LOS ELEVADOS PRECIOS DE LAS MEDICINAS

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos

El precio de los medicamentos ha estado aumentando en los últimos años, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 100 millones de personas caen en la pobreza anualmente a causa de lo que deben pagar por sus medicinas. Hay evidencia de que los precios que se cobran por algunos medicamentos -especialmente los asociados a enfermedades catastróficas- son, en efecto, irracionalmente altos.

Ciertamente existen razones de mercado que explican en parte esto, como el envejecimiento de la población, la mayor cobertura de seguros médicos y la creciente demanda de una sociedad con más ingresos y esperanza de vida. Pero también existen razones asociadas a los sistemas de adquisiciones que -por ineficiencia y por corrupción- inflan artificialmente el costo de la medicina. No hay que olvidar que las empresas farmacéuticas obtienen monopolios (más o menos temporales) a través de patentes y contratos otorgados por los gobiernos.

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos. En Guatemala, el tema ha cobrado notoriedad luego de que las declaraciones del respetado médico Román Carlos Bregni y del propio presidente Giammattei, denunciando los altos costos de las medicinas, han puesto en evidencia la necesidad de aplicar urgentemente políticas públicas efectivas para enfrentar el problema.

Esas políticas deben aplicarlas los dos mayores compradores estatales –el Ministerio de Salud y el IGSS- y deben ser equilibradas y cuidadosas para generar transparencia y competencia sin desincentivar la oferta ni afectar la calidad de las medicinas. Hasta ahora, las farmacéuticas han ejercido su enorme poder económico y prácticas agresivas -y a veces ilícitas- para “convencer” a los médicos de recetar sus productos y a las autoridades, de comprarlos a precios inflados.

Varias medidas pueden aplicarse, empezando por acciones que promuevan la transparencia en el mercado de medicinas, como podría ser un sistema permanente de publicidad de precios, o abordar la falta de competencia con medidas enérgicas contra las tácticas empleadas por las farmacéuticas para excluir competidores u obstaculizar el uso de medicamentos genéricos. Y se puede recurrir a la experticia de agencias internacionales para realizar procesos de compra por subasta más transparentes y eficientes.

El IGSS ya lo ha estado haciendo: sus autoridades reportan un ahorro de Q3.6 millardos en cuatro años como parte del convenio firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-. El Ministerio de Salud debería hacer algo similar. Además de la UNOPS existen otras agencias que pueden ayudar en el proceso (en Ucrania, por ejemplo, el gobierno contrató a Crown Agents, una agencia de desarrollo británica, para comprar medicamentos y en un año generó un ahorro millonario). El primer paso de las nuevas autoridades debería seguir avanzando en esta ruta, en vez de abandonarla como parece ser la intención de quienes quieren seguir lucrando con la salud pública.

LA VERDADERA OFICINA ANTI-CORRUPCIÓN

El diseño de la recién creada comisión presidencial contra la corrupción no deja en claro qué estrategia se seguirá en esta lucha

El índice de percepción de corrupción en Guatemala, publicado la semana pasada, muestra un continuado deterioro. Ello es preocupante porque, como se ha dicho reiteradamente, la corrupción (ya sea real o percibida) tiene enormes consecuencias económicas y sociales. Primero, tiene un costo fiscal significativo, porque reduce los ingresos tributarios (por ejemplo, cuando los diputados aprueban exenciones o privilegios fiscales a cambio de sobornos) e incrementa artificialmente los costos en los que incurre el gobierno al adquirir bienes y construir obras mediante mecanismos ilícitos.

Además de dichos costos fiscales, la corrupción perjudica el crecimiento económico y reduce la calidad de vida de todos los ciudadanos al drenar recursos que deberían destinarse a la educación, la salud y la infraestructura (factores esenciales para una economía productiva). La pésima percepción respecto de la corrupción que impera en la sociedad guatemalteca daña, además, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado lo que, a su vez, corroe la moral tributaria y la gobernabilidad democrática. Por eso es más que bienvenido el anuncio del presidente Giammattei de emprender acciones decididas en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el diseño de la recién creada comisión presidencial contra la corrupción no deja en claro qué estrategia se seguirá en esta lucha. Es importante, en primer lugar, que se tenga claro que el enfoque de dicha comisión no puede ni debe ser el de la persecución penal ya que esta, si bien es útil cuando se emplea como último recurso, resulta absolutamente insuficiente para combatir sostenidamente la corrupción (el cáncer -ya se sabe- es mejor prevenirlo que curarlo aplicando medicinas que siempre son agresivas y generan graves efectos colaterales).

Siendo una dependencia del Ejecutivo, la referida comisión habrá de enfocarse en mejorar aspectos de la gestión (especialmente en las áreas de más riesgo: adquisición de suministros, contratación de obra púbica y administración tributaria) lo cual, de nuevo, es importante pero insuficiente. Además, como ya se aprendió de la fallida Copret que dirigió Roxana Baldetti, cuando estas comisiones las dirige el propio gobierno suelen ser vulnerables a conflictos de interés y proclives a politizar sus acciones.

Por lo tanto, la vía más adecuada -aunque, por desgracia, no la más fácil- para combatir la corrupción es la aplicación de un sistema efectivo de control del gasto: la verdadera oficina anticorrupción debería ser la Contraloría de Cuentas, en coordinación con las unidades de auditoría interna de las dependencias gubernamentales que, hasta hoy, han estado conspicua y sospechosamente ausentes en su rol de promover la integridad y la rendición de cuentas. La reforma profunda de estos entes (junto con el sistema de servicio civil y el de adquisiciones del Estado) debería ser, pues, la principal estrategia anticorrupción. Para ello se requerirá de una férrea voluntad política, de perseverancia y de un compromiso firme de fortalecerlas institucionalmente, sabiendo que puede pasar mucho tiempo antes de ver resultados palpables.

¿Está Sobrevaluado el Quetzal?

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas.

Cuando un país tiene una moneda sobrevaluada (con un tipo de cambio, por dólar, más bajo que el que debería tener) se perjudica la competitividad de sus exportaciones, debido a que las mismas se encarecen en relación a las de otros países, mientras que se abaratan sus importaciones. Por el contrario, una subvaluación de la moneda dificulta las importaciones y estimula las exportaciones y el desarrollo de la industria nacional. En la actual guerra comercial de Estados Unidos contra China, se acusa a esta de mantener su moneda, el yuan, artificialmente subvaluada para estimular sus exportaciones y expandir su base industrial.

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas. Una ingeniosa forma para hacerlo es la que propone el Índice Big Mac que calcula periódicamente la prestigiosa revista The Economist, el cual se basa en la teoría de la paridad de poder de compra. Esta teoría sostiene que los tipos de cambio de todos los países deberán ajustarse, con el tiempo, hasta hacer que el precio de una canasta dada de bienes sea el mismo en cada país; esa canasta es la hamburguesa Big Mac, que se cocina casi exactamente con los mismos ingredientes en todos los países. El índice de The Economist se formula calculando el tipo de cambio que haría que un Big Mac costara lo mismo en todos los países.

En el cálculo más reciente de este indicador (publicado hace pocos días) se vio que, en China, un Big Mac cuesta 21.50 yuanes, o US$3.12, mientras que su precio es de US$5.67 en los Estados Unidos, lo cual implica que el yuan está subvaluado un 45% respecto del dólar, de manera que el dólar compra más hamburguesas en China que en los Estados Unidos. Algo similar ocurre en Guatemala. Haciendo el mismo ejercicio para nuestro país, tenemos que una de esas hamburguesas está costando Q26, o US$3.37 al tipo de cambio de la semana pasada, lo que implicaría que el quetzal está un 42.7% subvaluado respecto del dólar. De hecho, el quetzal se ha debilitado en los pasados cuatro años, cuando la subvaluación en enero de 2016 era de 33.7%, aplicando el mismo método. ¿Deberían, entonces, estar contentos los exportadores?

Podrían estarlo, de no ser porque otros países vecinos, que son nuestros competidores en los mercados internacionales, también han visto debilitarse sus monedas; particularmente el colón costarricense -que, aplicando el mismo método, pasó de estar subvaluado un 18.5% en 2016, a estarlo un 27.3% la semana pasada- y el peso mexicano -que se debilitó en el mismo periodo de una subvaluación de 43% a una de 53.1%-.

La teoría de la paridad de poder de compra -y, por ende, el Índice Big Mac- no está libre de fallos y críticas, pero es un método simplificado para evaluar si una determinada divisa está sobrevalorada o infravalorada y, si esto ocurre, propiciar o esperar que se produzca una corrección. Esto es algo que los nuevos miembros de la Junta Monetaria deberán tomar en consideración para calibrar las medidas de la política monetaria, cambiaria y crediticia que tienen bajo su cargo y que, directa o indirectamente, afectan el comportamiento del tipo de cambio, de las exportaciones y de la capacidad productiva de la industria local.

Cómo (No) Atraer Inversiones de China

No es cambiando lealtades diplomáticas como vamos a atraer inversión de manera sostenible, sino fortaleciendo la institucionalidad del Estado

Una de las razones por la cuales países como El Salvador, República Dominicana o Costa Rica han roto recientemente sus relaciones diplomáticas con Taiwán para poder establecerlas con la República Popular de China, ha sido la de atraer las potencialmente cuantiosas inversiones chinas para apuntalar las famélicas tasas de inversión en estos países. Por la misma razón, más de una voz de algún economista guatemalteco arguye que a nosotros -que exhibimos una de las tasas de inversión más bajas del mundo- también nos convendría abandonar los más de sesenta años de lealtad con Taiwán para abrazar a la China Popular.

Al respecto, conviene recordar que Taiwán tiene relaciones diplomáticas plenas con apenas quince países (que cada vez son menos), de los cuales Guatemala es notoriamente el más grande -en términos de población, tamaño de la producción y monto de exportaciones, entre otros parámetros-, a pesar de lo cual las inversiones taiwanesas (públicas y privadas) en Guatemala son sumamente escasas. ¿Atraeríamos más inversiones si establecemos relaciones con la República Popular?

A juzgar por lo ocurrido en Costa Rica y El Salvador, no hay que esperar un súbito ni sostenido aumento de las inversiones después de cambiar lealtades de una a la otra China. De hecho, en toda la región latinoamericana, las inversiones provenientes de China Popular solamente son significativas en Chile y Panamá (casualmente las dos economías más sólidas de América Latina). Para entender el por qué, quizá sea bueno revisar lo ocurrido en el continente africano, donde todos los países (excepto uno: Suazilandia) han roto con Taiwán para acercase a China Popular, bajo la ilusión de atraer grandes inversiones hacia sus rezagadas economías.

Menos del 3% de la inversión extranjera de China va a África. Aunque al inicio del siglo las inversiones chinas en África aumentaron con rapidez, en años recientes casi se han detenido. La razón es el pésimo clima de inversiones en casi todo el continente africano: los -al inicio entusiastas- inversionistas chinos se han topado con el incumplimiento reiterado de las promesas de construir infraestructura por parte de los gobiernos africanos, con su incapacidad de proveer energía o acceso a tierras, con las invasiones a la propiedad privada, con la falta de registros adecuados de la propiedad, con las autoridades locales o las comunidades organizadas imponiendo restricciones a la inversión que no habían sido acordadas con el gobierno central, con los jueces locales dictando sentencias contrarias a los contratos previamente firmados. ¿Suena familiar?

La lección es clara: no es cambiando lealtades diplomáticas como vamos a atraer inversión de manera sostenible, sino fortaleciendo la institucionalidad del Estado y mejorando el clima para hacer negocios en el país, de manera que Guatemala resulte atractiva para inversionistas no solo de Taiwán y de China, sino de cualquier país que pueda traer los recursos y tecnología que tanta falta le hace a nuestra economía. Mientras tanto, el nuevo gobierno deberá ocuparse de sacarle mayor provecho a nuestra condición de ser el país más importante para Taiwán entre sus -cada vez menos- aliados.

Amenazas y Oportunidades para la Economía

Las decisiones que los políticos tomen en su primer año de gestión serán cruciales para bienestar económico del país.

El inicio del año es propicio para analizar los desafíos que enfrentará el país en 2020. Resumo a continuación las amenazas y las oportunidades más destacadas para nuestra economía; con ello finalizo el análisis FODA (es decir, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que realizamos junto con algunos colegas, utilizando como base los reportes más recientes de las calificadoras de riesgo-país y de los organismos multilaterales que dan constante seguimiento a las condiciones económicas y de inversión en Guatemala.

Entre las amenazas más importantes para la economía nacional destacan cinco. (1) El creciente proteccionismo comercial, exacerbado por la guerra económica sino-estadounidense que, eventualmente, podría llegar a entorpecer nuestras propias exportaciones. (2) La inestabilidad en el mercado del petróleo, asociada a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, que podrían derivar en presiones inflacionarias. (3) La debilidad en el crecimiento económico mundial y en el comercio internacional, que podría agravarse si las dos primeras amenazas llegan a concretarse. (4) La escalada de políticas (y actitudes) anti-migraciones por parte del gobierno (y de parte de la ciudadanía) estadounidense, que podría mermar la principal fuente de divisas hacia Guatemala. Y, (5) la vulnerabilidad ante el cambio climático, que posiciona al país entre los más expuestos a desastres naturales.

Para afrontar estas amenazas, el gobierno entrante deberá preservar la estabilidad económica mediante la aplicación de una política fiscal responsable y el apoyo a una política monetaria ortodoxa, así como manejar cuidadosamente las reservas monetarias internacionales en previsión de cualquier reducción en el ingreso de divisas al país. También deberá apostar al libre comercio, negociando en bloque en los principales foros económicos internacionales, negociación multilateral que deberá extenderse a los temas ambientales para provechar los esquemas internacionales orientados al cambio climático y adoptar sistemas de seguros contra los desastres naturales.

En cuanto las oportunidades, se destacan seis. (1) La ubicación geográfica y biodiversidad del país, que lo habilitan para convertirse en un destino turístico y en un centro logístico para exportaciones de bienes y servicios. (2) La integración económica regional que puede potenciar rápidamente el tamaño de nuestro mercado. (3) Las condiciones relajadas de las finanzas internacionales que, a través de tasas de interés históricamente bajas, abarata el costo del crédito. (4) La transición demográfica que permite que la población económicamente activa sea mayor que la población económicamente dependiente. (5) Los avances de la tecnología digital que permiten un aumento acelerado de la productividad sistémica. Y, (6) la existencia de una agenda legislativa ya identificada (en materia de reforma institucional y de apoyo a la inversión y el crédito) que goza de apoyos nacionales e internacionales.

El gran desafío para las nuevas autoridades, no solo en el Ejecutivo sino también en el Legislativo, es el de estar conscientes de la importancia que sus acciones tienen para que el país pueda aprovechar estas oportunidades. Las decisiones que los políticos tomen en su primer año de gestión serán cruciales para bienestar económico del país.

Debilidades de la Economía

Identificadas las debilidades, corresponde al país –y particularmente al gobierno entrante- combatirlas y encontrar las rutas para revertirlas.

En las horas finales de 2019 aprovecho para compartir un resumen de las nueve principales debilidades de nuestra economía, en seguimiento al análisis FODA (es decir, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que realizamos junto con algunos colegas, utilizando como base los reportes más recientes de las calificadoras de riesgo-país y de los organismos multilaterales que dan constante seguimiento a las condiciones económicas y de inversión en Guatemala.

(1) Los bajos niveles de desarrollo humano, que se reflejan en indicadores muy desfavorables en comparación con otros países de similar nivel de ingresos, especialmente en las áreas de desnutrición infantil, población en situación de pobreza, tasas de escolaridad y acceso a servicios básicos de saneamiento. (2) El lento ritmo de crecimiento de la producción nacional que ha significado que, en las últimas dos décadas, el crecimiento del PIB per cápita guatemalteco sea el segundo más lento en Latinoamérica -solo por delante de la devastada Venezuela-. (3) La irrisoriamente baja inversión privada y pública –especialmente en infraestructura-.

(4) La notoria debilidad de las instituciones estatales que impide la provisión de los servicios públicos básicos –seguridad, justicia, salud y educación primarias, infraestructura-. (5) Un sistema político en continua tensión, que genera incertidumbre e impide que se logren acuerdos respecto de las políticas públicas de largo plazo. (6) La endeblez del Estado de Derecho, que perjudica el clima de negocios. (7) La persistente corrupción en la cosa pública que resta eficacia al gobierno e impone costos a la actividad económica. (8) Las percepciones de desigualdad y exclusión, que dañan el tejido social y enrarecen el clima de negocios. Y, (9) Los ingresos tributarios persistentemente bajos, que impiden el Estado movilizar recursos para la inversión social y física.

Identificadas las debilidades, corresponde al país –y particularmente al gobierno entrante- combatirlas y encontrar las rutas para revertirlas. En general, el escaso ritmo de crecimiento económico, la baja inversión y la incidencia de la pobreza están vinculadas a una muy baja productividad (es decir, la poca capacidad de producir por cada factor utilizado -trabajador, capital, tierra, tecnología- durante un periodo determinado) y esta, a su vez, está ligada a la incapacidad del Estado de proveer los bienes públicos esenciales debido a su debilidad institucional.

En el corto plazo, la economía puede reactivarse mediante medidas de política macroeconómica (fiscal y monetaria) que incentiven la demanda agregada, así como mediante acciones de reforma que inoculen confianza a los agentes económicos. Pero en el largo plazo las debilidades económicas solo pueden revertirse sostenidamente mediante una cuidadosa reforma institucional que incremente la eficacia de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que estén en capacidad de atender la toda la población (incluyendo especialmente a quienes hoy sufren de exclusión), reducir sustancialmente la corrupción, generar confianza al contribuyente (para que el Estado pueda movilizar más recursos hacia la inversión física y social) y mejorar así la productividad sistémica de la economía nacional.

Fortalezas de la Economía

La estabilidad macroeconómica encabeza las fortalezas del FODA de le economía nacional, que realizamos en conjunto con unos colegas economistas. En futuras entregas, veremos las oportunidades, amenazas y debilidades.

El final del año y del periodo de gobierno parece un buen momento para reflexionar y planificar tanto las estrategias empresariales como las políticas públicas para el 2020. Para el efecto, en conjunto con unos colegas economistas ensayamos un análisis FODA (es decir, de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas) de la economía nacional, utilizando como base los reportes más recientes de las tres calificadoras de riesgo-país (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poors’s) y de los cuatro organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) que le dan un seguimiento continuo a las condiciones económicas y de inversión en nuestro país.

Como resultado de ese ejercicio, hoy les presentamos el resumen de las fortalezas que se destacan en los reportes referidos y que, en nuestra opinión, son las cinco más importantes que presenta la economía guatemalteca. (1) La estabilidad macroeconómica que se manifiesta en niveles bajos y estables de déficit fiscal (menores al equivalente a un 2% del PIB), una inflación moderada y sin volatilidad, y un crecimiento de la producción que, aunque reconocidamente lento, ha sido continuado y resiliente ante los altibajos de la economía mundial. Esa estabilidad, aunque no es un factor suficiente para  generar un buen clima de negocios y de inversión, sí es un factor necesario para que este exista.

(2) Unos niveles relativamente bajos de deuda pública (de alrededor de un 25% del PIB, muy lejos del 40% considerado como nivel crítico) que reducen las probabilidades de una crisis fiscal. (3) Una posición externa sólida, con superávit en balanza de pagos (gracias a los sólidos ingresos por remesas familiares) y abundantes existencias de reservas monetarias internacionales, lo cual minimiza las probabilidades de una crisis cambiaria o de pagos con el exterior. (4) Una política económica prudente en la que tradicionalmente se aplican políticas fiscales y monetarias ortodoxas, que se apuntalan con la existencia de un banco central independiente, todo lo cual inocula certeza a los agentes económicos para sus decisiones de negocios.

Y, (5) una tradición de varios años de elecciones libres y periódicas que, pese a las debilidades manifiestas del sistema electoral –falta de representatividad, obstáculos a la participación y debilidad institucional de la autoridad electoral-, ha permitido la alternancia democrática y pacífica en el poder, lo cual contribuye a reducir el riesgo político que los expertos le asignan al país. Una tarea de las nuevas autoridades de gobierno será mantener y consolidar estas cinco fortalezas.

Respecto de las primeras cuatro, será crucial preservar la ortodoxia de las políticas macroeconómicas, lo cual implica hacerles ajustes paramétricos (no cambios drásticos) al gasto público y a las tasas de interés y otras variables monetarias para darle un necesario envión a la actividad productiva; todo ello al tiempo que se respeta y, en lo posible, se fortalece la institucionalidad del Ministerio de Finanzas y la autonomía del Banco de Guatemala. Y respecto de la quinta fortaleza, será necesario respetar estrictamente los calendarios electorales y, a la vez, fortalecer el sistema electoral y de partidos políticos.