ensayaron esta estrategia. La otra es la estrategia de supresión, con medidas de distanciamiento que implican el confinamiento de las personas; desde el principio, la mayoría de países (como China -Wuhan-, Italia, España, la República Checa y Guatemala) lo aplicaron con distintos grados de rigidez. Dada la elevada tasa de contagios (y muertes) la estrategia de contención ha sido paulatinamente abandonada por quienes quisieron aplicarla.

Para Guatemala resulta útil sacar lecciones prácticas de lo que han estado haciendo otros países. En Europa, los dos casos (exitosos, pero contrapuestos) que más han llamado la atención son los de Suecia -que ha aplicado medias más relajadas, en línea con una política de contención- y la República Checa -que se decantó por la política de supresión-. Ambos países tienen poblaciones similares, pero los resultados en cuanto a contagios y muertes favorecen claramente a los checos.

En cuanto al desempeño económico, por ahora, el resultado ha sido más favorable a Suecia (que no confinó a su población), pero esto será así solo en el cortísimo plazo, pues Chequia está empezando uno de los procesos de reactivación gradual más prometedores ensayados hasta ahora. Hace una semana se convirtió en el primer país en levantar varias de sus medidas de distanciamiento social: autorizó practicar ejercicio al aire libre, se reabrieron las escuelas primarias, se autorizó la apertura de algunos comercios (construcción, ferretería y talleres) y se permitieron los viajes esenciales al exterior (aunque las fronteras de entrada permanecen cerradas). Durante el confinamiento estricto, los checos fortalecieron la capacidad del sistema de salud (incluyendo su capacidad de hacer pruebas de contagio) y aprobaron un paquete de estímulo fiscal equivalente al 18% del PIB (el tercero más grande de Europa) destinado a mantener los empleos.

La lección es que, a medida que aumentan los contagios (y los muertos) el enfoque sueco (contención continua) se vuelve políticamente insostenible… incluso para Suecia. El enfoque checo (supresión estricta, pero temporal) parece más prometedor, especialmente porque toma en cuenta que más de tres meses de confinamiento son también políticamente insostenibles. La estrategia de confinamiento temporal parece ser la correcta: apretar duro al principio, pero solo mientras se fortalece el sistema de salud (médicos, camas, tests) para poder relajar gradualmente el confinamiento; eso sí, conscientes de que hay que estar preparados para endurecer otra vez las medidas si (Dios no lo quiera) una segunda oleada de contagios llega a producirse.

El Puente Sobre el Abismo

Ese abismo puede durar tres o cuatro meses, según lo visto en otros países, y lo esencial ahora es construir el puente que nos permita cruzarlo

¿Cuándo termina una pandemia? A lo largo de la historia, las pandemias terminan cuando el agente patógeno (actualmente el virus SARS-CoV-2) que causa la enfermedad (covid-19) se queda sin huéspedes (personas) susceptibles de ser infectados. Y esto sucederá cuando un porcentaje (relativamente pequeño) de aquellos huéspedes haya muerto y un porcentaje suficientemente grande del resto se haya vuelto inmune, de manera que la población habrá desarrollado "inmunidad colectiva".

Este doloroso proceso podrá acortarse cuando exista una vacuna que acelere la inmunización colectiva. Por desgracia, según los expertos, aún falta más de un año para contar con una vacuna contra el covid-19. Mientras tanto, la única política de salud pública a la mano es la de distanciamiento social -en sus distintos grados de rigidez- para reducir la velocidad de los contagios y, así, ganar un tiempo que es crucial para aumentar la capacidad de atención médica (y evitar el colapso del sistema hospitalario), así como para encontrar los tratamientos que coadyuven a una más rápida recuperación de los contagiados… hasta que llegue la ansiada vacuna.

Ese abismo puede durar tres o cuatro meses, según lo visto en otros países, y lo esencial ahora es construir el puente que nos permita cruzarlo. Ello implica una estrategia dual que, simultáneamente, reduzca el número de decesos y minimice el impacto recesivo que el distanciamiento social impone a la economía. No se trata de declarar traidor a la patria a aquél que desea abrir pronto su empresa para evitar la quiebra y poder seguir proveyendo el sustento a las familias de sus empleados. Tampoco se trata de llamar insensato a quien prefiera quedarse en casa para proteger la salud de los suyos. Se trata de construir y cruzar juntos el puente.

Ello conlleva una estrategia de modulación de las medidas de salud pública y de recuperación económica. Las medidas de cuarentena obligatoria ralentizan la propagación del virus, lo cual creará las condiciones para reiniciar gradualmente la producción con el apoyo de medidas económicas. Junto con la reapertura económica, la capacidad del sistema de salud debe expandirse (en camas, médicos, equipo y -crucialmente- exámenes) para, a su vez, permitir un mayor grado de actividad económica, en función de que se modere la tasa de contagios.

Para viabilizar tal estrategia de modulación y gradual apertura económica es necesario que las autoridades segmenten las medidas, diferenciándolas según grupo poblacional (los ancianos y enfermos crónicos deben permanecer aislados), según áreas geográficas (algunos territorios deberán ser puestos en cuarentena estricta) y según sector económico (de manera que aquellas ramas de actividad que tengan mayor impacto económico y menor riesgo de contagio sean las que operen primero, para paulatinamente ir permitiendo la operación de más actividades en función de su impacto económico y de su riesgo de generar contagios). Por ello, la actual etapa de contención debe proseguir, complementada con las medidas económicas (de apoyo a las familias y a las empresas) ya aprobadas. Una vez superada esta etapa, el gobierno deberá reconocer las diferencias entre segmentos poblacionales, territoriales y sectoriales, para así lograr que las personas regresen a trabajar más pronto y salvaguardar tanto sus vidas, como sus medios de vida.

El "Dilema" que No es Tal

El verdadero desafío de las autoridades es el de ir “modulando” las medidas de distanciamiento social

La pandemia de covid-19 conlleva un duro golpe para la economía nacional y mundial a medida que los gobiernos adoptan medidas radicales de distanciamiento social, las que implican un abrupto frenazo de la producción de bienes y servicios. Esto es, evidentemente, un gran problema, pero no es (como parecía al principio) un dilema. Y no lo es porque, simplemente, para combatir el nuevo coronavirus no hay otra política pública viable que no sea la de un estricto distanciamiento social.

Al inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias tenían ante sí dos opciones de política. Por un lado, la inmunización gradual (o estrategia de inmunidad de grupo) que implicaba aislar solamente a los segmentos de población vulnerables (ancianos y personas con enfermedades crónicas) y dejar que el resto de la población se contagiara gradualmente. Por otro lado, aplicar medidas de distanciamiento social (estrategia de mitigación/supresión) que implican la separación física de las personas. Puesto que hasta hoy no existe ni vacuna ni medicamento contra el extremadamente infeccioso covid-19, en la práctica no se presenta ningún dilema (ni desde el punto de vista económico ni, mucho menos, desde el punto de vista de la salud pública) en cuanto a cuál de las dos estrategias escoger.

En efecto, la experiencia de la última gran pandemia, la Influenza Española (1918-1920), proporciona una evidencia estadística muy clara: las ciudades y estados que aplicaron medidas de distanciamiento social más prontas y restrictivas para “aplanar” la curva de contagios fueron las que lograron un mejor desempeño económico (durante y después de la crisis) en comparación con las ciudades y estados que fueron más reticentes a imponer medidas de distanciamiento social. En estos últimos lugares, la elevada mortalidad y el caos social ocasionado por el contagio desenfrenado generó un daño económico mayor al que habría ocasionado una estricta política de distanciamiento social.

Entonces, siendo la estrategia de mitigación/supresión la única opción disponible en esta etapa de la crisis, pero sabiendo que dicha estrategia ocasiona un desplome de la economía (que daña a los trabajadores por cuenta propia, las empresas, las cadenas de oferta, los empleos y el clima de confianza en general), el verdadero desafío de las autoridades es el de ir “modulando” las medidas de distanciamiento social, relajándolas tan pronto como la velocidad del contagio lo permita, pero volviéndolas a endurecer en cuanto las circunstancias lo exijan, sabiendo que las pandemias suelen darse por oleadas que es necesario gestionar -hasta que, por fin, aparezcan los medicamentos o vacunas adecuadas-.

Durante esta primera oleada (que será la más grave y difícil de manejar), la política económica más razonable es la de llenar el vacío temporal que está dejando la caída del consumo y de la inversión privados con gasto público fresco, orientado a la emergencia en salud, a la ayuda humanitaria para quienes están perdiendo sus ingresos y al apoyo empresarial para quienes enfrentan una quiebra inminente. El gobierno de Guatemala ya cuenta con una importante ampliación presupuestaria de más de Q11 millardos para realizar dicho gasto: la clave ahora es establecer los mecanismos para desembolsarlo con la eficiencia y con la transparencia que este momento histórico demanda.

Territorio Inexplorado

Hasta ahora se han aprobado varias medidas que van en la dirección correcta, pero que son insuficientes

La crisis generada por el covid-19 no tiene precedentes. Alrededor del mundo los gobiernos están transitando un territorio inexplorado mientras combaten el vertiginoso contagio del coronavirus y, simultáneamente, intentan reducir su impacto económico. Sin una vacuna, ni medicamento alguno que aplaquen la enfermedad, la única medida sanitaria a la mano es el distanciamiento social forzoso. El gran dilema de política pública es que dicha medida propina un golpe brutal a la actividad económica y al empleo: a mayor distanciamiento social, menor actividad económica y más desempleo.

En medio de la incertidumbre, existen al menos cuatro certezas a las cuales hay que adaptarse. Primero: la recesión económica es inevitable. Los sectores más afectados están siendo el de restaurantes y hoteles, el de transporte y logística, el de producción y distribución de bienes de consumo y el de educación. Pero casi ningún otro sector se librará de una crisis que, por el lado de la oferta, genera quiebras, despidos, impago de deudas e interrupción de la cadena de suministros; y, por el lado de la demanda, suscita un aumento en los ahorros (pues los consumidores, por precaución, reducen sus gastos) y una posposición de las inversiones, todo lo cual deprime la economía.

Segunda certeza: la crisis es global. A los efectos internos derivados del distanciamiento social hay que añadirles la caída de nuestras exportaciones hacia otros países, la reducción de las remesas familiares provenientes de Estados Unidos y la marcada volatilidad en los mercados financieros internacionales. Tercera certeza: la magnitud del impacto económico será enorme. Se espera que, en términos de crecimiento económico mundial, la recesión actual será mucho más grave que la vivida en la crisis financiera mundial de 2008.

Y cuarta certeza: la crisis será temporal -seguramente durará menos de un año-. El aislamiento social no puede mantenerse por más de tres o cuatro meses (la gente, si no tiene dinero, no podrá estar alejada de su trabajo) y, tarde o temprano, la tasa de contagios caerá; luego vendrá, sin duda, la ansiada recuperación económica. Por eso, el momento para actuar es ahora, tanto para salvar vidas, como para salvar los medios de vida (empleos formales e informales). Los objetivos de la política económica deben ser, pues, priorizar el gasto en salud (incluyendo la compra de pruebas médicas que permitan optimizar las acciones de sanidad pública) y, a la vez, aplanar la curva de desempleo y mantener con vida el aparato productivo para cuando llegue la (inevitable) recuperación.

El mayor esfuerzo se centra en el gasto fiscal. Durante décadas, Guatemala ha mantenido una política fiscal disciplinada y una buena reputación en los mercados financieros internacionales, lo cual otorga un importante espacio fiscal que debe ser aprovechado en esta emergencia. Hasta ahora se han aprobado varias medidas que van en la dirección correcta, pero que son insuficientes: las líneas de crédito a la pequeña y mediana empresa deben ampliarse y agilizarse, lo mismo que las transferencias dinerarias a cuentapropistas y personas vulnerables; el seguro social debe estar a la altura del desafío y ampliar su cobertura durante la emergencia. Hay que usar y fortalecer los mecanismos estatales que ya existen, en vez de inventar el agua azucarada. Debe actuarse pronto, pero debe actuarse bien y con transparencia. No es preciso entrar en pánico; esta crisis también pasará.

Limitar los Daños

La prioridad de las políticas públicas de hoy debe ser, primero, salvar la vida de los guatemaltecos y, segundo, salvar los medios con que los guatemaltecos se ganan la vida

El distanciamiento social es, desde hace siglos, la medida más efectiva para ralentizar pestes como el covid-19. Esa medida requiere el cierre de empresas, negocios y centros de enseñanza. A más contagios, más estricto debe tornarse el distanciamiento, lo cual acarrea una súbita caída de los intercambios económicos en todo el país. Y, sobre eso, se suma la drástica desaceleración económica mundial. Esta no es una crisis financiera como la de 2008; se trata de una catástrofe sanitaria a escala mundial que conlleva una pérdida masiva de confianza y una recesiva reducción de la demanda agregada.

Es hacia allí –la confianza y la demanda- a donde deben enfocarse las medidas para limitar los daños económicos. Aunque, por ser una crisis tan sui generis, no existen libros ni estudios que tengan la receta mágica, sí hay precedentes que indican que las políticas antirrecesivas del pasado pueden ser útiles para alentar los espíritus animales -que decía Lord Keynes- y apuntalar la demanda agregada para evitar que la epidemia de coronavirus se convierta en una epidemia de quiebras y despidos. Ese tipo de políticas se está aplicando en todos los países afectados por el covid-19.

La política monetaria debe proveer abundante liquidez al sistema bancario, procurar reducir la tasa de interés y aumentar la oferta monetaria para estimular el crédito y, con él, la inversión y el consumo; pero, por sí misma, es insuficiente (especialmente si se cae en una trampa de liquidez en la que la demanda no reacciona a los estímulos monetarios). Más importante resulta, entonces, una política fiscal que dé alivio a los contribuyentes (cuyos ingresos se reducen durante la crisis) y aumente el gasto; se trata de una economía de guerra, en la que los gastos del gobierno deben reasignarse para combatir simultáneamente a dos enemigos: el coronavirus y el desempleo.

Las medidas económicas anunciadas hasta hoy por el gobierno, van por la ruta correcta, aunque se quedan cortas por la magnitud de la crisis y porque no se focalizan en las piezas de la maquinaria económica que más lo necesitan. Afortunadamente (como el propio gobierno lo dijo) se trata de una primera fase que puede (y debe) complementarse con otra serie de medidas. En lo fiscal, aún hay bastante espacio para actuar con medidas fiscales, tanto del lado de la recaudación como del lado del gasto. Por su parte, la política monetaria redujo su tasa líder a 2.25%, por lo que también hay espacio suficiente para más reducciones y para expandir la oferta de dinero. Además, tal como ocurre en otras latitudes, el seguro social puede convertirse en un estabilizador del empleo y del consumo asegurando temporalmente el ingreso de los trabajadores y aliviando la carga para las empresas en crisis.

Aún quedan, pues, varias armas en el arsenal de la política económica y habrá que aplicarlas por fases, según lo requieran las circunstancias. Lo importante es saber que esta crisis, aunque inevitable, es temporal y que en algunos meses se dará la oportunidad de un rebote. Para llegar de la mejor forma posible a ese rebote, la prioridad de las políticas públicas de hoy debe ser, primero, salvar la vida de los guatemaltecos y, segundo, salvar los medios con que los guatemaltecos se ganan la vida.