¿Qué Hay de Malo con el TSE?

La injustificable incertidumbre post-electoral que estamos viviendo ha puesto al desnudo las debilidades institucionales del TSE. Con lo ocurrido en estas elecciones, no debería caber ninguna duda de que su reforma es imprescindible

Convengamos en que, dadas las características de nuestro aparato electoral -basado en el trabajo ciudadano de las Juntas Electorales y las Juntas Receptoras de Votos-, las posibilidades de que se produzca un fraude en las urnas son casi nulas. Pero dicho esto (y sin ánimo de hacer leña del árbol caído), convengamos también en que los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral han venido cometiendo, desde hace meses, una cadena de patéticos errores que ha llevado al borde del colapso todo el sistema electoral y ha generado un ambiente de caos e incertidumbre que solo beneficia a los enemigos de la democracia (incluyendo al crimen organizado).

¿Por qué en estas elecciones colapsó un sistema que había funcionado durante tres décadas? En realidad, lo que hoy presenciamos es el resultado de un proceso gradual de deterioro, determinado por las fallas de diseño institucional del TSE. Cuando esas fallas se conjugaron con un grupo de magistrados titulares académicamente grises, jurídicamente débiles y políticamente comprometidos, se reveló la vulnerabilidad de la institución que, finalmente, cayó víctima del asedio fraguado desde un régimen de partidos políticos en permanente descomposición. Peor aún, la mediocridad de los magistrados titulares se contagió a las instancias técnicas de la institución, dañando gravemente el prestigio y la credibilidad de una de las pocas reservas morales que quedaban en el aparato público guatemalteco.

La solución de fondo a esta tragedia en marcha no radica (como algunos piden) en que renuncien los magistrados titulares ni, mucho menos, en que se repitan las elecciones. Para que no vuelva a ocurrir un bochorno como el actual –y podamos rescatar nuestra frágil democracia-, la solución radica en una reforma institucional seria. Las dos fallas de diseño institucional más importantes a corregir son la falta de independencia de los magistrados y la ineficiencia funcional del TSE como organización.

La independencia de los magistrados es vital para que el TSE pueda ser el garante de la correcta aplicación de la ley, fijar jurisprudencia electoral y ejercer su autoridad fiscalizadora. Una forma efectiva de fortalecerla es aumentando el tiempo en el cargo de los magistrados y renovando el pleno de forma escalonada, de manera que las fuerzas políticas representadas en el Congreso no puedan influir en el nombramiento al unísono de todo el pleno de magistrados (como es el caso ahora).

La eficiencia funcional del TSE, por su parte, puede mejorarse radicalmente separando las funciones jurisdiccionales de las funciones de organización y de fiscalización electoral, de manera que los magistrados únicamente se dediquen a impartir justicia y fijar jurisprudencia, mientras que las demás instancias internas se encargan de la gestión de los procesos electorales. Con ello, los magistrados se liberarían no solo de las funciones cotidianas que no les son inherentes (y que deben ser manejadas por profesionales especializados), sino también de las decisiones relativas a compras y contrataciones que, desgraciadamente, siempre conllevan peligrosas tentaciones pecuniarias. Con lo ocurrido en estas elecciones, no debería caber ninguna duda de que estas reformas son imprescindibles.

Sin Perder el Optimismo, Pero...

El proceso electoral de 2019 está dejando en muchos sectores una sensación de resignación, de desánimo, de falta de ilusión. Toda la energía y toda la esperanza que se generó en 2015 en busca de limpiar el sistema político corrupto y caduco, se diluyó en una confrontación ideologizada en torno a las acciones de la Cicig y en unas reformas gatopardistas que no afectaron la esencia del fracasado sistema electoral.

Con un establishment político muy reacio a hacer cambios que podrían perjudicar su modus vivendi, el país perdió valioso tiempo sin que avanzaran las reformas al sistema judicial, al servicio civil, al sistema electoral, a las instituciones de control del gasto público, a la forma de construir infraestructura vial, etcétera, todas ellas necesarias para el buen funcionamiento de la economía y para el logro de la paz social. Las viejas formas de gobernar y de hacer política están tan enquistadas que continúan depredando los recursos estatales, impertérritas, pese a los casos de persecución penal que proliferaron hace cuatro años.

La malograda reforma a la ley electoral de 2016 puso en evidencia las debilidades de origen del Tribunal Supremo Electoral y sobre reguló hasta el confusionismo el proceso electoral, pero apenas le hizo cosquillas al régimen de la vieja política que compra y vende votos, voluntades e influencias. El Congreso que resultó electo para 2020-2024 va a estar poblado de viejas caras luciendo nuevas máscaras. Incluso se coló un conjunto de personajes de quienes se sospecha que tienen vínculos con el crimen organizado.

Pero no todas son malas noticias. También ganaron curules varios futuros diputados que, aun perteneciendo a ideologías y generaciones distintas, han manifestado su compromiso con reformar el Estado y fortalecer sus instituciones. Quizá no sean la mayoría, pero su postura en favor de legislar para el largo plazo y en función de los intereses del país puede calar si logran actuar con una coherente agenda mínima de reformas (institucionales y económicas) y con una prudente firmeza basada en la fuerza de la razón.

Seguramente estos congresistas van a enfrentar enormes obstáculos pues, tarde o temprano, las intenciones de reforma entrarán en conflicto con los intereses creados que suelen dominar la agenda legislativa. Pero deben ser perseverantes, sabidos que sin las necesarias reformas que fortalezcan las institucionales y mejoren el clima de negocios, el panorama de largo plazo del país se tornará cada vez más lúgubre, con más corrupción, más emigración, más confrontación y menos gobernabilidad. Eso no solo sería una tragedia para Guatemala, sino una amenaza geopolítica para toda la Región.

El Financiamiento de la Campaña Electoral

Cualesquiera que sean las reglas, el control del financiamiento electoral es siempre escurridizo e ineficaz

Con las elecciones del domingo 16 de junio terminó la campaña electoral, al menos en su primera fase, que fue irregular, atípica y llena de incertidumbres. Las redes sociales –que en otros países se han convertido en el medio preferido para las campañas políticas- fueron limitadas por la absurda prohibición del TSE de pautar en ellas, por lo que el medio más socorrido de propaganda fueron las pancartas, carteles, y posters que plagaron las calles y carreteras del país. Tampoco faltaron los tradicionales mítines en las plazas públicas. Y, por desgracia, otro medio de proselitismo –quizá más efectivo- fue la compra de voluntades con pelotas, camisetas, bonos, alimentos y hasta dinero en efectivo.

La pregunta siempre ha sido ¿quiénes pagan por toda esta parafernalia electorera y qué buscan obtener a cambio? Las donaciones “tipo Odebrecht” que alimentaron la corrupción –en Guatemala y en toda Latinoamérica- generaron una serie de reformas para tratar de regular y controlar el financiamiento electoral, con diversos resultados, pocos de ellos positivos. Cualesquiera que sean las reglas, el control del financiamiento electoral es siempre escurridizo e ineficaz. Para reducir los riesgos de que el financiamiento privado a los partidos políticos genere la captura de sectores del gobierno, algunos países –como Brasil y Chile- han prohibido de tajo el financiamiento empresarial a las campañas electorales. En Guatemala, este se ha limitado a un mínimo casi insignificante. Otras reformas en la Región incluyen reducir la propaganda al aire libre, aumentar el aporte financiero con dinero público y limitar las donaciones individuales.

El resultado no siempre ha sido el esperado. En Chile, las mayores regulaciones ocasionaron un aumento marcado del abstencionismo debido a lo que algunos analistas calificaron como un clima de poca motivación ciudadana. En Brasil, las limitaciones a la propaganda ocasionaron que se disparara el número de alcaldes reelectos. Las limitaciones al financiamiento electoral de las empresas ha provocado –como puede haber sido el caso de estas elecciones en Guatemala- un aumento del financiamiento proveniente del crimen organizado.

Algunos ingenuos sostienen que la solución es que el cien por ciento del financiamiento electoral sea con fondos públicos. Pero financiar a los partidos políticos con el dinero de los contribuyentes es una medida muy impopular. Además, en cualquier sistema electoral siempre existe financiamiento privado: según la definición del TSE guatemalteco, cualquier donación –sea en dinero, en especie o, incluso, en tiempo de activista- es financiamiento privado.

El control del financiamiento electoral es un problema para el que no hay panaceas, sino solo opciones difíciles ante el hecho inevitable de que la democracia cuesta dinero y alguien tiene que pagarlo. Reducir el tiempo de campaña y obligar a una total transparencia de los partidos y sus donantes puede ayudar. Pero la clave es que las reglas y controles deben ser aplicados por una autoridad electoral competente, fuerte e independiente, algo que nuestro TSE hace tiempo que ya no es. Cambiar esto debería ser parte esencial de la necesaria reforma del sistema.

La Búsqueda (Infructuosa) del Salvador

Los guatemaltecos no deberíamos buscar al salvador que nos resuelva todos los problemas con su varita mágica y que, probablemente, polarice aún más el enrarecido ambiente, ya que las consecuencias de ello pueden ser graves

Una de las paradojas de los regímenes democráticos que a lo largo de Latinoamérica se han venido sucediendo desde hace cuarenta años, es la persistencia de los votantes en preferir a los candidatos que ofrecen soluciones rápidas, salidas milagrosas, remedios fáciles a los sempiternos problemas de nuestro subdesarrollo. Guatemala no es, para nada, la excepción a esta infructuosa búsqueda ciudadana por un salvador que rescate al país del abismo. Y ante tal demanda del electorado, la oferta electoral se manifiesta: la mayoría de candidatos presidenciales se presenta pidiendo que voten por su personalidad –y no por su programa de gobierno-, y que confíen en su capacidad –y no en las instituciones republicanas-.

El populismo se ha convertido en epidemia y complacer a las multitudes se ha vuelto la principal oferta electoral. Los ciudadanos están justamente frustrados con la elevada criminalidad, la incontrolable corrupción y el escaso crecimiento económico. Los votantes, desesperados, acuden a las manos duras o a las dádivas económicas; quieren ver sangre y resultados inmediatos. Así, en tiempos de desesperación, es fácil que se inclinen por las opciones más radicales y extremistas. Y, dada la proliferación de candidatos populistas, en ocasiones algunos de ellos resultan electos.

Ya sucedió el año pasado en México (donde eligieron al típico populista de izquierda que se siente ungido para gobernar por encima de las instituciones establecidas) y en Brasil (donde eligieron al típico populista de derecha, autoritario y misógino, dispuesto a arreglar todos los males con su mano dura). Y también ha sucedido en el pasado, cuando en medio de un periodo de crisis, el pueblo ha optado por elegir un salvador. Se dio en los años noventa en un Perú que, agobiado por el terrorismo, la hiperinflación y la recesión, eligió a su no-político populista, Alberto Fujimori. Se dio también en una Venezuela que, afligida por el colapso del precio del petróleo y por la corrupción rampante –que hicieron quebrar a su Estado del Bienestar-, eligió como salvador al golpista coronel Hugo Chávez.

Las secuelas de elegir ese tipo de gobernantes son duraderas... y no son buenas. Entre ellas destaca la polarización política que se enraíza y mina el tejido social y entorpece los flujos económicos. Si algún culpable hay de estas consecuencias, es el sistema político (“el mecanismo”, “el establishment”) que ha sido incapaz de construir las instituciones que son indispensables para que el Estado pueda ejercer, como mínimo, sus funciones básicas de proteger la vida de los ciudadanos y evitar la malversación de los fondos públicos.

Las lecciones que Guatemala puede derivar de estas experiencias son fundamentales. En las elecciones del próximo domingo, los guatemaltecos no deberíamos buscar al salvador que nos resuelva todos los problemas con su varita mágica y que, probablemente, polarice aún más el enrarecido ambiente, ya que las consecuencias de ello pueden ser graves. Ojalá pudiéramos elegir, si no a un estadista (que a estas alturas parece pedir demasiado), al menos a una persona con la suficiente visión y liderazgo para iniciar la construcción de las instituciones que necesitamos y conducir la reforma urgente de nuestro fallido sistema político.

Crecimiento e Inclusión: el Doble Desafío

Encontrar formas de incrementar la productividad es la clave del futuro económico de Guatemala.

La economía de Guatemala ha crecido durante décadas de manera estable, pero insatisfactoriamente lenta. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto –PIB- de 3.1% anual registrado en la última década es significativamente más lento que el 5.6% anual de otros 56 países (excluyendo China) calificados como economías emergentes y que solían tener –hace cuatro décadas- un nivel de desarrollo similar al de Guatemala. Nuestro país se está quedando muy rezagado debido a la ineficacia institucional que a la postre redunda en un escaso dinamismo económico y en la persistencia de la pobreza en amplios segmentos de la población.

Casi tres cuartas partes del crecimiento de nuestra economía provienen de la expansión de la fuerza de trabajo (derivada del crecimiento poblacional) y no de un aumento de la productividad, que apenas aporta cada año un promedio de 0.3 puntos del crecimiento del PIB (menos de la décima parte de lo que la productividad aporta al crecimiento de las 56 economías emergentes ya mencionadas). El crecimiento de la población trabajadora como proporción de la población total pronto se revertirá, lo que significa que, en el futuro próximo, el crecimiento económico solo podrá provenir de una mayor productividad.

Encontrar formas de incrementar la productividad es la clave del futuro económico de Guatemala. En un reciente estudio que realizó McKinsey (una consultora internacional) para otros países latinoamericanos que comparten preocupaciones similares a las nuestras en cuanto a su lento crecimiento económico, se identificaron “dos términos-medio que faltan” y cuya ausencia mantiene atrasada a la Región: uno es la mediana empresa y el otro es la clase media.

Por un lado, una buena cantidad de empresas de tamaño medio puede impulsar el crecimiento y generar empleos bien pagados; sin embargo, nuestros países muestran una polarización entre unas pocas (y muy modernas) grandes empresas  y una miríada de pequeñas empresas de baja productividad. El segmento medio de empresas hace falta para dinamizar el crecimiento, en la medida en que tales empresas, según McKinsey, son más proclives a invertir en nuevas tecnologías y en adoptar sistemas modernos que incrementen la productividad. El otro término-medio que hace falta es el de un conjunto significativo de consumidores de clase media cuyos ingresos provengan de empleos productivos y se traduzca en un mercado pujante con una mayor capacidad de compra.

Para que surjan estos dos términos-medio se requiere de una estrategia de país y de un compromiso político que, hasta ahora, han sido imposibles de lograr en Guatemala. En Latinoamérica ha habido unos pocos casos exitosos (Colombia, Perú y, especialmente, Chile) que han logrado encontrarlos y, consecuentemente, han atendido simultáneamente el doble desafío del crecimiento económico y la inclusión social. Estos casos de éxito tienen un factor común: su apuesta por mejorar la eficacia del Estado y reformar sus instituciones, con lo cual han establecido un ambiente propicio para los negocios y el emprendimiento, han creado mejores empleos que promueven una clase media pujante y han modernizado la provisión de servicios gubernamentales. Ese es el ejemplo a seguir.

Un "Plan Marshall" Incompleto

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas

La semana pasada, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, se presentó en la Casa Blanca con un Plan de Desarrollo para Centroamérica. Este mini-Plan Marshall –cuyo objetivo central es reducir las migraciones de centroamericanos hacia el Norte- fue elaborado para el gobierno mexicano por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, agencia de la ONU cuyos estudios y propuestas –vale la pena recordarlo- no suelen tener ni la profundidad ni la calidad de los que preparan otras instituciones multilaterales (como el Banco Mundial o, incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo, ambas con más y mejores recursos que la CEPAL), pero que ideológicamente es más afín al presidente López Obrador.

La propuesta de la CEPAL parte de un diagnóstico bastante acertado en cuanto a que la migración es un fenómeno multicausal cuyos principales disparadores son el lento crecimiento de las economías del Triángulo Norte, su gran incidencia de pobreza, la incapacidad de las ciudades para absorber la creciente población, la violencia generalizada, los desastres naturales mal manejados y los bajos salarios en comparación con los de Estados Unidos. Pero el mini-Plan Marshall resultante es, básicamente, una propuesta de aumentar los ingresos tributarios y el gasto público en megaproyectos (infraestructura vial y energética), además de aumentar el gasto social (educación y salud) y mejorar la gestión ambiental, todo lo cual implicaría un gasto anual de US$10 millardos a ser financiado por los tres países centroamericanos, México y, principalmente, los Estados Unidos.

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas. Los gobiernos del Triángulo Norte son cada vez más incapaces de desplegar sus fuerzas de seguridad pública en todos sus territorios, incapaces de impartir justicia pronta para combatir el crimen y para resolver disputas civiles o mercantiles, incapaces de proporcionar carreteras y caminos que conecten eficientemente sus mercados y comunidades, incapaces de brindar servicios de salud primaria a su población, e incapaces de proveer educación básica de calidad a sus niños y jóvenes. Esa incapacidad no se debe tanto a la falta de recursos financieros, como al dramático deterioro en la calidad de las instituciones públicas que se ha agravado en los últimos años.

En el caso de Guatemala, es evidente que los injustificables, persistentes y vergonzosos indicadores de desnutrición infantil, o los incontenibles flujos de migrantes menores de edad que arriesgan su vida en busca de oportunidades en otro país, son signos irrefutables de un Estado profundamente ineficaz, cuando no totalmente ausente. Esto no se resuelve solo con más impuestos y más inversión en infraestructura. La reforma del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones (sector justicia, servicio civil, control del gasto público, sistema electoral) debe ser una pieza central de cualquier estrategia de desarrollo del Triángulo Norte. A los Estados Unidos no les conviene embarcarse en un Plan como el propuesto por el gobierno mexicano si no incluye entre sus prioridades la reforma del Estado y sus instituciones; sin esa reforma, el plan estará condenado incurrir en gastos ineficientes y a ser insostenible en el tiempo.

Una mala idea, políticamente sexy

No hay que negar que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso  y de violación a su privacidad. La solución a esto no pasa por poner precios topes a la tasa de interés, que solamente le quitarán a muchos usuarios el acceso a este tipo de crédito

Muchos usuarios de tarjetas de crédito en Guatemala sufren el acoso telefónico y la invasión a su privacidad por parte de los emisores, ya sea para ofrecer productos y servicios (que nadie ha solicitado), o para recordarles el pago de sus saldos (aunque no haya llegado la fecha). Por otro lado, algunos tarjetahabientes han acumulado deudas considerables -ya sea por desconocimiento de las condiciones crediticias de la tarjeta, por su escasa cultura financiera, o por pura irresponsabilidad personal-. Pero el peor remedio que un legislador puede encontrar a estos problemas es el pretender que, mediante una ley de Tarjeta de Crédito como la que recientemente se empezó a discutir en el Congreso, se fije un tope a las tasas de interés.

Quizá los diputados ponentes tengan la loable intención de que, manteniendo artificialmente bajo el costo del financiamiento, se pueda mejorar el acceso al crédito a los tarjetahabientes. Pero los precios tope a las tasas de interés van a lograr exactamente el efecto contrario. Es natural que los créditos que se otorgan vía tarjeta de crédito sean más caros que otros créditos, precisamente porque van dirigidos a prestatarios más riesgosos: consumidores de clase media sin historial crediticio, o pequeños empresarios sin garantías reales. Si a las tarjetas de crédito se les prohíbe  cobrar la tasa de interés que los cubra de esos riesgos, pues simplemente dejarán de otorgar esos créditos a quienes más los necesitan.

La experiencia mundial demuestra lo contraproducentes que resultan los precios tope a las tasas de interés. Por ejemplo, cuando el Banco Central de África Occidental puso tope a las tasas de microcréditos, fueron los usuarios más pobres y en las áreas más remotas (es decir, los más riesgosos) quienes primero dejaron de recibir préstamos. En Nicaragua, en 2001, se introdujo un techo a la tasa de interés de microfinanzas, con el resultado de que el crecimiento del crédito se redujo de un 30 por ciento anual, a un 2 por ciento, dejando sin acceso al crédito a los más necesitados. Y lo mismo ha ocurrido en países desarrollados: cuando el estado de Oregón introdujo en 2007 un tope a las tasas de interés sobre préstamos de día de pago, se incrementó la proporción de personas que reportaron dificultades para obtener créditos en 20 puntos porcentuales. Al final de cuentas, los precios tope solo logran reducir la disponibilidad del producto cuyo precio se pretende controlar.

Nadie niega que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso, y que algunos de ellos están sobre endeudados (quizá porque nunca debieron haber sido sujetos de crédito). Pero los topes a las tasas de interés son el remedio equivocado para las fallas de ese mercado, que se originan en la insuficiente competencia o en la poca información disponible sobre prestamistas y clientes. Lo que se necesita no son precios tope, sino mayor transparencia acerca de los costos, tarifas y condiciones de los créditos, así como más fuentes de financiamiento y más información sistemática sobre el récord crediticio de los prestatarios. En esto deberían enfocarse los reguladores, y no en medidas populistas que políticamente son sexys, pero que financieramente son un desastre anunciado.